En el marco de semana santa, el Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (SITACLAH) llevó adelante este viernes una protesta frente al Casino Central de Mar del Plata, luego de la denuncia por corrupción presentada en contra de las autoridades bonaerenses, puntualmente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. La medida le provoca a las arcas de la sala de juego una pérdida aproximada a los 100 millones de pesos diarios.
Cristian Echeverría, secretario General del SITACLAH, en una entrevista mantenida con “el Retrato…” resaltó que la medida de fuerza fue adoptada a los fines de hacer visible la problemática que estaban atravesando en el sector, en tanto denunciaron que existen irregularidades en contrataciones por las cuales también apuntan a los gremios mayoritarios del sector. “Ha sido la CGT y muchos gremios a acusarme que trabajo para determinado político, pero esto no es así”, sostuvo.
“Hay 250 personas que cobran del estado propina, horas extras, cajas de empleados, etcétera, pero no trabajan y están militando en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires”, apuntó y aclaró que desde el sector se encuentran abiertos a dialogar en tanto buscan que el Instituto comprenda que hay que transparentar las situaciones dentro de los casinos. “Queremos que se acabe el clientelismo político”, precisó.
Los sindicatos AMS y AECN “tienen Planeros VIP”
En tal sentido, remarcó que tanto el sindicato conducido por Marcos Labrador como el gremio conducido por el edil municipal del Frente de Todos Roberto “Chucho” Páez “tienen Planeros VIP” y comentó que “el Casino les paga todo y, lamentablemente, sale de las arcas del estado”.
“Tenemos comprobado que el Casino les abona a estas 250 personas. Sabemos quién es quién. Está todo documentado. Incluso, Cristian Segal tiene conocimiento que hay muchos administrativos que están haciendo usura dentro del casino y actúan como prestamistas. El director provincial dijo que iba a echar a estas personas y estamos esperando eso”, expuso.
Conforme a ello, Echeverreía consideró que es importante que los ascensos “sean por mérito, no que se castigue o premie por militar, o no, un partido político” y añadió: “Tiene que ascender quién se lo merece, no quienes están en un sindicato determinado. Tiene que ser transparente”.
“Venimos a transparentar. Lo que dicen hay que ver quién lo dice. A mí me encontras en el mismo barrio que nací, mis hijos van al mismo colegio que fueron siempre, camino libremente por la calle, etcétera. Estos individuos que dicen estas cosas son unos mentirosos y la sociedad debería juzgarlos”, expuso y agregó: “De hecho, decían que SITACLAH no era un sindicato, que no tenía reconocimiento, que no tenía papeles ni afiliados”.
En función de ello, el principal referente de SITACLAH remarcó: “Somos alrededor de 200 afiliados que tenemos código de descuento y eso se puede verificar. El dinero que ingresa de los afiliados lo tuvimos que ganar en la Justicia” y resaltó: “El reclamo es transparentar los casinos, hacer las cosas como tienen que hacerse y que las autoridades se pongan en autoridades, no en militantes políticos a favor de tal o cual sector”.
“Están todos en una asociación ilícita muy grande acá”
Por último, el secretario General del SITACLAH aclaró que los demás casinos trabajaron con normalidad este viernes. “Le veníamos diciendo al director de hipódromos y casinos que esto iba a suceder en un momento determinado, porque era lo que no querían. Están todos en una asociación ilícita muy grande acá”, concluyó.
Cabe destacar que la denuncia fue presentada por Cristian Echeverria, secretario General del SITACLAH y Juan José Valdéz, en carácter de Secretario general de SITACLAH ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 contra Omar Galdurralde, Cristian Segal, Jorge Alberto SKoczdopoe, Fernando Alberto Ansaldi, Andrés del Hoyo, Pablo Javier Barrios y Pablo Gastón Otero por considerar que los mismos se encuentran involucrados en actos tipificados como delitos de asociación ilícita, homicidio en grado de tentativa, administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios y malversación de caudales públicos. Los denunciantes estiman una malversación de más de cinco millones de dólares desde las arcas del Estado provincial en beneficio de los sindicatos conducidos por Marcos Labrador (AECN) y el edil municipal por el Frente de Todos Roberto “Chucho” Páez (AMS)