El Boleto Especial Educativo es, en teoría, un derecho. 45 viajes mensuales acreditados en la SUBE para estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). En la práctica, el 96% de los estudiantes declaró haber tenido algún inconveniente con el sistema, el 71,4% aseguró que nunca recibió una respuesta del Ministerio de Transporte ante reclamos o consultas, y el 57,7% considera que el beneficio no es suficiente para sostener su trayectoria universitaria. Los datos son del relevamiento que la Federación Universitaria Marplatense (FUM) lanzó para construir un diagnóstico e impulsar modificaciones en la normativa vigente.

Lo que cuesta no tenerlo

Con el boleto plano en $1.922 desde el 1° de junio, y tomando como referencia el patrón de movilidad relevado en encuestas anteriores de la FUM de 14,8 viajes semanales en promedio, el gasto asciende a $28.446 por semana y ronda los $123.000 mensuales.

Camila Benitez, ingresante de Psicología, describió la situación: “Hice el trámite por SIU Guaraní, registré la SUBE y esperé. En teoría tenía que acreditarse, pero en la terminal apoyo la tarjeta y no pasa nada. En ventanilla nadie sabe decirme si es tema Provincia o mío”

Kevin Araya expone el otro extremo del problema, cuando el beneficio no alcanza. “Vivo lejos del complejo. Para llegar tengo que combinar: dos colectivos para ir y dos para volver. Tengo el boleto acreditado pero no me alcanza. Son 8 lucas por día”

El circuito del reclamo

El problema también son las vías de reclamo en sí. Hay un Formulario de Consultas y Reclamos de Boleto Estudiantil en la página de la Provincia de Buenos Aires, pero nada más, no hay número de teléfono, ni cualquier otra vía de contacto para saber el estado del transmite, o se recibe, o no se recibe. Rubén Bertani lo plantea: “Lo pedí pero ya era después de mitad de mes. Nadie te explica claro que si lo pedís desde el 17, recién lo ves reflejado más adelante. A mí se me van cuatro lucas todos los días por ahora. Ya estamos terminando el cuatrimestre. ¿Quién me lo devuelve?”

Valentina Cabrera suma otra capa al problema: “Un mes no acredité porque no estaba. Después me enteré de que las precargas podían vencer. Y ahí arranca el circuito eterno del reclamo. A mí me pasó, pero tengo compañeras que no. No sé cuál es el criterio.” Cabrera toma seis colectivos en su jornada habitual, cuatro para ir y volver de la facultad, dos más por su trabajo.

Sebastián Ramírez, que está en su último año, ya tiró la toalla: “Tuve dos años consecutivos problemas con la SUBE. Ya este año ni me esfuerzo, porque te haces malasangre. Directamente vengo en bici. Es un bajón porque hay días que llueve, o que no tengo ganas. El año pasado me lo pusieron directamente al final del cuatrimestre.”

Guadalupe Casuto encontró una salida que cada vez crece más entre los estudiantes: “Me organizo con las chicas y tomamos Uber o DiDi. Sale más barato. Entre tres pagamos entre $1.000 y $1.500. Y pasa por la puerta de casa. Nosotras somos tres que vivimos cerca, en el centro.”

La FUM y los pedidos de respuesta

Rosella Pasetti, representante de la mesa ejecutiva de la FUM, señaló que el Ministerio tarda más de un mes en resolver un problema y que la federación lleva más de un año solicitando la conformación de una mesa de trabajo para analizar la normativa y ampliar el beneficio.

Según la propia universidad, los nuevos inscriptos en el ciclo 2026 comenzaron a percibir el beneficio a partir de mayo, dado que la inscripción se realizó en marzo y la adjudicación se procesó durante abril. Para los que ingresaron fuera de plazo, o cuyo trámite quedó trabado en el sistema, no hay fecha ni mecanismo claro de resolución.

El gobierno municipal respaldó por primera vez en más de cuatro años uno de los proyectos de ordenanza para regular las aplicaciones de transporte en el partido de General Pueyrredon. La señal llegó a través de la respuesta formal que el director general de Transporte, Federico Chioli, remitió a la Comisión de Movilidad Urbana, en la que se pronunció a favor de la iniciativa de la Coalición Cívica que propone crear un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales.

La prohibición de las apps en General Pueyrredon fue impulsada por el entonces intendente Carlos Arroyo y estuvo acompañada de operativos de control que incluían secuestro de vehículos y sanciones. Esa postura se flexibilizó desde la llegada de Guillermo Montenegro, que mantuvo mayor tolerancia en la práctica pero sin avanzar en una regulación formal. Con el aval técnico de Transporte, el expediente está ahora en condiciones de avanzar hacia un dictamen de comisión y ser tratado en sesión.

Empresas, no conductores

El esquema que avaló el municipio registraría a las personas jurídicas que intermedien en la oferta y demanda de servicios de transporte de pasajeros como Uber, Cabify, DiDi y plataformas similares y no a los conductores individuales, descartando una carga burocrática que el propio Chioli calificó de “innecesaria”. Las empresas deberían contar con domicilio legal y electrónico en el partido, y serían responsables de garantizar que sus choferes cumplan tres requisitos, licencia categoría D1 expedida por el municipio, inexistencia de antecedentes penales con renovación anual, y autorización para conducir el vehículo.

En cuanto a los rodados, las plataformas inscriptas deberán acreditar la Verificación Técnica Vehicular vigente para transporte de pasajeros y el seguro específico establecido por la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El municipio no puso reparos a que el servicio sea prestado tanto por autos como por motos, y sugirió unificar el criterio de antigüedad vehicular con el resto de los servicios de transporte.

El contexto y los próximos pasos

La ordenanza que hoy prohíbe las apps data de 2019 y fue dictada en la gestión de Arroyo. El proyecto en discusión plantea abordar la situación de unos 5.000 choferes de plataformas, una cifra que casi duplica el número de taxistas y remises habilitados. La profundidad del conflicto quedó en evidencia la semana pasada cuando una reunión de la comisión terminó en un incidente entre representantes de ambos sectores que obligó a suspender el encuentro.

Las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación convocaron a una reunión conjunta para tratar tanto la regulación de las plataformas como un proyecto paralelo de la UCR-Nuevos Aires que propone modificaciones en la ordenanza de taxis. Si los expedientes obtienen dictamen, quedarán en condiciones de ser votados en la próxima sesión ordinaria.

La jornada contó con la participación del jefe del Complejo Penitenciario Zona Este, Mario Faustino Agüero; el secretario de Coordinación, Eugenio M. Chiminella; la directora de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Lic. María Guadalupe Díaz; los subdirectores de la dependencia; jefes de secciones; integrantes de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI), a cargo de Camila Castor, y personal de las distintas áreas operativas y administrativas.

La hipótesis planteada consistió en un incendio en la cocina de uno de los pabellones, situación que permitió activar las acciones previstas en el protocolo institucional para la evacuación del sector y el despliegue de los recursos de respuesta.

Durante el ejercicio intervino personal de las áreas de Vigilancia y Tratamiento, Guardia de Seguridad Exterior, Sanidad, el Grupo de Intervención ante Emergencias (G.I.E.) y la Brigada Penitenciaria Contra Incendios. Asimismo, se simuló la asistencia y evacuación de una persona alojada en el sector afectado, lo que permitió evaluar la articulación y capacidad de respuesta de los distintos equipos.

Una vez concluida la evacuación, los brigadistas realizaron las tareas de control y extinción del foco ígneo simulado, mientras que el personal sanitario llevó adelante las evaluaciones preventivas correspondientes.

La actividad permitió observar el desempeño de los equipos intervinientes y generar un espacio de análisis destinado a optimizar futuras intervenciones. Además, las personas privadas de la libertad participaron de manera ordenada y colaborativa, contribuyendo al normal desarrollo del simulacro.

La directora de la Alcaidía Penitenciaria Batán, María Guadalupe Díaz, destacó el compromiso y profesionalismo demostrado por el personal durante la jornada y subrayó la importancia de sostener instancias de capacitación y entrenamiento que permitan fortalecer conocimientos y mejorar la preparación institucional frente a eventuales contingencias.

Asimismo, también agradeció el acompañamiento de las autoridades del Complejo Penitenciario Zona Este y reconoció la labor de los subdirectores, jefes de secciones, brigadistas y agentes de las distintas áreas que participaron de la actividad. También resaltó el comportamiento de los internos, quienes demostraron predisposición, respeto y colaboración durante todo el ejercicio.

Este tipo de prácticas constituyen una herramienta fundamental para consolidar una cultura preventiva, fortalecer los mecanismos de respuesta ante emergencias y reafirmar el compromiso institucional con la seguridad y la preservación de la vida.

La convocatoria busca visibilizar el rechazo a cualquier medida que implique la pérdida del carácter público de estos históricos espacios de turismo social, considerados patrimonio del pueblo argentino. Desde los sectores organizadores destacaron que los hoteles de Chapadmalal y Embalse cumplen un rol fundamental al garantizar el acceso al descanso, la recreación y las vacaciones para miles de trabajadores, jubilados y familias de todo el país.

Las actividades comenzarán a las 8 con un abrazo simbólico al Complejo Turístico Chapadmalal. Posteriormente, a las 10, se realizará una caravana que partirá desde los hoteles y recorrerá distintos puntos de la zona. La jornada culminará a las 11 con un acto frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, donde se expresará el rechazo a la privatización y se reclamará la preservación de estos espacios públicos.

Los organizadores remarcaron que la defensa de Chapadmalal y Embalse implica también la defensa de derechos conquistados y de políticas públicas que promueven el acceso igualitario al turismo para todos los argentinos.

Según advirtió la conducción de UTHGRA Mar del Plata, en los últimos 60 días alrededor de 40 cafés, restaurantes y hoteles cerraron sus puertas o anunciaron su inminente cierre, provocando la pérdida de no menos de 400 puestos de trabajo.

“La situación es realmente muy preocupante. Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos y trabajadores que quedan en la calle. A quienes integramos la conducción de UTHGRA nos duele cada cierre porque conocemos a las compañeras y compañeros que están detrás de cada establecimiento”, expresó Pablo Santín.

Desde el sindicato señalaron que la actividad hotelera y gastronómica atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La caída sostenida del turismo y el retroceso del consumo impactan de lleno en una actividad que depende del movimiento de visitantes y del gasto cotidiano de residentes y turistas.

Los números de los últimos fines de semana largos encendieron aún más las alarmas. De acuerdo al informe sindical, durante los feriados de marzo, abril y mayo la ocupación hotelera apenas alcanzó entre el 45 y el 50 por ciento, registros muy por debajo de los niveles históricos para esas fechas en Mar del Plata.

“La crisis está golpeando muchísimo y eso se refleja en todos los sectores vinculados al turismo. La gastronomía es una de las actividades más afectadas porque depende del movimiento de gente y del consumo. Hoy ambas variables están en retroceso”, sostuvo su secdetario general.

La lista de establecimientos afectados no deja de crecer. Entre los locales que bajaron sus persianas figuran Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, The Box Burger, Lima Linda, La Rural, Humo Patio de Carnes, El Bodegón del Pela, Rotisería La Rosca, Lopezito, Brooklyn, Siracusa, Antares de Bernardo de Irigoyen y Cheverry del Paseo Aldrey.

También se vieron afectadas las tres sucursales de Weiss, Vía del Amore, Di Mero, Nina Café, Hielo y Pizza, Chill Out, Bonsai, La Vereda de Vicente, Comix y las tres sucursales de Adorado. A esto se suma el cierre de hoteles como Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes, entre muchos otros.

Desde UTHGRA remarcaron además que los trabajadores acumulan una pérdida superior a los 30 puntos de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión nacional, una situación que, aseguran, profundiza la caída del consumo y termina afectando directamente a la actividad económica y al empleo.

La central obrera fue uno de los sectores que impulsó y sostuvo durante años el reclamo para que la ciudad fuera incorporada a este beneficio, entendiendo las particularidades climáticas y sociales de la región.

Desde el Consejo Directivo de la CGT remarcaron que “esta decisión representa un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares y tendrá consecuencias económicas negativas para una ciudad que ya exhibe indicadores alarmantes en materia de empleo, producción y actividad comercial”.

Alrededor de 250.000 usuarios residenciales de General Pueyrredon sufrirán un aumento significativo en sus facturas. Diversos análisis estiman que entre 28.000 y 32.000 millones de pesos anuales dejarán de volcarse al consumo local para destinarse al pago de las tarifas de gas. Esto significa que aproximadamente 2.500 millones de pesos por mes dejarán de circular en la economía marplatense.

“Hay una parte de la dirigencia política local que prioriza sus ambiciones personales y partidarias por encima de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Montenegro, Neme y sus socios radicales y libertarios eligieron acompañar una medida que le da un nuevo golpe a la economía de Mar del Plata”, expresaron desde la CGT.

Asimismo, agregaron que “venimos advirtiendo desde hace tiempo sobre la grave situación económica y social que atraviesa nuestra ciudad. La pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y el deterioro de los ingresos son una realidad cotidiana. Sin dudas, este incremento en las tarifas de gas sólo contribuirá a profundizar esa crisis”.

Finalmente, desde la central obrera aseguraron que “la CGT seguirá defendiendo los intereses de los trabajadores, jubilados y familias marplatenses, y continuará señalando a quienes le dan la espalda a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

La hecatombe se trasladó a casi todo el campo de juego y se trasladó al borde de la cancha, donde desde la tribuna presenciaban el encuentro distintas familias.

La batalla campal incluyó golpes de puño, patadas, empujones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y se prolongó por un par de minutos hasta que los planteles fueron separados.

A partir de esta situación, los organizadores de los torneos de Newbery Athletic decidieron “expulsar a los dos equipos de competencia con una sanción de dos años para toda la lista de buena fe de ambos equipos en la participación en próximos torneos Newbery Athletic”.

“No toleraremos bajo ningún punto de vista comportamientos que no son los que el club pregona y seremos inflexibles ante este tipo de situaciones”, indicaron en un comunicado oficial.

El club ya había tomado una decisión muy similar en junio de 2024, cuando los conjuntos QPR y Watford protagonizaron otra pelea y fueron excluidos del certamen Fox League. Además, les impusieron un derecho de admisión por tres años a todos los que participaron de la riña.

El Gobierno nacional confirmó un fin de semana largo para el 13, 14 y 15 de junio, con feriado el lunes por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En cualquier otro contexto, tres días consecutivos serían una bocanada de aire para la hotelería y la gastronomía de Mar del Plata. No es el caso. Pablo Santin, secretario general de UTHGRA, aclara el panorama, las reservas están en el piso y el panorama no invita al optimismo.

Los números que preocupan

Si bien las mediciones no son definitivas, Santin adivierte que “no hay más de un 20% de ocupación hotelera”, señaló en diálogo con el Retrato. Y proyectó: “Creemos que con toda la fuerza puede andar en un 35% o un 40%, pero viene muy bajo”.

El número contrasta con lo que Mar del Plata supo ser en los fines de semana largos de temporada baja, una válvula de escape para el turismo del AMBA, capaz de llenar hoteles de la costa con pocas horas de anticipación. Por ahora esa dinámica no aparece.

“La expectativa es baja porque los niveles de ocupación de reservas son bajísimos”, definió el dirigente. “No hay muchos indicios de que tengamos un gran movimiento turístico este fin de semana, más aún si tomamos como referencia los fines de semana largos de marzo, abril y mayo”, advirtió. “Acá el problema pasa porque no hay guita en el bolsillo del laburante y de una clase media que tiende a desaparecer”.

Le falta una rueda al turismo

En paralelo a la caída del poder adquisitivo, Santin señala otro factor que golpea de manera particular que es la desarticulación del turismo social. Congresos, eventos institucionales, turismo de jubilados, turismo joven y el programa Previaje, que en su momento actuó como traccionador directo de reservas, dejaron de operar como motores del sector.

“Hoy al laburante eventual casi no se lo está llamando porque, para colmo, estamos en un momento donde tampoco hay congresos ni eventos”, explicó el dirigente  “Cuando vos generás un programa de viaje, arranca toda la rueda: el turista gasta, genera empleo, el empleado también gasta, arranca la hotelería, la gastronomía, los kioscos, los talleres. Arranca todo”. La contracara es que “cuando vos metés un freno de mano como el que tenemos ahora, no arranca nada”.

Asfixia fiscal y alquileres: negocios que no aguantan má

Los locales gastronómicos del centro y de la calle Güemes también muestran señales de deterioro. Santin apuntó a la presión tributaria como el factor de fondo que hace insostenible la ecuación para muchos comerciantes, más allá del nivel de alquileres.

“De cada $100.000 que facturás, el 21% se lo lleva el Estado por el IVA. Después tenés un 30% de Impuesto a las Ganancias”, detalló. Lo que queda apenas alcanza para sostener la operación en un contexto de consumo deprimido. “Hoy hay una rentabilidad muy baja que, al no haber consumo para paliarla, se siente muchísimo”, sostuvo.

“Ya no está aguantando nadie. Se está viendo que los negocios se están desmoronando y empiezan a cerrar porque no tienen consumo”. Y rechazó cualquier lectura simplista del fenómeno: “No se trata de empresarios contra trabajadores, se trata de lógica. Si abrís un negocio, tenés alquiler, impuestos, sueldos, cargas sociales, y te entran cinco mesas por día: te vas, no te rinde. Esa es la triste realidad de nuestra actividad hoy”.

Tras la firma del acuerdo salarial entre el gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA y FATUN, el Frente Sindical Universitario resolvió suspender el paro docente. La medida de fuerza, que hubiera extendido la interrupción del ciclo lectivo durante seis días corridos por la coincidencia con los feriados del 15 y el 20 de junio, queda en suspenso a la espera del pago efectivo de lo negociado.

En Mar del Plata, Abigail Araujo, secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), confirmó la decisión en diálogo con el Retrato y agregó una advertencia: “El conflicto no terminó”.

Qué incluye el acuerdo y qué quedó afuera

La recomposición salarial acordada es del 24,33% en dos tramos: un 21,33% sobre los básicos de mayo con impacto en el cobro de junio y en el aguinaldo, y un 3% adicional en octubre. El acuerdo incorpora además paritarias trimestrales obligatorias durante lo que resta del año, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento universitario, 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, Araujo subrayó que las becas Progresar, que llevan más de tres años sin actualización y se encuentran hoy en 36.000 pesos “no fue parte del acuerdo y es importante para la continuidad educativa de nuestros estudiantes”

“El gobierno dijo que no tenía los fondos y los encontró”

Araujo cuestionó la narrativa oficial sobre el desenlace del conflicto. “Lo que salió a decir el gobierno es incorrecto. Este gobierno generó el conflicto y además mintió, porque dijo que no tenía los fondos y ahora los encontró para el acuerdo”, afirmó. En ese marco, reivindicó que lo obtenido es consecuencia directa de la movilización sostenida: “Todo lo que se logró, se logró con la lucha de la comunidad universitaria. No nos han regalado nada más que lo que nos corresponde”.

La lectura que hace ADUM del acuerdo no es la de un cierre sino la de un punto de inflexión: “Con este acuerdo se inaugura una nueva etapa del plan de lucha para ir por todo lo que falta, que está indicado en la ley, y también por cualquier pérdida salarial futura de acuerdo al plan económico del gobierno, que es bastante inflacionario”.

La demanda judicial, intacta

Uno de los puntos más notables de la negociación fue la exigencia del Ejecutivo de que las universidades retiraran la demanda ante la Corte Suprema como condición para el acuerdo. Esa condición no prosperó. “Nunca estuvo para nosotros en la mesa de negociación que se quitara ninguna presión judicial ni ninguna demanda. No es parte del acuerdo”, afirmó Araujo. La causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva ganadas todas las instancias previas, sigue su curso, aunque la Corte Suprema no tiene plazo establecido para pronunciarse.

La dirigente de ADUM también apuntó a otro frente judicial pendiente: “Hay muchas cosas que tiene que definir la Corte Suprema, como por ejemplo la ilegalidad del DNU 70/23, que desfinancia nuestras obras sociales y nos afecta también de otros modos”

Los próximos pasos: asamblea y paritarias

Con el paro levantado, la agenda gremial se orienta hacia una asamblea prevista para fines de junio y principios de julio, en la que se elaborarán las demandas que ADUM llevará a la mesa paritaria. Según el acuerdo firmado, la convocatoria a esa negociación no puede exceder el 15 de septiembre. “También definiremos las medidas de fuerza y de lucha que estamos dispuestos a hacer para lograr esas demandas paritarias”, anticipó Araujo.

La tensión en la base docente no se disipó del todo con el acuerdo. En la Universidad Nacional de La Plata, el gremio ADULP aprobó la aceptación de la propuesta en asamblea por apenas siete votos de diferencia. La apertura de la instancia paritaria, en ese contexto, es el logro que los gremios rescatan por sobre el porcentaje negociado. La posibilidad de seguir discutiendo en una mesa formal es, para Araujo, “lo que nos permite negociar una situación mejor que la que estábamos”.

A un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo de Mar del Plata realizó un masivo acto para reclamar la libertad de la ex presidenta y denunciar su proscripción política.

La actividad se realizó en el Centro Asturiano y tuvo como principal oradora a Fernanda Raverta, quien llamó al peronismo a asumir un papel central frente al escenario político y económico que atraviesa el país.

Ante un salón colmado, Raverta sostuvo que la situación de Cristina Kirchner forma parte de un proceso de persecución política iniciado años atrás. “Sabíamos por qué la perseguían y sabemos por qué está presa, por enfrentar a los poderosos y para que no pueda ser opción electoral frente al desastre inevitable al que se dirige este gobierno”, afirmó.

Raverta también planteó que el peronismo debe asumir una responsabilidad histórica. “Dotar de seriedad a la política para que el pueblo vuelva a confiar en que es la única herramienta para mejorar la vida de las familias y resolver las injusticias”, señaló.

Durante su discurso, Raverta vinculó el reclamo por la libertad de Cristina con la defensa de la democracia y cuestionó los procesos de persecución judicial contra dirigentes políticos. “Erradicar todo tipo de persecución, censura y proscripción, recuperar el ejercicio democrático como forma de convivencia. Y para eso tenemos que liberar a Cristina”, expresó.

La jornada contó con intervenciones de Lorena de La Néstor, Pedro Sánchez de Banderas del Sur, Luz Méndez de Aluvión, Camila Alfageme de Nuevo Tiempo, Nicolás Mauro de la Juventud Peronista, Juani Santeiro de Jóvenes Solidarios, Luciana Baldini de 27 de Octubre, Vito Amalfitano de Abrazo Ciudadano, Sebastián Falacara de Irrompibles, Fermín Cerdá por el Centro de Estudiantes de Humanidades, Lorena Medel de Evita Obrera, Chucho Páez de AMS, Gustavo Santos Ibáñez de SUTEBA, Diego García de La Cámpora, Nora Estrada de Grupo Independencia, Marcos Gutiérrez de Descamisados y Daniel Di Bártolo, presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon.

“No es imposible, todos lo sabemos, porque ya lo vivimos”, afirmó Raverta en el cierre del acto.