En el marco de la reciente aprobación de la ordenanza que regula el desarrollo de la prostitución de la vía pública en Mar del Plata, la concejal radical, Marianela Romero, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “la idea es que estas zonas que se vayan a establecer sean consideradas como seguras, con herramientas y presencia del estado, que implique un acompañamiento de la situación”.
Cabe destacar que la ordenanza contempla el establecimiento de multas y arrestos como sanciones ante el incumplimiento de los lugares que se delimitarán para realizar la actividad, lo cual generó fuerte resistencia no sólo entre organizaciones y activistas LGBTIQ+ que se hicieron presentes en el recinto el viernes pasado sino también en los bloques opositores.
El punto de cuestionamiento por parte de la oposición se centró en el artículo cuatro que fija que “de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados” se impondrán multas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actual entre $123 mil y $617 mil)- y arrestos de 5 a 30 días.
La concejal radical, Marianela Romero, en diálogo con “el Retrato…” analizó la ordenanza y defendió los programas implementados por el gobierno municipal para la población travesti trans como así también la determinación de zonas donde esté permitido el ejercicio de la actividad. “Acompañamos el proyecto con un dictamen que presentamos en la comisión de legislación, el cual tiene las dos miradas incluidas: la del ejecutivo municipal y la de la oposición”, afirmó.
En relación a las miradas contempladas, precisó que “la que planteo el Ejecutivo Municipal, tiene que ver la necesidad de establecer la posibilidad que en Mar del Plata existan zonas donde esté permitida la oferta y demanda de sexo” mientras que la que planteó la oposición se tuvo en cuenta también, incorporando programas que tienen que ver con la restitución de derechos, es decir, que “aquellas personas que hayan caído en una situación de prostitución no lo tomen como una elección de vida o un trabajo, sino que lo consideren como una necesidad ”.
Así, el proyecto aprobado contiene como anexos, además, dos programas que habían sido impulsado por la oposición: el “Dispositivo de nocturnidad Farola” con el objetivo de asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad en zonas donde se ejerza la prostitución y el “Programa Reparar” en busca de promover “políticas públicas integrales y focalizadas” para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans y con el objetivo de “resolver la vulneración y desigualdad estructural”.
Asimismo, remarcó que “la idea es que estas zonas que se vayan a establecer sean consideradas como seguras con herramientas y presencia del Estado, que implique un acompañamiento de la situación” y aseguró: “Como cuerpo deliberativo teníamos que darle una respuesta a una parte de la sociedad que hace años nos viene reclamando y pidiendo que atendamos el sufrimiento que pasan día a día”.
“Esta cuestión de ver sexo explícito y situaciones de violencia en las puertas de sus casas ya era incontrolable para los vecinos. Por eso, se decidió atender el reclamo de la comunidad, que había pedido respuestas concretas y que teníamos en el Concejo la posibilidad de darla”, indicó y destacó la importancia que los programas queden “para la perpetuidad”, en el sentido que “si alguien los quiere modificar tenga que pasar por el Concejo Deliberante previamente”.
Al ser consultada por “el Retrato…” sobre cómo ve las miradas de la oposición respecto a este tema, respondió: “No hay argumentos sólidos como para ir en contra de esta definición. Se plantea que estábamos criminalizando a la prostitución, pero lo que nosotros proponemos en la ordenanza es el establecimiento de sanciones para quienes no cumplan con la misma”.
“No criminalizamos ninguna situación de derechos vulnerados ni de decisión personal, sino que como cualquier otra en el distrito es una actividad que se puede desarrollar en algunas zonas mientras que en otras no”, aseguró y aclaró que “el ejecutivo, después de una escucha activa con los distintos sectores involucrados va a establecer las zonas en las cuales se va a poder desarrollar la oferta y demanda de sexo y, en su caso, sino se cumple con esto, va a haber una sanción”.
Asimismo, aclaró que “no todas las personas que están en la zona roja están por los mismos motivos, ya que hay muchos que lo han decidido o creen haberlo decidido como así también hay otros que han caído en dicha situación por desconocimiento o no tener otras posibilidades” y subrayó: “Hay que atender a todos los colectivos con respuestas distintas”.
En ese marco, se refirió nuevamente a los términos de la ordenanza para su entrada en vigencia y expuso que ahora resta un período de 45 días, donde el Ejecutivo escuchará a los distintos sectores que quieran participar de esta decisión, sobre cuales serán las zonas de oferta y demanda de sexo. “A partir de ahí, el Ejecutivo dispondrá las zonas y los horarios y se empezará a condicionar en las formas en que la ordenanza lo establezca”, precisó y añadió: “En 45 o 50 días aproximadamente podría entrar en vigencia estar esta ordenanza”
Lo que contempla la ordenanza
Cabe destacar que la ordenanza que terminó por aprobarse con doce votos positivos, once negativos y una ausencia crea el “Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se ejerza la prostitución” como así también establece que “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal”.
Asimismo, repara en que la actividad “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y determina “un plazo de 45 días corridos, a partir de la publicación de la presente, para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios”. Tras ese plazo, dispone, el gobierno municipal “los determinará sin más trámite”.
Como autoridad de aplicación se fija a la Secretaría de Seguridad con “asistencia policial necesaria para la correcta ejecución” y establece que “corresponderá a su vez a la Subsecretaría de Derechos Humanos, como así también todas las áreas que el Departamento Ejecutivo estime pertinente, coadyuvar en lo que resulte necesario en el marco de sus funciones”.