La primera reunión conjunta se llevó a cabo en abril en la Delegación Miramar, a cargo de Marina Etcheverría, donde los representantes de la seccionales y delegaciones unificaron criterios, luego en mayo se reunieron con el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, en La Plata. Mar del Plata y Tandil (para la firma conjunta del pedido del Plus) fueron las instancias siguientes hasta llegar el pasado 11 de noviembre al Ministerio de Trabajo ubicado en Mar del Plata, donde Uthgra y las Asociaciones Hoteleras y Gastronómicas de casa lugar tomaron nuevamente contacto.
“Tras esta instancia donde se expuso a los empresarios los motivos fundamentales para el pago del Plus, el Ministerio decidió pasar a un cuarto intermedio para el 25 de noviembre próximo donde esperamos tener una negociación definitiva para todos los trabajadores de la costa”, indicó Marina Etcheverría, de Uthgra Miramar, delegación que puja por fuerza por conseguir este derecho fundamental para los hoteleros y gastronómicos que tantas veces les ha sido esquivo.
Se recordó que cada uno de estos espacios turísticos, es requerido año tras año por personas de todo el país, lo que implica una necesidad constante de que los trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos estén más y mejor capacitados para brindar en todo momento un servicio eficiente, rápido y de calidad.
Remarcron por ultimo que “Como siempre sostiene nuestra organización, un trabajador capacitado realiza cada vez mejor su tarea y esto requiere un proceso que insume tiempo y también inversión para otorgarle las mejores herramientas para su quehacer cotidiano, lo que a posteriori debe reflejarse en un reconocimiento igualitario al momento de percibir su salario, sin excepción del territorio en el que ejerce su profesión”.
]]>En el marco del Día del Militante Peronista, el morenismo marplatense inauguró su unidad básica ubicada en La Rioja casi Alberti. El evento contó con la presencia del conductor de Principios y Valores, Guillermo Moreno, quien fue recibido por numerosos simpatizantes y los dirigentes locales Oscar Villarino, Álvaro Franproyen, entre otros y la presencia de Chicho Basile. Tras la inauguración, Moreno participó de un encuentro con jóvenes en el puerto de la ciudad y culminó la jornada con un acto masivo en el Club River, donde fue recibido por cientos de asistentes en un clima de euforia y entusiasmo.
En su discurso, Guillermo Moreno reafirmó los principios fundamentales del peronismo: “El peronismo vuelve a quedar bien con su doctrina armoniosa, prolija y ordenada, y los progres se empiezan a ir, facilitándonos el trabajo. El peronismo es mucho más amplio que las políticas públicas. Es la armonía entre el capital y el trabajo, pero, fundamentalmente, se construye en las organizaciones libres del pueblo. No somos estatistas. Es un desviacionismo pensar que el peronismo se hace en la política pública. Ahora viene el momento en que el peronismo despliega sus alas y nos vamos sacando el lastre del progresismo y de esos debates esdrújulos que nos volvían locos. Eso se terminó, y el peronismo empieza a carretear para levantar vuelo”.
La jornada contó con la participación de diversas agrupaciones que conforman el morenismo en Mar del Plata, quienes destacaron la importancia de la visita para fortalecer el espacio político en un año clave de cara al próximo calendario electoral.
El creador del partido Principios y Valores inauguró una Unidad Básica que se referencia en él, luego participó del 4to plenario nacional de la agrupación LÍO junto a su esposa Marta Cascales y Nydia Lirola, co-creadora de la mencionada agrupación junto a Guillermo.
]]>En concreto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la iniciativa a través del Decreto 2776/24 que publicó en el Boletín Oficial en el marco de una serie de iniciativas que anunció tendientes a combatir el juego compulsivo y las apuestas online, pero decidió no participar en la discusión que llevó adelante la comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense.
Por caso, el convenio entre el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y el ente de Brasil establece que durante los próximos 24 meses intercambiarán datos para la “prevención, bloqueo y combate de los operadores de juego ilegal”, y que no tendrá como implicancia transferencias de recursos.
Si bien Atanasof firmó el acuerdo con Brasil con la intención de “avanzar en un proceso de integración regional que posibilite el mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles en materia de administración de juegos de azar”, el titular de Loterías y Casinos decidió en el pasado 30 de octubre desestimar la importancia de debatir sobre la ley integral que busca actualizar la reglamentación vigente para darle herramientas tecnologías a los efectores legales de apuestas y mitigar los efectos de la ludopatía online en los jóvenes.
“Yo como Presidente de la comisión cursé invitaciones al señor Atanasoff, a los Directores Ejecutivos y a la Vicepresidencia. Fue una sesión de dos horas y media donde escuchamos a todos y cada uno de los actores de los distintos sistemas que reglamenta esta ley, que hace mucho tiempo no tiene ninguna modificación. No recibimos absolutamente ningún aviso de que iban a venir ni que no iban a venir, nada”, se quejó el titular de la comisión del Senado, Sergio Vargas en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En rigor, el cuerpo legislativo que preside Vargas debatió sobre el proyecto de ley integral del juego, que consta de 166 artículos, para actualizar la única legislación de la provincia de Buenos Aires sobre apuestas y juegos de azar, que fue sancionada en marzo de 2019 como parte del Presupuesto redactado, por la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
En este sentido, los referentes del sector lúdico de la provincia de Buenos Aires y los senadores bonaerenses participaron del enriquecedor debate, al que el Instituto de Loterías y Casinos decidió no asistir, pese a que debiera de haber sido el primero en poner un pie en el salón Antonio Cafiero por su responsabilidad sobre la temática y, según las propias declaraciones de Atanasof, tanto le interesa combatir.
En esta línea, Vargas manifestó su desconcierto sobre la decisión del titular de Loterías y Casinos, cuando Atanasof había asistido una semana antes al Club Platense para contarle a los chicos “qué hay detrás de las plataformas ilegales de apuestas online” y que posterior a ello, decidiera no enviar a ningún representante a la reunión del Senado bonaerense.
De este modo, la deuda que tiene Atanasof y el Instituto de Loterías y Casinos con la Legislatura bonaerense y con los vecinos de la provincia de Buenos Aires, suma otro capítulo, sobre todo porque hacen la vista gorda ante los datos del informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, que dio a conocer la Defensoría del Pueblo, en el que decanta que 12,5 de jóvenes de entre 15 y 24 años apuesta.
• Busca que Lotería y Casinos garantice el orden público, erradique el juego ilegal, resguarde los derechos de los menores y salvaguarde a los participantes de la actividad, con la entrega de títulos y licencias habilitantes, la sanción de multas y penas en caso de incumplimientos, la promoción de políticas de prevención y la regulación de la publicidad.
• Contempla las actividades lúdicas de turf, bingos, juegos online, casinos de mesa, máquinas electrónicas de juegos de azarautomatizadas y apuestas deportivas que se desarrollen en la provincia de Buenos Aires.
• Prohíbe la participación de los menores de edad; de los accionistas, titulares y/o personal del operador de juego; de los deportistas y/o directivas de la entidad deportiva involucrada directamente en la apuesta; de los trabajadores de Lotería y Casinos, de los deudores alimentarios morosos y de las personas que hayan solicitad voluntariamente que les sea prohibido el acceso al juego.
• Prohíbe la publicidad, patrocinio o promoción de los juegos y de los operadores de los juegos cuando no se tenga la autorización de Lotería y Casinos. En caso de no poseerla, el organismo podrá requerir el cese de la publicidad.
• Prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad, que presenten las apuestas como una señal de madurez, que se difundan en competencias deportivas y/o camisetas de equipos, que incluyan testimonios de personas beneficiarias de la promoción o personalidades reconocidas.
• Lotería y Casinos efectuará una serie de títulos habilitantes para las personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas con domicilio en la provincia de Buenos Aires para que puedan ejercer actividades lúdicas, siempre y cuando acrediten solvencia técnica, económica y financiera.
• No podrán ser titulares los condenados mediante sentencia firme dentro de los 2 años anteriores a la fecha de inscripción, los hallados declarados en concurso sujetos a intervención judicial, los sancionados con dos o más infracciones graves en los últimos 2 años por incumplimiento de la ley de juego, y los participantes u organizadores de eventos deportivos involucrados en las apuestas.
• En caso de incumplir una norma de la ley de juego, la persona jurídica será pasible de las penalidades de arresto y/o prisión preventiva. Además, el juez podrá ordenar la clausura de la sede o inmueble del infractor, siempre y cuando que el delito se haya cometido en ese lugar.
• Cuando la infracción fuera cometida en nombre o en beneficio de una persona física, el implicado será reprimido con arresto y/o prisión de uno a cuatro años y/o una multa de 50 a 500 salarios mínimos de un trabajador estatal provincial.
• Cuando la infracción fuere cometida por una asociación de personas destinada a explotar u organizar juegos de azar, el implicado será reprimido con prisión de 6 meses a 6 años y/o multa de 500 a 2500 salarios mínimos de un trabajador estatal provincial.
• Será reprimido con arresto e inhabilitación especial de 5 meses a 3 años para ocupar cargos públicos el funcionario público provincial o municipal que conozca y no denuncie la realización de algunas de las conductas penadas por la ley.
• Las sanciones podrán elevarse al doble el mínimo y al tercio el máximo, si hay un menor de edad implicado, si el infractor fuese funcionario público o si ya tuviese un título habilitante suministrado por Lotería y Casinos.
• La Ley de Juego Integral propone crear Unidad de Control de Gestión y Transparencia del Juego en la provincia de Buenos Aires, una estructura autárquica que tendrá rango de Secretaría.
• Sus tareas serán realizar auditorías s concomitantes sobre la totalidad de las actividades administrativas, recaudatorias, procedimentales, técnicas, informáticas y todas aquellas tendientes al cumplimiento de la Ley Integral del Juego.
• Su titular será elegido por el Ejecutivo y deberá ser aprobado por el Senado bonaerense, durará 5 años en el cargo, podrá ser reelegido y tendrá que contar con experiencia acreditada para el cargo en el desempeño de funciones similares o de mayor jerarquía.
• La entidad tendrá amplias facultades de fiscalización para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones para operar juegos.
]]>El evento fue organizado por el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, la Dirección General de Cultura y Educación, y contó con el acompañamiento de la licenciada Fernanda Raverta. La jornada abordó los desafíos de una problemática que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes.
“Estoy acá porque soy ludópata, o lo era, no lo sé, porque nunca se está del todo recuperado. Ya no juego desde hace años, pero no estoy curado. Es un problema que me acompañará día a día por el resto de mi vida”, comenzó diciendo Cayetano.
El periodista explicó que “la ludopatía es algo que va creciendo con el tiempo. Cuando jugás, tu cabeza no está donde tiene que estar, por lo que, cuando sos ludópata, lo menos que perdés es plata”.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, destacó la importancia de la jornada: “Es fundamental visibilizar esta problemática que afecta a miles de jóvenes. Desde la Defensoría promovemos actividades como esta para alertar a los estudiantes y generar conciencia. Vamos a seguir llevando estas charlas a distintas localidades de la Provincia”.
Por su parte, Fernanda Raverta enfatizó: “La ludopatía es un problema serio que se agrava con el uso del celular. Este encuentro es una gran iniciativa para concientizar, prevenir y sensibilizar”.
Asimismo, subrayó que “el juego compulsivo es un problema silencioso que genera angustia en muchas familias. Estas charlas son clave para romper ese silencio, porque la solución es colectiva”.
La jornada reunió a estudiantes de diversas escuelas de Mar del Plata, quienes colmaron el Teatro Auditorium y participaron activamente de un intercambio con Cayetano sobre los efectos del juego compulsivo. Este diálogo permitió abordar de manera directa y profunda una problemática que continúa creciendo entre los jóvenes.
Apuestas online: uno de cada cuatro adolescentes de Mar del Plata apostó alguna vez
La alarmante expansión de las apuestas online motivó un estudio en adolescentes de Mar del Plata y Batán, cuyos resultados revelaron que uno de cada cuatro jóvenes apostó alguna vez en estas plataformas.
La licenciada Fernanda Raverta, impulsora de la investigación, destacó la relevancia de contar con datos precisos para enfrentar este fenómeno: “Esta encuesta nos da un punto de partida sólido para diseñar políticas públicas que protejan a nuestros jóvenes de riesgos que están normalizándose de manera preocupante”.
El informe incluyó a 3.370 adolescentes de entre 12 y 18 años y arrojó cifras inquietantes: el 25% de los encuestados admitió haber apostado alguna vez. Este porcentaje asciende al 35,1% entre los varones, mientras que en las mujeres alcanza el 14,5%.
Además, el estudio evidenció un incremento progresivo con la edad: el 5,46% de los chicos de 12 años confesó haber apostado alguna vez, pero esa cifra trepa al 33,73% entre los jóvenes de 18 años.
“Los datos obtenidos nos permiten dimensionar la magnitud del problema y avanzar hacia la construcción de estrategias efectivas para proteger a nuestros adolescentes”, señaló Raverta.
]]>Cejas no dudó en afirmar que el anuncio con la “finalidad” de lograr “más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal” y si el Correo ” se privatiza, se carteriza el sistema”.
El dirigente sindical sostuvo que “Si bien, en cierto aspecto van a tener que inscribirse los operadores y a los cinco días poder ejercer la actividad de correo, no menciona el decreto qué poder de policía o quienes los van a controlar que realmente ejerza la función que se comprometen a hacer en forma legal”
Además, consideró que la desregulación planteada por el Ejecutivo nacional no sólo podría afectar a Correo Argentino, sino que también afectará “a otros operadores grandes”.
La sombra de la privatización
Pese a las críticas del Gobierno sobre un supuesto déficit en la empresa, Cejas aclaró que “desde agosto el Correo da superávit” y explicó que en mayo y junio hicieron una re-estructuración, “lo que significo que 4.500 trabajadores se acojan al retiro voluntario“. Por tal motivo, según indicó el titular de Foecyt, desde agosto de 2024 la entidad acomodó sus números.
“Si esto se privatiza, se carteriza el sistema. Se ponen todos de acuerdo y fijan tarifas que realmente serán elevadísimas. Pero con un agravante. En este decreto, el Correo oficial de la República Argentina, por ley, tiene la obligatoriedad de dar el servicio básico universal. Eso significa dar el servicio postal, telegráfico y de giros a lo largo y a lo ancho del país sin importar si sos rentable o no“, profundizó.
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“Desde enero que venimos planteando esta problemática con los distintos bloques que integran la Legislatura bonaerense, y vemos que no se soluciona. Me preocupa porque veo que no sólo no se soluciona, sino que se meten parches y chapucerías mientras los meses pasan”, disparó diputado en la sesión de este martes respecto del conflicto que atraviesa IOMA.
Vale precisar que, desde hace varios meses, la prestadora de salud bonaerense decidió cortar los convenios con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) en más de veinte municipios de la región, lo que derivó en el corte de la cobertura médica para miles de trabajadores estatales y afiliados voluntarios, y en un amplio conflicto con los médicos bonaerenses.
“El corte en las prestaciones de IOMA está afectando la salud pública en la provincia de Buenos Aires y a millones de bonaerenses”, enfatizó el diputado de la UCR + Cambio Federal, al tiempo que señaló que “varios legisladores resolvieron por izquierda” la asistencia médica, por pedidos que recibieron de manera particular de vecinos de las localidades que representan frente a la inacción de la obra social bonaerense.
En ese sentido, Garciarena remarcó que la obra social bonaerense “no debería funcionar de esa manera, porque los trabajadores, principalmente los estatales, aportan todos los meses” para que la prestadora cubra, en principio, los servicios básicos de medicina en cada una de las localidades que integran la provincia de Buenos Aires.
“Los trabajadores no pueden elegir si aportan o no aportan al IOMA. Nosotros defendemos el modelo de la obra bonaerense, defendemos su función solidaria también. No estamos pidiendo ni la cuota voluntaria, ni que la desafiliación sea voluntaria, estamos pidiendo que cumpla con las prestaciones que tiene que cumplir”, señaló el diputado oriundo de Mar del Plata desde el recinto.
En ese marco, Garciarena advirtió que la discusión del Presupuesto 2025, que envió esta semana el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense, es “una buena oportunidad para discutir el tema de IOMA”, ya que el mismo debería, en principio, contener un apartado que especifique el funcionamiento de la prestadora médica bonaerense.
“No podemos creer que durante un año no hemos escuchado al Gobernador hablar del conflicto que atraviesa el IOMA. No lo escuchamos ni cuando abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, ni este lunes cuando el ministro de Economía, Pablo López, brindó informe del Presupuesto 2025”, recordó Garciarena durante su intervención en la Cámara de Diputados.
Por caso, Garciarena apuntó a Kicillof, y le pidió que “deje de meterse en todas las internas partidarias”, en referencia a la contienda que se dio en el Partido Justicialista, para “dedicarse a gobernar la provincia de Buenos Aires, que para eso fue reelecto” por gran parte de los bonaerenses.
“Ni siquiera es candidato él, hace jugar a otros o respalda candidatos, mientras se hace el distraído y deja de gobernar la provincia de Buenos Aires. Desde el bloque UCR + Cambio Federal le pedimos que se concentre en la gestión, que para eso lo votaron millones de bonaerenses”, concluyó Garciarena en el pasaje sobre el conflicto de IOMA.
Cabe recordar que, en la primera sesión extraordinaria de este año, la Cámara de Diputados bonaerense unió los reclamos de los principales bloques opositores a la administración de Kicillof por la critica situación que, ya en ese entonces, atravesaba el IOMA.
“Lo del IOMA es de una situación de una emergencia y una catástrofe nunca vista. Hoy la obra social pasa por una de las peores crisis que se tenga recuerdo en la historia y no lo pueden tapar” sostuvo el diputado bonaerense del PRO, Fernando Rovello, autor de uno de los proyectos que se presentaron en torno a la crisis del IOMA.
Con esa reunión, el mes pasado la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) obtuvo el apoyo de la totalidad de los bloques opositores del Senado, luego del cónclave que protagonizaron sus autoridades con las bancadas UCR + Cambio Federal, del PRO, de Libertad Avanza y de Libertad Avanza 1.
“En la mayoría de los municipios los afiliados del IOMA tiene que pagar la atención médica particular porque están a la deriva. Creemos que se trata de algo ideológico en contra de los médicos. No tenemos ningún interés de tener esta pelea con el IOMA. Nos duele porque el 80% de los médicos somos afiliados”, aportó en exclusiva con Diputados Bonaerenses un miembro del FEMEBA que se reunió con legisladores provinciales de toda la oposición.
Por caso, el último proyecto referido al tema fue el que presentó el bloque PRO de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que elevó una solicitud de informes al Ejecutivo de Axel Kicillof con el fin de obtener detalles sobre el polémico convenio firmado entre el titular del IOMA, el camporista Homero Giles, y el intendente de la Municipalidad de Navarro, Facundo Diz, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el distrito.
A principios de septiembre, FEMEBA dio comienzo a un paro de 48 horas en la provincia, tras la decisión del IOMA de prescindir de los servicios del gremio en los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem y Rojas. La obra social provincial justificó la decisión a raíz de una memoria de los casos denunciados sobre la calidad de cobertura médica.
Consultado acerca del por qué decidieron prescindir de la atención de FEMEBA en esos municipios bonaerenses, Giles remarcó que en el último tiempo registraron problemas en cobros indebidos a afiliados por parte de profesionales médicos, falta de oferta prestacional, dificultad de acceso a prestaciones así como imposibilidad de obtener un turno en un tiempo aceptable.
Por su parte, FEMEBA aclaró que, la última vez que hablaron con algún miembro de la Mesa Ejecutiva de la obra social bonaerense fue en abril de 2022, misma situación que estarían atravesando otros prestadores de salud. “Demuestra el desinterés de este profesional por la salud de sus beneficiarios”, fustigaron.
Como parte de su plan de lucha, FEMEBA, que tiene representación en 120 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y reclama una deuda de $7.000 millones al IOMA, resolvió una serie de paros para boicotear a la mutual conducida por Giles, que ahora se encuentra concretando acuerdos para cubrir la vacante que dejó la Federación.
]]>En ese sentido, el presidente de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, pidió “respetar el orden y las formas” y apeló al artículo artículo 212 del reglamento de Diputados para establecer una moción de votación y conformar una comisión especial encargada de “corregir y, en caso de reincidencia, expulsar” a un miembro por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa fue aprobada por los dos tercios de los diputados presentes.
En detalle el reglamento de Diputados establece que “en caso de que un diputado incurra en reiteradas faltas graves, a invitación del presidente o a petición de cualquier miembro, si eso no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 99 de la Constitución”, para que la Cámara decidirá por una votación y nombrar una comisión especial de cinco miembros.
“No está permitido hablar permanentemente en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos, por lo tanto pido que se haga votación, para que se establezca una comisión de revisión de los dichos permanente en contra de la democracia”, remarcó Tignanelli.
Es que, minutos después de comenzada la sesión ordinaria Castello pidió la palabra y cuestionó el proyecto impulsado por la diputada del Frente de Izquierda, Laura Cano, que impulsa que la casa que habitó Rodolfo Walsh en San Vicente pase a ser un Sitio Por la Memoria. “El peronismo está acompañando esta apropiación y a mí me llena de dudas esto. Expropian un inmueble para construir otro sitio de la memoria; están homenajeando en definitiva a un terrorista asesino”, expresó, lo que causó el repudio de buena parte del recinto.
“Walsh fue el cerebro del peor ataque contra la comunidad argentina antes de la AMIA, el atentado al comedor de la Policía Federal, que causó 23 muertos. Diseñó el plan para secuestrar a los hermanos Born. Se acabó el cuento de la Izquierda y del peronismo del relato K. Las víctimas que quiero ver son las personas asesinadas por los terroristas de Montoneros”, manifestó Castello.
Tras los dichos del diputado del bloque Libre, Tignanelli solicitó la moción amparada en el reglamento de la Cámara de Diputados. Con la aprobación de la misma, la actitud de Castello podrá ser calificada como “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” y, en caso de reincidencia podrá ser expulsado de la Cámara baja por el 2/3 de los votos, según consta en el artículo 99 de la constitución provincial.
“Es importante no dejar pasar algunas cuestiones que en parte de su show hizo el diputado. Castello es un gran actor que sesión tras sesión se empecina en provocar. Tanto que se preocupa por esas expropiaciones, debería preocuparse porque el Estado le expropió de prepo la casa a Rodolfo Walsh y un policía que integró esa patota se quedó a vivir hay”, respondió el legislador y titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Juan Malpeli.
En tanto, la diputada de Unión por la Patria, Susana González, pidió a las autoridades de la Cámara “poner un poco de límites”. “Falta el decoro, el respeto y comete un cuasidelito cuando acusa de un delito tan bochornoso a una persona que no se puede defender. No se puede estar todo el tiempo provocando”, criticó.
Cabe destacar que, estaban presentes en el palco de la Cámara baja la hija de Rodolfo Walsh, Patricia, e integrantes del espacio Walsh de San Vicente. “No podemos traer a la familia para que reciba el beneplácito del proyecto y decir acá que su viejo era un asesino”, añadió González.
Por parte del radicalismo, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, cuestionó los dichos de Castello, al afirmar que “el Nunca Más es un pacto democrático y es grave cuando se quiere revisar”. “No podemos permitir es que se borre la memoria, el negacionismo y para eso debemos construir más espacios de la memoria”, añadió, en relación con el proyecto impulsado por Cano.
“Yo no estoy en contra de la democracia ni de los derechos humanos. Estoy inserto en el régimen democrático, nunca di un golpe de estado y llegué a esta Cámara por la vía democrática. Me han hecho una comisión por ejercer la libertad de expresión, yo no soy negacionista. Lo que estamos negando es cómo entienden ustedes a los derechos humanos”, respondió Castello.
]]>Es que, en medio de las negociaciones que sostienen los gobernadores provinciales con Casa Rosada en el marco del Presupuesto 2025, el oficialismo disuadió a un grupo de diputados para que se ausenten en la sesión de este miércoles que se aprestaba para reformar la Ley de DNU. Por lo cual la misma se pospuso para el 21 de noviembre.
Vale recordar que, la oposición anticipaba una cuenta favorable para la Ley de DNU, por la suma de al menos cuatro bloques; Encuentro Federal, Frente de Izquierda, Unión por la Patria y Democracia para siempre (la bancada de radicales que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau que abandonó el bloque de Rodrigo de Loredo).
De esta manera, con presencia total, la oposición que convocó a la sesión especial de este martes contaba con llegar a los 132 votos, cuatro más que el número mágico con el que se alcanza el quórum y la media sanción de la Ley de DNU.
Sin embargo, entre peronistas y radicales que responden a Rodrigo de Loredo sumaron una decena de bajas y, ante esa advertencia, sus compañeros de bancada solicitaron una nueva sesión para la próxima semana con el fin de evitar exponer a los ausentes.
El triunfo del oficialismo no sólo fue importante por su demostración de capacidad política al hacer de cambiar de postura a legisladores opositores sino también porque evitó que las bancadas consigan reformar la Ley de DNU, que impactaba directamente en la modalidad de acción del Gobierno.
Lo que sucede es que, el jefe de Estado libertario ejecutó decretos de necesidad y urgencia (DNU) en áreas sensibles como; canje de deuda, alquileres, privatizaciones, por lo que quería evitar volver a tener que recurrir al veto, que lo dejaba expuesto.
Vale señalar que, la fecha de convocatoria de la sesión del 21 de noviembre no es casual: el 20 es el último día para que los dictámenes de comisión se eleven al recinto para su votación y la oposición anticipa que el oficialismo logrará consensuar el proyecto del Presupuesto 2025 para esa fecha, por lo que los ausentes en esta jornada no repetirán la faltazo la semana próxima.
El dictamen de mayoría impulsado por el bloque de Encuentro Federal que comanda Miguel Ángel Pichetto sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.
De esta manera, el proyecto de Ley de DNU propone que, con el rechazo de una sola Cámara el decreto de necesidad y urgencia quedará derogado. Actualmente, para ser rechazado un decreto presidencial necesita ser votado en ese sentido tanto en Diputados como en el Senado.
Además, el dictamen de mayoría que efectuó la oposición prevé que “cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.
Por último, la reforma a la Ley de DNU planteada por la oposición estipula que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.
]]>“Me gustaría explicar los alcances del Decreto 1005/24, firmado por el presidente @JMilei, que desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico”, escribió el ministro en la red social X.
Asimismo, afirmó que “el correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio. Es una historia interesante”.
Sturzenegger señaló que “en el siglo XVIII el correo era una herramienta para integrar una nación. Así, la Constitución de los EEUU establecía como una de las obligaciones del gobierno federal la gestión de los correos. Nuestra constitución se lo delegó al Congreso en su Art. 75″.
“El gobierno de Onganía (que armó el sistema de las castas) emitió la ley 20.216 que establecía el monopolio absoluto del correo oficial”, agregó.
Además, dijo que “entre otras barbaridades le permitía no entregar la correspondencia que consideraba que podía contener información impropia, o abrir la correspondencia en caso de sospechar de sus contenidos. Como una suerte de ‘1984’, a la ley 20.216 no le interesaban los usuarios sino el control del Estado de la información que manejaban sus ciudadanos”.
En este contexto, el funcionario sostuvo que “por suerte llegó la onda desreguladora de los ´90 y @domingocavallo con el decreto 1187/93 suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector” y que en ese momento “sin embargo, persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación. Como siempre estos sistemas son eminentemente anti pymes y anti innovación”.
El Decreto 1005/24 “elimina estas trabas”, remarcó y detalló que “a partir del 1005/24 no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad”.
“En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre”, destacó.
Además, subrayó que “se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal. Esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio”.
“La no exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana implica que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas. VLLC!”, concluyó.
]]>Ya en julio, cuando se conoció idea de avanzar con la privatización del Correo Argentino por fuera del Congreso. El oficialismo quería vender la empresa por decreto, basándose en su estatuto.
En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se com
pone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.
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