Los jueces Pablo Poggetto y Raúl Paolini, integrantes de la Cámara de Apelacion y Garantías en lo Penal revocaron la determinación del juez de Garantías Saúl Errandonea y le ordenaron retirar a las personas que ocupan el predio del Barrio Las Heras que tomaran hace ya una semana. También dispusieron que se disponga de un plazo razonable para que puedan dejar el lugar de manera voluntaria.
Se determinó además que el desalojo se concrete de día y que se realice en condiciones climáticas favorables. En otras de las consideraciones dejaron en claro que “en caso de que se necesita usar la fuerza pública deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”, exigiendo que de ser así “deberá estar presente el servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y el de traslado de las personas que se requieran”.
En otro párrafo del mandamiento y a los efectos del desalojo “se deberá comunicar el día y la banda horaria de dos horas en que se ejecutará el mandato judicial”, como así también contar con “una fecha alternativa para el supuesto de suspensión de la ejecución de la medida”.
Poggetto y Paolini tuvieron en cuenta el informe que elevara por parte de Obras Sanitarias en el que se señala la forma en que la toma afecta a los vecinos del barrio y que los terrenos no son habitables por lo que representan un peligro. “La ocupación del predio, en el que se alojaron familias con niños, ha aumentado la vulnerabilidad de quienes conforman el grupo, exponiéndolos a potenciales inconvenientes de salud y seguridad que se pueden tornar irreparables e irreversibles y, a la par de ello, afecta directamente a terceros que a través de políticas públicas orientadas a una eficiente urbanización, pueden comenzar a padecer anegamientos en sus viviendas o espacios de residencia, con las implicancias negativas que ello apareja”.
Ahora la Cámara de Apelaciones le dio la razón al fiscal Juan Pablo Lódola, como representante del Ministerio Público, y a Guillermo Montenegro, como Intendente de General Pueyrredón que habían recurrido la decisión de Errandonea, y finalmente se liberarán los terrenos ocupados.