La consigna principal de la marcha fue “La Patria no se vende”. Comenzó en la intersección de la avenida Independencia y Defensa y avanzó hasta el monumento al Trabajo en la avenida Paseo Colón al 800.

La CGT anunció la marcha días antes en sus redes sociales, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales. Además de los habituales choripanes en las protestas callejeras, esta vez se ofreció locro y empanadas de carne fritas para celebrar la ocasión.

La marcha sindical no solo fue una conmemoración del Día del Trabajador, sino también una manifestación de resistencia ante las políticas que el movimiento sindical considera perjudiciales para los trabajadores y para el país en general.

La presencia de la CGT y las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina – de los Trabajadores y Autónoma) resalta la unidad de los distintos sectores del movimiento obrero en esta causa.

El lema “La Patria no se vende” refleja la preocupación de los sindicatos por la soberanía nacional y la defensa de los intereses del país frente a las políticas que, según su visión, podrían comprometerla. La elección de la fecha y el lugar para la marcha, así como la inclusión de alimentos típicos como el locro y las empanadas, añaden un elemento simbólico y cultural a la protesta, reforzando el sentido de identidad y pertenencia entre los participantes.

Conferencia de Prensa

Al finalizar la movilización, los líderes de la CGT ofrecieron una conferencia en su sede central, donde confirmaron el llamado a huelga para el 9 de mayo, y expresaron su intención de entablar conversaciones con los senadores para evitar la aprobación de la Ley Bases propuesta por el Gobierno.

Héctor Daer, uno de los líderes sindicales, destacó la importancia de revisar y modificar ciertos aspectos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con el sector público, y solicitó diálogo con todos los bloques del Senado.

También criticó a los legisladores que, según él, votan a favor del Gobierno sin cuestionar, y expresó preocupación por la falta de actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Por otro lado, Pablo Moyano mencionó que algunos sectores, como los trabajadores, no están viendo reflejado el supuesto avance en la lucha contra la inflación, y expresó su inquietud por la situación del empleo público, señalando especialmente el caso de Télam y otros organismos descentralizados.

El documento de la CGT

Durante un evento multitudinario, la central obrera presentó su declaración del 1 de Mayo, destacando la importancia de este día como una ocasión para recordar las luchas laborales pasadas, celebrar las conquistas obtenidas y exigir el respeto por los derechos laborales, sociales y sindicales.

En un contexto de amenazas a estos derechos, se hizo hincapié en la necesidad de defenderlos frente a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno, que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El pronunciamiento cegetista, critica la falta de un programa económico sostenible y el deterioro de diversos aspectos sociales, como la salud pública y la educación.

En respuesta a esta situación, se llamó a la unidad del movimiento obrero y se propuso la construcción de un programa consensuado que promueva el desarrollo, la producción y el trabajo, con inclusión y equidad para todos los argentinos.

Esto significa que los consumidores pueden anticipar aumentos periódicos en sus facturas de servicios públicos, lo que podría afectar aún más su capacidad para cubrir sus gastos básicos.

En cuanto al transporte público, se espera un aumento significativo en los pasajes de tren, lo que afectará a miles de pasajeros que dependen de este medio de transporte para desplazarse, especialmente en la zona metropolitana.

Además, los aumentos en los peajes de las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán los costos para aquellos que utilizan vehículos privados, lo que podría impactar en los precios de los productos y servicios debido a los mayores costos de transporte.

A partir de este viernes 26 de abril, los peajes en rutas nacionales y accesos a la Ciudad aumentaron un 200 por ciento, con tarifas mínimas de 900 pesos en hora pico.

Por último, los precios de los combustibles también podrían subir debido al Impuesto a los Combustibles Líquidos impulsado por el gobierno. Esto significa que los conductores pueden enfrentar aumentos en el costo de llenar sus tanques, lo que afectaría el presupuesto de transporte de las familias y podría generar un aumento en los precios de otros bienes y servicios debido a los mayores costos de logística y distribución.

Estos aumentos en los precios de los servicios básicos y el transporte que implementa el gobierno de Milei, sin duda representan una preocupación para los ciudadanos argentinos, pero al no haber una oposición contundente por parte de la dirigencia política y gremial, el plan motosierra y licuadora sigue adelante metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados, afectando su calidad de vida.

Martínez Bordaisco afirmó que “el turismo se dosificó, se modernizó, no es más como era antes, donde hoy hay ofertas de todo tipo y no se busca solo la playa sino también un montón de otras actividades”. “Se requiere inteligencia para seguir ocupando los primeros lugares de turismo en la Argentina”, enfatizó.

“Esta comisión debe, con inventiva, construir normas que ayuden y escuchen al privado para ver de qué forma derogar o modificar leyes que le ponen un pie en la cabeza al sector”, expresó el senador del radicalismo.

En ese sentido, el senador radical manifestó sus intenciones de que el sector privado se meta en las discusiones de la comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo, un espacio legislativo clave ya que demanda un constante diálogo con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“El privado tiene que entrar en esa discusión entre el Ejecutivo y la Legislatura, hay que escucharlo para ver cómo podemos ayudarlo. No puede ser que uno bloquee decisiones solo porque el que Gobierna piense distinto a uno. Yo soy profundamente crítico de Kicillof, sin embargo siempre que hubo una ley importante, con modificaciones y con debate por medio, la aprobamos”, subrayó Martínez Bordaisco.

Cabe destacar que, Martínez Bordaisco es oriundo de Mar del Plata, uno de los principales puntos vacacionales bonaerense, donde se destacó tanto como edil como presidente del Concejo Deliberante. En ese sentido, el legislador enfatizó en el hecho de que el turismo no para de reinventarse, lo que permitió que el área sea actualmente la cuarta dadora de trabajo y el tercer aporte al valor agregado del Producto Bruto de la Provincia.

“Mi ciudad y mi sección son parte de los destinos turísticos provinciales por excelencia, pero también hay otros, como el turismo agrario por ejemplo. La nuestra es la oferta más consolidada, pero el sector se reinventa constantemente. Este verano Mar del Plata se convirtió en uno de los principales lugares de turismo joven. El desafío es como sostener un turismo de doce meses, con inteligencia, con eventos, articulando las escapadas”, indicó el dirigente radical.

En cuanto a la producción, Martínez Bordaisco resaltó la importancia que tiene la comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo en las pequeñas empresas, siendo que son el 90% de dadoras de trabajo y que el 32% de ellas están radicadas en la provincia de Buenos Aires.

“Esta comisión tiene mucha importancia estando en un momento en el que la economía no repunta. Venimos del desparramo del gobierno de Alberto Fernández, que nos dejó una inflación interanual del 280%. Hay que acompañar, discutir y debatir las medidas que envié el Ejecutivo y escuchar el sector privado. La comisión va a trabajar lo referido a producción con esa gimnasia”, cerró Martínez Bordaisco.

Vale mencionar que, Martínez Bordaisco estará secundado en la comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo por la senadora bonaerense peronista Ayelén Durán, mientras que la también oficialista María Elena Defunchio será la secretaria. Mientras tanto, las vocalías quedaron para Pablo Obeid (UxP), Luis Vivona (UxP), Daniela Viera (UxP), Yamila Alonso (PRO), Daniela Reich (PRO) y Flavia Delmonte (UCR-CF)

“La efusividad de la reacción popular, el sentido de unidad plasmado en las marchas del 23 de abril, el convencimiento del pueblo argentino en cuanto a la necesidad de unirse, en procura de salvaguardar el principal valor que asegura el desarrollo de una Nación grande y digna, en la que sus habitantes puedan alcanzar, en condiciones de igualdad, gratuidad y dignidad, el máximo desarrollo de sus potenciales, exige mantener viva en la memoria colectiva los hechos ocurridos” señaló Pulti.

La iniciativa busca resaltar la importancia fundamental de la educación pública en el desarrollo integral de la sociedad y en el fortalecimiento de los valores democráticos. La propuesta presentada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires insta a que se apruebe una ley que consagre oficialmente esta fecha como un símbolo de compromiso con el derecho universal a la educación.

Además, se hace un llamado a ambas Cámaras del Congreso de la Nación para que, mediante la promulgación de una ley nacional , se establezca también el
23 de abril como el Día de la Defensa de la Educación Pública en todo el territorio nacional. Esta medida busca unificar esfuerzos en la protección y promoción de la educación pública como pilar fundamental del desarrollo social y económico del país.

El diputado provincial afirmó que “la incomprensible amenaza que el Gobierno Nacional cierne sobre este derecho humano fundamental, desconociendo los mandatos históricos que dieran basamento a nuestro proyecto como Nación, ha generado la reacción de toda la sociedad argentina, motivando un movimiento de corte popular que se vio plasmado en las masivas manifestaciones ocurridas el 23 de abril del corriente en diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires y del país, todas ellas con la exclusiva finalidad de defender un valor que el pueblo enarbola como supremo y por tanto, ajeno a cualquier manipulación y/o especulación por parte de los gobiernos, esto es, la educación gratuita, libre, universal y de calidad en todos sus niveles”.

Para finalizar, Pulti remarcó que “proponemos que el Día de la Defensa de la Educación Pública sea establecido por ley en la Provincia de Buenos Aires y también que el Congreso Nacional genere una propuesta en el mismo sentido. La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho y debemos defenderla. Ahora y siempre”

“Hemos despertado en el pueblo la necesidad de defender la educación pública”

De esta forma, el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti, calificó la jornada de paro y movilización convocada por los gremios universitarios. Asimismo, destacó la convocatoria y el acompañamiento de los vecinos y vecinas de Mar del Plata, “para defender la educación pública, sus universidades, sus sistemas científicos tecnológicos, no solo en la ciudad sino a nivel país. Eso tiene un valor enorme”. En este sentido, agregó: “ojalá el Gobierno Nacional reflexione, sino tendremos que seguir dando las peleas necesarias”.

“La batalla es cultural y hoy la ganamos”

De esta manera, el secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Daniel Reynoso, caracterizó la masiva marcha en defensa de las universidades nacionales. En esta línea, agregó que “la movilización fue masiva, como en todo el país. Estamos sorprendidos porque, con las distintas organizaciones que se hicieron en el país, hemos visto una convocatoria enorme. Y no es solamente la comunidad universitaria, sino que sentimos el acompañamiento de la sociedad en general”.

Por otro lado, sobre los anuncios del Gobierno Nacional sobre aumentos para el presupuesto universitario días antes de la marcha, manifestó: “son todos manotazos de ahogado. Manotazos que se dieron pensando que, confrontando, pensando que apretando a las universidades económicamente se iba a producir que el sistema les diera la razón. Las universidades no pertenecen a los rectores, las universidades no pertenecen a los ministerios, las universidades pertenecen a la comunidad. Eso es lo que se ve hoy, por eso esta reacción”.

Por último, destacó que “la gente percibe que lo que se puede perder con las universidades es mucho más que un presupuesto. Tal vez sea la coincidencia que tenemos con el Gobierno Nacional, la batalla es cultural, y hoy la ganamos”.

“Una jornada muy importante a lo largo y a lo ancho del país”

Así definió el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-A) y secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Mar del Plata, Ezequiel Navarro, la jornada de paro y movilización convocada por la comunidad universitaria.

Además, manifestó que “la cantidad de gente es muy importante. Tiene que ver con la historia de lucha que tiene nuestro pueblo vinculado a la educación pública. Argentina es uno de los pocos países donde verdaderamente los hijos e hijas de los trabajadores tienen la oportunidad de estudiar porque la universidad es gratis”.

En este sentido, detalló que “frente al ataque del Gobierno Nacional de Javier Milei, el pueblo se manifestó en defensa. Si no defendemos la universidad, no tenemos futuro”. Por eso, agregó que “esta jornada fue un punto de inflexión. Es la primera bala que le entra al gobierno”

Asimismo, sobre la situación de los empleados estatales, señaló: “estamos en la misma situación que estábamos lamentablemente el mes pasado, con despidos. Creemos que, así como es muy importante defender la universidad pública, también es muy importante defender el Estado, y eso es lo que vamos a seguir haciendo porque necesitamos un Estado que sea efectivo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que las obras sociales y prepagas darán marcha atrás con los aumentos. De este modo, el valor de las cuotas se retrotraerá a diciembre de 2023 y desde ahí se actualizarán en base a la inflación, según el índice IPC del INDEC. El Gobierno comunicó cuáles son las empresas prestadoras intimadas y cuál será el costo mensual para los usuarios con el reajuste correspondiente, tras la decisión del gobierno de Javier Milei.

Según informó el Gobierno a través de un comunicado oficial, “en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”.

Cuáles son las prepagas intimadas por el Gobierno

Tras la confirmación de Adorni en la conferencia de prensa de hoy, el Gobierno dio a conocer la lista de empresas de medicina prepaga intimadas a retrotraer a diciembre los fuertes aumentos en sus planes de salud, tras la liberación de precios, y que además son acusadas de cartelización.

Es así como el Gobierno de Javier Milei, luego de desregular los precios de las prepagas a través del DNU vigente 70/2023, retrotrae los mismos precios de las prepagas a diciembre del año pasado debido a las subas que ya promedian un 165% en lo que va del año.

“Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes”, agrega, en detalle, la normativa.

Es en este contexto que las compañías de medicina están obligadas, a partir de hoy, a informar y brindar datos sobre sus precios y actualizaciones, sumado a la obligación de publicar en un plazo de 10 días hábiles “el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web”.

Las compañías investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y alcanzadas por la medida son:

• Galeno Argentina S.A.
• Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil
• Hospital Alemán Asociación Civil
• Medifé Asociación Civil
• Swiss Medical S.A.
• Omint S.A. de Servicios
• OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios
• La Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa
• y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y entonces presidente de la UAS.

Prepagas: ¿cuál será el valor de la cuota mensual

tras la medida del gobierno de Javier Milei?

La estimación oficial es que, a partir del tope de incrementos fijados por inflación, las cuotas deberían bajar un 33% promedio respecto de sus niveles actuales.

Las compañías prestadoras calcularon que el retroceso sería del 25% en caso de que la medida se haga efectiva. Sin embargo, en el sector advirtieron por un “riesgo de quiebre” del sistema en caso de que se avance en ese sentido.

De todos modos, el pedido del Gobierno no contempla por el momento una devolución a los clientes por el excedente que pagaron en los últimos cuatro meses. La Superintendencia de Salud sí presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se devuelva a los afiliados el monto por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Según estimaciones del sector privado, tras el anuncio del Gobierno, el reajuste en las cuotas debería variar un 25%, dado que aumentaron en promedio, entre 6 y 7% por encima de la inflación.

En las ultimas horas se conoció en qué consiste el esquema (que figura en uno de sus anexos). En concreto, lo primero a tener en cuenta es que el Gobierno le transmitió a la jueza que, a su criterio, las empresas de salud aumentaron mediante prácticas de abuso de posición dominante y abuso de poder, que afectaron la libertad del mercado. Ante esa irregularidad, el equipo jurídico que se presentó ante el tribunal Civil y Comercial consideró que debería aplicarse una corrección que revierta los aumentos que se habrían dispuesto mediante esas conductas presuntamente dolosas.

En ese marco, sugirieron que se aplique un criterio de aumento que sería, en principio, objetivo: el IPC que difundió el Indec durante los meses en los las facturas de las prepagas pegaron un salto. Por todo esto, y en base a un informe técnico , le propusieron a la magistrada una fórmula de devolución del excedente entre el 70% promedio que dio el costo de vida y el 140% promedio de suba que aplicaron las principales prepagas.

Para los técnicos, una fórmula posible sería la devolución mediante siete cuotas consecutivas e iguales de ese 70% estimado que se cobró de manera irregular, siempre teniendo en cuenta el IPC de cada mes.

En concreto, y según el amparo de la SSS, hubo “un aumento de alrededor del 150% por parte de las Entidades de Medicina Prepaga cuando conforme los índices consignados, surge que el aumento asciende aproximadamente el 70%”.

Ese 70% es el que se devolverá, según la propuesta del gobierno, en cuotas iguales durante siete meses. Por caso, si la inflación del mes fuese del 10% no habría aumento. Si fuese de 11%, la suba correspondiente ascendería a 1 por ciento. Y en el caso de que la inflación sea de 5%, las empresas tendrían que devolver el 5% al cliente.

Desde la Superintendencia de Servicios de la Salud indicaron que la petición a la Justicia “no es una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia”.

“El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”, afirmaron.

“Esta es una acción independiente pero complementaria a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, aclararon.

En ese sentido, el Gobierno asegura que avanzará en los próximos días con medidas concretas para moderar los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Serán dos y correrán en paralelo: una por vía judicial y otra mediante un dictamen del Poder Ejecutivo.

En concreto, el Ejecutivo nacional denunciaría que las empresas de medicina prepaga incurren en un abuso de precios que se produce debido a la posición dominante que tienen en el mercado.

Bajo esta perspectiva, el Poder Ejecutivo accionará a través de una presentación judicial, mientras que por el otro la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitirá un dictamen desde la Secretaría de Comercio.

Vale recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno nacional está “evaluando medidas” para aplicar frente al incremento desmedido que aplicaron las empresas de medicina prepaga en las cuotas mensuales que abonan los trabajadores y jubilados.

“Vamos a tomar cartas en el asunto, puedo asegurar que las cuotas no se van a seguir carterizando”, expresó Adorni a pocas horas de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que las prepagas están “atentando contra el bolsillo de la clase media”.

En ese contexto, la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, comenzó a investigar en las últimas horas si existió un pacto ilícito entre las pocas empresas que brindan el servicio de medicina prepaga para fijar precios de venta.

Tal es así que, la fuente de la Secretaría de Comercio confirmó que “hay una investigación en curso”, justo un día después de que Caputo arremetiera públicamente contra las prepagas por los incrementos desmedidos que aplicaron en el costo de las cuotas desde la entrada del DNU.

Por su parte, según informaron, las entidades de medicina prepaga enroladas en la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA), la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), y la Cámara de Entidades de Medicina Privada (CEMPRA), le pedirán a una audiencia a Caputo.

De esta manera, el objetivo principal del cónclave entre las cámaras y asociaciones de medicina prepaga y el Gobierno nacional sería “acercarle a las autoridades estatales toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (52,7%), por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo.

Le siguieron Comunicación (15,9%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,3%), por alzas en el servicio de electricidad.

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,5%).

Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos, Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo fueron Restaurantes y hoteles (8,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (5%).

A nivel de las categorías, Regulados (18,1%) lideró el aumento seguida por Estacionales (11,1%), mientras que el IPC Núcleo registró un incremento de 9,4%.

La lechuga, con una suba del 66,7% y el tomate redondo, con un alza del 56,3%, fueron los alimentos que más subieron en marzo.

En el área metropolitana (Capital y conurbano) el índice de precios subió 11,5 por ciento, por encima del nivel general.

La inflación se viene desacelerando, luego de subir 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero, de acuerdo con las cifras oficiales.

Algunas consultoras estiman que el costo de vida de abril podría ubicarse en un dígito, en caso de mantenerse esta tendencia.

Los ediles Guido García y Angélica Gonzalez, quienes integran el interbloque que representa al intendente, presentaron un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante, solicitando información al Ministerio de Capital Humano sobre el estado actual de las obras que el Estado Nacional venía desarrollando en el Instituto Saturnino Unzué.

Entre los puntos destacados de la propuesta del bloque local de la Coalición Cívica se encuentra un pedido de informe respecto al estado edilicio y de infraestructura del Unzué y “si se tiene previsto continuar con obras de restauración o puesta en valor”. Según alertaron diversos especialistas, el edificio ha sufrido severos daños por su cercanía al mar, especialmente en sus bases, lo cual podría comprometer su integridad a cortplazo.

Considerando la decisión del gobierno nacional de restringir la obra pública, los concejales de la Coalición Cívica explicaron que “al haber una decisión por parte del presidente Milei de no continuar con la inversión en obra pública, es una buena oportunidad para que el gobierno informe si tiene previsto la apertura a iniciativas privadas para poner en valor y darle un nuevo funcionamiento al Unzué. Esto, sin dudas, ayudaría a detener el avance del deterioro del edificio y a darle continuidad al proceso de recuperación de este espacio tan emblemático en nuestra ciudad, con nuevas ideas e inversiones que generen puestos de trabajo”.

El proyecto solicita, entre otros puntos, un informe detallado de las licitaciones o contrataciones realizadas para la restauración del Unzué desde el año 2006 a la actualidad, “identificando trabajos realizados, empresas adjudicatarias, presupuesto previsto en cada etapa, tareas presupuestadas, finalizadas y/o ejecutadas, y montos desembolsados para cada caso”.

“Estamos ante un problema de larga data, vemos que el Unzué sigue en estado de abandono, principalmente en su fachada que da a la costa y en las alas que se encuentran por las calles Santa Cruz y 20 de Septiembre, con un posible riesgo de derrumbe como ya lo ha alertado el Colegio de Arquitectos. Nos llama mucho la atención que desde el 2006 se vienen licitando las obras de restauración y al día de hoy, 18 años después, solo tenemos en funcionamiento y reacondicionado el 30% del edificio”, argumentaron los ediles.

“No solo los concejales sino todos los vecinos del distrito tienen que saber qué pasó con las licitaciones o contrataciones realizadas para la restauración del Unzué desde el año 2006 a la actualidad, ya que como toda obra pública del Estado Nacional estamos hablando del dinero de los contribuyentes, que evidentemente tuvo varios frenos y no se ejecutó como debería”, indicaron.

Asimismo, recordaron que en enero de 2023, el por entonces ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en compañía del Presidente Alberto Fernández, anunció durante un acto en el Unzué el proyecto de puesta en valor de este Monumento Histórico Nacional.

“En aquel momento, el gobierno de Unión por la Patria informó que el presupuesto asignado rondaba los 1000 millones de pesos, con un plazo de obra estimado en un año y  tres empresas interesadas en adjudicar la licitación. Pero parece que todo quedó en un anuncio. Por ese motivo, en el proyecto también queremos saber si se ha llevado adelante la adjudicación de dicha licitación, la cual tenía proyectada la apertura de sobres de oferentes para el mes de octubre del pasado año”, agregaron.