El Concejo Deliberante de General Pueyrredon sancionó este jueves la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en el distrito. La votación terminó 14 a 10. A favor, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, autora del proyecto original y la UCR+Nuevos Aires. En contra, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

El expediente había nacido en 2022, impulsado entonces por la concejala Angélica González, y atravesó cuatro años de idas y vueltas hasta llegar a este texto final. El cambio de fondo respecto de las versiones anteriores es que el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad inscribirá únicamente a las plataformas, no a los conductores, de hecho, hasta la semana pasada el proyecto se llamaba Registro de Prestadores de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales. Como consecuencia, el municipio no tendrá un registro propio de choferes habilitados ni se establecerá un cupo, tal como reclamaban las entidades de taxistas y remiseros.

Lo que establece la norma

Los conductores deberán contar con licencia profesional D1 emitida en General Pueyrredon, lo que excluye a quienes operen con habilitaciones de otros distritos. Esa categoría no puede tramitarse por primera vez después de los 65 años ni antes de los 21, de modo que solo los mayores de 65 que ya la tuvieran vigente por renovación previa podrán seguir prestando el servicio. Los vehículos, autos y motos, no podrán superar los 15 años de antigüedad desde su patentamiento, lo que deja afuera a las unidades anteriores a 2011.

El punto más controvertido es el artículo 7, que delega en las propias empresas la responsabilidad de verificar que conductores y vehículos cumplan los requisitos exigidos. El plazo de adecuación al nuevo régimen será de 90 días desde la reglamentación.

El oficialismo: “Reglas claras” después de una larga espera

El concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, abrió el tramo de posiciones: “Las aplicaciones son una realidad y la realidad no se puede tapar. Por eso creemos que es necesaria una regulación. Pero esta es una mala regulación. Y ante una mala regulación preferimos que no haya, porque esto lo único que va a ocasionar es una mayor cantidad de inconvenientes.” Adelantó así el rechazo de su bloque.

Por Unión por la Patria, el concejal Diego García también opinó negativamente: “De todos los proyectos que estuvimos trabajando este año, este es el peor de todos.” García cuestionó la velocidad del trámite tras los incidentes de violencia de la semana anterior y comparó la delegación del control en las plataformas con una escena de ficción: “Darle el control a las empresas suena irrisorio. Parece un capítulo de Los Simpson, faltan el Jefe Wiggum y el Alcalde Diamante. ¿Quién puede pensar que una empresa que justamente lo que hace es romper el mercado se va a autorregular?”

Su compañero de bloque, Pablo Obeid, coincidió en la necesidad de regular pero objetó la falta de garantías concretas: “La propuesta, como está escrita, no tiene ningún elemento que garantice que lo escrito como una voluntad vaya a pasar en la realidad.” También señaló que el artículo de sanciones remite a un código contravencional que no contempla siquiera esta actividad: “O es un descuido por las apuradas, o es la marca registrada de esta gestión que no piensa controlar nada.”

Quienes impulsaron el proyecto

Guido García, concejal de la Coalición Cívica e impulsor de la ordenanza, defendió el resultado final como un paso necesario tras años de tensión sin resolver, destacando que la norma incorpora exigencias de seguros, identificación y control, además de fijar responsabilidades concretas para las empresas. Subrayó que, a diferencia de la resolución administrativa adoptada recientemente por la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata el proceso se dio “con un debate en un recinto y con una mayor legitimidad”. “No estamos llegando al final de un recorrido, estamos dando un primer paso importante para la ciudad”, sostuvo.

Noelia Álvarez Ríos, de La Libertad Avanza, enmarcó la votación como una respuesta a una realidad ya instalada: “No estamos acá debatiendo si un transporte sí o un transporte no. Estamos acá para dar una respuesta a los vecinos que ya eligen esta actividad como medio de transporte, pero también a los que la eligen como fuente laboral.” Remarcó que el proyecto exige licencia profesional, seguro acorde y domicilio legal de las empresas en el partido, además de un correo electrónico habilitado para notificaciones.

Taccone, abordó en la sesión del Concejo Deliberante la falta de transparencia del contrato de concesión del Estadio José María Minella y la falta de inicio de obras a 7 meses de su anuncio.

Taccone dijo que “le prometieron a los marplatenses que el Minella iba a ser la casa de las selecciones, pero lo único que vemos es ocultamiento y silencio sobre la licitación”.

El edil planteó que “las obras no están porque no está la plata. Dijeron que iban a conseguir los 40 millones de dólares por medio de un compromiso de aporte de uno de los socios de “Minella Stadium”. Terminaron firmando la concesión con un fantasma”, remarcó.

En ese sentido, Taccone reveló que “Reeve, uno de los socios de la empresa, dijo que el dinero lo va a conseguir por medio del compromiso de otra firma administrada por una empresa brasileña llamada Reag, que está involucrada con el escándalo de estafa del Banco Master de Brasil, justamente la entidad financiera que iba a solventar esa inversión”.

“Ahora entendemos por qué nos ocultaron la información, la plata la iba a poner un banco denunciado por estafa, con su CEO preso y autoridades prófugas”, continuó.

El concejal afirmó que “en las licitaciones públicas que se hacen para que los oferentes estén en igualdad de condiciones, hay que acreditar la solvencia financiera. Acá no tenemos nada”, agregó.

El expresidente del Ente Municipal de Deportes sostuvo que “quizás haya sido bueno que no aparezca el dinero, porque si no tendríamos que preguntarnos el fin oculto u origen ilícito de esos fondos”.

Taccone recordó que “en una licitación tenés que demostrar de dónde sacás el dinero para una inversión. Para eso dicen que van a recuperar 12 mil millones de pesos por año. ¿Cómo se compone? 2100 millones de subconcesiones y 6600 millones de pesos mediante el alquiler de 30 fechas en el Minella, es decir, un show cada doce días”.

“En 8 meses no hicieron ninguno. Es imposible que se puedan hacer 30 shows por año por el tiempo que implica el armado y desarme del escenario y tecnica de estos eventos, que lleva entre 8 y 10 días. A las claras, imposible de realizar cuando River alquiló para 12 shows en todo el año 2025 y Vélez 15. En el Polideportivo dicen que van a juntar 3300 millones con 60 shows, 5 shows por mes”, enfatizó.

Por último, Horacio Taccone señaló que “el contrato de concesión prohíbe que el Municipio habilite otra obra nueva similar  a menos de 3 kilómetros a la redonda del Minella, cuando no estaba incluido en el pliego de bases y condiciones”.

“Eso es inadmisible y afecta la libre competencia y el desarrollo de la ciudad. La realidad es que los marplatenses esperan las obras en el Minella que prometió este Gobierno Municipal”, concluyó.

Durante la movilización, referentes de la CTA Autónoma, ATE y la CGT expresaron su preocupación por el futuro de Chapadmalal, al considerar que se está avanzando hacia el cierre definitivo de una política pública que durante décadas permitió el acceso al turismo a miles de familias argentinas.

Navarro: “Lamentablemente es el fin del turismo social”

El secretario general de la CTA Autónoma local y secretario general adjunto de ATE, Ezequiel Navarro, sostuvo que la situación actual de la Unidad Turística es consecuencia directa de las decisiones adoptadas por la administración nacional.

“Lamentablemente es el fin del turismo social. Entendemos que a este gobierno el turismo social no le interesa, por eso lo ha desfinanciado desde el día uno”, afirmó.

El dirigente recordó que los hoteles de Chapadmalal y Embalse fueron creados para garantizar el acceso al turismo a sectores que de otra manera no podrían hacerlo.

“El fin que cumplen los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal era que personas de otras provincias, jóvenes, niños, niñas, jubilados y jubiladas vinieran a conocer el mar. No de forma gratuita, sino mediante convenios que las provincias pagaban al Estado nacional”, explicó.

Navarro aseguró que la última programación turística fue la correspondiente a la temporada 2023-2024, heredada de la gestión anterior, y denunció que desde entonces no hubo continuidad en las actividades.

“De acá en adelante no hubo más gente. Los hoteles fueron desfinanciados y las obras que estaban previstas fueron paralizadas”, señaló.

Además, cuestionó la situación laboral de los trabajadores del complejo.

“Hace algunas semanas firmaron el pase a disponibilidad de los 58 trabajadores”, indicó, al tiempo que manifestó dudas sobre las versiones vinculadas a una eventual licitación del predio.

Según expresó, no existe información pública que confirme oficialmente ese proceso y advirtió que podría haber intereses privados detrás de la iniciativa.

En otro tramo de sus declaraciones, también apuntó contra el intendente por la postura adoptada frente al conflicto.

“No es casualidad que estemos en la puerta del Municipio. Hay un doble discurso. Reclaman la administración de Punta Mogotes, pero no les interesa lo que está pasando con los hoteles de Chapadmalal”, cuestionó.

Para Navarro, existe una falta de compromiso de las autoridades locales para defender el patrimonio turístico y social de la ciudad.

“Evidentemente se lo van a dar a algún amigo para crear algún negocio, como lo están haciendo con otros espacios públicos”, concluyó.

Rocha: “Están destruyendo instituciones que son emblemas”

Por su parte, el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha, consideró que las movilizaciones se volverán cada vez más frecuentes ante el deterioro de la situación económica y social.

“Cada día que pasa y cada mes que pasa se va haciendo más compleja la situación. Estas marchas y manifestaciones se van haciendo cada vez más normales, lamentablemente”, expresó.

Rocha defendió la protesta como herramienta legítima de reclamo y sostuvo que el conflicto de Chapadmalal excede la situación puntual de los trabajadores.

“No hay otro camino que salir a la calle, protestar y manifestarnos. Es un derecho constitucional que tenemos”, afirmó.

El dirigente destacó el valor histórico y social de la Unidad Turística y rechazó cualquier intento de desmantelamiento.

“Están destruyendo emblemas históricos. El hotel de Chapadmalal es un emblema. Lo mismo pasa con Embalse, con el PAMI y con la ANSES. Están destruyendo instituciones que son emblemas y tenemos que salir a la calle a defenderlas”, remarcó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias económicas que atraviesa Mar del Plata y anticipó un escenario complicado para los próximos meses.

“Tenemos información de que han cerrado más de 40 locales entre hoteles y comercios, y eso significa más de 400 trabajadores afectados. Son 400 familias que pierden su sustento”, señaló.

En ese contexto, también alertó sobre el impacto que tendría una eventual eliminación del régimen de Zona Fría.

“Si nos sacan la Zona Fría hay un montón de gente que no va a poder pagar el gas. Ese dinero que va a ir a la boleta no va a ir al consumo y la situación en nuestra ciudad va a ser muy compleja”, aseguró.

Finalmente, Rocha reclamó una posición más firme del gobierno municipal frente a los problemas que afectan a Mar del Plata.

“La reacción que nos gustaría ver del gobierno municipal es que defienda a nuestra ciudad, defienda la Zona Fría y defienda a los marplatenses”, sostuvo.

La movilización volvió a poner en el centro del debate el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal, un complejo considerado símbolo del turismo social argentino. Mientras los sindicatos denuncian un proceso de vaciamiento y privatización, los trabajadores continúan reclamando garantías laborales y la preservación de un patrimonio histórico que, aseguran, forma parte de la identidad y la memoria colectiva del país.

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon encaminó este martes la habilitación formal de las aplicaciones de transporte. En reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, el proyecto obtuvo dictamen favorable con los votos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR+Nuevos Aires y la Coalición Cívica (autora de la iniciativa original). Lo rechazaron Unión por la Patria, Acción Marplatense/Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador. La sesión ordinaria donde se votará la ordenanza quedó fijada para el jueves.

El dictamen llega diez días después de que una reunión de la misma comisión terminara en una batalla campal entre taxistas y conductores de aplicaciones, con piñas y empujones en pleno recinto. Esta vez, solo entraron 4 representantes por grupo y el presidente de la Comisión de Movilidad, el concejal Martínez Bordaisco, abrió la sesión con un llamado explícito a la calma: “Jamás el camino es la violencia”, remarcó antes de ceder la palabra a los representantes del sector.

Qué establece la ordenanza

El eje del proyecto es la creación de un Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, en el que deberán inscribirse las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que intermedien en la oferta y demanda de transporte oneroso de pasajeros mediante plataformas digitales. El registro apunta a las empresas, no a los conductores individuales.

Serán las propias plataformas las responsables de verificar que sus prestadores cuenten con licencia nacional de conducir categoría profesional D1 emitida por el municipio, certificado de antecedentes penales con renovación anual y título sobre el vehículo. Los autos no podrán superar los 15 años de antigüedad desde su patentamiento, deberán tener VTV vigente, seguro específico para la actividad e identificación visible durante el servicio. La captación de pasajeros en la vía pública quedará prohibida y reservada exclusivamente para los taxis. Las ETM responderán solidariamente ante usuarios y terceros por las consecuencias jurídicas de la prestación. El plazo de adecuación será de 90 días desde la reglamentación.

En paralelo obtuvo dictamen un proyecto del bloque radical para modernizar la regulación del servicio de taxi, que extiende la vida útil de los vehículos de 10 a 15 años y habilita a los choferes a operar a través de plataformas o aplicaciones digitales.

Guido García, presidente de la Comisión de Movilidad e impulsor del proyecto de la Coalición Cívica, explicó el giro central de la propuesta: “Hay un cambio de eje del registro, con una registración de las empresas de tecnología. Que sean ellos los obligados de garantizar y verificar los requisitos para los prestadores independientes y los vehículos.”

La mirada de la oposición

Los bloques opositores cuestionaron la decisión de transferir la responsabilidad del control a las propias plataformas. La concejal Mariana Cuesta, de Unión por la Patria, planteó: “No sabemos la opinión de las empresas. ¿Alguien habló con ellas?” (Leer nota ” Las dudas de Unión por la Patria sobre las apps de transporte”)

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, apuntó a la velocidad del trámite: “El proyecto pegó un volantazo y ahora hablamos de un registro de aplicaciones. Hay que ver si ellas quieren ser parte de un registro.” Taccone también cuestionó la ausencia de cupo y la equiparación entre actividades que, a su entender, son estructuralmente distintas.

Dentro del propio oficialismo hubo matices. La concejala Vilma Baragiola, de la UCR, votó a favor pero dejó en claro sus reservas: “El municipio tiene que saber quién es quién. Es algo que voy a seguir trabajando en la reglamentación.” Baragiola insistió en la necesidad de un registro propio de conductores y consideró que el requisito de licencia profesional funcionará, al menos, como filtro de ingreso.

El jueves, salvo cambios de último momento, General Pueyrredon tendrá por primera vez una ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas de transporte. Queda por resolver si el control delegado a las empresas funciona, si habrá cupo o no, o si los conductores irregulares seguirán operando.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes cerró con una ocupación hotelera del 35%, según datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG). El número confirma lo que los operadores del sector anticipaban desde antes del inicio del feriado y coincide con el diagnóstico nacional que elaboró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este fue el peor fin de semana largo del año.

El número nacional y el impacto local

El relevamiento de CAME registró 993.683 turistas moviéndose por el país durante el feriado, con un impacto económico directo de $216.649 millones. En Mar del Plata, la actividad gastronómica apenas superó en un 10% el nivel de un fin de semana normal. Hernán Szkrohal, presidente de la AEHG, dialogó con el Retrato: “Se juntó el Mundial, lo económico, más la falta de clima, el Día del Padre y San Juan. Todo junto hizo que fuera una combinación mortal.”

El frío y la lluvia sostenida del sábado cortaron el turismo de cercanía que suele compensar la baja en reservas anticipadas. Recién el domingo, con un poco de sol y cielo despejado, la costa, la rambla y los espacios públicos recuperaron algo de movimiento. Turistas y marplatenses aprovecharon la mejora para salir, pero a esa altura una parte significativa de los visitantes ya estaba de regreso.

El inicio del Mundial operó como segundo factor. Tanto CAME como los operadores locales señalaron que la coincidencia del torneo con el feriado inclinó a muchas familias a quedarse en sus casas. “Todo repercute. Pero la situación climática y el día feo del sábado también jugaron en contra. No podés tener una tarifa acorde a los costos que tenés.”

El sector entonces entra al invierno con tarifas que el turista no puede pagar, costos que no bajan y márgenes que en muchos casos son negativos. “Abrir el hotel a las tarifas a las que lo podés vender termina generando una rentabilidad que no justifica abrirlo”, planteó Szkrohal. Y agregó que la economía tampoco escapa a la crisis y que ya hay locales que terminan el mes perdiendo plata y endeudándose.

Sin señales de repunte

La quita del subsidio de zona fría al gas, que impacta directamente en los costos de los locales gastronómicos y en el bolsillo de los consumidores marplatenses, suma presión sobre un consumo que ya está deprimido. “Falta dinero en la calle. Falta dinero para el que viene a Mar del Plata y para el que vive en Mar del Plata”, sintetizó Szkrohal “Es una problemática que recorre a lo largo y ancho del país. En todos lados.”

A nivel nacional, los destinos con mejores resultados en el feriado fueron los vinculados a la nieve y la naturaleza. Bariloche se posicionó de cara a la temporada invernal y Puerto Iguazú rozó el 70% de ocupación.

“Mientras que a los fines de semana les falte fuerza y los días de semana la gente consuma menos, estamos en serias dificultades”, concluyó Szkrohal.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió sobre la falta de estudios científicos que respalden la medida y denunció un esquema que perjudica a la provincia de Buenos Aires y al complejo pesquero de Mar del Plata.

“La modificación de la Ordenanza 14.000 no puede quedar rehén de consultas interminables que solo buscan frenar la actividad nocturna. Mar del Plata necesita reglas claras, trabajo, turismo y seguridad, no discursos que disfrazan prohibicionismo de participación vecinal. La ciudad tiene que crecer”, afirmó Cardoso al referirse al debate abierto en torno al expediente.

En ese sentido, defendió la actualización de la normativa vigente y remarcó la necesidad de compatibilizar el desarrollo cultural con la convivencia urbana. “Buscamos modernizar la norma, ordenar y generar reglas claras”, señaló, al tiempo que sostuvo que el proyecto responde a prácticas que actualmente ya se desarrollan en numerosos establecimientos gastronómicos.

“Hay que mirar primero lo que está sucediendo en Mar del Plata. Esta ordenanza quedó desactualizada frente a las dinámicas culturales, sociales y económicas actuales”, explicó. Asimismo, aclaró que la propuesta no surge de una situación hipotética. “Esto ya se viene realizando, no surge de una cuestión abstracta: cualquiera puede ir a un café y ver un DJ”, ejemplificó.

Cardoso insistió en que la iniciativa no apunta a flexibilizar controles ni habilitar situaciones irregulares. “No estamos escribiendo algo que no sucede en la ciudad. Lo que hacemos es reconocer una actividad que está, regularla, ordenarla, no restringirla”, afirmó. Y agregó: “Buscamos un equilibrio entre la cultura y la convivencia urbana”.

El proyecto establece que las actividades artísticas serán complementarias de la actividad gastronómica principal. “No puede ser la actividad principal, tiene que acompañar la actividad gastronómica”, aclaró el concejal. Además, la propuesta incorpora criterios diferenciados según el impacto sonoro de cada actividad.

“Hay que distinguir entre actividades sin amplificación, que no trascienden al exterior, y aquellas con equipos de sonido, donde exigimos aislamiento acústico, memoria técnica firmada por un profesional y ventilación adecuada”, detalló.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la incorporación de la norma IRAM 4062 como parámetro para medir ruidos molestos. Según explicó Cardoso, “estamos buscando un criterio técnico y objetivo para que tanto el comerciante como el vecino sepan cuáles son los límites. Se termina la discrecionalidad”.

La iniciativa también fija horarios específicos para el desarrollo de estas propuestas culturales. “Planteamos franjas de 10 a 13 y de 18 a 4, que es cuando se desarrolla la actividad gastronómica”, indicó. Asimismo, prevé habilitaciones temporarias para eventos especiales. “Queremos regular aperturas o celebraciones con habilitaciones temporarias, sujetas a control municipal”, precisó.

Frente a las críticas que interpretan el proyecto como una flexibilización excesiva, el edil rechazó esa lectura. “Algunos lo han tomado como un libertinaje, pero no es así. Va a haber inspecciones, controles y sanciones cuando corresponda. Lo que hacemos es dar claridad donde hoy hay un gris”, sostuvo.

Por otra parte, Cardoso se refirió al ordenamiento del espacio público y destacó avances logrados en distintos sectores de la ciudad. “Se han hecho muchas cosas, como en la feria de calle Mitre. Hubo quejas, inconvenientes, pero se trabajó con distintas áreas y se logró ordenar”, señaló.

En esa línea, reconoció que aún quedan desafíos por resolver. “Es un proceso paulatino, porque es una cuestión golondrina: vienen, se instalan, se retiran. Se infracciona, se controla, pero hay mucho por hacer”, expresó. No obstante, consideró que la situación mostró mejoras durante la última temporada estival. “Este verano no estuvo colapsado como en otros años, y eso es producto del trabajo sostenido”, afirmó.

El gobierno municipal respaldó por primera vez en más de cuatro años uno de los proyectos de ordenanza para regular las aplicaciones de transporte en el partido de General Pueyrredon. La señal llegó a través de la respuesta formal que el director general de Transporte, Federico Chioli, remitió a la Comisión de Movilidad Urbana, en la que se pronunció a favor de la iniciativa de la Coalición Cívica que propone crear un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales.

La prohibición de las apps en General Pueyrredon fue impulsada por el entonces intendente Carlos Arroyo y estuvo acompañada de operativos de control que incluían secuestro de vehículos y sanciones. Esa postura se flexibilizó desde la llegada de Guillermo Montenegro, que mantuvo mayor tolerancia en la práctica pero sin avanzar en una regulación formal. Con el aval técnico de Transporte, el expediente está ahora en condiciones de avanzar hacia un dictamen de comisión y ser tratado en sesión.

Empresas, no conductores

El esquema que avaló el municipio registraría a las personas jurídicas que intermedien en la oferta y demanda de servicios de transporte de pasajeros como Uber, Cabify, DiDi y plataformas similares y no a los conductores individuales, descartando una carga burocrática que el propio Chioli calificó de “innecesaria”. Las empresas deberían contar con domicilio legal y electrónico en el partido, y serían responsables de garantizar que sus choferes cumplan tres requisitos, licencia categoría D1 expedida por el municipio, inexistencia de antecedentes penales con renovación anual, y autorización para conducir el vehículo.

En cuanto a los rodados, las plataformas inscriptas deberán acreditar la Verificación Técnica Vehicular vigente para transporte de pasajeros y el seguro específico establecido por la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. El municipio no puso reparos a que el servicio sea prestado tanto por autos como por motos, y sugirió unificar el criterio de antigüedad vehicular con el resto de los servicios de transporte.

El contexto y los próximos pasos

La ordenanza que hoy prohíbe las apps data de 2019 y fue dictada en la gestión de Arroyo. El proyecto en discusión plantea abordar la situación de unos 5.000 choferes de plataformas, una cifra que casi duplica el número de taxistas y remises habilitados. La profundidad del conflicto quedó en evidencia la semana pasada cuando una reunión de la comisión terminó en un incidente entre representantes de ambos sectores que obligó a suspender el encuentro.

Las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación convocaron a una reunión conjunta para tratar tanto la regulación de las plataformas como un proyecto paralelo de la UCR-Nuevos Aires que propone modificaciones en la ordenanza de taxis. Si los expedientes obtienen dictamen, quedarán en condiciones de ser votados en la próxima sesión ordinaria.

El conflicto por la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, la última playa sin concesión de Chapadmalal, escaló en el plano judicial. Liliana Albano, presidenta del directorio de Santiago de Compostela 1943 S.A., presentó una denuncia penal por usurpación ante el Agente Fiscal contra integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal y solicitó el desalojo inmediato del predio con auxilio de la fuerza pública. La Asamblea respondió a través de su representante legal, Lucas Landivar, argumentando que la empresa no cumplió los requisitos ambientales exigidos por la ley provincial y, por lo tanto, su posesión del predio carece de validez jurídica.

El conflicto, desde el principio

Para entender la denuncia hay que retroceder varios meses. El Ente Municipal de Turismo y Recreación y Cultura (EMTURyC) adjudicó en abril la concesión de Playa Redonda, una UTF de 45.500 metros cuadrados ubicada en calle 749 y la costa de Chapadmalal, a Santiago de Compostela 1943 S.A., firma vinculada al publicista Roberto Fiocca, pareja de Albano y su principal socia comercial. La empresa se había presentado en un primer llamado licitatorio sin éxito y triplicó su oferta en el segundo. El contrato establece un canon anual de 90 millones de pesos, dos años de gracia para el pago mientras duren las obras, y una concesión de 20 años prorrogable por otros seis.

Desde el inicio, la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal cuestionó el proceso. La confección de los pliegos, los criterios de evaluación y la decisión final estuvieron a cargo exclusivamente del Ejecutivo municipal a través del EMTURyC, sin intervención del Concejo Deliberante ni de la Unidad de Gestión de la Reserva Forestal.

La Asamblea identificó al menos nueve incumplimientos sustanciales en el proceso de concesión, entre los que figura la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, exigida por el artículo 11 de la ley provincial 11.723 para intervenciones sobre yacimientos paleontológicos y reservas de valor patrimonial. En mayo, tras la confirmación de la adjudicación, la Asamblea se plantó físicamente en la playa y anunció acciones judiciales para solicitar la suspensión preventiva de la concesión.

La denuncia penal

Con la empresa avanzando hacia la toma de posesión, el conflicto derivó en sede judicial. En su presentación ante el Agente Fiscal, patrocinada por el Dr. Fernando Guerrico, Albano acusó a Kanki Alonso, Tomás Hermida, Mariana Pontano y otros integrantes de la Asamblea de haber actuado “de manera clandestina y subrepticia”: roto el candado del portón de ingreso al predio, obstaculizado el acceso con ramas, escombros y camiones de tierra para impedir el ingreso de maquinaria, y despojado a la empresa de la posesión que, según afirma, ya detentaba.

Junto con la denuncia, la empresa solicitó el desalojo inmediato con fuerza pública, el secuestro de un vehículo presuntamente involucrado, una prohibición de acercamiento hacia Albano y el predio, y la citación del EMTURyC como tercero interesado en su carácter de propietario del inmueble. La presentación también señala antecedentes: según la denunciante, algunos de los acusados habrían sido investigados por conductas similares en conflictos previos vinculados al balneario Arameo.

La respuesta: “No tienen la posesión del predio”

Landivar rechazó tanto la descripción de los hechos como la validez jurídica de la denuncia. “Fue absolutamente pacífico. El tránsito que hubo sobre Playa Redonda es el normal y habitual de hace 40 años”, afirmó en diálogo con el Retrato. Explicó que la playa siempre estuvo bajo el cuidado de una asociación civil conservacionista marplatense, a la que el municipio le quitó la guarda sin procedimiento administrativo, dejando el espacio sin responsable. En ese marco, la presencia de los vecinos no configura intrusión sino continuidad del cuidado histórico del lugar.

El argumento jurídico central, sin embargo, es que “el concesionario técnicamente no puede iniciar una denuncia por usurpación porque no tiene la posesión del predio e incumplió el artículo 11 de la ley 11723 al no presentar la evaluación de impacto ambiental”, sostuvo Landivar. Sostienen que la entrega de posesión es nula de origen, ya que aún no se ha cumplido con la evaluación de impacto ambiental entre otros puntos.

Los nombres que circulan y la respuesta de la Asamblea

En paralelo al litigio, circula una versión sobre apoyos externos al colectivo ambientalista, que involucran a la senadora provincial de Fuerza Patria Fernanda Raverta, el concejal de Accion Marplantense Gustavo Pulti, con quien Fiocca mantendría una relación conflictiva de larga data, y los empresarios Jerónimo Mariani y Martín Diego Gambini, este último vinculado a ANJUFA S.A., firma que quedó fuera del proceso licitatorio. La lectura política que se hace desde el entorno de la empresa es que Pulti habría decidido involucrarse con vistas a las elecciones de 2027, utilizando el conflicto ambiental para disputarle poder a Raverta en la interna peronista.

Landivar lo negó de manera rotunda: “La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal no recibió el apoyo de Gustavo Pulti, de Fernanda Raverta ni de esos empresarios”.

El escenario que se abre

Con la solicitud de desalojo con fuerza pública en manos del Ministerio Público Fiscal, la Asamblea definió su postura frente a un eventual operativo policial: “Si llega la policía con una orden de desalojo, nos vamos a hacer a un lado”, afirmó Landivar. “Dar una orden judicial contra vecinos que cuidan el área frente a los incumplimientos de la Municipalidad de General Pueyrredón demuestra que la ilegalidad es lo que prima acá”.

Del lado de la empresa, la posición oficial sostiene que el proyecto contempla un esquema de intervención “siglo XXI” y que están dispuestos a abrir una mesa de intercambio para presentar detalles técnicos y ambientales. La paradoja, como señala Landivar, es que el primer gesto concreto hacia la comunidad fue una denuncia penal pidiendo el desalojo de quienes cuidan el lugar.

Centurión explicó que “la iniciativa surge a partir de la detección de múltiples situaciones que generan confusión entre los conductores, entre ellas la existencia de cordones amarillos deteriorados o prácticamente invisibles, zonas de carga y descarga que han perdido su razón de ser debido al cierre de comercios y demarcaciones realizadas por particulares sin autorización municipal”.

La concejal plantea que “el proyecto solicita al Gobierno Municipal la realización de un relevamiento integral de toda la señalización horizontal relacionada con restricciones de estacionamiento, con el objetivo de identificar sectores con señalización desgastada o ausente, verificar la vigencia de los espacios destinados a carga y descarga y detectar intervenciones irregulares efectuadas por particulares”.

Asimismo, detalla, “se propone la creación de un canal digital para que vecinos y vecinas puedan denunciar señalización deteriorada, espacios de carga y descarga obsoletos o cordones pintados sin autorización oficial”. 

En paralelo, Centurión afirmó que “el proyecto incorpora una modificación al Reglamento de Tránsito local para sancionar la demarcación ilegítima de espacios de estacionamiento”. “La propuesta establece multas de entre el 2,5% y el 50% de la escala vigente para quienes pinten o reserven lugares en la vía pública sin autorización municipal“, agregó.

Por último, Melisa Centurión dijo que “la señalización vial constituye una herramienta fundamental para garantizar la seguridad vial, la previsibilidad en la circulación y el uso equitativo del espacio público. La falta de mantenimiento de la señalización oficial como la proliferación de intervenciones particulares generan incertidumbre y afectan el correcto cumplimiento de las normas de tránsito“.

“La iniciativa busca fortalecer la transparencia en la aplicación de las restricciones de estacionamiento, recuperar espacios públicos indebidamente ocupados y mejorar las condiciones de circulación en todo el distrito“, conluyó.