El intendente Guillermo Montenegro apeló, en la mañana del miércoles, la resolución del Juzgado de Garantías en la que rechazó el pedido de desalojo ante la toma de terrenos en el barrio Las Heras. En la apelación se argumenta que la decisión judicial perjudica a los vecinos del Partido de General Pueyrredon.
El escrito presentado en la Cámara de Apelaciones dice comienza diciendo: “Vengo a deducir formal recurso de apelación contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2022 por no guardar conformidad con la misma y causar un gravamen irreparable”.
En este sentido agrega,”El pedido de lanzamiento realizado fue rechazado por el magistrado interviniente en forma arbitraria, apartándose de los hechos acreditados y sin tener en consideración las constancias de la causa”, sostiene la apelación a la que este medio tuvo acceso.
Asimismo se manifiesta que las usurpaciones le generan “al municipio y a sus vecinos un agravio concreto y grave, en virtud de no adoptar la medida cautelar solicitada que disponga el lanzamiento de los intrusos ocupantes del predio señalado, el cual, como se acreditó, es un bien de dominio privado del Estado Municipal, conforme lo normado en el artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, generando ello una violación a la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada, consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna”.
“En ese marco, constituyen motivos de agravio las consideraciones realizadas por el señor juez, las que consideramos se encuentran reñidas con el derecho aplicable, no se encuentran debidamente fundadas, y no tienen en cuenta las constancias obrantes en la presente causa”, expresa el texto.
Además, manifiesta que habitar esas nueve hectáreas que forman parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible de OSSE “pone en peligro no sólo a las personas que allí se encuentran, sino también al resto de los habitantes de los barrios aledaños”. La situación podría generar “potenciales áreas de inundación de zonas que actualmente cuentan con servicio pluvial, principalmente en los barrios Las Heras, Complejo de Vivienda Dignidad, barrio Bosque Grande, barrio Parque Palermo, barrio Las 2 Marías, barrio Santa Rita y barrio San Antonio”.
El escrito presentado por el Intendente Montenegro, quien se presentó a la Justicia como particular damnificado por las usurpaciones, asegura: “Conozco perfectamente la legislación vigente y no comparto el criterio del Juez de grado cuando sostiene que en la presente convergen circunstancias que superan el ámbito de lo jurídico, en tanto según su entender se trataría de cuestiones de neto corte social, pero ello no obsta a hacer lugar a la medida cautelar solicitada”.
“La gravedad institucional del fallo que se recurre, en tanto al no adoptarse una respuesta efectiva e inmediata del Estado en esta intrusión y despojo de tierras fiscales, vulnerables del bien jurídico, se abre la puerta para que este tipo de conductas proliferen y se multipliquen”.
Finalmente, se solicita que se vuelva atrás con la medida tomada, “ordenándose hacer lugar a la medida cautelar solicitada disponiendo el lanzamiento inmediato de los intrusos detallados en la presente causa y de todo otro ocupante que se encuentre en el predio, restituyendo la posesión del mismo a la Municipalidad de General Pueyrredon”.