Cinco años pasaron desde que se realizaron las primeras denuncias por la causa conocida por “Choferes Fantasmas”, en donde se denunció a Juan Inza, Diego Basílico, Carlos Málaga y Federico Pomero. En las últimas semanas, el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Fernando Machado Pelloni confirmó el acuerdo de los imputados con el fiscal general Juan Manuel Pettigiani.
Dicho acuerdo, fue la suspensión del juicio a prueba (probation), lo que significa que tras cumplir durante dos años deberán cumplir una serie de reglas de conducta, devolver $20 millones al Ministerio de Transporte en concepto de lo cobrado de manera ilegal en 2016 por la inscripción de trabajadores falsos y construir apenas diez garitas en la ciudad; se extinguirá la causa y los acusados evitan ser condenados.
En este contexto, el abogado de la Casa del Trabajador, Julio Hikkilo, uno de los impulsores de las primeras denuncias de los trabajadores desempleados de quienes se usaron irregularmente sus datos, dialogó con “el Retrato…” y sostuvo: “Hay una Justicia clasista y selectiva en Mar del Plata en términos generales, pero la Federal, aparentemente no se le anima a los poderosos”
“Estamos sorprendidos, estábamos esperando que se fije fecha para el juicio oral y nos encontramos con que el Ministerio Público realizó un pacto con los empresarios para que no hay condena ni haya juicio; un pacto muy beneficio para los empresarios, porque no solamente no reparan la totalidad del perjuicio ni reducen el precio del boleto de colectivos. Lamentablemente ese pacto fue homologado por la justicia. Estoy muy sorprendido, es un pacto de impunidad porque están todas las pruebas para que exista una condena pero mirando desde vaso medio lleno, vemos que si nosotros no hacíamos la denuncia, no se iban a recuperar esos 20 millones de pesos de estafa, se desbarató una maniobra, pero nos quedamos con un sabor a poco porque la totalidad de los trabajadores no fueron reparados”.
En este sentido agregó: “Aún hoy no sabemos cuántos trabajadores son, nosotros tenemos 417 y en la Justicia se produjo un corte en 352 pero eso no fue el total. se dejó de citar a los trabajadores, pero hasta el día de la fecha siguen apareciendo trabajadores victimas de esta maniobra”, explicó Hikkilo.
Asimismo sostuvo: “Lo que ofrecen como reparación, no consumir ni alcohol ni estupefacientes durante dos años y construir 10 garitas de colectivos nos parece una provocación”, dijo y explicó: “Los imputados por el término de dos años no pueden consumir alcohol ni drogas en exceso, el tema es cómo se controla, la vida privada es incontrolable. Le imponen esa regla de comportamiento porque si no lo encuentran en un estado borracho o de alto consumo de estupefacientes, pueden en el término de dos años quedar sin culpa y cargo y con eso evitan antecedentes. Al no tener juicio no tienen antecedentes y pueden seguir participando en la licitación del transporte público de Mar del Plata”.
“Es parte de la Justicia incentivar a que no sean más denunciados, porque cualquier otra circunstancia de esta naturaleza, si cualquier vecino denuncia, no tiene sentido esa denuncia porque va a terminar en un pacto de impunidad donde las condiciones de reparación son una burla. Realmente es escandaloso lo de la Justicia Federal de Mar del Plata, porque estaban todos los elementos y lo que hizo el Ministerio Público de primera instancia fue reflejar la prueba para que efectivamente haya una condena, la elevación a juicio es categórica y contundente, pero lamentablemente el fiscal general Juan Manuel Pettigiani en vez de ir a juicio, acusar y pedir la condena, lo que hizo fue pactar con los acusados un acuerdo con estas características y los benefició evitando la condena, el antecedente”, sostuvo el abogado.
En relación a la posibilidad de apelar esta decisión del Fiscal, Hikkilo dijo: “está discutido esto. El Ministerio Público Fiscal abandonó la causa, y el querellante está muy discutido si tiene facultades para impulsar el juicio oral, tenemos un inconveniente porque el trabajador que está como querellante está en una situación de mucha necesidad, desocupado, y le ofrecieron 300 mil pesos para que no apele. Está dentro del acuerdo. Lo está discutiendo en familia y va a tomar una decisión, no le puedo pedir más sacrificio al querellante si el propio Estado no lo hace. Es pedirle un sacrificio enorme a la familia sin tener la certeza que no van a encontrar otro vericueto para garantizarles la impunidad a los imputados”, sentenció.