El Congreso de Ingeniería 2026, organizado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires bajo el lema “Industria Alimentaria: el Desafío de Crecer”, se realizará el 17, 18 y 19 de junio en el Gran Hotel Provincial NH de Mar del Plata. El encuentro convocará a ingenieros, especialistas, empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de organismos públicos y universidades en torno a una agenda de ciencia, producción y política sanitaria.

Presencias y programa

La apertura contará con la presencia del intendente de Mar del Plata, cuya asistencia quedó confirmada en los días previos al evento. El cierre estará encabezado por Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Entre las personalidades que integran el programa figuran Carla Bonito, presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y Pablo Morón, director nacional de Alimentos.

Durante las tres jornadas se abordarán temas vinculados a innovación tecnológica, sostenibilidad, economía circular, biotecnología, comercio exterior, automatización de procesos, regulación alimentaria, logística y tratamiento responsable del agua y los efluentes industriales. Disertarán representantes del INAL, la DIPA, el CONICET, la CEPAL, ACUMAR, el COFES y universidades nacionales, junto a referentes de empresas líderes del sector.

Tres ediciones en continuidad

Jorge Castellano, presidente del CIPBA, explicó en diálogo con el Retrato: “Queremos que tenga una continuidad anual, que vaya tratando distintas temáticas”, detalló.

Para Castellano, la ingeniería en alimentos tiene una relevancia social directa que justifica el lugar central que se le da este año: “No es la especialidad que genera mayores contratos profesionales, pero entendemos que tiene cada vez más auge y que hay que darle el lugar que se merece por su importancia en la salud pública de toda la población.”

En cuanto a la convocatoria, los costos de inscripción son de $110.000 para el público general, $80.000 para matriculados del CIPBA y $50.000 para estudiantes. Castellano señaló además que el colegio habilitó exenciones para estudiantes universitarios en coordinación con los distritos y las casas de estudio. El objetivo, remarcó, es que los ingenieros en formación tengan un primer contacto directo con la realidad profesional: “Van a poder ver en qué se desarrollan los colegas, cuáles son las inquietudes, si son las mismas que tienen cursando la carrera o si el ejercicio de la profesión los lleva por otro lado.”

Ronda de negocios y exportaciones

El 19 de junio se realizará además una Ronda de Negocios Alimentos, organizada por la UCIP, destinada a fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades para empresas del sector. Es la primera edición de esta instancia dentro del congreso, que surgió a partir de una propuesta conjunta entre el CIPBA y la Cámara Empresaria local. “Es un poco el objetivo”, planteó Castellano: “las empresas pueden informarse, hacer contactos y generar alianzas.”

Con una caída del consumo interno de hasta un 34%, hay empresas que están migrando a mercados externos sin estar preparadas para sus exigencias. Castellano señaló que el mercado de proteína animal está ganando valor a escala global, con ventanas concretas hacia el mundo árabe y el mercado chino. Al mismo tiempo, alertó que los langostinos extraídos del mar argentino se procesan en Paraguay y se exportan desde allí, porque las condiciones operativas resultan más convenientes fuera del país. “Perdemos la oportunidad de tener en nuestro país el procesamiento y el congelado para enviar al mercado europeo y al de Estados Unidos.”. De allí otro de los valores del congreso en la formación de herramientas para la exportación y aprovechamiento de la materia prima.

El agua y el arsénico

Uno de los temas que ingresa al programa es la calidad del agua y la presencia de arsénico. Castellano aclaró que el problema existe y se tiende a agravar, pero que se requiere más detalle en los informes. “Hay que hacer estudios porque el problema existe. Pero hoy la situación no es tan grave como se ha pintado”, sostuvo, y remarcó que la industria alimentaria debe cumplir con un código alimentario que impone límites de arsénico más estrictos que el propio código de aguas. Esa tensión normativa también será uno de los ejes del congreso.

Las inscripciones están abiertas en www.g2consultora.com/congreso.

La central obrera fue uno de los sectores que impulsó y sostuvo durante años el reclamo para que la ciudad fuera incorporada a este beneficio, entendiendo las particularidades climáticas y sociales de la región.

Desde el Consejo Directivo de la CGT remarcaron que “esta decisión representa un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares y tendrá consecuencias económicas negativas para una ciudad que ya exhibe indicadores alarmantes en materia de empleo, producción y actividad comercial”.

Alrededor de 250.000 usuarios residenciales de General Pueyrredon sufrirán un aumento significativo en sus facturas. Diversos análisis estiman que entre 28.000 y 32.000 millones de pesos anuales dejarán de volcarse al consumo local para destinarse al pago de las tarifas de gas. Esto significa que aproximadamente 2.500 millones de pesos por mes dejarán de circular en la economía marplatense.

“Hay una parte de la dirigencia política local que prioriza sus ambiciones personales y partidarias por encima de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Montenegro, Neme y sus socios radicales y libertarios eligieron acompañar una medida que le da un nuevo golpe a la economía de Mar del Plata”, expresaron desde la CGT.

Asimismo, agregaron que “venimos advirtiendo desde hace tiempo sobre la grave situación económica y social que atraviesa nuestra ciudad. La pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo y el deterioro de los ingresos son una realidad cotidiana. Sin dudas, este incremento en las tarifas de gas sólo contribuirá a profundizar esa crisis”.

Finalmente, desde la central obrera aseguraron que “la CGT seguirá defendiendo los intereses de los trabajadores, jubilados y familias marplatenses, y continuará señalando a quienes le dan la espalda a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

La iniciativa responde a los reclamos que viene planteando la FUM, que representa a cerca de 25.000 estudiantes de la UNMDP.

Los números que preocupan

Los datos relevados por la organización estudiantil exponen que el 96% de los estudiantes declaró haber tenido algún inconveniente con el sistema del Boleto Especial Educativo. De ese universo, el 71,4% aseguró no haber recibido respuesta a los reclamos presentados. Y el 57,7% considera que el beneficio resulta insuficiente para sostener su trayectoria académica.

A esto se suma el contexto del aumento tarifario. Desde junio, el boleto urbano en Mar del Plata cuesta $1.922, lo que convierte el transporte en un gasto significativo para estudiantes que muchas veces dependen económicamente de sus familias o trabajan en paralelo a sus estudios.

El reclamo de Baragiola

“Cuando un estudiante no puede llegar a la universidad por razones económicas o por trabas administrativas, estamos frente a una barrera concreta para el acceso a la educación. El boleto estudiantil no puede convertirse en una promesa difícil de cumplir.” reclamó la concejal.

En ese sentido, planteó que el problema no se resuelve solo con el reconocimiento de que existe. “Necesitamos generar un ámbito institucional donde todos los actores puedan sentarse a trabajar, escuchar las demandas de los estudiantes y construir respuestas concretas”, afirmó.

La mesa de trabajo propuesta tendría objetivos específicos, como relevar las problemáticas existentes, analizar los reclamos pendientes, evaluar posibles modificaciones normativas y establecer mecanismos más ágiles para la resolución de inconvenientes.

El proyecto será girado a las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante para su tratamiento.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Trabajo bonaerense realizaron un operativo conjunto de fiscalización sobre establecimientos gastronómicos que permitió detectar irregularidades en el 89% de los locales inspeccionados. Los controles se llevaron adelante sobre 28 comercios del sector y derivaron en actuaciones por incumplimientos tributarios y laborales.

Las acciones fueron el resultado de un trabajo previo de inteligencia fiscal, mediante el cual se identificaron indicios de evasión e inconsistencias en contribuyentes vinculados a la actividad gastronómica. A partir del cruce y procesamiento de información, se definió una estrategia de fiscalización presencial focalizada en establecimientos de relevancia comercial.

En el plano tributario, ARBA detectó que la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. También se verificaron incumplimientos relacionados con la falta de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones que alcanzaron a 302 trabajadoras y trabajadores. La totalidad de los establecimientos relevados por la cartera laboral recibió al menos una intimación vinculada a incumplimientos en materia de registración o condiciones laborales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron la falta de alta temprana del personal, ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones vinculadas a ART, horas nocturnas y feriados. Asimismo, en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, se constataron deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio derivados de la falta de mantenimiento en campanas extractoras.

Los locales inspeccionados incluyeron cadenas de alcance nacional e internacional como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna y otros reconocidos establecimientos que funcionan en el complejo gastronómico Baxar Mercado, de ciudad de La Plata. Además, se realizaron operativos en Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie, Perla & Co, entre otros.

El subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, sostuvo que: “Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva”.

Y agregó que: “Mientras seguimos simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas para pymes, pequeños comercios y sectores productivos, intensificamos los controles sobre actividades económicas donde existen indicios de evasión o incumplimiento. Nuestro objetivo es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde”.

Spiritoso destacó además que “la fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la equidad tributaria. Cuando determinados sectores operan al margen de las normas generan una competencia desleal para quienes cumplen y afectan los recursos que el Estado necesita para sostener servicios públicos e inversiones”.

Tras los controles, ARBA continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización sobre actividades económicas donde los sistemas de inteligencia fiscal detecten mayores riesgos de incumplimiento. Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará con una segunda etapa orientada a verificar la regularización de las situaciones observadas.

Desde ambos organismos señalaron que los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de sostener este tipo de operativos coordinados, combinando tecnología, análisis de datos y presencia territorial para promover la formalización de la economía y mejorar los niveles de cumplimiento tributario y laboral

“Las pymes gastronómicas y hoteleras enfrentan hoy una vulnerabilidad financiera crítica. No son solo empresas; son estructuras de trabajo intensivo cuya fragilidad actual deriva de una recesión que ha pulverizado su capital de trabajo”, señalaron desde el sector empresario.

Según denunciaron, la crisis no solo está vinculada a la caída de la actividad económica y al aumento sostenido de los costos operativos, sino también a un esquema normativo que consideran cada vez más restrictivo y alejado de la realidad que atraviesan las empresas.

“La inmediatez en la ejecución de medidas cautelares fiscales ignora plazos razonables. Ante atrasos de apenas días, la voracidad recaudatoria bloquea las cuentas operativas, transformando una tensión de liquidez en una parálisis total de los establecimientos”, afirmaron.

Los empresarios explicaron que el impacto de los embargos sobre las cuentas bancarias resulta devastador para el funcionamiento cotidiano de hoteles y restaurantes. Al inmovilizar los recursos destinados al pago de salarios, proveedores y gastos corrientes, se produce además la caída automática de los planes de facilidades de pago que muchas firmas habían suscripto para regularizar sus obligaciones fiscales.

“Al caducar esos planes, las deudas vuelven al circuito judicial, donde se incrementan con intereses punitorios y honorarios de agentes fiscales, convirtiéndose en obligaciones prácticamente imposibles de afrontar”, sostuvieron.

En ese contexto, cuestionaron las limitaciones establecidas por la normativa vigente, entre ellas la Resolución General 5321, que impide acceder a nuevas herramientas de refinanciación para obligaciones que ya hayan caído en mora.

“Las empresas quedan atrapadas en un vacío legal absoluto: estar embargado no habilita el acceso a planes especiales y no existe actualmente ninguna norma que permita rescatar o refinanciar obligaciones provenientes de planes caducos. El sistema prohíbe volver a financiar lo que ya cayó, dejando a las pymes sin salida legal”, remarcaron.

A la vez, indicaron que la misma situación genera un aislamiento crediticio casi total. La baja rentabilidad, la pérdida de capital de trabajo y el deterioro de los balances impiden acceder a financiamiento bancario para enfrentar la crisis.

“Sin una tutela productiva real y urgente que suspenda ejecuciones por plazos razonables y permita una moratoria efectiva o la refinanciación de planes caídos, se está condenando al cierre a empresas con voluntad de pago, pero sin herramientas técnicas para regularizar su situación”, alertaron.

Finalmente, solicitaron a las autoridades nacionales y provinciales una revisión urgente del marco normativo vigente, contemplando la realidad de quienes sostienen diariamente la actividad turística, gastronómica y hotelera de Mar del Plata. “Es indispensable generar mecanismos que permitan preservar las empresas y los puestos de trabajo, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la ciudad”, concluyeron.

Pasadas las 18 y tras el cierre de los comicios que se desarrollaron en tres establecimientos educativos de Mar del Plata y Batán, los afiliados y vecinos se congregaron en la sede del Comité, en Plaza Rocha, a la espera de los números finales, expectantes porque a lo largo de la jornada electoral se observó un destacado número de personas yendo a votar.

Con el resultado confirmado, avalando en la victoria de la Lista “110 Unidad” , el senador nacional Maximiliano Abad, destacó el desarrollo de la jornada electoral y agradeció el compromiso de la militancia. “La fortaleza de la Unión Cívica Radical está en sus afiliados y en su capacidad para debatir, participar y construir futuro”, señaló.

“En tiempos donde muchos cuestionan a los partidos políticos, el radicalismo vuelve a demostrar que la participación, el debate y el compromiso siguen siendo valores centrales de nuestra identidad”, sostuvo.

Para Abad, “esta elección fortalece al radicalismo local y nos da más herramientas para seguir construyendo una alternativa moderna, competitiva y con vocación de gobierno para Mar del Plata y Batán”.

LICEAGA EMOCIONADO

“Los afiliados hablaron con claridad y nos dieron la responsabilidad de conducir esta nueva etapa del radicalismo local. Vamos a trabajar para tener un comité activo, abierto y cercano a los vecinos, fortaleciendo una alternativa política con vocación de gobierno para General Pueyrredon”, expresó Liceaga Viñas tras conocerse los resultados, ya en la sede del Comité local, donde felicitó a los postulantes de la Juventud: “Se viene un gran trabajo en equipo”, adelantó.

A Liceaga Viñas -actual concejal- lo acompañarán en la gestión del partido, Vilma Baragiola como vicepresidenta, Gonzalo Cerminaro como secretario y Adriana Arias tendrá la función de tesorera. “Esta lista tuvo el apoyo del radicalismo de compromiso y gestión, del que se acerca al afiliado pero también al vecino, que escucha y siempre está para tender una mano, y que él tiene representatividad en lo legislativo a nivel Nacional, Provincial y en General Pueyrredon, en el Ejecutivo local y en el deliberativo”, dijo Liceaga Viñas.

COMITE PROVINCIAL UCR

Llevadas a cabo las elecciones en los distritos donde hubo interna, este domingo Emiliano Balbín quedó oficializado como el presidente de la UCR provincial a raíz de una lista de Unidad sellada ya hace algunas semanas entre los distintos sectores del partido.

Balbín fue impulsado por el senador nacional Maximiliano Abad. Secundando al nieto del histórico caudillo radical Ricardo Balbín, aparece como vicepresienta Josefina Mendoza, en tanto que Matías Civale ocupará la Secretaría General y la Tesorería quedó en manos de Adriana Ginnobili.

TRIUNFO DE LA JUVENTUD OFICIALISTA

En la elección para definir las autoridades de la Juventud, la lista 527 lleva como candidato a presidente a Agustín Serebrinsky, acompañado por Milagros Fernández como vicepresidenta e Ian Termansen como secretario general se impuso por 640 a 517 votos.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley presentado por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia. La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas en una de las jurisdicciones más extensas y complejas del país.

El proyecto tuvo un importante respaldo institucional durante su tratamiento legislativo. En el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda expuso el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el tribunal. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo entonces el magistrado al describir el incremento sostenido de expedientes y la complejidad creciente de las materias que atiende la Cámara.

Este jueves, durante su intervención en el recinto, Abad destacó la importancia de la medida: “La creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses”.

Actualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Mientras que en sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8.900 casos, un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

Se recordó que la necesidad de ampliación fue reconocida institucionalmente por las autoridades políticas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la propia Municipalidad en las distintas ocasiones que se pretendió su ampliación frente al significativo incremento de la judicialización de diversas temáticas atinentes a la Justicia Federal.

El panorama actual de la Camara se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la ciudad y localidades de la jurisdicción de la Cámara que se extiende sobre un 37 por ciento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, sino por la diversidad de materias sometidas a su conocimiento que abarcan tanto aspectos penales, como civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna de recursos humanos y de manejo financiero de dicho órgano judicial y los juzgados a su cargo.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, remarcó Abad.

El legislador explicó además que gran parte de las causas que llegan a la Cámara -un 75%- están vinculadas a temas previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, señaló.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados. “Esperamos que Diputados trate a la brevedad este proyecto para saldar, de una vez por todas, un reclamo histórico y fortalecer el acceso a la Justicia de millones de bonaerenses”, concluyó Abad.

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró esta semana el estado de alerta nacional ante una ola de despidos y procesos de tercerización que avanza en empresas distribuidoras y transportadoras de todo el país. Paradójicamente, el sector atravesó en los últimos años uno de sus mejores momentos económicos, con balances favorables y aumentos tarifarios autorizados. Los recortes, entonces, no responden a una crisis operativa sino a una estrategia deliberada de reducción de costos laborales.

Ezequiel Serra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural y Afines del Sur (STIGAS), dialogó con el Retrato.

“Una tendencia que preocupa a toda la industria”

“Lo que estamos viendo en distintas distribuidoras y transportistas del país es una política de ajuste que busca reducir costos a través de la disminución de personal propio y la tercerización de tareas estratégicas”, afirmó Serra. “Esto no es un hecho aislado ni un conflicto puntual en una empresa. Es una tendencia que preocupa a toda la industria”.

Mar del Plata: más usuarios, misma dotación

“Mar del Plata es la ciudad con mayor cantidad de usuarios de gas natural de la Costa Atlántica y además abastece una región enorme que se extiende por gran parte de la costa y el centro bonaerense”, precisó Serra. Sin embargo, señaló que hace años el crecimiento de la dotación de trabajadores no acompaña el crecimiento de la demanda ni de la infraestructura. Las vacantes generadas por jubilaciones y retiros no se cubren, y eso, advirtió, “termina impactando en el mantenimiento, en las obras y en la capacidad de respuesta ante contingencias”.

La pregunta concreta es si una cuadrilla tercerizada puede atender con la misma eficacia una fuga de gas en pleno invierno “Una cuadrilla propia tiene capacitación permanente, conoce la red, conoce los materiales instalados, conoce los antecedentes de cada sector y trabaja todos los días bajo los protocolos específicos de la distribuidora. No estamos discutiendo la voluntad o la capacidad de los trabajadores tercerizados. Lo que estamos planteando es que la seguridad del sistema no puede depender únicamente de una lógica de reducción de costos. Cuando hablamos de gas natural hablamos de la seguridad de millones de personas. Una fuga no admite errores”.

Tarifas que suben, planteles que se achican

Esta misma semana, jubilados se movilizaron con frazadas en reclamo por el subsidio de zona fría que el gobierno nacional pretende recortar. La simultaneidad no pasó inadvertida para Serra: “En los últimos años las tarifas aumentaron muy por encima de los salarios y de los ingresos de muchos jubilados y trabajadores. Sin embargo, vemos menos personal, oficinas comerciales que cierran, obras paralizadas y problemas de inversión en infraestructura”.

La conclusión fue que “si los usuarios pagan más, resulta difícil entender por qué se despide personal o por qué se sigue avanzando con procesos de tercerización. Las tarifas tienen que servir para garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad. Y eso implica invertir en mantenimiento, en obras y en recursos humanos”.

La relación con Camuzzi y los pasos que siguen

Respecto del vínculo con la distribuidora en Mar del Plata, Serra sostuvo que el sindicato apuesta al diálogo institucional pero que existen “diferencias importantes respecto de la política de personal, la tercerización, el cierre de oficinas comerciales y la necesidad de mayores inversiones”.

Con el estado de alerta nacional ya declarado por FETIGNRA, el gremio evalúa los próximos pasos. “Nuestro objetivo principal es evitar que los despidos ocurran. Pero si las empresas persisten en este camino, la organización sindical va a utilizar todas las herramientas gremiales y legales que tenga a disposición”, advirtió Serra. Y cerró con una advertencia: “Lo que está en juego no son solamente puestos de trabajo. Está en juego el futuro de una actividad estratégica para el país y la calidad de un servicio esencial para millones de argentinos”.

“Hay un alambrado perimetral sobre Juan B. Justo. Eso es lo único visible en el predio del Estadio José María Minella seis meses después de que la empresa Minella Stadium S.A. recibiera la concesión del complejo por 30 años. Ni una obra estructural iniciada, ni un permiso de edificación tramitado ante la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ni el contrato de concesión a la vista de los concejales que lo piden desde hace meses” afirmò.ç

Horacio Taccone, presidente del bloque Acción Marplatense, no encuentra otra palabra para definir todo lo que tenga que ver con la concesión del Minella que “oscuro”.

Los 3 millones de dólares que nadie ve

Esta semana, la empresa concesionaria difundió un comunicado en el que afirma haber invertido ya 3 millones de dólares en el predio. “Es una gacetilla publicitaria, propagandística. Es imposible que hayan invertido 3 millones de dólares. No somos estúpidos los marplatenses”, sostuvo Taccone en diálogo con el Retrato. Y agregó que la afirmación ni siquiera merece una refutación técnica detallada: “Es tan ridículo que tampoco merece referirse demasiado al respecto. Es tratar de burros a los marplatenses”.

Lo que sí existe, constatable desde la vereda, es el vallado perimetral. Ninguna obra estructural en la tribuna techada, clausurada desde hace años por riesgo de derrumbe y cuya intervención urgente estaba entre las obligaciones prioritarias del pliego, ningún movimiento de tierra, ningún trámite de permiso de obra registrado.

El contrato bajo llave

Los concejales de la ciudad no pueden acceder al contrato de concesión firmado entre el municipio y Minella Stadium S.A. Es un reclamo que se arrastra desde su firma y que aún no tiene respuesta por parte del municipio, en lo concreto, no debería haber respuesta lógica que niegue el acceso del mismo. “No puede ser que los concejales, representantes de los vecinos, no puedan ver el contrato de concesión de la licitación más grande en la historia de la ciudad”, planteó. Y extrajo la conclusión lógica: “Si no lo muestran es porque hay algo oscuro, así de clarito”.

 Esa opacidad tiene una consecuencia, es imposible determinar con certeza si la empresa está o no en falta. El pliego de licitación, el documento público, establecía plazos para la presentación del Proyecto Técnico Definitivo que ya habrían vencido, con una prórroga de 30 días otorgada en enero. “No te puedo contestar si están incumpliendo porque como no vimos el contrato de concesión, posiblemente en ese documento le hayan puesto que el concesionario tiene dos años para iniciar las obras. Entonces no están incumpliendo nada”. En resumen, sin contrato visible, no hay incumplimiento verificable. Y sin incumplimiento verificable, no hay revocación posible.

 El canon que no llega hasta 2028

Sobre el canon acordado de 120 millones de pesos anuales y el período de gracia de tres años que la empresa tiene antes de empezar a pagarlo, Taccone aclaró que eso salió así en el pliego que el Concejo votó, y él votó en contra. “Es un buen cuestionamiento para hacerle a los concejales que votaron ese disparate”, señaló. Hasta 2028 no ingresará un solo peso de canon al municipio, mientras la empresa opera el predio.

El fondo del escándalo

La dimensión judicial que rodea a los actores detrás de la concesión es escandalosa. La empresa local Minella Stadium S.A. está conformada por la firma argentina Pro Enter y el grupo inversor brasileño Grupo Revee, cuya empresa madre (Reag Investimentos) está bajo investigación en Brasil por presuntos vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización narco más poderosa de Sudamérica. En paralelo, la justicia federal argentina investiga al articulador local de la propuesta, Eduardo Spinosa, expresidente del Club Atlético Banfield, por presunto lavado de activos a través de fideicomisos vinculados al entorno de la AFA.

“Abandonar para privatizar”

El edil amplió el patrón a otros sectores. “No han hecho los pliegos desde hace años para renovar la concesión del transporte público. No han hecho los pliegos para la recolección de basura. Le han quitado los medios a los agentes de tránsito para que no puedan cumplir su trabajo, y con eso justificaron la licitación del estacionamiento medido”. La Playa Redonda, otro predio costero ahora en agenda por su proceso de concesión, también entra en esa lectura. “Concesionan adonde ven la posibilidad de hacer un negocio, pero en los servicios que no son negocio no hacen los pliegos. Es todo negocio, no es para el vecino”, remarcó.

Victoria Pi de la Serra llegó esta tarde a la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata. La abogada relató las condiciones de detención en los barcos cárcel israelíes y en la prisión de Ashdod. Lautaro Rivara arriba en los próximos días, mientras que dos argentinos del convoy terrestre siguen incomunicados en Libia.

A las 14:30 de este miércoles, Victoria Pi de la Serra fue recibida por familiares, compañeros y militantes que habían seguido durante semanas su paradero incierto. La abogada marplatense, integrante de la delegación argentina de la organización Global Sumud, regresó al país junto a la ginecóloga Iara Salerno tras haber sido detenida por fuerzas israelíes mientras navegaba en la flotilla humanitaria que intentaba romper el bloqueo a la Franja de Gaza. El historiador y periodista Lautaro Rivara, el tercer marplatense de la misión, arriba en los próximos días.

Lo que comenzó en abril como una misión de asistencia, con alimentos, medicamentos y profesionales a bordo, partiendo desde Barcelona, derivó en casi un mes de navegación, dos intercepciones y varios días de detención. La flotilla no llegó a Gaza. La ayuda humanitaria quedó varada en las embarcaciones en alta mar.

La intercepción y los barcos cárcel

Pi de la Serra describió ante los medios la secuencia que comenzó en las primeras horas del 18 de mayo. “La intercepción comenzó temprano en la mañana y duró hasta el otro día; el 19 fue el último barco interceptado”, relató. Ya había habido un primer episodio el 29 de abril, con “cierto nivel de violencia”, pero la segunda fue de otra dimensión: “El sionismo tenía preparadas dos embarcaciones cárcel, absolutamente ilegales y clandestinas, con contenedores donde muchos de nuestros compañeros recibieron torturas”.

Las condiciones en esas embarcaciones incluyeron, acceso limitado al agua, pan como única alimentación, baños sin tratamiento químico y una presión psicológica sostenida sobre los retenidos. “Nos arrodillaban, nos amontonaban, nos ponían las esposas. A la gente que tenía algún problema médico, su respuesta era: no es nuestro problema”, describió. Luego los trasladaron al puerto de Ashdod, en la costa israelí, y de allí a prisión, con hombres y mujeres separados.

En la cárcel, detalló, estuvieron esposadas 22 de las 24 horas, “sin agua, sin dejarnos dormir, con gritos, con perros, sin poder ver a los abogados ni a los representantes consulares”. Al salir hacia el aeropuerto tampoco les informaron el destino. “No supimos que nos llevaban al aeropuerto hasta que estuvimos ahí, y nos pidieron que ni saludáramos a los cónsules para no tener problemas”, describió de la Serra.

“He visto compañeras a las que por cambiarles las esposas les rompieron las muñecas. He visto compañeras con convulsiones a las que no les daban la medicación porque tenían epilepsia. He visto compañeras a las que les cortaron la circulación porque al pedir que desajusten las esposas se las ajustaban más”. En su propio cuerpo, describió las marcas en las muñecas por los precintos. En otra de las embarcaciones, indicó, la violencia fue mayor: “Los pasaban por uno de los contenedores y los recibían golpeándolos a todos, despojándolos de sus vestimentas. Allí es donde se produjeron las mayores fracturas”.

El regreso y la cancillería

Desde Israel fueron deportados a Turquía en aviones del gobierno turco. Pi de la Serra señaló que fue allí donde pudieron tener los primeros contactos con representaciones consulares, y cuestionó la actuación de la Cancillería argentina durante todo el proceso: “Tuvimos que rogar por un cepillo de dientes. Nos habían despojado de todas nuestras pertenencias: no teníamos dinero, ni documentos, ni posibilidades de mayor cosa. La Cancillería Argentina no jugó ahí ningún tipo de papel”.

La abogada también mencionó el rol que cumplió la presencia internacional en la flotilla para destrabar la situación, entre los tripulantes se encontraba la hermana de la presidenta de Irlanda, lo que llevó a ese gobierno a intervenir activamente en las gestiones diplomáticas.

Dos argentinos aún incomunicados

Antes de abrazar a quienes la esperaban, Pi de la Serra pidió atención sobre un caso que su regreso no debe eclipsar: “Tenemos a 10 compañeros, entre ellos dos argentinos (Paula Giménez y Lucas Aguilera), que están incomunicados y detenidos por no sabemos quién en Libia. Estaban en el convoy terrestre que buscaba exactamente lo mismo que la flotilla: romper el bloqueo a Gaza. No sabemos su paradero, no sabemos cómo están, no sabemos cuándo los van a liberar”.

La organización Global Sumud exige su liberación inmediata y reclama la difusión del caso para generar la presión necesaria.

“Si mañana hay una misión, volvemos”

Consultada sobre sus conclusiones tras la experiencia, Pi de la Serra no dudó: “Ayer en Buenos Aires nos juntamos con toda la delegación argentina y el análisis era ese: si mañana tuviéramos que salir, lo haríamos de nuevo”. Indicó que continuará su trabajo en la coordinación nacional de la delegación argentina de Global Sumud y, en Mar del Plata, en el espacio colectivo MDP con Gaza.