La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó explotación laboral en campos de papa bonaerenses. El organismo encontró, durante una serie de fiscalizaciones en las localidades de Lobería y de Balcarce, a 17 trabajadores que vivían y trabajaban en condiciones sumamente precarias.
Los procedimientos realizados por los inspectores permitieron verificar que los trabajadores se desempañaban en tareas de riego y de siembra de ese cultivo sin los mínimos elementos de seguridad e higiene.
Las acciones de control fueron llevadas adelante por personal de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) y de la Dirección General Impositiva (DGI), en conjunto con los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Los operativos en estas áreas rurales surgieron a raíz de denuncias y de tareas de investigación previa de las áreas especializadas del organismo.
Cómo fue el operativo
El personal de la DGRSS y de la DGI se presentó para relevar de manera presencial las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñaban en el riego y producción de semillas de papa.
Los ocho establecimientos donde se hicieron los procedimientos declararon estar dedicados a la producción del tubérculo. En total, se registraron distintos tipos de irregularidades con 29 personas. En la mayoría de los casos se detectaron salarios no percibidos o inconsistencias entre las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores en relación a los sueldos efectivamente pagados.
En ese sentido, los casos más graves se verificaron en 17 trabajadores que vivían en los campos en condiciones sumamente precarias, con pisos de tierra o hechos con maderas superpuestas.
Además, las casillas carecían de las condiciones mínimas de seguridad y de higiene, con estructuras de baños químicos que por dentro no tenían las correspondientes instalaciones. Tampoco contaban con electricidad ni sistema de refrigeración para evitar que los alimentos quedaran expuestos y evitar su descomposición o que sean comidos y contaminados por roedores, según informó el organismo tributario.
La falta de registro dificulta por supuesto los controles y el acceso de los empleados a condiciones dignas de trabajo.
Por medio de estos procedimientos, la AFIP busca “garantizar el cumplimiento de los derechos laborales”. Las fiscalizaciones impulsadas por la DGRSS se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, “entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales”.
De acuerdo a los organismos, el abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. “La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional”, señalaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos.