Personal de la Policía Federal Argentina, cumplimentando órdenes del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de Mar del Plata a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaria Penal Nro. 8 a cargo del Dr. Pablo Dallera, realizó 30 allanamientos, en Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad de Córdoba y en diferentes partidos del Gran Buenos Aires.
Estos allanamientos son el resultado de una ardua investigación realizada por la División Lavado de Activos, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a raíz de una denuncia radicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) región Mar del Plata, al detectar facturas de compra que eran presentadas por diversas empresas, las cuales eran emitidas por diferentes sociedades que carecían del giro comercial relacionado.
Ante esta sospecha, el Juzgado del Dr. Inchausti, convocó a la División Lavado de Activos, quienes emprendieron una investigación, a través del análisis de estas facturas, pudiendo determinar que estas eran totalmente apócrifas, y que se trataría de un grupo de usinas de facturas apócrifas, utilizadas por distintos contribuyentes con el claro objeto de socavar la base imponible de los tributos nacionales, evadiendo el pago de los mismos, a través del incremento fraguado de IVA Compras, el que deduce el pago del IVA Ventas, obteniendo de esa manera no solo ganancias irregulares, sino como ya se ha dicho el no pago de tributos nacionales.
Llegando luego a desinsacular la organización criminal detrás de la maniobra. Organización que se valía del ideólogo, el reclutador de presta nombres (principalmente personas de bajos recursos a los que le utilizaban el nombre para crear sociedades comerciales), contadores, y otras personas que “ofrecían el servicio”, generalmente vinculadas al sector comercial.
Igualmente esta organización, no solo se dedicaba a la creación de empresas para emitir facturas “truchas”, sino que eran utilizadas para figurar en la compra de propiedades (generalmente de gran valor), para evitar que su verdadero titular deba justificar los fondos de la adquisición como también evadir el pago de otros impuestos como es el de bienes personales. Propiedades que eran apropiadas por parte de la organización, de personas fallecidas o internadas por largo plazo (generalmente ancianos), y de terrenos sin edificar; para lo cual ocupaban las mismas y utilizaban la figura de la usucapión para traspasar el dominio del mismo.
Respecto al monto evadido al Estado Nacional, mediante el no pago de diferentes impuestos, se pudo corroborar que estas usinas generaron comprobantes electrónicos por importes superiores a los dos mil trecientos ocho millones de pesos ($2.308.000.000.-) durante el periodo enero del 2017 y junio del 2018, a través de la utilización de firmas apócrifas, siendo imputados por el delito de Asociación Ilícita Fiscal tipificada en el inciso C) del Articulo 15 de la ley 24.769.
Para graficar el perjuicio al Fisco Nacional, la magnitud de facturación electrónica apócrifa emitida y la correlativa reducción de la carga tributaria por parte de los potenciales usuarios de las mismas, puede estimarse el perjuicio fiscal de un modo aproximado a una suma que asciende a los ocho cientos siete millones ochocientos mil pesos ($807.800.000) en el impuesto a las ganancias, y cuatrocientos cuarenta cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos ($484.680.000) en IVA, a lo que se podría adicionar la suma de ochocientos siete millones ochocientos mil pesos ($807.800.000) en concepto de impuestos a las salidas no documentadas.
Como resultado de estos allanamientos, en los cuales los policías contaron con la colaboración de especialistas de la AFIP, se procedió a la detención de diez personas, el secuestro de más de cuatro millones de pesos ($4.000.000), computadoras y gran cantidad de dispositivos electrónicos de almacenamiento, más de 20 teléfonos celulares, y gran cantidad de cajas con documentación, que corroboran el accionar de la organización desbaratada.
El juzgado del Dr. Inchausti, y su secretario el Dr. Dallera, no solo detuvo a los responsables, sino que los mismos permanecerán detenidos hasta el momento en que se les reciba declaración indagatoria, para lo cual fueron trasladados desde el lugar de detención a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el predio de la calle Madariaga, donde permanecerán hasta que se determine su posterior destino