El próximo miércoles vuelve la actividad judicial tras la feria de enero y la política nacional espera que en el corto plazo haya resoluciones en las 5 causas clave que involucran al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio y a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Esas decisiones, se darán en un contexto de alto voltaje en la política, marcado por el pedido de juicio del Gobierno nacional a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nacional que comenzó a tramitarse la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, con el telón de fondo de las elecciones 2023.
Esas causas clave, tienen como actores centrales al Máximo Tribunal y a los juzgados de Comodoro Py. En ese sentido, todas las miradas estarán puestas en la Corte, dado que tiene que resolver dos expedientes en los que se enfrentan el oficialismo y la oposición.
Así, una de esas causas clave para la política es la Coparticipación entre el Gobierno nacional de Alberto Fernández y el de la ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la administración porteña.
Por ello, el Poder Ejecutivo nacional recusó a los jueces del Máximo Tribunal y planteó una revocatoria, además de anunciar que no iba a cumplir el fallo. Luego, dijo que sí mediante bonos, pero el Gobierno porteño denunció que la decisión no se cumplió y le pidió al tribunal que tome medidas para hacerla efectiva.
Ese fallo, fue el puntapié inicial para el pedido del juicio político al que se sumaron gobernadores del oficialismo. De todos modos, la oposición ya anunció que está en contra del encausamiento, por lo que el Frente de Todos no tiene, por ahora, los votos para avanzar en el Congreso.
A su vez, la segunda decisión clave que la política espera de la Corte es por una de las bancas en el Consejo de la Magistratura de la Nación que le corresponde al Senado nacional, en donde el oficialismo propuso para el cargo al legislador Martín Doñate y la oposición a Luis Juez.
En esa causa clave, la decisión de la Corte no puede demorarse, dado que sin esa resolución el Consejo no puede comenzar a funcionar. De hecho, debería haberlo hecho el 18 de noviembre pasado, pero los conflictos judiciales por la integración del organismo lo frenaron.
En ese contexto, el oficialismo sigue jugando la carta de los chats ilegales que se filtraron entre el vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, para denunciar la convivencia entre el Máximo Tribunal y la oposición.
Durante la feria, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia contra Robles por imposibilidad de proceder, dado que no se puede usar prueba obtenida de manera ilegal. Pero, la semana pasada el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una nueva acusación sobre la base de la misma prueba.
Justamente, el fallo por la Coparticipación, el Consejo de la Magistratura y los chats ilegales son la base central del pedido de juicio político del Gobierno nacional a los jueces de la Corte, Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, los magistrados del Máximo Tribunal tienen para resolver la causa de dólar futuro, en la que están involucrados Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El expediente, fue enviado a juicio y la Cámara Federal de Casación Penal los sobreseyó, pero la Fiscalía apeló y el procurador ante la Corte, Eduardo Casal, dictaminó nuevamente la instancia oral.
Las otras causas claves sobre las que la política espera decisiones inmediatas se juegan en los tribunales de Comodoro Py e involucran directamente a Cristina Kirchner. Precisamente, la Sala I de la Cámara de Casación tiene para resolver si confirma el sobreseimiento de la Vicepresidenta en las causas “Los Sauces-Hotesur” y por el Memorándum de entendimiento con Irán.
También, los magistrados de Casación Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, deberán resolver si confirman la condena de 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, en la llamada “ruta del dinero k”.
Si Casación confirma ese fallo clave, iría en línea con la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió el mes pasado en el juicio por la obra pública en la llamada causa Vialidad.
Es preciso mencionar que, cualquiera de esas decisiones en esas causas clave aumentará la temperatura de la política nacional, que puso a la Justicia en el centro de la escena en un año electoral en el que todavía no están zanjadas las candidaturas en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio.