La polémica por el sistema de fotomultas que el Ejecutivo de Montenegro instaló, mediante decreto, en el Partido de General Pueyrredon, gracias a una modificación en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) parece no tener fin.
Desde junio, el convenio entre la Universidad de General San Martín (USAM) y el nuevo sistema de fotomultas comenzó a regir en Mar del Plata y Batán. Frente a la imposibilidad de frenar la decisión unilateral del Ejecutivo, Marina Santoro presentó un pedido de informes al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para saber si es o no constitucional que el Concejo Deliberante no haya podido avalar o no, dicho convenio.
La respuesta llegó y pone en off side a Montenegro y los suyos: La Secretaría de Jurisprudencia, Doctrina y Consultas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que el Ejecutivo procedió en forma errónea al pretender aplicar el convenio de Fotomultas con la Universidad de San Martín, sin tener la aprobación del Concejo Deliberante. Con lo cual las multas que se hagan podrían ser declaradas ilegítimas, es decir, nulas.
Según pudo saber este medio, el Tribunal de Cuentas no tendría jurisdicción, y por consiguiente el poder para determinar si es válido o no el convenio. Además, “la respuesta a un pedido de informe no tiene peso de nada”. En este sentido, en el informe, el Tribunal de cuentas deja en claro: “el Municipio debió contar con la autorización correspondiente por parte del Concejo Deliberante para suscribir los convenios motivos de la consulta, por tratarse de una facultad atribuida a dicho poder municipal. Ahora bien, y como lo expresara claramente la Delegación de este organismo, las cuestiones atinentes a la validez o invalidez de los convenios que suscriban los Municipios dentro del marco de sus competencias deberán ser dirimidas ante los órganos judiciales correspondientes, excediendo la función de este Organismo pronunciarse al respecto (artículo 159 Constitución de la Provincia de Buenos Aires y ley N° 10869)”.
Si bien el tema todavía no se volvió a debatir en el Concejo Deliberante, se espera que esta semana en la Comisión de Legislación se trate la respuesta del Tribunal, y que una vez más, entre el oficialismo y la oposición se muestran los dientes.