“Julio nos da una caída más pronunciada, del 7%, luego de la que ya habíamos son bajas y solo uno de cada diez comerciantes piensa invertir en el próximo semestre, un período o que ya alcanza al inicio de la temporada de verano“, afirmó Blas Taladrid, presidente de UCIP. “El comercio acumula meses de caída en ventas y en rentabilidad. Solo 15 de cada 100 comerciantes considera que su rentabilidad es buena, y eso frena la inversión y la reinversión”, agregó.

Los datos del relevamiento confirman una tendencia que se profundiza mes a mes. El 52,4% de los comerciantes consultados indicó que su situación empeoró respecto al año anterior, contra un 41,3% que la considera estable y solo un 6,3% que registra mejoría. El 87,3% de los comerciantes considera que el contexto actual no es propicio para invertir, la proporción más alta relevada en lo que va del año. En cuanto a las utilidades, solo el 15,9% las califica como buenas, mientras que el 28,6% las califica como malas y el 6,3% como pésimas. 

Comparado con junio, el mes registró una variación positiva del 1,2%, una lectura de corto plazo influida por la estacionalidad del receso invernal que no modifica el diagnóstico de fondo. UCIP monitorea mensualmente la actividad del comercio minorista marplatense a través del DESE y pone estos resultados a disposición de los actores públicos y privados con un objetivo concreto: que las decisiones de política económica estén informadas por la realidad del sector que genera empleo formal, paga sus obligaciones y sostiene la actividad comercial de Mar del Plata.

“Necesitamos la recomposición el poder adquisitivo y el consumo interno.” concluyó Taladrid

En ese contexto, trabajadores despedidos del frigorífico Arg-Ita, ex Sadowa, protagonizaron este viernes por la mañana una protesta frente a la planta para reclamar el pago de las indemnizaciones que, según denunciaron, la empresa todavía no abonó.

La manifestación comenzó alrededor de las 10, en el acceso al establecimiento, donde los exempleados hicieron visible su malestar y exigieron una respuesta concreta por parte de la firma. El reclamo no sólo está relacionado con la pérdida de sus puestos de trabajo, sino también con la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de esos despidos.

Los trabajadores aseguraron que, pese al tiempo transcurrido desde la desvinculación, continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden. Para quienes quedaron fuera del mercado laboral, la situación adquiere una dimensión especialmente crítica en un escenario marcado por la caída del consumo, la incertidumbre económica y las dificultades para conseguir un nuevo empleo.

La protesta frente a Arg-Ita vuelve a poner sobre la mesa una problemática que se repite en distintos sectores de Mar del Plata: trabajadores que pierden su fuente de ingresos y deben enfrentar, muchas veces, largos períodos de incertidumbre.

Con la movilización, los despedidos buscaron visibilizar el conflicto y reclamar que la empresa regularice cuanto antes la situación. Mientras tanto, aguardan respuestas y una solución que les permita cobrar lo que consideran legítimamente adeudado.

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes del sector fue establecido mediante la Resolución 46/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada este viernes. La reducción se aplicará sobre los valores determinados por el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018 con carácter transitorio y permanecerá vigente mientras continúe suspendida la reforma del practicaje.

De acuerdo con lo establecido en el entendimiento, las partes acordaron la reanudación regular del servicio, la suspensión del decreto de desregulación, la conformación de la mesa de trabajo y una reducción del 20% en las tarifas vigentes. En tanto que la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestaron su conformidad con la rebaja arancelaria dentro del acuerdo alcanzado con el Gobierno.

El conflicto comenzó el sábado 1° de agosto, después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y Sturzenegger, que modificaba el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 e incorporaba cambios vinculados con el ingreso de nuevos prestadores, la elección de los profesionales y la regulación de las tarifas.

Por caso, entre otras modificaciones, el decreto establecía un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, permitía a los usuarios elegir libremente a los prestadores y eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos operadores, al tiempo que otorgaba a la ANPyN facultades para establecer tarifas máximas y establecía la publicación obligatoria de los precios.

La reforma fue rechazada por los prestadores del servicio, que iniciaron una medida de fuerza que afectó la operatoria de las principales terminales del país, entre ellas los puertos bonaerenses, con más de 185 buques varados que alcanzó a sectores energéticos. Las operaciones de empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía quedaron interrumpidas en distintos muelles, entre ellos los de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.

Asimismo, la medida también había alcanzado a trabajadores que, pese a no estar nucleados en un gremio, coordinaron el rechazo a las nuevas condiciones de la actividad. La particularidad del sector había impedido encuadrar el conflicto como una disputa laboral tradicional y dificultó la aplicación de una conciliación obligatoria.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, Gustavo Idígoras, había señalado que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y había advertido sobre las consecuencias para los contratos de exportación.

Por su parte, Sturzenegger había defendido inicialmente la reforma y planteado que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. Sin embargo, tras la paralización portuaria, el Ejecutivo suspendió la aplicación de los cambios y abrió una instancia de negociación con los representantes del sector.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Iriart sostuvo que la situación se agravó con el paso de los meses y lamentó que su propuesta no haya sido tomada en cuenta. “Nada pasó y hoy las consecuencias son gravísimas”, expresó, al tiempo que aseguró que todavía es posible adoptar decisiones que permitan “salvar vidas”.

El dirigente recordó que la declaración de la Emergencia en Seguridad está contemplada legalmente y permitiría concentrar todos los recursos disponibles detrás de un mismo objetivo. Según señaló, la problemática requiere respuestas inmediatas y una planificación sostenida, dejando de lado las disputas políticas.

“Ya no da para echar culpas. A esto lo tienen que resolver”, afirmó, y remarcó que habla desde la experiencia de haber estado al frente del área de Seguridad. En ese sentido, insistió “en la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad y trabajen de manera permanente para revertir el complejo escenario que vive el distrito”

Otro de los ejes de su planteo fue la creación de un Plan Estratégico de Seguridad, que reúna al Estado, el sector privado, las universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias en una mesa de trabajo común.

Para Iriart, “la inseguridad no puede combatirse con acciones aisladas ni con anuncios esporádicos. Por el contrario, es necesaria una política integral y coordinada que permita atacar las causas del delito y recuperar la tranquilidad de los vecinos”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase dirigida a la dirigencia política: “Menos fotos, menos marketing y más empatía”, en un llamado a priorizar soluciones concretas frente a una problemática que continúa ocupando el centro de la preocupación de los marplatenses.

“Lo que debería ser una transformación del sistema de transporte para los próximos 20 años termina reduciéndose a un cambio de recorridos. Las obras que explican cómo va a funcionar ese nuevo sistema quedaron para después, sin ninguna precisión”, afirmó el concejal Pablo Obeid.

Uno de los principales planteos del bloque estuvo vinculado con la Red de Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP), integrada por 105 kilómetros de calles y avenidas por donde circularán las nuevas líneas. Unión por la Patria consultó si esas arterias se encuentran en condiciones de soportar las unidades previstas, incluidas las de piso bajo, y cuánto demandará la inversión necesaria para adecuarlas.

La respuesta del Ejecutivo fue que esa tarea corresponde al EMVIAL y que, eventualmente, se le dará intervención para realizar un relevamiento.

“Nos preocupa que primero se quiera aprobar un sistema y recién después analizar si las calles permiten que funcione. Si la infraestructura no acompaña, serán los recorridos los que terminarán adaptándose al estado de las calles y no a las necesidades de los vecinos”, señaló Obeid.

Otro de los ejes del planteo fue la construcción de los cinco intercambiadores previstos en el pliego, una pieza central del nuevo esquema de transporte. El bloque consultó cuánto costarán esas obras y cómo serán financiadas por el Municipio.

La respuesta oficial fue que los intercambiadores constituyen un objetivo final del sistema y que su construcción dependerá de una etapa posterior a la implementación.

“Si no hay fecha, presupuesto ni financiamiento para los intercambiadores, uno de los principales pilares del nuevo sistema queda en una promesa”, sostuvo Obeid.

Además, Unión por la Patria solicitó detalles sobre la estrategia de intermodalidad prevista en el pliego, que supone la existencia de estacionamientos para que los usuarios puedan dejar sus vehículos y continuar el viaje en colectivo. Esa consulta no obtuvo respuesta.

Frente a ese escenario, el bloque presentó un proyecto para solicitar que el EMVIAL realice de inmediato un relevamiento técnico del estado de las calles y avenidas que integrarán la red principal del sistema y que la Secretaría de Obras elabore una estimación de costos para la construcción de los intercambiadores.

“Estamos definiendo cómo se va a mover Mar del Plata durante las próximas dos décadas. No podemos aprobar un pliego dejando para más adelante las obras que hacen posible el sistema que se está proponiendo. Sin esa planificación, el riesgo es que el cambio termine siendo únicamente un cambio de recorridos”, concluyó Obeid.

La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas de Mar del Plata y Batán expresó su pesar por la muerte de Antonich y la enmarcó dentro de la violencia machista. “Somos una menos, nos falta Mailén”, planteó el texto.

El eje central del comunicado, fue un señalamiento puntual sobre la respuesta institucional previa al hallazgo del cuerpo. La Mesa recordó que Antonich estuvo desaparecida antes de ser encontrada sin vida y que, según la denuncia de su propia familia, “nadie la buscó” con la urgencia que el caso requería. El texto citó el testimonio familiar sobre lo ocurrido en la comisaría, donde les habrían dicho que había otro delito que atender primero, y clarificó que no existe ningún plazo legal de 24 o 48 horas que deba cumplirse antes de denunciar la desaparición de una persona, y cada minuto de demora puede resultar determinante para su búsqueda.

Junto al pronunciamiento, la Mesa difundió una guía práctica orientada a facilitar denuncias por desaparición de personas

Cómo denunciar una desaparición

• La denuncia puede radicarla cualquier persona, no necesariamente un familiar, en cualquier comisaría, fiscalía o juzgado, sin necesidad de esperar un plazo mínimo.
• Se recomienda llevar una fotografía reciente y aportar toda la información posible: vestimenta, último lugar donde fue vista, rutinas habituales y vínculos de la persona buscada.
• Es importante solicitar el número de caso, la fiscalía interviniente y que la búsqueda se cargue de inmediato en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
• Antes de firmar la denuncia, hay que leerla y verificar que refleje fielmente lo informado, pidiendo correcciones si hace falta, y luego solicitar una copia firmada.
• Si existe la más mínima sospecha de que el caso pueda vincularse a una situación de trata de personas, debe mencionarse expresamente al denunciar, sin esperar a contar con pruebas.

Dónde recurrir

Ante indicios de trata de personas, la Mesa recomendó comunicarse con la línea nacional, gratuita y anónima 145, disponible las 24 horas, o con la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata (Avenida Independencia 3179, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30, [email protected]). También mencionó a ATAJO, con atención presencial, telefónica y por WhatsApp al (011) 15-3852-4234, de lunes a viernes de 9 a 15.

Para posibles delitos conexos en el fuero provincial, como grooming o producción de material de abuso sexual infantil, la guía remitió a la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género (La Rioja 2327, 3er piso; teléfonos 0223 495-3947/3963/4027; [email protected]), y recordó que las dependencias de turno del Poder Judicial bonaerense atienden emergencias fuera del horario habitual los 365 días del año, con la guía de turnos disponible en mpba.gov.ar/turnos. La denuncia también puede iniciarse de forma online en seguridad.gba.gob.ar o vía mail a [email protected].

El expediente que busca licitar el transporte público de pasajeros en Mar del Plata este lunes volvió a chocar con las diferencias entre oficialismo y oposición dentro de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante. Los concejales analizaron más de 30 respuestas escritas remitidas por el Departamento Ejecutivo, pero el debate derivó, una vez más, en la discusión sobre cuándo deben presentarse los funcionarios municipales a responder de manera presencial. Con su mayoría, el interbloque oficialista resolvió postergar esa instancia y priorizar primero la presentación de propuestas escritas por parte de los bloques.

Un expediente que arrastra dos fracasos

El pliego actual es el tercer intento del Ejecutivo por licitar el sistema de transporte urbano, luego de dos experiencias fallidas en gestiones anteriores. Fue elevado al Concejo en noviembre del año pasado, en una de las últimas decisiones del entonces intendente Guillermo Montenegro, y contempla una concesión por 20 años bajo la denominación Servicio Integrado de Transporte Urbano (Situ).

El proyecto plantea que el sistema de transporte actual, “planificado exclusivamente para viajar hacia y desde el área central de la ciudad, no da una respuesta eficaz a las crecientes demandas espaciales de servicio”.

Entre sus ejes centrales figura la creación de una “Línea Anular” que conecte barrios periféricos sin pasar por el centro, además de líneas rápidas con paradas cada 400 metros y un sistema de intercambiadores ubicados en el Puerto, el Regional, Constitución, Luro y Alió, y en las inmediaciones del Museo MAR.

Mientras el debate se extiende, el servicio sigue funcionando bajo un régimen de emergencia. El Concejo aprobó en diciembre pasado la prórroga por un año, con opción a extenderla a dos, de la concesión con las actuales empresas prestatarias

Guido García, concejal de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, consideró que la etapa de diagnóstico ya está concluida y planteó la necesidad de avanzar sobre aspectos puntuales del pliego. Propuso que cada bloque presente por escrito, hasta el 24 de agosto, sus propuestas de modificación para analizarlas en conjunto y recién después consultar al Ejecutivo sobre el impacto de esos cambios.

“Estamos trabajando para el transporte de los próximos 40 años”, sostuvo García. En una sesión anterior de la misma comisión, García ya había fijado una posición similar frente al pedido opositor de acelerar los tiempos: “No entiendo la necesidad de acelerar el tratamiento del expediente”.

La oposición reclama respuestas técnicas pendientes

Los bloques opositores rechazaron la metodología propuesta por el oficialismo. Horacio Taccone cuestionó que se pretenda limitar el tratamiento del expediente a una instancia meramente administrativa y remarcó que todavía existen dudas técnicas relevantes que requieren explicaciones de los funcionarios, entre ellas las vinculadas al cálculo del consumo de combustible y a los parámetros utilizados para elaborar el pliego.

En la misma línea, Pablo Obeid consideró que postergar la presencia del Ejecutivo implica demorar respuestas necesarias para el análisis del proyecto.

Desde la Unión Cívica Radical surgieron matices respecto de la posición oficialista. La concejal Liceaga Viñas recordó que el entendimiento inicial contemplaba la visita de los funcionarios una vez recibidas las respuestas escritas, aunque finalmente acompañó la continuidad del esquema planteado por el bloque gobernante.

Con la resolución de este lunes, el expediente quedó nuevamente en comisión. Los bloques tendrán plazo hasta el 24 de agosto para presentar sus propuestas de modificación por escrito, y recién después se convocará a los funcionarios municipales para retomar el debate presencial.

La primera etapa de la puesta en valor del emblemático paseo costero fue licitada en enero de 2025, comenzó seis meses después con un plazo de ejecución de apenas 180 días y debía estar terminada antes de finalizar ese año. Sin embargo, más de un año después de la licitación y varios meses después de vencido el plazo contractual, los trabajos continúan inconclusos, mientras la Provincia ya avanzó con la segunda etapa del proyecto.

La Rambla Casino-Hotel Provincial constituye uno de los íconos arquitectónicos, históricos y turísticos más representativos de Mar del Plata. Año tras año, millones de personas recorren sus baldosas, escalinatas y terrazas frente al mar, convirtiéndola en una de las postales más reconocidas de la ciudad. Precisamente por ese valor patrimonial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció durante 2025 una ambiciosa obra de restauración integral destinada a recuperar un espacio que desde hacía años mostraba un evidente deterioro.

El primer paso llegó el 27 de enero de 2025, cuando el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense abrió la licitación pública correspondiente a la primera etapa de la obra, con un presupuesto oficial de 6.775 millones de pesos. El proyecto contemplaba la recuperación de más de 38.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo la restauración de solados, reparación de desagües pluviales, reconstrucción de escalinatas, adecuación de rampas para mejorar la accesibilidad, renovación del sistema de iluminación y la incorporación de nuevo mobiliario urbano.

Los pliegos establecían un plazo de ejecución de apenas 180 días corridos, es decir, seis meses. Sobre esa base, la Provincia proyectaba que la primera etapa estaría finalizada antes de la temporada estival 2025/2026, permitiendo que residentes y turistas disfrutaran de una Rambla renovada durante el verano.

Sin embargo, el comienzo efectivo de los trabajos recién fue anunciado el 3 de julio de 2025, cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, visitó Mar del Plata para dar inicio formal a las tareas. A partir de esa fecha comenzaron los movimientos sobre el tradicional paseo, con sectores vallados y restricciones para la circulación de peatones.

Tomando como referencia ese inicio, el plazo contractual indicaba que la primera etapa debía concluir hacia fines de diciembre de 2025 o, a más tardar, durante los primeros días de enero de 2026. Esa fecha, sin embargo, quedó ampliamente superada.

La realidad mostró un escenario muy distinto al proyectado. Cuando comenzó 2026, la obra seguía ejecutándose y el propio Gobierno bonaerense confirmó oficialmente que los trabajos continuaban. Incluso, mientras la primera etapa permanecía inconclusa, la Provincia avanzó con la licitación de la segunda fase del proyecto, destinada a intervenir otros sectores de la Rambla.

El 22 de enero de 2026 se anunció la convocatoria para la segunda etapa y meses más tarde, el 27 de mayo, se realizó la apertura de sobres con las ofertas presentadas por las empresas interesadas. En ambos anuncios oficiales se destacó que la primera etapa seguía en ejecución, confirmando de manera implícita que los plazos originales ya se encontraban vencidos.

La segunda etapa contempla la restauración de aproximadamente 16.500 metros cuadrados adicionales, la recuperación de las escalinatas sobre Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, nuevos sectores de circulación peatonal, mejoras en el sistema de desagües, iluminación y la recuperación de elementos patrimoniales característicos del complejo.

Mientras tanto, quienes recorren diariamente la Rambla observan una obra que avanza de manera parcial, con sectores cerrados, vallados y trabajos que se prolongan mucho más allá de lo previsto originalmente. La demora no sólo genera incomodidades para marplatenses y turistas, sino que además vuelve a poner en debate el cumplimiento de los plazos en una de las obras públicas más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad.

La recuperación del complejo Casino-Hotel Provincial representa una intervención de enorme relevancia patrimonial. Inaugurada en la década de 1940 y diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, la Rambla constituye uno de los conjuntos urbanos más emblemáticos de la Argentina. Su deterioro era motivo de reclamos desde hacía varios años, debido al desgaste de las baldosas, filtraciones, roturas en escalinatas y el envejecimiento de la infraestructura.

No obstante, el contraste entre los anuncios oficiales y el ritmo de ejecución resulta inevitable. La Provincia proyectó una primera etapa de seis meses, pero el cronograma quedó ampliamente desfasado. Más de un año después de haberse licitado la obra y varios meses después de vencido el plazo contractual, la puesta en valor del principal paseo costero de Mar del Plata continúa sin concluir.

La demora deja abierto un interrogante que todavía no tiene respuesta oficial: cuáles fueron los motivos que llevaron al incumplimiento del cronograma inicial y cuál será finalmente la fecha de finalización de una obra que fue presentada como estratégica para recuperar uno de los patrimonios urbanos más importantes de la ciudad y que, hasta el momento, sigue esperando su culminación definitiva.

“La Atención Primaria fue creada para resolver los problemas de salud antes de que se transformen en una urgencia. Pero cuando un vecino llega a un CAPS y no consigue turno, no encuentra al profesional o se va con una receta que no puede transformarse en un tratamiento, el sistema deja de prevenir y empieza a llegar tarde”, afirmó la concejal Eva Ayala.

La edil explicó que la falta de medicamentos no representa únicamente un problema de abastecimiento, sino que debilita la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario.

“Una receta sin medicamentos no es un tratamiento. Es una promesa incumplida del sistema de salud. Sin medicamentos, los equipos de salud pierden una herramienta básica para cuidar a los pacientes. Y quienes no pueden comprarlos terminan postergando tratamientos, agravando enfermedades o recurriendo a hospitales y guardias por problemas que deberían resolverse en un CAPS”, sostuvo.

Ayala advirtió además que la situación resulta especialmente preocupante para las personas con enfermedades crónicas, que necesitan tratamientos continuos para controlar patologías como hipertensión arterial, hipotiroidismo, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades de alta prevalencia.

“La interrupción de esos tratamientos puede agravar la evolución de la enfermedad, aumentar el riesgo de complicaciones y, en determinados casos, comprometer la vida de los pacientes. Por eso el acceso continuo a medicamentos esenciales no puede depender del azar ni de la disponibilidad ocasional de stock.”

Entre los faltantes se encuentran analgésicos, antibióticos, antivirales y medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas.

Según la información relevada por la concejal, en algunos CAPS la provisión de determinados medicamentos alcanza apenas para uno o dos tratamientos mensuales, una cantidad claramente insuficiente para responder a la demanda habitual.

Frente a esta situación, Ayala presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo detalle el procedimiento de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos; el vademécum vigente de los CAPS; el registro de faltantes durante 2025 y 2026; las cantidades solicitadas y efectivamente distribuidas; el stock disponible; el presupuesto destinado a la adquisición de medicamentos; el estado de las licitaciones y compras; y las medidas previstas para garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos esenciales.

“Los Centros de Atención Primaria fueron creados para prevenir, acompañar y resolver los problemas de salud más frecuentes cerca de la casa de cada vecino. Cuando faltan profesionales, turnos y medicamentos, esa función empieza a vaciarse.”

“Y cuando la prevención falla, el problema no desaparece: llega más tarde y más grave a las guardias y a los hospitales. Los vecinos terminan pagando el costo con su salud, con su tiempo y con su bolsillo”, remarcó.

Por último, Eva Ayala dijo que ”lo que hoy parece un problema de abastecimiento mañana se transforma en un problema de salud pública.

“El Municipio tiene la responsabilidad de explicar por qué ocurre esta situación y, sobre todo, cómo piensa resolverla”, concluyó.

”Laguna de los Padres es una oportunidad para seguir haciendo crecer a Mar del Plata”, dijo el Senador Nacional. La Laguna de los Padres es uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata. Su riqueza ambiental, su potencial productivo y turístico, y el trabajo cotidiano de las instituciones que allí desarrollan sus actividades la convierten en un lugar estratégico para el crecimiento de la ciudad.

Con esa mirada, el senador nacional Maximiliano Abad recorrió la Cooperativa eléctrica Laguna de los Padres y mantuvo una reunión de trabajo con representantes de distintas cooperativas, entre ellas la Cooperativa Camet, y vecinos, con quienes analizó proyectos, escuchó inquietudes e intercambió propuestas para seguir fortaleciendo el trabajo que realizan estas entidades, junto al concejal Ariel Bordaisco.

“La Laguna de los Padres es uno de los grandes activos naturales, productivos y turísticos de Mar del Plata. Un espacio donde conviven el trabajo, el ambiente, la producción y el compromiso de instituciones que, desde hace décadas, contribuyen al desarrollo de la ciudad”, resaltó el legislador.

El senador remarcó que el cooperativismo constituye uno de los pilares del entramado social marplatense y valoró el compromiso de quienes, todos los días, impulsan proyectos que fortalecen la producción, el turismo, la economía social y el arraigo territorial.

”Mar del Plata no se explica solamente por su costa. También se explica por lugares como Laguna de los Padres, donde hay vecinos, cooperativas e instituciones que todos los días generan trabajo y construyen comunidad. Ahí está una parte muy importante de la identidad de nuestra ciudad”, remarcó el legislador marplatense junto al anfitrión, titular de la cooperativa de la Laguna, Anibal Monsello y Carlos Castro de la cooperativa de provisión de Pueblo Camet.

En ese sentido, Abad aseguró que desde el Senado trabajará para acompañar al sector. “Las cooperativas son mucho más que prestadoras de servicios. Son organizaciones profundamente comprometidas con su comunidad”, manifestó Abad.

Participaron del encuentro además del presidente del bloque de concejales UCR + NA, el tesorero de la cooperativa de Laguna, Jorge Gómez, el jefe de distribución eléctrica, Daniel Laval, Daniel Sandoval y la administrativa, Mercedes Das Dores.