La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, en las últimas horas presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley de Coherencia de los funcionarios públicos, que establece la realización de un examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado.
En ese sentido, la iniciativa de la senadora Di Tullio establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria para los funcionarios de los tres poderes del Estado nacional.
“La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, afirmó Di Tullio sobre la ley antidoping en un comunicado de prensa.
Cabe destacar que, el proyecto de ley antidoping está encabezado por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, el senador José Mayans, y, además de Di Tullio, lleva las firmas de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.
A su vez, según precisó la Di Tullio, el proyecto contempla que el control estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y alcanzaría a los tres poderes del Estado nacional.
Precisamente, la iniciativa de ley antidoping abarcaría “del Poder Ejecutivo al Presidente o Presidenta de la Nación, Vicepresidente o Vicepresidenta de la Nación, Ministros o Ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado”.
También, “del Poder Legislativo, a los legisladores y funcionarios hasta el rango de prosecretarios, mientras que del Poder Judicial a los magistrados en todos sus niveles y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo”.
Por último, el proyecto de ley antidoping prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso.