Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la restitución del 2.95% de la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), dirigentes de espacios políticos de la oposición denunciaron este viernes al presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios nacionales.
En ese sentido, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Roberto García Moritán, y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, formularon pesentaciones judiciales la decición del Gobierno de desobedecer del fallo de la Corte Suprema.
En la presentación de Republicanos Unidos, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy a nivel nacional cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno anunció que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por la Corte Suprema sobre coparticipación.
Para los denunciantes liberales, la actitud del Gobierno nacional de no acatar el fallo sobre coparticipación “resulta a todas luces improcedente”, al igual que el planteo de recusación contra los miembros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
“Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro Máximo Tribunal”, argumenta la denuncia firmada por García Moritán y Santoro.
Según la presentación de los dirigentes de Republicanos Unidos, Alberto Fernández “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
Cabe destacar que, Alberto Fernández decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada sobre coparticipación.La presentación del jefe de Estado es a raíz de que el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar el crédito presupuestario para entregarle los fondos correspondientes a CABA, argumentaron desde el Ejecutivo .
Por otro lado, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon a través de una denuncia penal que no es lógico que el Gobierno desobedezca el cumplimiento de un fallo de la Corte adverso a sus pretensiones.
Asimismo, la denuncia de Carrió también apunta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Economía, Sergio Massa, por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, plantearon los referentes de la Coalición Cívica.
El escrito judicial contra Alberto Fernández y funcionarios de su Gabinete lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.