“La gente tiene miedo. Hay robos violentos a toda hora, entraderas, ataques a jubilados, motochorros. Algunos ejemplos en números: En un solo día, el miércoles pasado, se robaron 8 autos y 5 motos en barrios más lejanos del centro. A la par robaban en 2 casas en el barrio Los Troncos de empresarios reconocidos y se registraban 7 reportes cercanos a centros comerciales como el Puerto o Mogotes. En la misma mañana, en pleno Güemes, a la vista de todos, motochorros hacían lo suyo arriba de la vereda. Se necesita una respuesta coordinada y presencia real del Estado en las calles”, aseguró Iriart, quien ocupó el cargo de Secretario de Seguridad de General Pueyrredon.

“Cada vez me llaman más por el tema de la seguridad. Estimo que es porque no encuentran respuestas en funcionarios y autoridades políticas vinculadas con el tema. Si las cosas estuvieran bien no habría motivos para que me llamen a mi que estoy dedicado a mis emprendimientos privados casi con exclusividad”, expresó.

“Esto no se soluciona viralizando videos de trapitos y personas en situación de calle retirados por inspectores municipales. La seguridad ciudadana se construye con más patrullajes, planificación estratégica, cercanía real con los vecinos y compromiso”, dijo Iriart.

Desde su experiencia en la gestión, Iriart sostuvo que la coordinación entre las fuerzas es clave. “Durante mi paso por Seguridad trabajábamos las 24 hs en conjunto con fuerzas federales, policía bonaerense, agentes locales, fiscales y jueces. Se hacían reuniones periódicas, se analizaban datos y se tomaban decisiones en conjunto. Nadie podía hacerse el distraído. Hoy ese esquema está desarticulado”, lamentó.

Para el exfuncionario, uno de los aspectos centrales que se deben recuperar es la participación activa de los vecinos. “No pueden ser solo víctimas. Necesitamos que también sean parte de la solución. Ellos conocen el barrio, saben qué pasa en cada cuadra, qué cambió, qué situación les genera alarma. Hay que escucharlos y darles un lugar real en las estrategias de prevención”, enfatizó.

En ese sentido, propuso la creación de mesas barriales de seguridad qie funcionen en alerta día y noche, integradas por vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad. “Tiene que haber canales de diálogo permanentes. No se puede planificar desde una oficina a puertas cerradas. No es cierto que los vecinos no se involucran, todos quieren aportar en la materia al menos si los espacios son serios. Hay que estar en el territorio, escuchar, observar, caminar los barrios y tomar decisiones concretas”.

Iriart también remarcó que la falta de planificación estratégica agrava la inseguridad. “Sin una política de seguridad integral, lo que hay son parches. Y los vecinos lo sienten. Falta presencia del Estado, sentido común en la toma de decisiones y, sobre todo, voluntad de construir una red que incluya a todos los actores”.

Durante la jornada, se abordaron temas de relevancia para el presente y futuro de las y los trabajadores rurales del país. En ese marco, José Voytenco sostuvo que “cada delegación debe avanzar con un rumbo claro, con planes concretos y con el foco puesto en la defensa de los derechos de nuestras compañeras y compañeros rurales”, planteando así una línea de acción clara para la organización.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento del trabajo territorial y la articulación institucional con organismos como RENATRE y el Ministerio de Trabajo bonaerense, herramientas fundamentales para detectar y combatir las irregularidades laborales en el sector rural.

En representación de la Delegación Mar del Plata, asistieron Enrique García, Delegado Regional, y Jonathan D’Annunzio, Subdelegado Regional, asistiendo tambien el asesor legal Sergio Correa. Durante el encuentro, García destacó: “Nuestra prioridad es mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores rurales. Por eso, estamos comprometidos con aumentar los relevamientos en los establecimientos de nuestra zona sudeste”.

Además de la representación marplatense, participaron del encuentro delegaciones de Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Pergamino y Gran Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en todo el territorio bonaerense.

Desde la UATRE remarcaron que este tipo de espacios permiten no solo analizar la coyuntura actual, sino también planificar políticas gremiales activas que respondan a las necesidades concretas de las y los trabajadores del campo argentino.

Según relató la abogada Fernanda Anabella Ducca, representante legal de la denunciante, el traslado se vio afectado por cortes de tránsito durante la Cumbre del G20, lo que impidió que su clienta abordara el vuelo previsto. “Estuvo dentro del aeropuerto pero no pudo viajar. Luego tuvo que regresar a Mar del Plata por sus propios medios, asumiendo los costos del pasaje”, explicó la letrada a Teleocho Informa.

Durante estos años, aseguró Ducca, se intentaron instancias de conciliación con la empresa, pero no se logró acuerdo alguno. “Mi clienta no pedía dinero, solo una compensación en especie por lo perdido”, señaló. Pese al conflicto, la damnificada continuó utilizando los servicios de Tienda León por la frecuencia de sus viajes.

La Justicia falló a favor de la mujer por daño moral, entendiendo que la empresa incumplió su compromiso y no contuvo a la pasajera en un momento clave. “Esto marca la importancia de que el viajero se sienta respaldado por la empresa que contrata”, concluyó la abogada.

La industria gráfica argentina atraviesa un período de profunda transformación, exacerbado por la digitalización de los medios de comunicación y la consecuente caída en la circulación de impresos. Esta coyuntura ha derivado en el cierre de plantas impresoras y la reducción de puestos de trabajo a nivel nacional. Aníbal Alexandrescu, directivo del gremio de los Gráficos, dialogó con el Retrato para explicar los desafíos que enfrenta el sector.

Alexandrescu detalló que la situación, latente desde hace tiempo, se acentúa en el contexto actual. Puso como ejemplo el reciente caso de “La Voz del Interior” de Córdoba, perteneciente al grupo Clarín, que cesará sus operaciones de impresión en su planta local para trasladar la producción a Santa Fe. Fenómeno que contribuye a la reducción de fuentes laborales y a la configuración progresiva de “polos regionales” de impresión. La disminución del consumo de papel está directamente vinculada con la “exacerbación de lo digital”, mientras que no hay una política clara para mantener lo impreso. El directivo lamentó que esta tendencia sea percibida como “algo natural”, casi una “extinción” inevitable, cuando no debería serlo.

Según Alexandrescu, esta realidad responde a una lógica de mercado en la que “cuando el mercado manda, si al mercado no le sirve, no sirve y desaparece”. A diferencia de otros sectores culturales que han logrado una defensa de sus producciones, en el caso de los diarios impresos esto no ha ocurrido. El motivo principal radica en que muchos de los propietarios de medios gráficos son también dueños de medios digitales o electrónicos. Por ende, “ellos mismos ven el negocio por otro lado” y no incentivan el formato en papel. En este punto, Alexandrescu mencionó el rol que debería haber tenido la Ley de Medios, al proponer que quien tuviera un medio electrónico no pudiera poseer uno de papel, lo que habría fomentado una mayor pluralidad informativa y, consecuentemente, más oferta laboral.

Las cámaras de diarios del interior, a las que pertenece el gremio de los Gráficos, se encuentran “casi desmanteladas” por la desaparición progresiva de periódicos, perdiendo así su capacidad de influencia y voz ante las autoridades. “Las cámaras tienen voz o son escuchadas cuando tienen una correlación de fuerza”, afirmó Alexandrescu.

En Mar del Plata, el caso del diario “El Atlántico” ilustra esta transformación: de tener 120 gráficos, hoy es un portal digital “operado por dos personas”, propiedad de Aldrey Iglesias, quien también posee La Capital. La escasa cantidad de páginas en las publicaciones actuales de diarios locales como La Capital, según Alexandrescu, limita su capacidad de generar interés público y dificulta un renacimiento sin algún tipo de “subvención” o apoyo.

En cuanto al futuro del trabajo gráfico en Argentina, Aníbal Alexandrescu es cauteloso. Considera que, sin una “cuestión casi romántica” de apoyo o sostenimiento, el formato de diario impreso “tiende a desaparecer”. No obstante, la industria gráfica en general ha logrado diversificarse gracias a las nuevas tecnologías. El segmento que aún se mantiene robusto es el packaging, abarcando todo tipo de estuches y envases para productos de supermercado o farmacéutica. Si bien el consumo actual afecta la producción, en “momentos de alto consumo es donde hay más producción gráfica” se observa en este rubro. En regiones como Mar del Plata, sin grandes productores de packaging, la gráfica se orienta a lo digital, con baja demanda y tirajes cortos. La tradicional folletería, menús de restaurantes, volantes y revistas de ofertas han sido desplazados por el formato electrónico (QR), lo que ha generado una significativa pérdida de fuerza en el sector.

Muchos de los trabajadores, quienes quedan sin empleo tras el cierre de empresas gráficas, optan por iniciar microemprendimientos, comprando pequeñas máquinas para imprimir remeras o stickers, en una especie de “uberización de la industria gráfica” indica Alexandrescu. Sin embargo, estos ingresos suelen ser solo “una changa” y rara vez superan lo que percibían en relación de dependencia. Otros trabajadores se reconvierten a distintos oficios como mantenimiento, gas, electricidad, o incluso se dedican a servicios de transporte como Uber, buscando una salida rápida. Para quienes aún conservan su empleo, las escalas salariales se mantienen a través de las paritarias. No obstante, las jornadas laborales pueden reducirse o se llegan a acuerdos para evitar cierres, dependiendo de la situación de cada empresa.

El sector de los almacenes transita un período de inusual estabilidad de precios, con más de 50 días sin nuevas listas de proveedores y, en algunos casos, incluso bonificaciones que se traducen en descuentos para el consumidor final. Sin embargo, esta aparente calma viene acompañada de una profunda preocupación por la sostenida baja en el consumo. Alejandro Savore, presidente de la Federación de Almaceneros, dialogó con “el Retrato” para detallar la compleja realidad que atraviesa el rubro.

Savore explicó que la estabilidad de precios se debe a una corrección de mercado. “Muchas empresas anticiparon lista (de precios) en marzo porque fueron asesorados de que salíamos del cepo en abril”, pero esa mercadería “quedó muy alta” y la gente no la convalidaba, por lo que tuvieron que ofrecer descuentos significativos, de hasta un 20%, 30% o 40%. Estos valores se trasladan a los precios finales, provocando una baja efectiva en ciertos productos.

“El IVA es el 21% , casi es una cuarta parte del valor de la mercadería que se paga”

El consumo ha experimentado caídas significativas en categorías clave. Los lácteos, por ejemplo, registraron una baja de entre 15% y 20%, sumando pequeños incrementos mensuales que se acumulan. Savore ejemplificó con el costo de la leche: un sachet a $1.500 puede representar hasta una cuarta parte del sueldo familiar si se consideran dos hijos, llevando a que productos como postrecitos o yogures, antes considerados un “premio” para los niños, ya casi no se compren. Ante este panorama, el presidente de la Federación de Almaceneros instó al Gobierno Nacional a intervenir. “Se debería discutir el tema del IVA. El IVA es el 21% y el 21% casi es una cuarta parte del valor de la mercadería que se paga”, afirmó, proponiendo una reducción al 13%. Aunque reconoce que es un impuesto coparticipativo y generaría resistencia provincial, considera la medida “más que necesaria” para aliviar el bolsillo de los consumidores.

La Cuenta DNI ha perdido efectividad ante el retorno mensual limitado

Los almacenes han buscado incentivar las ventas a través de promociones. Savore indicó que, dado que el dinero físico está en retirada y ocho de cada diez clientes pagan con formatos virtuales, se han establecido reuniones con bancos para ofrecer descuentos con billeteras virtuales, compitiendo así con las promociones de los hipermercados. Recordó el éxito inicial de Cuenta DNI, que en su momento “triplicaba la venta” los miércoles y jueves. Sin embargo, esta billetera ha perdido efectividad debido a modificaciones en sus días de promoción y a un retorno mensual limitado, lo que ya no atrae a los consumidores para grandes compras.

Las marcas Pymes han experimentado un notable crecimiento

En este contexto de precios ajustados, las marcas Pymes han experimentado un notable crecimiento. Savore destacó que estas empresas, al no anticipar aumentos y solo ajustar por costos operativos, ofrecen precios más competitivos. Esto les permite “desplazar cada vez más a la primera marca de la góndola”. Puso como ejemplo que un pan lactal de primera marca se vende a $5.000 o $5.500, mientras que un pan Pyme puede encontrarse entre $2.200 y $2.500, evidenciando una diferencia sustancial que atrae a los compradores en tiempos de ajuste.

Nair González, médica residente de Medicina General en el CAPS Libertad, explicó que el reclamo se enmarca en un contexto más amplio: “Estamos acompañando el reclamo principal que se está dando a nivel nacional, con residentes del Garrahan, el Posadas y el Binarie Pzaka. Aunque ellos dependen de Nación y nosotros de Provincia, las condiciones son similares. Por eso pedimos que el reclamo no quede solo en Nación, sino que incluya a todos los ministerios que deben respaldarnos”.

Además de medicina general, el PRIM incluye residentes de psicología, trabajo social y obstetricia, muchas de las cuales también participaron de la manifestación. A pesar de ser profesionales con título universitario, seleccionados por concurso y examen, sus ingresos están muy por debajo del costo de vida actual.

“Un residente ingresante cobra entre 800 y 900 mil pesos. Los que estamos más avanzados rondamos el millón 300, pero eso incluye guardias y plus por estar en especialidades estratégicas, como medicina general. Sin embargo, psicología, trabajo social u obstetricia no reciben esos adicionales, a pesar de cumplir jornadas similares”, detalló González.

Las condiciones contractuales también son motivo de preocupación. Muchos residentes trabajan en Centros de Atención Primaria (CAPS), dependientes del municipio, pero contratados por la provincia. Esta dualidad genera vacíos en la provisión de insumos y materiales. “Provincia no nos manda materiales, y el municipio solo provee para el personal de planta. Tenemos que limitar nuestras prácticas por falta de insumos básicos, desde agujas hasta elementos para realizar un Papanicolau”, explicó la profesional.

La situación se agrava porque, a pesar de ser quienes sostienen buena parte de la atención primaria, muchos vecinos desconocen que la mayoría del personal de los CAPS son residentes. “No saben que existimos. No hay reconocimiento institucional, ni salarial”, agregó González. Tampoco han recibido respuestas por parte de funcionarios municipales o provinciales, ni se ha convocado a una reunión para discutir sus demandas.

En cuanto a los pasos a seguir, los y las residentes planean realizar una asamblea interna para unificar criterios y presentar un reclamo más articulado entre todas las especialidades y niveles del sistema. “La idea es que el reclamo sea lo más equitativo posible. Hay residentes del Materno Infantil, del HIGA, de centros de salud municipales. Muchos vienen de otras localidades y deben alquilar con sueldos que apenas alcanzan para vivir”, concluyó González.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el hartazgo crece entre quienes, con vocación y compromiso, sostienen los niveles básicos de atención del sistema público de salud en General Pueyrredón.

En este proceso se decidirá quiénes serán responsables de la infraestructura y tendrán la potestad de comercializar los servicios de los balnearios a lo largo de las tres localidades costeras del partido: Miramar, Mar del Sur y Centinela del Mar.

Desde la institución observan con alarma que el proceso licitatorio carece de transparencia y equidad dada la participación, en la comisión evaluadora de profesionales con potencial conflicto de intereses, lo que pone en riesgo la imparcialidad del proceso.

Asimismo, se advierte la ausencia del Colegio de Técnicos en la conformación de los pliegos y en la evaluación de las propuestas, dado que no fue convocado, a pesar de que la institución cuenta con competencias técnicas específicas y legales para una evaluación justa, objetiva y profesional, contribuyendo con la igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Desde la institución se solicita que se revise la composición de la comisión evaluadora, se publiquen con mayor claridad los criterios de selección y se convoque a instancias de diálogo con todos los colegios profesionales con incumbencia, para garantizar un proceso más inclusivo y transparente.

“Estamos a disposición para colaborar con propuestas concretas que fortalezcan la confianza pública y aseguren un proceso justo para todos los participantes”, concluye la entidad en la presentación formal ante el Municipio, firmada por su presidente, MMO Diego Haag.

El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires-Distrito V es la institución que -por delegación del Estado Provincial- se ocupa del registro matricular y control del ejercicio de los profesionales Técnicos de las localidades de Miramar, Mar Chiquita, Villa Gesell, Partido de la Costa, Balcarce, Tandil, Necochea y Mar del Plata.

El actual secretario general y candidato a renovar su mandato, Guillermo Bianchi, encabezó la jornada y destacó el compromiso permanente del sindicato con la defensa de los derechos de los trabajadores activos y jubilados. En su discurso, Bianchi remarcó que “los derechos no son privilegios”, y reafirmó que la bandera del “Buen Trato al Adulto Mayor” continuará siendo un eje central de la gestión.

“Vamos a seguir caminando junto a nuestros jubilados y jubiladas, como lo venimos haciendo desde la conducción del Sindicato. Nuestra lucha es por más dignidad, más inclusión y más respeto para quienes trabajan y trabajaron durante toda su vida y merecen tener un buen trato”, expresó Bianchi.

Con una masiva participación y un fuerte respaldo al proyecto colectivo, el Sindicato de Empleados de Comercio reafirma su rumbo de unidad, compromiso y defensa de los derechos laborales en cada etapa de la vida.

Durante el operativo se fiscalizó el cumplimiento de la Ley 26.727 y su normativa complementaria, haciendo foco en:

Uso obligatorio de la Libreta del Trabajador Rural

Registración formal de los vínculos laborales

Diversas irregularidades laborales en la documentación y situación contractual

Las irregularidades detectadas se encuentran actualmente en proceso de análisis para la correspondiente sanción administrativa.

Estas acciones forman parte de “la política de fiscalización activa y presencia territorial impulsada por UATRE, con el objetivo de garantizar trabajo rural registrado, condiciones dignas y el pleno acceso a derechos laborales”.

Desde UATRE reafirmamos su compromiso con los trabajadores rurales y agradecemos el acompañamiento de todos los organismos intervinientes.

Por ultimo se indicó que para  denunciar irregularidades laborales se podrá concretar en ttps://www.uatre.org.ar/denuncia.aspx

Mas adelante destaco que “por otro lado, las condiciones materiales y estructurales de los CAPS se encuentran en decadencia, techos con agujeros, equipos rotos, la falta de insumos básicos, de medicaciones, de métodos anticonceptivos e incluso de preservativos, es una cuestión diaria. A lo cual, se suma la poca disponibilidad de guardias de 24hs en nuestro territorio, lo que hace que depende en la zona que vivamos nos tengamos que trasladar kilómetros ante una emergencia”.
Desde Libres del Sur se exige a la secretaria de salud, Viviana Bernabei, y al Intendente del Municipio Guillermo Montenegro, que atiendan y se ocupen de la salud pública. Principales exigencias:
– El mejoramiento integral del sistema de salud municipal.
– Aumento del presupuesto para la salud pública municipal.
– Ampliación de las franjas horarias de atención de los CAPS.
– Apertura de Guardias de 24hs para la cobertura de todo el municipio.
– Condiciones laborales dignas para los y las trabajores/as de los equipos de salud.
– Garantizar los insumos necesarios para la atención.