Durante el encuentro, el PJ marplatense manifestó su decisión de acompañar la campaña Lula Presidente y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las fuerzas populares de Argentina y Brasil en defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social.

“Queremos que Lula vuelva a ser presidente de Brasil y desde Mar del Plata vamos a acompañar esa campaña. Lo hacemos porque sabemos lo que representa para Brasil, pero también porque necesitamos una América Latina unida y capaz de defender sus propios intereses”, sostuvo el presidente del PJ local, Daniel Di Bártolo.

Representantes de ambas fuerzas analizaron el escenario político regional y coincidieron en la necesidad de profundizar los vínculos entre el peronismo y el PT frente al avance de proyectos de derecha en distintos países de América Latina.

El PJ de General Pueyrredon también rechazó las expresiones y gestos del presidente Javier Milei hacia Lula y señaló que no representan el vínculo histórico entre los pueblos argentino y brasileño.

“Hay quienes quieren enfrentar a Argentina con Brasil. Nosotros queremos exactamente lo contrario. Nuestros pueblos son hermanos y tienen mucho más para ganar juntos que separados”, afirmó Di Bártolo.

En ese sentido, desde el PJ local remarcaron que Argentina y Brasil comparten una historia de integración y señalaron la necesidad de recuperar una agenda regional basada en la cooperación, la defensa de la soberanía y la unidad de los pueblos latinoamericanos.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue también el acompañamiento del PT y de Lula a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el PJ local agradecieron especialmente el respaldo del presidente brasileño y recordaron su visita a Cristina luego de su detención.

“Lula estuvo con Cristina desde el primer momento. La visitó, la acompañó y levantó su voz frente a una injusticia. Eso los peronistas no lo olvidamos”, señaló el presidente del PJ marplatense.

“Desde Mar del Plata nos sumamos a la campaña por Lula Presidente. Porque defender la democracia en Brasil también es defender una América Latina más democrática, más soberana y más justa”, concluyó Di Bártolo.

La presentación será encabezada por el delegado regional, Enrique García, quien estará acompañado por el subdelegado regional, Jonathan D’Annunzio, el apoderado legal de UATRE, Dr. Sergio Correa, delegados gremiales y trabajadores afectados.

La situación alcanza a 230 trabajadores y trabajadoras comprendidos en el convenio de UATRE, quienes percibieron únicamente el 40% de sus haberes y aún no cuentan con una fecha cierta para cobrar el monto restante.

Desde el sindicato advirtieron que el incumplimiento afecta directamente el carácter alimentario del salario y profundiza un escenario de incertidumbre que se suma a distintas falencias y condiciones laborales que vienen siendo reclamadas ante la empresa.

En la presentación formal, UATRE comunicará que, de persistir la falta de pago íntegro de los salarios, la organización podrá disponer un plan de lucha, que incluiría medidas de acción directa y paro de actividades, en ejercicio de los derechos constitucionales y sindicales de los trabajadores.

Asimismo, el gremio solicitará la intervención de la autoridad laboral para garantizar que los trabajadores no sufran represalias, sanciones, descuentos indebidos, intimidaciones ni medidas persecutorias como consecuencia de una eventual medida de fuerza.

También en conflicto en Sindicato de los Mercantiles

En paralelo, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, que representa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, también se encuentra en estado de alerta y movilización por el mismo incumplimiento salarial.

Desde el SEC señalaron que “Una vez más, la empresa incumple con la palabra y los compromisos asumidos, trasladando las consecuencias de sus decisiones a los trabajadores y sus familias, quienes dependen de su salario para afrontar sus necesidades básicas”.

La empresa tampoco garantizó el pago íntegro de los salarios dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral vigente, vulnerando un derecho esencial de los trabajadores.

Dede el Sindicato junto al cuerpo de delegados de la empresa Toledo, repudiaron “esta decisión y exigimos el inmediato pago del salario adeudado, así como una respuesta concreta que ponga fin a la incertidumbre generada. Ante este nuevo incumplimiento, la organización gremial se declara en estado de alerta y movilización permanente, advirtiendo que, de persistir esta conducta por parte de la empresa, se evaluarán las medidas gremiales que resulten necesarias para garantizar el salario y los derechos de los trabajadores”.

Según el documento publicado por el organismo del CONICET y la UBA, alrededor del 5% del territorio argentino ya pertenece a firmas o Estados extranjeros, lo que representa unas 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra. El relevamiento también identifica a los capitales estadounidenses como los principales compradores, con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia, con cerca de 2 millones, y España, con 1,7 millones.

Desde el Observatorio sostienen que las situaciones más delicadas se concentran en zonas fronterizas, tanto del norte como de la cordillera argentina, y en territorios con recursos hídricos, minerales o ventajas logísticas, como los puertos. En ese sentido, los investigadores remarcan que el patrón de adquisición de tierras no es homogéneo, sino que se focaliza en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y la soberanía nacional.

El informe cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone derogar los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras, que actualmente fijan un límite del 15% de titularidad extranjera sobre los suelos rurales a nivel nacional, provincial y departamental, establecen que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo y limitan la cantidad de hectáreas que puede concentrar un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.

En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento ubica a Campana entre los departamentos que superan ampliamente los límites fijados por la ley, con un 50,27% de tierras en manos extranjeras, debido a su cercanía con el río Paraná.

En lo que respecta a General Pueyrredón, el 7,5% de las tierras rurales pertenecen a extranjeros.

En números, se trata de 9.475 hectáreas, concentradas principalmente en la zona de Sierra de los Padres, al oeste del distrito. La situación local está por encima del promedio de la provincia de Buenos Aires (2,8%, equivalente a 827.000 hectáreas) y de la media nacional (5%, 13.000.000 de hectáreas).

El estudio también pone el foco sobre otros distritos como Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes, al considerar que forman parte de la principal vía fluvial navegable del país y poseen una importancia logística estratégica.

Cabe mencionar que, los municipios bonaerenses de Campana y Zárate conforman uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, con terminales de comercio exterior, acceso directo a la Hidrovía Paraná-Paraguay, parques industriales y una infraestructura clave para las exportaciones. En ese marco, desde el CONICET sostienen que la presencia de capital extranjero en estas zonas adquiere una relevancia particular, y que se trata de territorios vinculados al transporte de cargas y al acceso a recursos estratégicos.

El informe también cuestiona las modificaciones introducidas por el Decreto 820/2016, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, al señalar que flexibilizó los procedimientos para la compra de tierras, amplió los criterios para determinar quién es considerado extranjero y modificó la metodología utilizada para medir la extranjerización.

De acuerdo a lo expuesto por el Observatorio de Tierras del CONICET, esa reforma firmada por el exmandatario explica que entre los relevamientos oficiales de 2015 y 2022 se registre una aparente reducción de la superficie en manos extranjeras que, en realidad, responde a cambios estadísticos y no a una disminución efectiva de las adquisiciones.

Los investigadores recuerdan además que el gobierno de Javier Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, aunque esa decisión fue suspendida por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ahora, con el tratamiento legislativo del nuevo proyecto, el Senado volverá a discutir el futuro de una norma que desde 2011 fija límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que, según el Observatorio, resulta clave para resguardar territorios vinculados al agua, los minerales, las fronteras y la infraestructura estratégica del país.

“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, completaron desde el CONICET.

Sin embargo, el CONICET señala que 36 departamentos del país ya superan el límite del 15% previsto por la legislación vigente. Los casos más extremos corresponden a Lácar, en Neuquén, con el 54,17% de su superficie extranjerizada, General Lamadrid, en La Rioja, con el 56,70%, y los departamentos salteños de Molinos, con el 57,79%, y San Carlos, con el 59,82%. De acuerdo con los investigadores, todos ellos concentran bienes estratégicos, como reservas de agua dulce o recursos minerales.

En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento ubica a Campana entre los departamentos que superan ampliamente los límites fijados por la ley, con un 50,27% de tierras en manos extranjeras, debido a su cercanía con el río Paraná. El estudio también pone el foco sobre otros distritos como Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes, al considerar que forman parte de la principal vía fluvial navegable del país y poseen una importancia logística estratégica.

Cabe mencionar que, los municipios bonaerenses de Campana y Zárate conforman uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, con terminales de comercio exterior, acceso directo a la Hidrovía Paraná-Paraguay, parques industriales y una infraestructura clave para las exportaciones. En ese marco, desde el CONICET sostienen que la presencia de capital extranjero en estas zonas adquiere una relevancia particular, y que se trata de territorios vinculados al transporte de cargas y al acceso a recursos estratégicos.

El informe también cuestiona las modificaciones introducidas por el Decreto 820/2016, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, al señalar que flexibilizó los procedimientos para la compra de tierras, amplió los criterios para determinar quién es considerado extranjero y modificó la metodología utilizada para medir la extranjerización.

De acuerdo a lo expuesto por el Observatorio de Tierras del CONICET, esa reforma firmada por el exmandatario explica que entre los relevamientos oficiales de 2015 y 2022 se registre una aparente reducción de la superficie en manos extranjeras que, en realidad, responde a cambios estadísticos y no a una disminución efectiva de las adquisiciones.

Los investigadores recuerdan además que el gobierno de Javier Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, aunque esa decisión fue suspendida por un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ahora, con el tratamiento legislativo del nuevo proyecto, el Senado volverá a discutir el futuro de una norma que desde 2011 fija límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que, según el Observatorio, resulta clave para resguardar territorios vinculados al agua, los minerales, las fronteras y la infraestructura estratégica del país.

“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes, que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos, no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, completaron desde el CONICET.

El debate tomó impulso luego de que la Sociedad Rural de 9 de Julio presentara en el Concejo Deliberante local una iniciativa para asumir la administración y el mantenimiento de la red vial del distrito. La propuesta plantea crear una comisión integrada por productores, con un gerente técnico seleccionado por concurso, que se encargue de definir la asignación de recursos y la ejecución de las obras viales e hidráulicas del partido.

Según explicaron desde la entidad rural, el proyecto busca destinar el 85% de lo recaudado por la tasa vial municipal y el 100% de los fondos provinciales asignados al distrito para obras de infraestructura rural. La propuesta fue elaborada durante cinco meses a partir del análisis de experiencias implementadas en municipios como Trenque Lauquen y Benito Juárez, adaptadas a la realidad de 9 de Julio.

Frente a ese escenario, el Colegio de Ingenieros bonaerense sostuvo que el financiamiento privado en los caminos rurales puede convertirse en una herramienta válida para ampliar la inversión en infraestructura rural, siempre que las obras sean proyectadas y dirigidas por profesionales matriculados y se respeten los procedimientos establecidos por la legislación provincial.

“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, afirmó el presidente de la entidad, Jorge O. Castellano.

Desde el Colegio explicaron que una intervención inadecuada sobre los caminos rurales puede generar consecuencias que exceden al establecimiento donde se ejecuta la obra. La modificación de cunetas, pendientes, perfiles o del escurrimiento natural del agua puede afectar campos vecinos, alterar el comportamiento de las cuencas hídricas y ocasionar perjuicios ambientales y estructurales.

“No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría”, explicó Castellano.

La entidad recordó que la Ordenanza General 165/73 continúa vigente y establece la obligación de realizar estudios previos, elaborar los proyectos correspondientes, contar con dirección técnica de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones administrativas antes de iniciar cualquier obra. Según remarcaron, esas exigencias se mantienen independientemente de quién financie los trabajos.

En esa línea, Castellano advirtió que la participación de cooperativas o consorcios de productores no exime del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de propietarios, ejecutores y municipios. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, señaló.

Laura Hochberg, referente del Colectivo de Mujeres y Diversidades de la ciudad, habló con el Retrato para analizar el femicidio de Juana Mailén Antonich y sus implicancias. Para Hochberg, el crimen muestra la vulnerabilidad económica de las mujeres con hijos a cargo y la falta de respuestas estatales frente a la violencia de género. “A las mujeres y diversidades nos matan porque el Estado deja que nos maten”, sostuvo, y calificó como “feminicida” al Estado Nacional, al que acusó de desmantelar políticas públicas y recortar programas de prevención. 

“No se cumplió el protocolo”: la crítica al accionar policial 

La dirigente centró buena parte de su análisis en la actuación de la comisaría decimosexta, a la que responsabilizó por no haber tomado la denuncia de manera inmediata cuando la familia de Antonich concurrió a radicarla. 

Cuestionó particularmente la idea de que deba transcurrir un plazo antes de denunciar una desaparición: “una mujer desaparecida no es una mujer que hay que esperar, sino que es una mujer que hay que buscar”, sostuvo, y remarcó que fue la propia familia la que terminó haciéndose cargo de la búsqueda que derivó en el hallazgo del cuerpo. 

Hochberg remarcó que no se cumplió el protocolo, y atribuyó esa falla a un patrón que no es generalizable a toda la fuerza policial, aunque sí calificó como recurrente en casos de violencia de género y violencia doméstica.

Un Estado “feminicida”

Hochberg habló de un Estado que, a su entender, no garantiza condiciones de seguridad y desmanteló políticas públicas de prevención, y extendió esa crítica al plano discursivo. Sostuvo que funcionarios nacionales, incluido el presidente Javier Milei, niegan la existencia de los femicidios y de la violencia de género, lo que a su juicio legitima esas conductas. En ese marco, citó que hubieron 147 mujeres asesinadas por violencia de género en los primeros seis meses del año, lo que a su cálculo equivale a un femicidio cada 35 horas.

Por otro lado, Hochberg diferenció el nivel nacional del provincial. Mientras calificó de inexistente el abordaje del Estado nacional y del municipio de General Pueyrredon en materia de prevención de la violencia de género, valoró el funcionamiento del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, pese a reconocer limitaciones presupuestarias. Sobre el plano local, sostuvo que corresponde a los propios actores de la ciudad hacerse cargo de la situación, y vinculó el reclamo por violencia de género con el cacerolazo reciente contra la inseguridad, al que describió como expresión de un reclamo sostenido por la falta de recorridas policiales en los barrios.

Consultada sobre la participación de su colectivo en la próxima movilización, Hochberg confirmó que el Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata acompañará a la familia de Antonich en la marcha prevista para el miércoles a las 12, aunque aclaró que esa participación está condicionada a que la convocatoria sea confirmada oficialmente por los propios familiares.

La iniciativa alerta sobre la proliferación de agrupamientos que circulan infringiendo sistemáticamente las normas de tránsito, realizando piruetas de riesgo conocidas como “stunt”, cruzando semáforos en rojo y conduciendo en contramano, lo que representa una amenaza permanente para la vida de peatones y automovilistas en Mar del Plata y Batán.

Como antecedente, desde la bancada opositora recordaron la sanción de la Ordenanza N°26.322 en 2024, la cual prohíbe la circulación de motovehículos con caños de escape no homologados que generan ruidos molestos por aceleración o falta de silenciador. Para complementar, el nuevo proyecto propone la creación de una línea telefónica y/o canal de WhatsApp exclusivo administrado por la Patrulla Municipal.

La herramienta estará preparada para recibir alertas ciudadanas inmediatas con geolocalización en tiempo real, fotos y videos, garantizando el estricto anonimato y la reserva de identidad de cada denunciante.

Al respecto, el edil remarcó la necesidad de abordar la seguridad vial como parte fundamental de la seguridad ciudadana y dotar de rapidez al accionar de los agentes municipales: “ La falta de control genera una situación de inseguridad e intranquilidad permanente para los vecinos. Las caravanas de motos a alta velocidad, haciendo piruetas y de contramano son un peligro real que ya ha provocado muertes y accidentes gravísimos en nuestra ciudad.

Mas adelante señala que “Sería ideal que la Patrulla Municipal y los agentes de tránsito tengan alertas tempranas para poder interceptarlos. Hablamos de ampliar la línea de WhatsApp existente es una solución práctica, sin costo y efectiva para que la información del vecino en vivo permita desplegar las fuerzas de seguridad al lugar exacto antes de que ocurra una tragedia ”.

Por último, el proyecto encomienda al Departamento Ejecutivo la realización de una campaña masiva de difusión en medios de comunicación y canales oficiales para que toda la ciudadanía conozca el funcionamiento de esta herramienta. Desde Unión por la Patria enfatizaron que prevenir las inconductas viales extremas requiere de decisión política y articulación digital, permitiendo que la tecnología del municipio se ponga verdaderamente al servicio del ordenamiento urbano y la protección de los vecinos.

El cacerolazo, realizado desde los propios hogares y en distintos puntos de la ciudad, fue la expresión de un sentimiento que muchos vecinos describen como hartazgo. Robos, asaltos, entraderas y otros delitos, varios de ellos atribuidos por las víctimas a motochorros, alimentan una sensación de vulnerabilidad que se repite en numerosos barrios y que, según sostienen quienes participaron de la convocatoria, no encuentra respuestas suficientes por parte de los distintos niveles del Estado.

La iniciativa surgió en las redes sociales bajo la consigna “Cacerolazo ante la total falta de seguridad en Mar del Plata”, una convocatoria que rápidamente comenzó a viralizarse y que reunió a cientos de vecinos decididos a hacer visible su reclamo. La protesta no tuvo un punto de concentración único: el objetivo fue que cada familia hiciera oír su descontento desde su propia casa, generando un mensaje simultáneo que atravesó buena parte del distrito.

La convocatoria planteó que la manifestación abarcaría “todos los barrios de Mar del Plata”, buscando representar el malestar de una comunidad que afirma convivir diariamente con el miedo. En ese contexto, numerosas publicaciones en redes sociales mostraron videos del sonido de las cacerolas y de alarmas vecinales activadas en señal de protesta.

“Queremos y debemos ser escuchados” fue una de las frases centrales del llamado ciudadano, acompañado además por el mensaje “La unión hace la fuerza”. El objetivo fue reclamar respuestas concretas a las autoridades encargadas de prevenir el delito y garantizar la seguridad pública, en medio de una creciente demanda social por medidas más eficaces.

Durante las últimas semanas, distintos episodios delictivos registrados en diversos sectores de Mar del Plata volvieron a instalar la inseguridad como una de las principales preocupaciones de la agenda pública. Muchos de esos hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad privadas o municipales y luego fueron difundidos en redes sociales y medios de comunicación, generando un fuerte impacto entre la población.

El denominador común que expresan numerosos vecinos es la sensación de que el delito dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una amenaza cotidiana. Comerciantes, trabajadores, estudiantes, jubilados y familias aseguran que los robos ocurren a cualquier hora del día y que la incertidumbre forma parte de la rutina diaria. Esa percepción explica, en gran medida, la masiva adhesión que tuvo el cacerolazo.

El reclamo ciudadano también pone el foco en la necesidad de reforzar la presencia policial, mejorar las tareas de prevención e impulsar políticas públicas que permitan reducir los índices delictivos. Al mismo tiempo, muchos participantes manifestaron su preocupación por la respuesta del sistema judicial frente a determinados casos, cuestionando la falta de resultados concretos para frenar la reiteración de hechos delictivos.

La protesta dejó al descubierto un profundo desgaste social. Más allá de las distintas responsabilidades institucionales que involucran a los gobiernos municipal y provincial, así como al funcionamiento de la Justicia, el mensaje que buscaron transmitir los vecinos fue claro: existe un creciente cansancio frente a una problemática que consideran fuera de control y que afecta directamente su calidad de vida.

El desafío para las autoridades será responder con medidas concretas que permitan recuperar la confianza y la tranquilidad que gran parte de la comunidad siente haber perdido.

(Imagen TV)

Desde el gremio aclararon que el entendimiento alcanzado no representa la recomposición salarial que consideran necesaria para las trabajadoras y los trabajadores rurales. En ese sentido, remarcaron que el incremento quedó por debajo de las expectativas, especialmente en un contexto de producción agropecuaria récord en el país.

La organización sindical sostuvo que durante las negociaciones planteó la necesidad de avanzar hacia una mejora más significativa de los salarios, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del sector frente al impacto de la inflación y el aumento del costo de vida.

A través de un comunicado, la UATRE ratificó su compromiso “de continuar defendiendo los ingresos de los trabajadores rurales y anticipó que mantendrá su postura en las próximas instancias paritarias para reclamar remuneraciones acordes al esfuerzo de quienes sostienen la producción agropecuaria argentina”.

Si bien el acuerdo permitió cerrar la negociación correspondiente al personal permanente de prestación continua, el sindicato dejó en claro que continuará impulsando nuevos reclamos salariales con el objetivo de lograr una verdadera recuperación del poder adquisitivo del sector.

Se indicó que a adecuación tarifaria busca “cumplir el objetivo de recaudación propuesto y la concreción de los proyectos a realizarse durante el ejercicio 2026”, de acuerdo a los lineamientos del artículo 104° del Reglamento General del Servicio Sanitario.

Cabe recordar que los aumentos de OSSE, que otorga los servicios de agua, cloaca y mantenimiento de pluviales, se definen bimestralmente a partir del Coeficiente C. El indicador se compone en función de las variaciones de los costos de explotación de los servicios, considerados en su nivel de eficiencia y de acuerdo con las modificaciones que registran los índices representativos de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Este valor se calcula con una fórmula que incluye el Índice Nivel General de Salarios, el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz, y el Índice de la Construcción, ítem Instalaciones Sanitarias.

OSSE detalló que la variación del Coeficiente C, que tiene a noviembre de 2023 como mes inicial para su cálculo, fue de 250,91% hasta junio de este año.

De esta manera, la adecuación tarifaria efectiva a aplicar para septiembre y octubre de 2026 (cuotas 9° y 10°), es del 3,79% respecto al bimestre junio-julio de este año.

Con esta actualización, el promedio de facturación por el sistema de tarifa fija, incluyendo el Fondo de Infraestructura pasará de $21.776,99 a $22.602,34.

Se trata de la primera edición de una muestra colectiva que tiene por objeto estimular la producción artística y la experimentación en las artes visuales desde una perspectiva de género considerando la diversidad que presenta actualmente el campo del arte contemporáneo bonaerense.

La Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, destacó en la apertura que “un museo abierto y lleno de gente marca una diferencia fundamental con una propiedad privada. Esa diferencia tiene que ver con la posibilidad de abrir sus puertas para compartir, disfrutar y hacernos preguntas colectivamente. Todo esto es el resultado de un enorme trabajo realizado previamente, y creemos que es importantísimo ponerlo en valor. Durante mucho tiempo se creyó que la cultura no necesitaba ser pensada desde una mirada de género. Muchas historias fueron contadas en voz baja o, directamente, sin ellas. En un tiempo de tanta violencia, en el que resulta tan difícil imaginar aquello que aún no existe, que el Estado tenga la potencia de seguir defendiendo lo que es de todos y todas nos habla de la posibilidad de sostener la esperanza y de construir el futuro. Sigamos impulsando muchas otras propuestas. Estamos construyendo el patrimonio bonaerense entre todos y todas”.

En representación del jurado estuvo la artista visual Lucía Engert que subrayó la importancia de la itinerancia de la muestra en el territorio bonaerense y el enorme potencial artístico que hay en las ciudades y regiones. Formaron también parte del jurado Guillermina Mongan y María Menegazzo.

Cabe mencionar que las obras galardonadas son: Premio Adquisición para “Las Lomas 50” de Natalia Martínez, de San Isidro. Premio Impacto Federal para “En el edén de los lepóridos” de Loli Tenorio, de Capitán Sarmiento. Premio Trayectoria Bonaerense para “Escenario para las primeras veces” de Guby Caregnato, de La Plata. Premio Estímulo Joven para “Doscientos diecinueve mil seiscientos segundos” del colectivo Tiny Teatra: Julia Oliva Torre, Pilar Cuevas y Eva Costello, de La Plata. Menciones: “Morfología transitable” de Aluminé Fernández Rodríguez, de La Plata. “Paisaje n°3. Serie Memoria de un paisaje” de Andrea Santarelli, de Costa del Este.

Podrá visitarse con entrada gratis de martes a domingos de 14 a 20h.