Adorni, quien planteó la necesidad de “suprimir las responsabilidades del Estado nacional vinculadas al turismo social” y avanzar hacia un modelo que permita “elevar la calidad” del complejo mediante inversión privada.

En esa línea, desde el Ejecutivo sostienen que una eventual concesión permitiría canalizar inversiones privadas para recuperar las instalaciones, mejorar los servicios y reducir el costo que actualmente implica su mantenimiento para el Estado. No obstante, aclararon que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar: no hay licitación abierta ni empresas involucradas hasta el momento.

En ese marco, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya trabaja en estudios técnicos para definir el futuro del predio, aunque todavía no hay una concesión formalizada.

Según datos oficiales, el cierre de Chapadmalal y la paralización del turismo social provocaron que Mar del Plata pierda más de 100 mil turistas en los últimos dos años. Las cifras reflejan un desplome abrupto en la cantidad de visitantes alojados en el complejo, en el marco de las restricciones aplicadas por la actual gestión.

El impacto no es menor para una ciudad cuya economía depende en gran parte del turismo, y donde el flujo constante de visitantes, incluidos los contingentes del turismo social, sostenía empleo, consumo y actividad durante todo el año.

Otro de los ejes centrales del informe estuvo vinculado al giro en la política de turismo social. A partir de modificaciones normativas recientes, el Gobierno dejó de asumir un rol activo en la prestación directa de estos programas, lo que impacta de lleno en el futuro de complejos como Chapadmalal. En ese contexto, la actividad en el predio evidenció una fuerte caída: tras cifras elevadas en años anteriores, la cantidad de visitantes se redujo de manera significativa durante el último año.

El diagnóstico oficial también puso el foco en el estado edilicio del complejo. Se reconocieron problemas estructurales, sectores fuera de funcionamiento y obras inconclusas, elementos refuerzan la necesidad de redefinir su modelo de gestión.

Cabe señalar que desde la Casa Rosada subrayaron que la Unidad Turística de Chapadmalal conserva su condición de Monumento Histórico Nacional.

Este lunes, la sede de la Cámara Argentina de la Construcción reunió a una docena de entidades del sector para alertar sobre el crítico momento que atraviesa la construcción en Mar del Plata. Los factores incluyen parálisis de la obra pública, costos que impiden arrancar proyectos privados y una carencia de respuestas oficiales.

Diego Haag, presidente del Colegio de Técnicos y coordinador del Foro, leyó un documento elaborado colectivamente durante meses. El sector perdió cerca de 120.000 puestos de trabajo a nivel nacional, el consumo de cemento se ubica por debajo de los registros de pandemia, más de 4.000 empresas constructoras dejaron de operar y el costo del metro cuadrado duplica su valor máximo histórico.

César Trujillo, secretario general de la UOCRA, reconoció sin eufemismos el estado del gremio: “Hoy no te digo que estamos en una crisis a fondo, estamos trabajando, pero estamos en una situación complicada, como el país. El salario no alcanza, no llegamos a fin de mes”.

¿Qué pasó con la “isla de la construcción”?

Mar del Plata funcionó durante años como caso atípico dentro del mapa nacional. La robustez de la inversión privada sostuvo al sector cuando la obra pública se retraía. Esa reserva también empezó a fisurarse. En diálogo con el Retrato, Haag explicó el mecanismo: “Las urbanizaciones cerradas tienen un montón de proyectos presentados y hoy la provincia no se los convalida, entonces hay un montón de proyectos que no se pueden iniciar”. A eso se le suma, aumentos sostenidos en los costos, desaceleración de la inversión e incertidumbre macroeconómica, factores que repercuten sobre la continuidad de proyectos y sobre la estabilidad de empresas y trabajadores.

Los metros cuadrados presentados ante el municipio en 2024 llegaron a 594.000, pero nadie arranca las obras. Analía Musmeci, del Centro de Constructores, explicó que “los costos se han duplicado en dólares en el sector”, y el precio de venta no ha convalidado esos aumentos. Lo que hace muy difícil comenzar un proyecto con el cual se puede perder directamente.

En consecuencia, el Colegio de Técnicos registró una baja del 20% en el ingreso de expedientes de obra privada desde 2024. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo presenta además una caída sostenida del 36% en metros cuadrados ingresados como encomiendas profesionales entre 2022 y 2024.

Juan Carlos Zamora, de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, cerró el cuadro: “El municipio no tiene fondos. La provincia está parando todas las obras por falta de fondos. Y nación ya sabemos que no invierte en obras de infraestructura. No tenemos respuestas”.

Lo que el Foro propone

El Foro plantea la creación de un Régimen de Incentivos a la Construcción similar al RIGI, con exenciones impositivas para obras privadas y de infraestructura, la securitización del sistema hipotecario a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para financiar construcción nueva (no solo compra de viviendas terminadas) y el mantenimiento urgente de los 30.000 kilómetros de rutas nacionales no concesionables.

La demanda inmediata, sin embargo, es más simple. “Lo que más pedimos es tener diálogo, incentivos, créditos hipotecarios y el inicio de algunas obras de infraestructura, para que por lo menos tengamos la expectativa de que va a haber un comienzo” resume Haag. El documento será presentado ante autoridades municipales, provinciales y nacionales.

El jueves 23 de abril la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La cautelar, impulsada originalmente por la CGT mediante un amparo, era el único escudo judicial que frenaba la aplicación inmediata de la norma. Con su caída, la ley cobró plena vigencia. Para el sector pesquero marplatense, es concreto y los trabajadores embarcados quedan formalmente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y pasan a regirse por la Ley de la Navegación, un cuerpo normativo de 1973 que a su vez remite a regulaciones de la dictadura de Onganía.

Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, caracteriza este movimiento como “una modernización laboral que nos lleva 60 años para atrás”.

El retroceso

El secretario general del SIMAPE desmintió el argumento de que la LCT era una ley vieja y obsoleta. “Es mentira. Esa ley la hizo un marplatense, Centeno, en el año 74, tuvo las modificaciones habidas y por haber y es una de las mejores leyes del mundo en términos laborales”, afirmó. La LCT convivió durante cinco décadas con la Ley de la Navegación como piso mínimo de derechos. La reforma rompe ese equilibrio: “En el caso del personal embarcado, nos sacan afuera de esa ley”. 

Trueba puso un ejemplo que resume el impacto: “Tuvimos a bordo de un barco a un tripulante al que le agarró un ACV. Por la Ley de Contrato de Trabajo, el hombre hoy se está recuperando en su casa, cubierto por la ley, y le están pagando el promedio de los salarios que tenía como si estuviese trabajando. Si hubiésemos estado en esa Ley de la Navegación pura y exclusivamente, como dice esta reforma, este hombre no cobra nada”.

El aguinaldo es otro punto de quiebre. Bajo la LCT, el trabajador percibe la mitad del mejor salario en junio y diciembre. Bajo la Ley de la Navegación, “te van a pagar la doceava parte de lo que hayas generado cada mes, y el mes que no generaste nada, no vas a cobrar nada, además, lo vas a cobrar a fin de año”. A eso se suma la desprotección por embarazo, garantizada en la LCT pero inexistente en la Ley de la Navegación, y la posibilidad de que los armadores reduzcan la dotación de los barcos por debajo de lo pactado en convenio: “Un armador si puede salir con uno o dos tripulantes menos, lo saca al barco, pero la fuerza de trabajo a bordo no te la reemplaza ninguna inteligencia artificial”, advirtió.

La trampa de la ultraactividad

Uno de los mecanismos silenciosos pero más peligrosos de la reforma es la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Antes, si un convenio vencía sin que hubiera acuerdo de uno nuevo, el viejo seguía vigente hasta que las partes llegaran a un entendimiento. Con la reforma, esa protección desaparece: “Si no renovás el nuevo, el convenio cae y queda en un acuerdo de partes entre empleador y empleado. En esa relación, el más débil siempre es el trabajador en todas partes del mundo”, señaló Trueba.

El cuadro se completa con otra restricción: “Si me quiero quejar porque me hacen un vacío y digo: voy a hacer una huelga. Tampoco puedo hacer huelga. Ahí te aclara la encerrona de cómo es”.

La zona gris y el escudo temporal

Por el momento existe un margen de protección acotado. Los convenios colectivos vigentes, que hacen referencia explícita a la LCT, tienen un año más de ultraactividad garantizada. Es decir, hasta que esos convenios venzan, los armadores no pueden aplicar la nueva normativa en forma directa.

Ya hubo un caso en el sur donde un empresario intentó imponer contratos individuales de ajuste anticipándose a la reforma, pero la vigencia de los convenios lo dejó expuesto a futuras demandas judiciales.

El momento de verdad llegará, según anticipó el propio Trueba, cuando en diciembre los armadores intenten liquidar el aguinaldo bajo las nuevas reglas.

La estrategia judicial

El SIMAPE presentó su propio amparo tres días después del de la CGT, específicamente orientado a la exclusión del personal embarcado de la LCT. El expediente recibió un dictamen favorable de la Fiscalía de Estado en el juzgado de Mar del Plata, pero por cuestiones procesales fue reasignado al juez Ojeda, quien ahora debe resolver si otorga o no una nueva cautelar para el sector.

Sobre el poder de presión del Ejecutivo sobre la Justicia, para que la ley permanezca en vigencia, el dirigente expresó: “A la presión del Ejecutivo miedo no le tengo, vamos a seguir peleándola. La justicia tiene que ser independiente. En ninguna parte del mundo se piensa que una ley como esta va a generar más puestos de trabajo, no se generan puestos si no hay inversión”

Para Carrancio, el argumento central es que el sistema dejó de cumplir el propósito para el que fue diseñado. “En las últimas elecciones no vienen teniendo el sentido para el que fueron pensadas. Claramente no resuelven nada, son un gasto gigantesco y totalmente innecesario que tienen que afrontar los contribuyentes. La administración no tiene por qué financiar las internas de cada espacio político”, afirmó en diálogo con el Retrato.

El legislador ilustró el argumento con el caso local: “Si nos remontamos a una PASO realmente competitiva en Mar del Plata, tenemos que ir al 2015, hace 10 años, entre Arroyo y Vilma. Después, ni en 2019 ni en 2023 se mostraron grandes alternativas para intendente o concejales. Fueron siempre con boleta única. Desde que se instalaron las PASO, reales y competitivas hubo muy pocas. Es un ejemplo más de lo innecesario que es el sistema actual para una ciudad como Mar del Plata”.

Las objeciones

Uno de los argumentos más frecuentes de quienes defienden las PASO es que su eliminación concentraría poder en las conducciones partidarias, quitándole a la ciudadanía la posibilidad de incidir en la selección de candidatos. Carrancio no lo consideró un argumento sólido: Lo importante es abrir la participación. Con las PASO tenés situaciones donde gente a la que no le interesa la interna de un espacio participa para torcer un resultado genuino, solo porque está obligada a ir a votar”. Su conclusión fue que “termina siendo una gran encuesta paga por la administración que no resuelve los problemas que se planteaban antes de su implementación”.

Sobre el rol histórico de las primarias como termómetro electoral, Carrancio fue igualmente escéptico: “No creo que la gente deba definir su voto en base a cómo salió una interna. Si hablamos del voto útil, no sé si justifica el gasto de una elección nacional solo para que algunos especulen con a quién votar para que no gane otro. Esas mezquindades son las que estamos tratando de evitar”.

Ficha Limpia y Boleta Única

Cabe recalcar, que la reforma no se limita a la eliminación de las PASO sino que incorpora dos elementos que se consideran igualmente relevantes. Uno de ellos es la Ficha Limpia: “Va a mejorar la representación porque, por lo menos, quienes sean candidatos van a tener que mostrar currículum y no prontuario. Si hay tanto consenso como parece, no va a haber inconveniente en que avance y se apruebe”. Sobre la Boleta Única de Papel, señaló la experiencia del año pasado como evidencia: “Fue de avanzada. La gente lo adoptó bien, funcionó muy bien y dio simpleza y rapidez al momento de votar”.

El diputado adelantó que su espacio ya presentó proyectos en la Legislatura bonaerense para replicar las tres medidas a nivel provincial: “Lo estamos buscando tanto a nivel nacional como provincial. Vemos que hay provincias, como Buenos Aires, que están reticentes a implementar este sistema exitoso”.

El camino legislativo

El proyecto ingresará por el Senado, donde el oficialismo necesita 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida. En Diputados, el umbral es de 129 legisladores.

El peronismo, que considera las PASO un instrumento clave para resolver sus disputas internas de cara a 2027, comenzó a articular una coalición opositora para frenar la iniciativa. La mayoría de los gobernadores justicialistas se manifestaron en contra de la eliminación, y bloques como el camporismo, el kicillofismo y sectores del radicalismo anticiparon su rechazo. El PRO, principal aliado del Gobierno, no tiene una posición unificada. El tratamiento en el recinto no se espera antes del segundo semestre.

Junto al Presidente del Parque Industrial, Luis Terry y de la Asociación Hotelera, Soledad Martínez (Turismo), Ayelén Borda (Jefatura de Asesores), Facundo Pistola (Desarrollo Agrario) y el concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti fueron los encargados de pormenorizar requisitos y ventajas de las líneas de crédito que ya se encuentran operativas.

En tres rondas de una extensa jornada con representantes de los sectores productivos de Mar del Plata se dieron a conocer herramientas de financiamiento impulsadas por gobierno de la provincia de Buenos Aires destinadas a potenciar la inversión, el desarrollo regional y la actividad económica.

El encuentro contó con la presencia del concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda, la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, y el director provincial de Desarrollo Productivo, Facundo Pistola. A su vez, por el Ministerio de Desarrollo Agrario participaron Nicolás Wittwer, coordinador del Fondo Agrario, y Maximiliano Fernández, Sugerente Comercial del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

La actividad se desarrolló en dos sedes claves para la vida productiva de la ciudad, como el Parque Industrial y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, y se organizó en tres instancias segmentadas por sectores: industria y puerto; agro; y turismo (hotelero, gastronómico y balnearios).

En este marco, el evento concentró una nutrida cantidad de empresarios y tuvo como eje central fortalecer el entramado productivo bonaerense y acercar instrumentos específicos a cada actividad, como pymes, empresas y actores económicos de cada sector, brindando información concreta sobre opciones de financiamiento disponibles.

La subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez dijo que “Mar del Plata es una de las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires y por eso la crisis afecta más, se ve más, y es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de esta economía diseñada por el gobierno nacional”.

Martínez planteó que “los recursos que ofreció el CFI funcionan como salvavidas y la recepción es buena. Remarcamos la importancia de un gobierno provincial que acompaña, el problema es que la macroeconomía los revienta. Entonces, de esta manera, parece que los esfuerzos que hace el gobierno provincial no alcanzan pero seguimos redoblándolos”, agregó.

Por su parte, Ayelén Borda afirmó que “la inyección de créditos y la posibilidad de acceso es una de las demandas que los sectores tienen. El argentino y el bonaerense quieren seguir invirtiendo y, cuando las tasas son competitivas, eso se hace posible y por eso la importancia del acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre otras políticas que cada uno de los ministerios desarrolla, de poder sumar esta en forma conjunta con el Consejo Federal de Inversiones”.

“Hacemos un esfuerzo enorme, administrando los recursos para que se puedan redistribuir. En el caso de las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, también son fondos de la Provincia de Buenos Aires que se ponen a disposición con una eficacia a la hora de la distribución y de pensar una provincia productiva, porque creemos que la provincia, cada municipio y el país se van a levantar solo si lo hacemos con el sector público y el sector privado, trabajando en sinergia, aun cuando tenemos un gobierno nacional que nos quiere ver de rodillas a nosotros y a ese sector industrial que tanto nos identifica como argentinos”, añadió.

Por último, Gustavo Pulti afirmó que “los créditos funcionan, tienen operatividad y sentido en este contexto económico difícil. La voluntad política del gobernador es estar cerca y nosotros como vecinos de Mar del Plata queremos colaborar en la gestión de las soluciones”.

El ex intendente expresó que “nosotros no suscribimos al modelo libertario de sálvese las empresas. que pueda. Destruir empresas es fácil, construirlas es muy difícil. La constelación libertaria prometió más actividad privada pero se está convirtiendo en un cementerio de persianas cerradas”.

El Fondo de Garantías del Consejo Federal de Inversiones permite acceso a líneas de créditos e instrumentos financieros del mercado de capitales a empresas con proyectos estratégicos. En ese marco, se encuadran proyectos de inversión productiva para el sector privado por montos desde 500 hasta 5.000 millones, iniciativas que sean estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la Provincia y cuentan con un impacto directo en las economías regionales.

Asimismo, existen tres líneas: Competitividad pyme, con créditos de hasta 100 millones de pesos; Financiamiento verde, que trabaja con cuestiones vinculadas con el ambiente, paneles solares y reconversión energética, que permite hacer frente a las asfixiantes tarifas con créditos de hasta 200 millones; y Mujeres, que establece un financiamiento similar con la condición de contar con pymes que tienen el 50 por ciento de mujeres en su composición o el 20 por ciento en roles de gerencia.

Durante gran parte del mediodía y las primeras horas de la tarde, la intersección de Luro e Yrigoyen quedó bloqueada por la confluencia de columnas que llegaron con distintas banderas buscando respuestas. Los cortes se extendieron hacia La Rioja, San Luis y la Avenida Independencia, con desvíos preventivos dispuestos por Tránsito municipal. Varias líneas de colectivos debieron modificar sus recorridos habituales por Luro, complicando la circulación durante horas en el microcentro marplatense.

Los sectores en la calle

Los prestadores y transportistas de personas con discapacidad se concentraron frente al municipio desde las 9 de la mañana. Acumulan deudas de hasta ocho meses por parte de las obras sociales, con centros de día que ya redujeron jornadas o cerraron y transportistas que no tienen dinero para cargar combustible. Junto a ellos, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marchó también en respaldo al reclamo de los médicos de cabecera de PAMI, quienes denuncian un recorte real del 35% en sus ingresos tras la resolución del 26 de marzo.

Paralelamente, el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) concretó finalmente sobre las 10 de la mañana, la movilización postergada desde el lunes en reclamo por el desalojo de La Saladita y las 330 familias sin trabajo desde el operativo del 15 de abril. Completaron la jornada el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y agrupaciones del Frente de Lucha Piquetero.

Dentro del Concejo

Mientras la calle hervía, las médicas Gabriela Del Valle y Natalia Mariscal exponían ante la Comisión de Salud el impacto real de la resolución de PAMI. El plazo para adherir o rechazar el nuevo esquema contractual vence el 25 de abril, el recorte quedará vigente de manera automática para los 160 médicos de cabecera de la ciudad, con un promedio de 700 afiliados cada uno.

El detonante de la movilización fue la revelación de que el Banco Nación habría bajado el puntaje mínimo de scoring de 909 a 800 para facilitar el acceso a créditos hipotecarios a funcionarios con cargos políticos temporarios, el mismo tipo de estabilidad laboral que, para cualquier empleado estatal común, es precisamente el obstáculo que bloquea ese tipo de préstamo. A nivel nacional se destacan los casos de Felipe Núñez ($373 millones), Federico Furiase ($367 millones) y los legisladores Sharif y Nazarena Menem, con casi $600 millones entre ambos.

En Mar del Plata, el gremio señaló al diputado Alejandro Carrancio, a quien vinculan con la obtención de un crédito de aproximadamente $146 millones en noviembre de 2024. Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata, opinó al respecto en diálogo con el Retrato: “Aquí en nuestra ciudad está figurando Carrancio en el listado. Hay una casta que representa al gobierno nacional y estos créditos son para los poderosos de siempre”

La brecha que la protesta quiere volver visible

La acción es simbólica es que cientos de afiliados se reúnen en las sucursales a solicitar formalmente los mismos préstamos que recibieron los funcionarios, para exponer que bajo las reglas vigentes un empleado estatal promedio no califica ni para una fracción de esos montos. “El sueldo de un trabajador estatal ronda los 800.000 pesos. Los créditos que otorgan son en función del salario. Con ese salario, acceder a una vivienda que se cotiza en dólares es prácticamente imposible” explica Rey

Otro agravante es la situación salarial general del sector. La canasta básica relevada por el Frente de Estatales ronda los $2 millones. Frente a ese número, los $800.000 de salario promedio ubican a la mayoría de los trabajadores formales del Estado en una situación que Rey califica como de “indigencia”

Las tres demandas concretas

Más allá de la denuncia de privilegios, ATE articuló tres exigencias precisas al gobierno nacional. La reapertura de la paritaria, la reincorporación de los trabajadores despedidos (“no somos ñoquis, somos quienes vehiculizamos las políticas públicas”, remarcó Rey) y el cese del desfinanciamiento de los organismos nacionales. “Vamos a estar donde tenemos que estar, en nuestro escenario de lucha que es la calle, dando la pelea para tratar de quebrar las políticas que simplemente nos ajustan como pueblo”, concluyó la dirigente.

Ningún organismo respondió al petitorio entregado el 18 de febrero. Ninguna mesa de trabajo se conformó. Ningún funcionario tomó el teléfono. Ese fue el puntapie para la segunda convocatoria de “Mar del Plata Despierta”

“Fue como si la marcha no hubiera existido”, había resumido Del Palacio en días previos a la convocatoria. Este sábado, frente a la concentración, agregó: “Hoy no tenemos ningún petitorio para presentar a la Municipalidad ni a nadie, porque no nos interesa ya lo que nos digan. No nos interesa que digan: vamos a tener una mesa de trabajo, porque la gente que nos quiere escuchar hoy está acá”.

El argumento central del discurso fue la distinción entre falta de información y falta de decisión. “Lo que está pasando en Mar del Plata no es normal, y lo peor es que nos quieren hacer creer que es la normalidad. Todos saben lo que pasa. Lo que hay es una falta de decisión. Lo que falta es alguien que quiera hacer las cosas que hay que hacer”, sostuvo Del Palacio ante la concentración.

Los números de una ciudad “asediada”

Del Palacio abrió su intervención con datos propios. En los últimos dos meses, afirmó, la inseguridad se cobró cerca de 11 muertos en la ciudad. Entre ellos, un comerciante de Colón al 7500 que murió en el hospital tras el ingreso de dos delincuentes a su local. “¿En qué medio salió? Si nosotros no hubiéramos hecho eco de ese reclamo, no hubiera salido en ningún lado”, denunció. En materia de robo automotor, precisó que solo en el mes de abril, aún sin cerrar, se habían sustraído más de 650 vehículos en la ciudad.

La hipótesis que Del Palacio sostiene desde hace tiempo y que reiteró esta noche es que el robo automotor en Mar del Plata no es oportunista sino que responde a una organización mayor: “Ya es una estructura criminal organizada. Vehículos robados en Mar del Plata aparecen a las 24 o 48 horas en Necochea, en Miramar, en Pinamar, en Gesell, con otro número de patente, con la numeración cambiada. Para que haya una red tiene que haber alguien que la permita. Tiene que haber complicidad”.

El discurso de Del Palacio articuló demandas diferenciadas para cada nivel del Estado. Al municipio le exigió iluminación, cámaras operativas, control de predios y erradicación de basurales: “No pueden seguir mirando para el otro lado. No nos sirve que venga un funcionario a levantar una caja de un televisor del centro cuando tenemos basurales en los barrios donde la gente está viviendo entre las ratas”. Describió haber recorrido zonas periféricas donde las viviendas son estructuras de pallets y nylon: “Eso no me pueden venir a decir que es un tema de provincia o de nación. Eso le compete al gobierno municipal”.

A la Provincia le reclamó móviles en condiciones, sueldos dignos para los efectivos y la reapertura de la escuela de policía, que lleva tiempo sin formar egresados. “Sin formación no hay efectivos, y sin efectivos la calle queda liberada”, afirmó. A la Justicia le apuntó directamente por los tiempos de los allanamientos: “Nos ha pasado de vecinos que fueron a la casa del delincuente con la policía, el vehículo estaba efectivamente ahí, llamaron a fiscalía y les dieron el allanamiento en tres días. ¿Saben lo que encontró el vecino? La patente”.

Escraches y ocupación del hall municipal

La parte más disruptiva del discurso llegó hacia el final, cuando Del Palacio anunció que esta fue la última movilización de carácter pacífico. “Nos vamos a encargar de encontrar las direcciones de cada uno de los responsables de la seguridad de Mar del Plata, y vamos a ir todas las noches a su casa a aplaudirles para que se den cuenta de que no se puede estar tranquilos en su propia casa”. Mencionó explícitamente al conductor de la Jefatura Departamental Gastón Herrera, al intendente, al Secretario de Seguridad de la Municipalidad Rodrigo Goncalves y a otros funcionarios vinculados a la cartera de seguridad. “Vamos a copar el hall de la Municipalidad”, concluyó.

La concejal radical Vilma Baragiola tomó distancia del ritmo que el oficialismo pretende imprimir al tratamiento del pliego de licitación del transporte público de Mar del Plata y Batán, y advirtió que apurar el proceso equivale a “arrancar mal”. Su posicionamiento, expresado en la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, abre una tensión política que promete extenderse durante las próximas semanas.

Baragiola recordó que la actual concesión fue licitada en 2004 y 2005, que lleva entre siete y nueve años vencida, y que el pliego acumula modificaciones desde 2015. “Pensar un sistema a 20 años no lo podés generar en un mes trabajando en un pliego que tiene mil hojas mínimo”, afirmó.

Para la dirigente, la magnitud de lo que está en juego exige un debate que trascienda el intercambio entre funcionarios del Ejecutivo y concejales. Reclamó que se convoque a técnicos, representantes legales y gremios, y que se incorporen los planteos de vecinos e instituciones antes de avanzar sobre el contenido del documento. “Prefiero conversar mano a mano con quienes forman parte del sistema, recoger esas inquietudes y luego trasladarlas para que el Ejecutivo dé respuestas”, sostuvo.

Las calidades del servicio

El pliego, señaló Baragiola, debe anticipar transformaciones que el sistema de transporte marplatense no ha resuelto. Entre los puntos que enumeró figuran la extensión de recorridos hacia barrios periféricos de crecimiento acelerado, la incorporación de tecnología y criterios ambientales en la flota, la definición del modelo de pago, el cumplimiento efectivo de frecuencias, y la ecuación entre kilómetro pasajero y kilómetro recorrido. También mencionó la situación de quienes residen en zonas como Félix U. Camet o El Casal, donde el acceso al servicio depende de combinaciones con rondines y, ante eventualidades como el corte de un puente, queda directamente suprimido.

Baragiola contrastó la calidad de las paradas del macrocentro, iluminadas y con publicidad, con las de zonas como Belgrano y Gandhi, donde el equipamiento se reduce a “cuatro palos y un techito de chapa”. Propuso financiar mejoras en paradas periféricas con los ingresos publicitarios que hoy se concentran en el centro.

El temor a la licitación desierta

Sobre la posibilidad de que la licitación quede desierta, como ya ocurrió en intentos anteriores, Baragiola vinculó el riesgo directamente al esquema de inversiones. “Quiero ver si el Ejecutivo municipal tiene pensado generar inversiones por municipio, o volcar todas las inversiones sobre el privado, que eso también hace que se presenten o no”, planteó.

El valor del boleto, en cambio, quedó deliberadamente fuera de su análisis del pliego. La concejal fue enfática en separar ambas discusiones, el pliego establece bases y fórmulas polinómicas para la determinación futura de tarifas, pero no fija el precio del pasaje. Esa facultad, recordó, recae sobre el Concejo Deliberante y requiere un análisis independiente que contemple subsidios, valor del combustible y posibles esquemas diferenciales. Las empresas actuales solicitan un boleto de 2.500 pesos, pero esa negociación transcurre por otro carril institucional.

Respecto de los subsidios nacionales y provinciales, Baragiola aprovechó para reiterar un reclamo histórico como es la inclusión de Mar del Plata en el esquema tarifario del Área Metropolitana de Buenos Aires o, en su defecto, la creación de una nueva región de transporte del interior bonaerense. Esa gestión, remarcó, es responsabilidad del intendente ante las autoridades provinciales y nacionales.

Con la propuesta de la presidencia de la comisión de habilitar 15 días para que los concejales acerquen preguntas a los funcionarios aún sobre la mesa, Baragiola dejó en claro que ese plazo no le resulta suficiente y que trabajará en paralelo sobre antecedentes e insumos propios. “Si logramos consensos donde la mayoría del Concejo pueda aportar y hacer un pliego que realmente le dé respuesta al usuario, mejor todavía”, cerró.

Fue silencioso y gradual, un horario que se adelantó media hora, después una hora más, después ya directamente el cierre al mediodía. Los comerciantes del centro y macrocentro marplatense construyeron, sin coordinación oficial ni respuesta institucional, un sistema propio de supervivencia frente a la inseguridad. Sus herramientas son modestas, grupos de WhatsApp que funcionan como centrales de alerta, alarmas y cámaras costeadas de bolsillo, seguridad privada compartida entre vecinos de cuadra, y la decisión, cada vez más extendida, de no estar en la calle cuando cae el sol.

“Llamé al patrullero, no vinieron nunca”

Adriana Aguirre atiende su mercería en Alberti al 3029 hasta las dos de la tarde. Después cierra. La decisión no es caprichosa. Los vecinos de la zona se alertan entre sí por WhatsApp y tienen identificados a quienes rondan el perímetro. “Acá a la vuelta hay mucha revuelta fea. En Buenos Aires y Gascón es terrible, pero sobre todo ya a media tarde, tipo cinco, ahí arranca hasta la noche, que está brava.”

Matías Berengeno lleva 20 años al frente de la cotillonería Felicity, sobre Alberti al 2000. Reconoce que su esquina, con parada de taxis, de colectivos y una estación de servicio enfrente, le otorga una exposición menor que la de otros locales más recogidos. Pero no sobredimensiona esa ventaja. “Negar que hay más gente en la calle dando vueltas sería querer tapar el sol con las manos”, afirmó. “La zona no es segura, cuando baja el sol se pone complicado. Te vas una cuadra para Gascón o una cuadra para Garay y ya es otra cosa”

A pocas cuadras, sobre Colón y Entre Ríos, Darío Ilincheta administra un kiosco y mercado donde la inseguridad ya rediseñó su modelo de negocio. Cierra a medianoche, antes lo hacía a las dos de la madrugada, y desde las seis de la tarde tiene al menos dos personas en el local. La razón es que “a uno solo te lo encaran. Uno te hace el verso de que te pregunta algo acá, te manda a buscar algo atrás y el otro te roba acá adelante.” Asegura que es la única solución que tiene “La otra es cerrar, y no me lo puedo permitir”

“Están filmados, están identificados, y siguen estando”

En el microcentro la cosa no es diferente, Muriel Romano, de la tienda infantil Timmy en Catamarca casi Rivadavia, cierra a las siete y media y paga seguridad privada con botón de pánico junto a otros comerciantes de la zona. “No es solo acá en el centro. Salen los chicos del club Once Unidos y les roban los celulares, el otro día en la esquina, a dos cuadras de mi casa en Tejedor, le robaron la mochila con los patines a las nenas. Está terrible en todos lados.” Romano conoce de vista a varios de los que deambulan por la zona. Uno de ellos vive a media cuadra de su casa. “Ya estuvo preso por robar en el barrio. Pero los guardan dos horas y los largan. Eso es lo que pasa.”

En la peatonal San Martín esquina Córdoba, Juan Pablo Valentini atiende la quiniela y tabaquería Jockey Club. Lleva años observando el mismo escenario desde el mismo mostrador. El grupo de comerciantes del que forma parte recibe alertas permanentes: “Hoy, por ejemplo, una de las chicas en el grupo dijo que si había alguno vendiendo vinos, que por favor le avisemos porque le rompieron la vidriera y le sacaron botellas.”

Valentini no le adjudica la responsabilidad únicamente a las fuerzas de seguridad. El nudo, a su entender, está más arriba. “Están todos identificados, filmados, todos con fotos, y siguen estando. Sabe la comisaría, sabe quiénes son y cómo llegan. Que la comisaría de por sí no tiene nada, se le entrega a fiscalía y fiscalía los deja libres. Lamentablemente es así.” Y puso de ejemplo a una persona filmada intentando incendiar la ropa de un local hace algunos meses. Fue detenida, liberada, y hoy sigue recorriendo la peatonal. “No estoy diciendo métanlo preso. Reténganlo en un lugar donde tengan cuidado. No siga perjudicando a la gente.”

Desde la librería Gnosis, en Catamarca casi Luro, Ricardo acumula siete ingresos delictivos en los últimos años. Entraron por el fondo, atravesaron paredes, accedieron a departamentos del piso superior. El local fue declarado “manzana marcada” por un fiscal tras uno de los episodios. Hoy cierra a las 6:30 de la tarde, antes lo hacía a las nueve de la noche.

El grupo de comerciantes al que pertenece procesa decenas de alertas por día. “En menos de dos minutos tenés 160 tipos que están diciendo: me robaron tal, va con tal mochila, está caminando por San Luis”