Durante la reunión, Raverta —quien además es secretaria de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad del PJ nacional— advirtió que la iniciativa “instala una lógica de sospecha sobre las personas con discapacidad” y sostuvo que “la ley de Milei no busca corregir problemas de implementación, sino imponer un cambio de paradigma que reduce derechos y cobertura”. En ese sentido, remarcó: “Desde el peronismo vamos a trabajar para que esta ley no avance y para que el gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue votada por amplia mayoría”.

En esa línea, profundizó las críticas al contenido del proyecto. “El gobierno mandó al Congreso un texto que habla de fraude cuando debería hablar de derechos. Es una ley que no cuida, que no protege. Es cruel y muestra desprecio para las personas con discapacidad”, afirmó. Y agregó que “se vuelve a una lógica vieja, que mide a las personas por su capacidad de trabajar y no por sus derechos, desconociendo todo el camino construido en estos años”.

El encuentro en la sede del Partido Justicialista nacional tuvo como eje el análisis del impacto del proyecto —actualmente en tratamiento en comisiones del Senado—, la escucha de las organizaciones y la articulación de una estrategia política para impedir su aprobación.

La reunión contó con la presencia de los senadores nacionales Eduardo Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti; los diputados Teresa García y Eduardo Valdés; Lourdes Farías y Margarita Recalde, entre otros dirigentes y referentes del área.

Entre los puntos más cuestionados figura la eliminación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y su reemplazo por un esquema centrado en la “invalidez laboral”. Según plantearon desde el peronismo, este cambio implica dejar de considerar la discapacidad desde un enfoque de derechos para volver a un criterio basado en la imposibilidad de trabajar.

También se advirtió sobre la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal, lo que podría desalentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. A esto se suman modificaciones en los sistemas de auditoría, con mayores facultades para suspender prestaciones, y la implementación de un reempadronamiento obligatorio con plazos acotados.

Además, se cuestionó el cambio en el esquema de financiamiento, que podría trasladar responsabilidades a las provincias sin garantías claras de recursos, así como la posible fragmentación del sistema de prestaciones básicas al eliminar criterios arancelarios comunes.

Del encuentro participaron además organizaciones sociales, prestadores, familiares y referentes vinculados a la discapacidad, quienes expresaron su rechazo a la iniciativa y plantearon la necesidad de sostener el marco normativo vigente.

Desde el Partido Justicialista nacional reafirmaron el acompañamiento a las organizaciones. “Vamos a estar al lado de quienes están dando esta pelea contra el retroceso de derechos, la estigmatización y la indiferencia. Creemos en un Estado que cuide, que proteja y que garantice derechos”, señaló Raverta.

El primer cuestionamiento fue expresado por Raverta, que a través de X sostuvo que la iniciativa oficial titulada “contra el fraude” de las pensiones por discapacidad representa, en realidad, una política de “ajuste, abandono y desprecio” contra las personas con discapacidad. En ese marco, la marplatense vinculó la propuesta con una decisión política de Milei de recortar prestaciones y sumar condiciones de acceso.

En tanto, la extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señaló que desde el Partido Justicialista nacional acompañan el plan de lucha impulsado por los familiares y personas con discapacidad frente a la propuesta de Milei, que la definió como un “retroceso de derechos conquistados”. “La indiferencia es hiriente, y la estigmatización con los más vulnerables es cruel y sistemática”, completó la legisladora.

En última instancia, Raverta reivindicó las políticas públicas desarrolladas durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, y afirmó que “es posible construir herramientas estatales de protección y cuidados”. “Lo vamos a volver a hacer”, concluyó la senadora bonaerense de Fuerza Patria.

Por su parte, Macha apuntó contra la intención de la administración libertaria de modificar la Ley de Salud Mental sancionada en el año 2010, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, y cuestionó que, antes de impulsar cambios normativos, el Gobierno no garantice la plena aplicación de la legislación vigente.

“Quieren modificar la Ley de Salud Mental. ¿Y si prueban con cumplirla? Hoy van a tratar la modificación de una ley comunitaria, amplia y con perspectiva de derechos humanos”, lanzó la senadora de Nuevo Encuentro en sus redes sociales, en un duro cuestionamiento a la decisión de la administración de Milei.

En ese sentido, Macha advirtió que, detrás de la reforma a la Ley de Salud Mental, se esconde un interés económico. De acuerdo a lo expresado por la senadora, el objetivo de las modificaciones sería habilitar la creación y apertura de establecimientos psiquiátricos privados, uno de los puntos claves que prohibió la regla aprobada en 2010.

“Este Gobierno vino a agudizar los padecimientos y la angustia de las y los argentinos. El problema no es la ley, es el financiamiento de las políticas de salud mental”, concluyó Macha en el posteo que realizó en redes sociales, donde respaldó el posicionamiento de profesionales de la salud mental que cuestionaron las propuestas de Milei.

Las modificaciones a las pensiones por discapacidad criticadas 

La semana pasada, el gobierno de Milei envió al Congreso una iniciativa legislativa orientada a combatir el supuesto “fraude” en las pensiones por discapacidad, lo que generó fuerte rechazo entre organizaciones de personas con discapacidad y distintos sectores políticos. Desde la administración libertaria, sostienen que entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76.000 a 1.200.000, un crecimiento que, según argumentan, despierta sospechas sobre las condiciones en que fueron otorgados.

En ese sentido, el proyecto plantea que el Estado debe implementar nuevos mecanismos de control para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, y entre las medidas previstas figura la creación de un registro obligatorio de beneficiarios, además de cambios en el régimen actual de acceso y permanencia dentro del sistema de pensiones no contributivas.

Otro de los puntos cuestionados por Milei es la eliminación de la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado. De avanzar la propuesta, una persona que recibe la pensión por discapacidad que acceda a trabajo formal dejará de percibir ese ingreso estatal. Asimismo, la iniciativa contempla una desregulación de los pagos mínimos destinados a organizaciones que prestan servicios vinculados al sector.

Frente a ese escenario, entidades que prestan servicios a personas con discapacidad remarcaron que la prioridad debería centrarse en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025, vetada por Milei en agosto y luego ratificada por el Parlamento en septiembre, pero nunca puesta en marcha por el Ejecutivo, que argumentó falta de previsión presupuestaria.

18 provincias rechazaron la reforma a la Ley de Salud Mental

En un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en Mar del Plata, el pasado 20 de abril autoridades sanitarias de 18 provincias manifestaron su rechazo a las modificaciones de la Ley de Salud Mental impulsadas por el Gobierno nacional, y dieron una señal de resistencia federal que se conoció antes de los paneles expositores del evento organizado por la cartera sanitaria nacional, donde se esperaba la presentación formal de la propuesta por parte del ministro Mario Lugones.

La postura fue articulada durante el Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), encuentro en el que representantes sanitarios de distintos distritos analizaron la situación del sistema y los alcances de la iniciativa oficial. Allí, las provincias advirtieron que los cambios promovidos por Casa Rosada podrían implicar un retroceso en materia de derechos y en la capacidad estatal para responder a una problemática creciente.

En tanto, el pronunciamiento también estuvo respaldado por datos oficiales relevados a nivel federal. Según indicaron, durante el último año las internaciones vinculadas a salud mental crecieron un 77%, mientras que la atención ambulatoria registró una suba del 134%. A eso se suma la preocupación por el aumento de situaciones relacionadas con el suicidio y por las dificultades de acceso a los tratamientos.

En el documento conjunto, las provincias expresaron su “enérgico rechazo” al proyecto al considerar que “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”. Además, reclamaron la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) para discutir allí cualquier modificación estructural.

Del posicionamiento participaron representantes de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, además de municipios bonaerenses que, reunidos en asamblea, ratificaron su rechazo a la reforma de la Ley, defendieron el Plan Quinquenal provincial y advirtieron que cualquier cambio regresivo o reducción presupuestaria solo agravará la crisis actual.

La advertencia fue realizada por el secretario general del gremio, Ezequiel Serra, quien sostuvo que “no se trata de un hecho aislado, sino de una política que impacta en todas las regiones donde la empresa presta servicio”. Según explicó, la propia compañía comunicó internamente su intención de profundizar un sistema de atención “integralmente digital y remoto”, apoyado en que la gran mayoría de los usuarios ya utiliza canales virtuales.

En ese marco, Serra reveló que la firma habría planteado ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) el cierre total de sus oficinas comerciales. “El ente regulador habría sugerido avanzar en tres etapas. De confirmarse, estamos ante una transformación estructural del servicio a nivel nacional”, advirtió.

El proceso ya muestra señales concretas. Documentación interna indica que localidades de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia figuran dentro de una primera etapa de cierre, lo que encendió alarmas en comunidades donde la presencialidad sigue siendo clave para la atención.

El gremio puso el foco en el impacto social de la medida. “No todos los argentinos tienen acceso real a herramientas digitales. Adultos mayores, usuarios de zonas rurales o con problemas de conectividad quedan directamente excluidos”, señaló Serra. Además, remarcó que en un servicio público esencial como el gas, muchas gestiones requieren acompañamiento directo, especialmente en situaciones de reclamos, cortes o emergencias.

En paralelo, el avance del modelo digital también genera inquietud por sus consecuencias laborales. La reducción de oficinas implicaría menos estructuras comerciales y pone en riesgo fuentes de trabajo.

“La lógica es clara: menos oficinas, menos costos. Pero eso también significa menos acceso para los usuarios y menos presencia en las comunidades”, sostuvo el dirigente, quien cerró con una advertencia: “Si esto avanza, la Argentina va a tener un servicio de gas cada vez más lejano del usuario. La modernización no puede ser sinónimo de abandono”.

Un nuevo planteo vinculado al manejo de fauna marina volvió a poner en foco el funcionamiento de los mecanismos institucionales a nivel local. Desde la Fundación Fauna Argentina (FFA), encabezada por Juan Antonio Lorenzani, expresaron su preocupación por la falta de tratamiento de un proyecto presentado hace dos años, el cual , según indicaron, permanece sin avances.

En ese marco, señalaron como “alarmante y técnicamente sospechoso” que, tras haber quedado sin tratamiento, haya surgido recientemente una propuesta de características similares impulsada por el concejal Bordaisco (UCR). Desde la entidad consideran que esta nueva iniciativa presenta coincidencias con el trabajo previamente elaborado por la organización.

La FFA remarcó que “esta situación no solo implica una demora administrativa, sino también una falta de reconocimiento a la labor de actores sociales con trayectoria, destacando en ese sentido sus más de 40 años de trabajo sostenido en la temática”.

Asimismo, desde la institución advirtieron sobre el creciente malestar en distintos sectores de la sociedad civil frente a la ausencia de respuestas y canales efectivos de participación, lo que, según manifestaron, podría derivar en una mayor tensión social si no se generan instancias de diálogo y tratamiento concreto de las propuestas.

En ese contexto, solicitaron a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante “la reincorporación y tratamiento inmediato del proyecto original, al tiempo que hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana”.

El planteo se enmarca en un escenario más amplio donde distintas organizaciones buscan mayor protagonismo en la construcción de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como el cuidado ambiental y la preservación de la fauna marina.

El encuentro comenzó con la bienvenida a cargo del presidente de la Asociación Empresaria hotelera gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, dónde agradeció también la presencia del vicepresidente primero de FEHGRA, Alejandro Papasidero Ricco, y de la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, quienes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos para la actividad, con especial énfasis en la necesidad de impulsar una política activa de promoción turística durante todo el año, con una agenda sostenida de eventos que permita reducir la estacionalidad.

Asimismo, se plantearon pedidos vinculados a la reducción de la carga impositiva, particularmente en lo que respecta a Ingresos Brutos e impuestos inmobiliarios.

El trabajo se organizó en distintos departamentos técnicos, donde se analizaron informes, se debatieron problemáticas específicas y se elaboraron propuestas regionales.

Entre los ejes tratados se destacaron turismo, política tributaria, aspectos legales, política laboral y social, y capacitación y formación profesional. En el área tributaria, se presentó un informe técnico a cargo de representantes de la entidad local y la solicitud de medidas de alivio fiscal que a través del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA, será presentado ante el organismo recaudador.

Además, se avanzó en temas vinculados a la organización del Torneo Federal de Chefs, uno de los eventos más representativos del sector. Se desarrollará en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, los días 16 y 17 de Mayo.

En lo que respecta a la próxima reunión regional, se anunció que la próxima se llevará a cabo en la filial de Pinamar.

La nota fue presentada por el Colegios de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9, por el Colegio de Técnicos D5 y por el Colegio de Ingenieros D2, los cuales, a través de sus presidentes y secretarios/as entregaron notas al intendente, al secretario de Obras, al titular del Concejo Deliberante y al presidente de la Comisión de Obras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

Este martes las institucionales colegiadas fueron recibidas y escuchadas en la Comisión de Obras y Planeamiento del HCD.

Qué reclaman

Se registran desde hace tiempo diversas dificultades en el funcionamiento del área, entre ellas demoras en la tramitación de expedientes de obra, falta de sistemas adecuados de seguimiento administrativo, inconsistencias en la información normativa disponible y situaciones de extravío de documentación. Asimismo, advierten sobre el incremento de obras ejecutadas al margen de los procedimientos reglamentarios, lo que afecta el ordenamiento urbano, el ejercicio profesional regulado y los mecanismos de control técnico.

La persistencia de un sistema administrativo que combina procedimientos en soporte papel y digital genera incertidumbre en los circuitos de tramitación y dificulta el acceso claro a la información por parte de profesionales y particulares.

En este contexto, proponen avanzar en el desarrollo e implementación de una plataforma web integral para la gestión de obras privadas, que permita ordenar, transparentar y agilizar los procesos administrativos.

El secretario general de Sivara, Walter Rivero, refutó la “ocupacion ilegal” sostenida incluso por el intendente Neme: “La ocupación siempre fue legal, fue legítima. La feria siempre caminó de la mano de los municipios. Hemos hablado con Fernando Muro, con Selena Marinelli, con Cardoso y con muchísima gente del municipio sobre esa feria. Ellos no nos desconocen”, afirmó en diálogo con el Retrato.

Rivero sostuvo que el gremio había presentado dos propuestas de regularización ante el Ejecutivo. Una adaptación a la ordenanza de ferias móviles y la reactivación de una licitación a través de una mutual. Ambas estaban en proceso de discusión. “Siempre hubo diálogo entre el municipio, el sindicato y los trabajadores. Por eso no entendemos por qué actuaron de esta manera”, señaló.

La orden que no alcanzaba para demoler

Sobre la base legal del operativo, Rivero especificó que “no había una orden de desalojo y demolición. Sí una orden de allanamiento e incautación de mercadería en imitación de marcas. Creo que las cosas se hicieron a la noche porque si llegábamos a la mañana siguiente, legalmente podríamos haber defendido la feria y buscado un camino de regulación”.

El operativo se ejecutó con un despliegue que Rivero calificó como desproporcionado: “Nosotros nunca fuimos violentos, siempre nos manifestamos de forma pacífica”, remarcó. También denunció que su domicilio fue allanado en dos oportunidades consecutivas y que entre los bienes incautados había ahorros de sus hijos.

El canon, la administración interna y lo que se resolverá en la justicia

Consultado sobre los cánones millonarios que los propios feriantes habían denunciado (hasta $1.500.000 por puesto en temporada alta) Rivero eligió no profundizar: “Yo no le cobré a nadie. Ahí la feria tiene una administración interna que eso se tiene que aclarar en la justicia. Estoy tranquilo de que no le saqué plata a nadie”. Cuando se le preguntó si podía clarificar el circuito de cobros, la respuesta fue la misma: “Lo vamos a clarificar en la justicia. No quiero entorpecer. Acá se busca dar prensa a toda la difamación que hicieron en mi contra para tapar el atropello que se hizo con esta gente”.

La tensión entre el gremio y un sector de los feriantes, que manifestaron abiertamente no querer representación de Sivara, es un punto que no puede dejar de llamar la atención. Sin embargo, Rivero, no corresponde esa conducta al accionar del sindicato: “Muchos han llamado a la gente metiéndoles miedo, diciéndoles que les convenía ir en contra nuestra. Nosotros estamos tranquilos. El sindicato tiene las puertas abiertas para toda la gente que quiera ser parte”.

El miedo entre los feriantes

Más allá del caso de La Saladita, Rivero confirmó que el temor se propagó entre quienes trabajan en otros espacios informales de la ciudad, como los feriantes de Plaza Rocha y los vendedores callejeros del centro. “Han salido a decir que la feria Rocha iba a volar, que los compañeros que trabajan en la calle desde hace muchísimos años iban a ser lo siguiente. Lo que queremos evitar es el atropello. Estamos dispuestos al diálogo”, señaló.

Según asegura Rivero, el gremio nuclea a cerca de mil familias que trabajan en la vía pública bajo distintas modalidades. Y que “están empujando a que haya más gente durmiendo en la calle para después sacarlos a palazos y festejar”

Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE en el sector Turismo, relató cómo se desencadenaron los hechos y denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales. “Nosotros cuando nos enteramos, fue porque un jefe administrativo nos avisó que iban a llegar supuestas cartas documento, le mandamos una nota a Scioli y a Adorni, intimando que nos respondan sobre ese posible desalojo, pero no nos contestaron”, explicó.

La notificación formal llegó días después, pero no desde el área de Turismo sino desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Después nos llegó un acta, con el desalojo ya, pero de parte del AABE. Obviamente nos comunicamos con los abogados de los gremios, que van a presentar cautelares, pero todavía no tenemos respuesta”, detalló Marco Ruiz.

El plazo impuesto para abandonar las viviendas es sumamente acotado. Según indicó la delegada, el aviso fue recibido el 16 de abril y establece un período de diez días corridos. “En teoría el 26 de abril se cumplirían los 10 días, sin darnos ninguna alternativa habitacional. Nada. Y encima metiéndonos presión”, remarcó.

El impacto social de la medida es significativo. Más de 30 familias, unas 90 personas, incluyendo niños, dependen directamente de esas viviendas. En muchos casos, se trata de trabajadores que desempeñan tareas desde hace años en el complejo turístico.

Frente a este escenario, los empleados rechazan la calificación de “intrusos” que figura en la notificación. “Abandonar el lugar no, porque nosotros firmamos actas de compromiso cuando recibimos esas viviendas por razones de servicio. En la carta se nos dirige como intrusos, pero no lo somos. Somos trabajadores de la unidad turística y prestamos un servicio”, sostuvo.

Además, explicó que las viviendas forman parte de un esquema histórico de compensación salarial. “Los sueldos del Estado en Chapadmalal son muy bajos y se compensaban con estas viviendas. No es un capricho que no nos queremos ir, es parte de nuestro trabajo”, agregó.

Los gremios ATE y UPCN ya se encuentran interviniendo en el conflicto, brindando asesoramiento legal y acompañamiento a los trabajadores. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuestas oficiales ni precisiones sobre el futuro del predio.

Otro punto que genera inquietud es la falta de información sobre el proceso de concesión que el Gobierno nacional habría mencionado. “No apareció nadie, no hay interesados visibles. Lo único que sabemos es lo que se dijo públicamente, que se iba a concesionar por 30 años, pero no tenemos ningún dato concreto”, afirmó Marco Ruiz.

La delegada también puso en duda los argumentos oficiales sobre el supuesto estado de abandono del complejo. “Está así porque lo dejaron estar. En la gestión anterior los hoteles se habían arreglado y venía turismo. Hoy, con el poco presupuesto que nos dan, nosotros mismos mantenemos los espacios”, explicó.

En ese sentido, describió el esfuerzo cotidiano de los trabajadores: “Con una sola caja chica, cortamos el pasto, limpiamos, abrimos los hoteles. Los compañeros con machetes tratando de mantener todo en condiciones. Pero sin presupuesto es imposible sostenerlo”.

Advirtió que el desalojo no solo implica la pérdida del lugar físico, sino también la interrupción de sus tareas laborales, afectando de manera directa su sustento diario. “En muchos casos, se trata de familias que residen o desarrollan su actividad dentro del complejo desde hace años” indicó.

El polideportivo de Chadpamalal, otra de las obras abandonadas por el Gobierno y que forma parte de la privatizacion que quieren realizan en las tierras de Chapadmalal

El conflicto no solo pone en juego el futuro laboral de los empleados, sino también el sentido histórico del predio. Las tierras de Chapadmalal fueron donadas por la familia Martínez de Hoz y estaban destinadas al turismo social y el complejo es considerado monumento histórico, lo que abre interrogantes sobre el alcance de cualquier intento de privatización.

Mientras se esperan definiciones judiciales y políticas, las familias permanecen en estado de alerta, decididas a defender su lugar de trabajo y su vivienda en un escenario marcado por la incertidumbre; que se suma a otros focos de tensión laboral en la zona de Mar del Plata, en un contexto económico complejo donde crecen los reclamos por la defensa del empleo y las condiciones de trabajo.

La ordenanza que permitió a la empresa Restinga instalar una micro-destilería y un bar en el Faro de la Memoria, ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), identificada como centro clandestino de detención durante la última dictadura, habría sido aprobada sobre la base de un documento falso.

Así lo afirmó el Dr. César Sivo, abogado querellante, al exponer los resultados de las declaraciones testimoniales tomadas a los directivos de la Sociedad de Fomento Faro Norte, entidad que presentó la solicitud ante el Municipio y luego firmó el convenio con el privado. “Lo que surgió de las declaraciones es exactamente lo contrario a lo que habían sostenido en esa nota inicial”, afirmó Sivo. “Reconocen que el documento no lo hicieron, que no tenían ninguna propuesta cultural, ni social, ni ningún beneficio para el barrio, y que el documento lo hizo directamente la gente de La Restinga. Le llevaron el documento y se lo hicieron firmar”.

La maniobra denunciada por la querella es la siguiente: en lugar de ceder el predio directamente a la empresa, lo que hubiera activado los procedimientos administrativos de contratación pública—, el Municipio lo hizo a través de la Sociedad de Fomento, que luego firmó un convenio con Restinga. “La forma de burlarlo es tomando una entidad de bien público”, explicó Sivo. “Se inició un expediente a partir de un dato falso para llegar a una conclusión equivocada. Por lo menos, si se quiere ser generoso, los concejales fueron engañados y la ordenanza no puede sostenerse en el tiempo”.

Un canon irrisorio en un predio privilegiado

Consultado sobre los incentivos económicos detrás del proyecto, Sivo precisó: “Estamos hablando de un canon de 250.000 pesos por mes. Es más barato que alquilar un monoambiente en Mar del Plata”. En contrapartida, la empresa accedería a un espacio frente al mar, con bosque, en una zona de alta concentración de fiestas en la temporada. “Pagando muy poco tendrían un inmenso beneficio. Cualquier alquiler para instalar una fábrica estaría en millones de pesos por mes”, remarcó. La denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, impulsada por los organismos, apunta exactamente a ese punto: el Estado deja de recaudar sin ofrecer ninguna contraprestación a la comunidad.

“No pueden poner una destilería arriba de los huesos de nuestros muertos”

Irma Piñero, representante de los Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Zona Centro y Sur de Buenos Aires, rechazó el argumento del intendente, quien sostuvo públicamente que el sector donde se instalaría el bar está fuera del área que funcionó como centro clandestino. “La ex ESIM abarcaba desde la zona donde está el edificio hasta donde está la calle que entra al primer balneario. Todos los que hemos vivido en Mar del Plata en aquella época tenemos claro que en esa esquina había gente armada que impedía movilizarse”, afirmó, y recordó que sobrevivientes declararon en juicios que en el bosquecito del predio se realizaron simulacros de fusilamiento y posibles ejecuciones.

Piñero también reveló que esta es la tercera vez que la empresa intenta avanzar sobre el lugar. En ocasiones anteriores, representantes de Restinga se reunieron con los organismos y afirmaron desconocer el pasado del predio y desistir del proyecto. “Al rato, cuando hubo mayoría y pudieron con el Ejecutivo negociar para hacerlo, de nuevo avanzaron”, denunció. Recordó además que el bloque radical del Concejo les sugirió que el bar podría ser una oportunidad para difundir la memoria entre los jóvenes. “Eso es el colmo de la falta de respeto y de cinismo”, sentenció.

La cautelar y la búsqueda de restos

En el plano judicial, la Cámara Federal mantiene suspendidas las obras de manera preventiva para no destruir posibles pruebas. Sivo explicó que se solicitó al Equipo Argentino de Antropología Forense realizar un trabajo de geolocalización para detectar fósforo y restos óseos en el terreno, y que actualmente la querella aguarda que la Cámara prorrogue el plazo de la medida cautelar el tiempo que sea necesario. “Si vos ponés cemento sobre huesos, es difícil que después puedas encontrar algo. No se puede tocar”, advirtió, y recordó precedentes como los 2.500 restos hallados en Arana y los 12 cuerpos encontrados recientemente en La Perla. “En todos los lugares donde hubo centros clandestinos de detención, no todas las desapariciones significan un vuelo de la muerte. Tenemos enterramientos, tenemos cuerpos que fueron volados con dinamita. Mínimamente hay que preservarlo”. Por último, confirmó que el bloque de Acción Marplatense va a pedir la anulación del proyecto.

El concejal Gustavo Pulti exigió al Ejecutivo local la convocatoria urgente al Consejo Económico y Social, advirtiendo sobre una crisis de magnitud comparable a la pandemia.

El clima legislativo estuvo fuertemente marcado por la presencia de jubilados y afiliados de PAMI en la barra. Las reiteradas interrupciones del público obligaron a la presidencia del cuerpo a intervenir para contener las tensiones entre la bancada opositora y los representantes de La Libertad Avanza (LLA).

Cifras en rojo y reclamo productivo

Para justificar la urgencia de la convocatoria, Pulti desplegó una batería de indicadores locales. El exintendente alertó sobre un incremento del 392% en las carteras irregulares de crédito, el aumento del 387% en cheques rechazados y una caída del 44% en la nómina de la industria naval.

En esa línea, trazó una comparación internacional para dimensionar el impacto de las políticas nacionales en el tejido productivo. Aseguró que Argentina destruyó el 7,9% de sus industrias entre 2023 y 2025, ubicándose como el segundo país con mayor pérdida a nivel global.

Frente a este escenario, Pulti insistió en activar el Consejo Económico y Social, creado por ordenanza en 2021. Incluso, según detalló, mantuvo un encuentro reciente con el obispo Ernesto Giobando, quien le expresó su plena disposición a participar de la mesa de diálogo junto a gremios y cámaras empresarias.

La crisis del PAMI y la respuesta libertaria

En paralelo a la situación económica, el debate se centró en la crisis del sistema de salud. Pulti denunció un rechazo sistemático de prestaciones y advirtió que los adultos mayores se ven forzados a elegir qué medicamentos comprar. “Hay personas que están muriendo por falta de atención”, sentenció.

Por su parte, la concejal libertaria Noelia Álvarez Ríos rechazó el diagnóstico opositor y atribuyó los déficits del PAMI a “un sistema quebrado” por las gestiones anteriores. Si bien reconoció que el reciente incremento del 120% en las cápitas de los médicos de cabecera resulta insuficiente, remarcó que el organismo transita “un camino de adaptación”.

“No queremos que se instale una mentira que ya pasaron un montón de veces ni generar miedo en la sociedad”, sostuvo la edil, cuyas palabras fueron fuertemente repudiadas por los jubilados presentes en el recinto.

A su turno, el titular de la Libertad Avanza,  cuestionó el tono del planteo y defendió el rumbo macroeconómico del presidente Javier Milei. Para ello, citó un crecimiento del PBI del 4,4% en 2025 y subrayó la consolidación de los superávits fiscal, comercial y financiero.

Finalmente, el legislador libertario acusó a la oposición de esgrimir amenazas bajo la fachada del diálogo y exigió terminar con las grietas ideológicas. “Están trayendo a debate temas que tienen que ver con políticas nacionales cuando tenemos que ocuparnos de General Pueyrredon”, concluyó.