Años después de que los diputados del Frente de Todos denunciaran al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber firmado el fallo del 2×1 que le permitía una salida temprana de la cárcel a los genocidas de la última dictadura cívico militar, la exdesaparecida Patricia Isasa recientemente presentó otro pedido de juicio político contra el magistrado por encubrir a uno de los genocidas que la secuestró y torturó cuando tenía 16 años.
A Patricia Isasa la secuestraron el 30 de julio de 1976. Era el último día de vacaciones del colegio, pero ella estaba en cama con rubéola. En su casa ingresó una patota de hombres armados y se la llevó. “Me arrancaron de la cama, de mi casa, de mi mamá, de mi vida cotidiana para llevarme al infierno de los campos de concentración”, relató la exdetenida.
Precisamente, uno de los que integraba la patota que ingresó a la casa de la mujer era el represor Eduardo Ramos Campagnolo, un miembro de la policía de Santa Fe. Isasa identificó a Ramos Campagnolo, conocido como “El Curro”, como quien la torturó y violó mientras estaba en cautiverio de manera ilegal.
Años más tarde, Ramos Campagnolo terminó exonerado de la policía santafesina y, con el regreso de la democracia al país en diciembre de 1983, consiguió trabajo como empleado en la municipalidad de Santa Fe.
Cuando Isasa se enteró de la situación fue a denunciarla ante Rosatti, quien en ese entonces era el intendente de Santa Fe, pese a que se decía que Ramos Campagnolo era cercano al alcalde local y cumplía “funciones gansteriles”.
Fue así que, la exdetenida llevó la documentación que había logrado reunir sobre Ramos Campagolo y se la mostró a Rosatti. Inclusive, Isasa le comentó al por entonces intendente que con la permanencia del genocida en el municipio violaba el estatuto que establecía que no podía haber personal exonerado entre los trabajadores.
En aquel entonces, el funcionario le prometió a la joven tomar cartas en el asunto. “El Dr. Rosatti me dijo que se iba a encargar del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo, para verificar los hechos por mi denunciados con documentación en mano. Rosatti conoció los antecedentes de Ramos, y lo encubrió, manteniéndole el trabajo en la Municipalidad”, comentó Isasa.
Ante la falta de respuestas de las autoridades santafecinas, la exdetenida en 1998 viajó a Madrid para testimoniar ante el juez Baltasar Garzón sobre su secuestro. En noviembre de ese año, el magistrado español pidió la detención de Ramos Campagnolo, que recién se hizo efectiva cuando se reabrieron las causas en el país por crímenes de lesa humanidad.
Más allá de que se hizo justicia por la detención ilegal de Isasa en la última dictadura cívico militar, la exdesaparecida recordó el actuar de Rosatti y decidió realizar una presentación ante los titulares de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político”, concluyó Isasa con una cita del jurista Joaquín V. González.
Rosatti y el beneficio del 2×1 a genocidas
Es importante recordar que, el actual presidente del máximo tribunal, fue fuertemente criticado por los organismos de derechos humanos por haber conformado junto con Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco la mayoría que le habilitó el beneficio del 2×1 a los genocidas de la última dictadura en 2017.
En aquel entonces, los diputados nacionales del Frente de Todos denunciaron a Rosatti, quien en 2017 hacía menos de un año que se había sumado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, después de las multitudinarias marchas de repudio, Rosatti se interesó en dar vuelta el criterio que había establecido en el caso del represor Luis Muiña. Consecuentemente, en diciembre de 2018, el titular de la Corte firmó que el 2×1 no era aplicable en casos de lesa humanidad.