En línea con la iniciativa que ultima el Gobierno nacional para enviar al Congreso, el proyecto impulsado por el diputado bonaerense Juan Osaba, y que lleva la firma de otros ocho legisladores del bloque, busca instaurar el principio de autonomía de la voluntad en la fijación de honorarios y comisiones.
En ese sentido, el proyecto ingresado a la Cámara baja busca modificar los artículos de la Ley Provincial N°10.973 que regulan la profesión de los martilleros y corredores públicos. De esta manera, el bloque libertario apuntan a que la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventas de inmuebles pueda ser ejercida por “personas humanas o jurídicas no matriculadas”.
“Bajo esta propuesta, se reconoce que las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos”, puntualizó Osaba en los fundamentos del texto.
De acuerdo a la legislación actual, la persona que sin ser martillero o corredor público realice operaciones inmobiliarias, participe y/o facilite la realización por otros de los funciones o actividades reservadas a los profesionales, será multada con “hasta el duplo de los honorarios percibidos”. A contramano, la iniciativa libertaria propone excluir de las infracciones a toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título habilitante.
“Al imponer un monopolio de intermediación basado en una matrícula, para tareas que son esencialmente comerciales, el Estado Provincial excede su poder de policía, transformando una regulación profesional en una barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente quién los asiste en la disposición de sus bienes. La sociedad civil se ve privada de ejercer una actividad económica legítima por el solo hecho de no pertenecer a una corporación profesional”, cuestionó Osaba.
Por último, el articulado del proyecto designa al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense como autoridad de aplicación, quien estará encargada de dictar las normas complementarias para la implementación de la libre intermediación inmobiliaria en el territorio provincial.
El timming del envío de esta propuesta por parte de los libertarios no es casualidad. A principios de este mes, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo a una reunión con las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense para analizar el avance de la eventual reforma. Si bien el proyecto de Osaba aún no estaba ingresado en la Legislatura, desde el Ministerio nacional de Desregulación y Transformación del Estado estaban preparando la letra chica del texto para enviar al Congreso.
Durante el encuentro, del que participaron el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia, Luis Eusebio Colao, el vicepresidente Alfredo Lavalle y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco, los representantes del sector expusieron sus cuestionamientos a la denominada “desregulación inmobiliaria” que prepara el Gobierno nacional.
Según informaron desde el Colegio profesional, Massa compartió la visión de los dirigentes inmobiliarios respecto de la iniciativa oficial y comprometió el acompañamiento político del Frente Renovador ante una eventual modificación del esquema vigente. El exfuncionario nacional manifestó además su respaldo a las instituciones profesionales como herramientas de control y protección para los usuarios de los servicios inmobiliarios.
En paralelo al compromiso que Massa asumió ante las autoridades del Colegio de Martilleros bonaerense, el diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, volvió a poner en agenda una iniciativa orientada a fortalecer la regulación de la actividad. El dirigente oficialista reingresó un proyecto que había perdido estado parlamentario y que busca actualizar distintos aspectos de la normativa que rige el ejercicio profesional.
Entre los cambios propuestos, la propuesta del massismo modifica las incompatibilidades para ejercer como martillero y corredor público. En particular, el texto establece que no podrán matricularse de manera simultánea quienes desarrollen otras profesiones u oficios que generen conflictos de intereses respecto de actos profesionales o de eventuales designaciones como auxiliares de la Justicia. Es decir que, mientras el Frente Renovador quiere fortalecer el trabajo de los martilleros, desde La Libertad Avanza buscan quitarle la exclusividad de la compraventa de inmuebles.
]]>La maniobra se produjo durante la sesión ordinaria de la Cámara baja, cuando los diputados aprobaron la renuncia del consejero titular del PRO, Martín Endere, una disposición que derivó automáticamente en la caída de la suplencia que Miranda ejercía dentro del organismo desde julio de 2022.
Como parte del mismo movimiento, Garciarena volvió a proponer a Endere como consejero titular, aunque esta vez se reservó para sí mismo el lugar de suplente. De esa manera, el legislador alineado con el senador nacional Maximiliano Abad quedó posicionado dentro de uno de los organismos institucionales más relevantes de la provincia de Buenos Aires, mientras que Miranda perdió representación en el cuerpo encargado de intervenir en los concursos y procesos de selección de magistrados.
La decisión no pasó inadvertida dentro del radicalismo. Es que, detrás de una modificación administrativa que se votó sin mayores sobresaltos en el recinto, varios dirigentes leyeron una nueva demostración de fuerza del sector abadista frente al espacio que conduce Fernández, luego de meses de tensiones por la conducción partidaria y las estrategias electorales de la UCR bonaerense.
En ese marco, el desplazamiento de Miranda fue interpretado como una jugada destinada a reducir los espacios de representación del sector referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen, pese al impasse entre las distintas facciones para alcanzar la renovación de autoridades del Comité Provincia de la UCR.
Los movimientos de Garciarena en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura bonaerense está integrado por 18 miembros y tiene entre sus principales funciones la selección de candidatos para ocupar cargos judiciales. La Legislatura provincial aporta seis representantes titulares y seis suplentes, distribuidos en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado, respetando la proporcionalidad de las distintas fuerzas políticas.
En ese contexto, la representación legislativa dentro del organismo suele ser objeto de negociaciones políticas de peso, debido a la incidencia que tiene el Consejo en el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense. Por eso, el corrimiento de Miranda trasciende el plano administrativo y adquiere una dimensión política dentro de la puja que mantienen los distintos sectores del radicalismo.
La jugada de Garciarena también contó con el acompañamiento del resto de los bloques legislativos, que avalaron la modificación sin objeciones durante la sesión. Incluso, fue llamativo que La Libertad Avanza no reclamara el lugar vacante, pese a haberse consolidado como la principal fuerza opositora dentro de la Cámara de Diputados bonaerense.
Así, detrás de una modificación que pasó casi inadvertida en el recinto, el abadismo sumó una nueva victoria interna sobre el sector de Miguel Fernández. La disputa se trasladó esta vez al Consejo de la Magistratura, uno de los organismos más codiciados de la provincia por su influencia en los procesos de designación judicial.
]]>Es preciso mencionar que, la medida fue formalizada a través del Decreto 568/2026, y contempla un subsidio destinado a ejecutar el Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en territorio bonaerense.
Según se desprende de los fundamentos expuestos por la administración de Axel Kicillof en el decreto publicado este mismo jueves, el objetivo central de la iniciativa es profundizar las tareas de investigación en los cementerios de Mar del Plata y Magdalena, donde “es posible encontrar restos de personas detenidas-desaparecidas” durante los años dictatoriales.
En ese marco, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires remarcaron que la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense resulta “indispensable no solo para identificar a personas víctimas de desaparición forzada, sino para contribuir de manera fundamental a la consolidación de una cultura de los derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia”.
En tanto, el Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires también apunta a fortalecer las pruebas en causas judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad, sustentado en que las investigaciones previas permitieron conocer, revelar y probar las características de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado.
De acuerdo a lo que dejaron trascender, el financiamiento de la iniciativa que se llevará a cabo en los municipios de Mar del Plata y Magdalena será afrontado con partidas del Presupuesto General 2026 y cuenta con el aval de los ministerios bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Gobierno.
El Equipo Argentino de Antropología Forense que llevará a cabo el proyecto es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la investigación, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas. Es que, desde su creación en Argentina, el organismo desarrolló tareas vinculadas a violaciones de derechos humanos tanto en el país como en distintas partes del mundo.
Para realizar su trabajo, el equipo utiliza herramientas provenientes de distintas disciplinas forenses, entre ellas antropología, arqueología, medicina, genética, biología y geografía, con el objetivo de reconstruir identidades y determinar causas de muerte en contextos complejos. Además de intervenir en casos de desaparición forzada, el organismo trabaja en investigaciones relacionadas con violencia política, institucional, étnica, religiosa y de género, así como en situaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.
Al mismo tiempo, el Equipo Argentino de Antropología Forense participó en investigaciones sobre conflictos armados, guerras, accidentes y catástrofes humanitarias, y desempeñó un rol clave en la identificación de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas.
Uno de los aspectos destacados por el organismo es el acompañamiento permanente a familiares y comunidades durante los procesos de exhumación e identificación. Debido a su prestigio internacional e independencia técnica, el Equipo Argentino de Antropología Forense suele intervenir tanto como perito de parte solicitado por familiares como por requerimiento de jueces, fiscales y organismos internacionales.
]]>El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP), licitó la Etapa 2 de la obra de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, mientras avanza los trabajos de la primera etapa.
Con la presencia de autoridades del Ministerio se llevó adelante el acto de licitación en la que se recibieron 4 ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación, con una inversión, en esta etapa, de $4.783.371.051,83.
Al respecto, Katopodis expresó: “Hoy licitamos la segunda etapa de la obra de la Rambla de Mar del Plata, una intervención muy importante para seguir recuperando uno de los espacios más emblemáticos de la Provincia.”
Y agregó: “Vamos a realizar obras estructurales claves para garantizar su recuperación y conservación en el tiempo, junto con trabajos de restauración edilicia orientados a recuperar los valores patrimoniales del conjunto, respetando su identidad original y mejorando sus condiciones de uso.”
“La Rambla es parte de la historia de Mar del Plata, del turismo social y del encuentro de millones de bonaerenses y argentinos con el mar. Por decisión del gobernador Kicillof seguimos recuperando patrimonio público y poniendo en valor infraestructura que es de todos y todas”, concluyó Katopodis.
La Etapa 2 comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios. El estado actual de estos sectores presenta un gran deterioro, principalmente el del Casino.
Las intervenciones incluyen, por un lado, obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como el retiro de los solados, condicionamiento y renovación de los contrapisos e impermeabilización; tendido de una nueva red cloacal y red de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; tendido de una nueva red eléctrica en las recovas, con bocas, canalizaciones y tableros, lo que permitirá recuperar la iluminación de estos espacios dotándolos también de nuevas luminarias construidas en base al diseño de las originales; la renovación total de los cielorrasos y de los baños públicos.
En tanto, las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican la reposición integral de los solados históricos; reposición de piezas pétreas; recuperación de frentes de locales comerciales; colocación de bancos y cestos de residuos; y la recuperación de espacios verdes y parquización en el lateral, en dirección hacia el Skate Park.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está realizando una inversión extraordinaria de $22.901 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino, que se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución. Se trata de la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941.
El proyecto implica la refacción y renovación integral de la Rambla con tareas de recuperación, restauración y recambio de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad y equipamiento urbano. Incluyen además la restauración del boulevard y recovas; la reparación de los desagües pluviales y cloacales; la renovación del sistema de iluminación y la reconstrucción de los sectores verdes.
Actualmente, las intervenciones de la Etapa 1 se encuentran en marcha en distintas áreas. En el Casino y Hotel Provincial se realizó el desmonte y retiro de pisos, tareas de replanteo, nivelación y el reacondicionamiento de contrapisos, y se repusieron solados graníticos. Actualmente se están ejecutando tareas de reajuste de las baldosas que se encontraban sueltas, con su correspondiente tomado de juntas.
Asimismo, en el Frente Marítimo y lateral del Hotel Provincial se ejecutaron tareas de cateo y verificación de la estructura de los baños, vestuarios, locales y espacios del sector bajo Rambla. Entre mayo y junio, iniciarán las tareas de retiro de solados existentes, trabajos de nivelación y reacondicionamiento de contrapisos, así como la colocación de solados graníticos de reposición.
Además, se realizará el recambio de instalaciones pluviales obsoletas, la renovación del mobiliario urbano y la instalación de una rampa accesible hacia el sector de playa.
En la Plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos, el recambio de instalaciones pluviales obsoletas y el reordenamiento de instalaciones eléctricas. En este sector se debió abordar de manera inmediata el cateo y la impermeabilización de las cocheras que se encuentran por debajo de la plazoleta, que incluyó tareas de reparación de ductos, sellado de juntas, grietas y fisuras, y la impermeabilización de conductos y su refuerzo superficial.
Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional y de interés provincial, resignificando la identidad de la rambla y de la ciudad. Este nuevo espacio mejorado para el disfrute de las y los marplatenses fomenta la integración urbana y social, a la vez que impulsa el turismo. A su vez, permitirá disminuir la contaminación visual en el frente costero y optimizar la seguridad peatonal de los y las habitantes y más de 3 millones de turistas que transitan esta zona cada año.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos optó por un proyecto que propone restaurar y recuperar la impronta de la Rambla de sus orígenes, que le otorgó el arquitecto Bustillo. Actualmente, el sitio cuenta con baldosas originales (alrededor de un 30% del solado) cuya conservación se priorizó por el proyecto. Una vez rehabilitadas, sirven de referencia para la fabricación y reposición de otras nuevas.
En este sentido, la empresa contratista presentó las muestras correspondientes, que fueron realizadas por técnicos del CONICET, y permitieron al fabricante reproducir la composición material, granulometría y tonalidad cromática de las baldosas originales.
[8:58 p. m., 27/5/2026] Turco Tri: Por este tema para hablar por tel está disponible el asesor del ministerio de infraestructura Santiago Gutiérrez quien estuvo presente en la plata y es marplatense y funcionario provincial
En un extenso posteo en redes sociales, el funcionario de Axel Kicillof denunció el “plan sistemático de privatización y vaciamiento” que busca llevar a cabo el Gobierno de Javier Milei y advirtió que, con la resolución publicada esta semana por la secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, “más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo”.
Es preciso mencionar que, la crítica de Costa se produjo pocas horas después de que el Ejecutivo nacional publicara la resolución 129/2026, a través de la cual se estableció que personal de planta permanente de los complejos de Chapadmalal quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026.
En tanto, la resolución afecta particularmente a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, luego de que el Gobierno avanzara con una reorganización administrativa en el ámbito de la Secretaría de Turismo y Ambiente. Así, el texto oficial publicado esta semana sostiene que la medida apunta a “optimizar su estructura funcional y garantizar una gestión eficiente de los recursos disponibles”.
“Las Unidades Turísticas de Chapadmalal (PBA) y Embalse (Córdoba) no son sólo ladrillos, son Monumentos Históricos Nacionales y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora. Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos“, planteó el ministro de la provincia de Buenos Aires al cuestionar el rumbo adoptado por la administración de Milei.
En la misma línea, Costa vinculó la situación con el Decreto 216/2025 que modificó la Ley Nacional de Turismo, al señalar que en esa decisión el Gobierno eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, lo que derivó en lo que el Ministro definió como un “resultado demoledor”. “De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y2026”, remarcó el funcionario de Kicillof.
En relación con la unidad de Embalse, el ministro bonaerense aseguró que existe una “parálisis total” y sostuvo que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de una resolución efectuada este mismo año, “le quitó el destino turístico al predio alegando que está subutilizado”. Para Costa, se trata de “una trampa administrativa” que luego habilitaría su venta, enajenación o concesión directa a privados.
“El vaciamiento en Embalse es absoluto: empleados contratados despedidos y el personal de planta permanente en disponibilidad. Ya no quedan trabajadores estatales custodiando el predio. Todo el complejo permanece cerrado bajo llave al pueblo. ¿Y en Chapadmalal? El camino es el mismo. Las unidades fueron declaradas innecesarias y transferidas a la AABE. Manuel Adorni ya ratificó el objetivo real: licitar y entregar estos hoteles históricos al sector privado para su explotación comercial”, escribió Costa.
Por caso, Costa también cuestionó el desalojo de familias que residían dentro del predio y señaló que la crueldad del Gobierno nacional “es total”. Es que, de acuerdo a lo expuesto por el Ministro, la Justicia ordenó el desalojo de 30 familias de trabajadores históricos que vivían en el predio de Chapadmalal, que se encontraban al cuidado de las instalaciones. “Mientras tanto, la única excepción al ajuste es la Residencia Presidencial. El chalet, la pileta y el helipuerto siguen siendo de uso exclusivo. Privilegios para arriba, exclusión para abajo”, disparó el funcionario.
En paralelo, el ministro recordó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente el control del complejo turístico de Chapadmalal, desde que la administración de Milei anunció el pase a la AABE en 2025. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, sostuvo Costa, al tiempo aseguró que el Ejecutivo de Kicillof mantendrá acciones tanto en la Justicia como en los ámbitos legislativos y territoriales.
“No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios. Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos”, concluyó el funcionario de Kicillof, que esta misma semana salió al cruce del nuevo ataque del Gobierno nacional al turismo social.
La Cámpora y Kicillof se abroquelan contra la privatización de Chapadmalal
En abril de este mismo año, la senadora bonaerense de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley para que la administración provincial recupere la titularidad y la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística de Chapadmalal, a fin de evitar la concesión privada del predio.
En ese sentido, la iniciativa ingresada en la Cámara baja cuestiona la “desnaturalización del fin social” del complejo de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei y establece que la totalidad del complejo y los edificios “pasen a formar parte del patrimonio histórico y social de la Provincia” para que sean afectados al turismo social.
“La reciente determinación de la administración federal de clausurar las instalaciones y proyectar esquemas de concesión a particulares por el término de 30 años constituye una desviación de la finalidad pública de la Unidad Turística de Chapadmalal”, puntualizó Raverta.
Es que, pocos días antes de la presentación del proyecto de la senadora camporista, el jefe de Gabinete señaló que el objetivo del Gobierno es habilitar una concesión a 30 años para “traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”.
De esta manera, la legisladora de La Cámpora apuntó a que el Ejecutivo provincial garantice el funcionamiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal “mediante la articulación con los programas de turismo social existentes o aquellos que se establezcan a tal efecto, asegurando el acceso prioritario de jubilados, delegaciones escolares, municipales y provinciales”.
]]>El concejal de AM/MDF propuso “impulsar una red de ciudades en defensa de la zona fría”. Anticipó la presentación en el Concejo Deliberante de Mar del Plata y propuso hacerlo en los 135 municipios de la PBA.
El concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, participó del encuentro en Villa Gesell contra el fin del régimen de la zona fría. La convocatoria fue lanzada bajo el lema “No al quite de la Zona Fría” e incluyó al anfitrión Gustavo Barrera, la diputada nacional Jimena López, intendentes y concejales de la Quinta Sección Electoral.
La conclusión principal del encuentro fue que la eliminación del beneficio tendría un “impacto muy negativo” sobre miles de vecinos y hogares bonaerenses en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de alimentos y servicios públicos, advirtieron los participantes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos.
Allí, el concejal describió que la decisión del Gobierno Nacional de eliminar este beneficio pone en alerta a muchos municipios del interior y la costa bonaerense, donde las bajas temperaturas durante gran parte del año impactan de lleno en el consumo residencial de gas.
En ese marco, Pulti afirmó que “el derecho a la zona fría no está basado en un capricho sino en una realidad climática. Tampoco es un subsidio, sino una forma justa y equitativa de afrontar el costo de los servicios de gas natural”.
El exintendente planteó que “tenemos que convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas nuestras ciudades y unirnos en defensa del beneficio de la denominada zona fría, sin prejuicios partidarios ni ideológicos y sin preguntarle a ningún vecino a quién votó ayer”.
“Lo importante es estar de acuerdo en defender los derechos de la zona fría porque, cuando lleguen las facturas, esto se puede transformar en un gran problema para los vecinos y vecinas de todas las ciudades”, agregó.
Por último, Gustavo Pulti dijo que “el gobernador Kicillof ha tomado una determinación clara: transita el camino de defender los derechos de los bonaerenses. Podemos contar con él”.
“Tenemos que desarrollar una acción ciudadana concertada en todos nuestros distritos. El Senado se tiene que poner los pantalones largos y dar un ejemplo de compromiso con los bonaerenses”, concluyó.
En el documento difundido tras la reunión, los dirigentes señalaron que “la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y sostuvieron que “defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades”.
]]>Entre quienes recibieron este importante elemento, se destacan el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Victorio Tetamanti y el HIGA Dr. Oscar Alende, ambos de General Pueyrredón;
En 2019, la Provincia contaba con 44 tomógrafos operativos, de los cuales muchos de ellos eran equipos obsoletos y muy utilizados. Con la incorporación de estos 30 nuevos equipos, el número prácticamente se duplica, consolidando una de las mayores inversiones centralizadas en equipamiento tecnológico del sistema de salud bonaerense.
Esta ampliación de la red de imágenes se enmarca en un proceso integral de modernización tecnológica, que incluye la digitalización de los procesos y la creación de la Red Bonaerense de Diagnóstico por Imágenes, que permite interconsultas a distancia, optimiza tiempos de respuesta y mejora la calidad de atención en toda la Provincia, la cual se completa con la incorporación de resonadores, mamógrafos, angiógrafos y ecógrafos.
Además, 10 de los nuevos tomógrafos incorporan software con inteligencia artificial, que asiste a los equipos técnicos en la realización de los estudios, orienta la interpretación de resultados y contribuye a prevenir errores involuntarios, mejorando la precisión diagnóstica.
El impacto de esta política se refleja en la capacidad del sistema aumentando más de un 43%,pasando de 1.760 estudios diarios en 2019, a los 2.520 estudios por día, lo que representa un aumento sustancial en el acceso al diagnóstico oportuno para la población.
Los nuevos tomógrafos fueron distribuidos en hospitales estratégicos de toda la Provincia, ampliando la cobertura territorial y fortaleciendo la red pública de salud en las 12 regiones sanitarias.
Esta política pública reafirma el compromiso del Gobierno bonaerense con un sistema de salud que invierte en tecnología, amplía derechos y garantiza acceso equitativo al diagnóstico en cada rincón de la Provincia.
Detalle de los equipos entregados
- HIGA San Felipe de San Nicolás;
- HIGA Eva Perón de General San Martín;
- Hospital Zonal Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte;
- HZGA Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza;
- HIGA Vicente López y Planes de General Rodríguez;
- HZGA Dr. Ramón Carrillo de Tres de Febrero;
- HZGA Dr. Lucio Meléndez de Adrogué, Almirante Brown;
- HIGA General San Martín de La Plata;
- HIAC Dr. Alejandro Korn;
- HIGA Luisa C. Gandulfo de Lomas de Zamora;
- HZGA Descentralizado Evita Pueblo de Berazategui;
- HZGA Petrona V. de Cordero de San Fernando;
- HZGA Magdalena Villegas de Martínez de Tigre;
- HIGA Dr. Pedro Fiorito de Avellaneda;
- UPA 7 de Lezama dependiente del HIAC Dr. Alejandro Korn;
- HIGA Dr. Diego Paroissien de La Matanza;
- HZGA Dra. Cecilia Grierson de Presidente Perón;
- HZGA Julio de Vedia de 9 de Julio;
- HZGA Dr. Eduardo Wilde de Avellaneda, donde además se creó un nuevo servicio;
- HIGA Prof. Dr. Luis Güemes de Morón;
- Hospital Nuestra Señora de Luján de Luján, también con nuevo servicio;
- HIGA Dr. Oscar Alende de General Pueyrredón;
- HIGA Eva Perón de General San Martín;
- HIGA Dr. José Penna de Bahía Blanca;
- HZGA Dr. Ramón Carrillo de San Vicente;
- HZGA Cestino de Ensenada, con nuevo servicio;
- HIGA Prof. Dr. Rodolfo Rossi de La Plata;
- HIGA San Roque de Gonnet en La Plata;
- Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata
- Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Victorio Tetamanti
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En esta oportunidad, el dirigente opositor avanzó sobre modificaciones a la Ley 11.922, que regula el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, junto con otra iniciativa vinculada al régimen de ejecución de penas juveniles contemplado en la Ley Provincial 15.571.
La nueva presentación de Montenegro se suma al proyecto que impulsó hace algunas semanas para modificar la Ley 13.634, normativa que regula el procedimiento penal juvenil bonaerense. El planteo concentró el debate político en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, uno de los ejes centrales de la reforma promovida por el presidente Milei.
Sin embargo, el nuevo paquete legislativo apunta a una etapa distinta de adecuación normativa. En lugar de concentrarse exclusivamente en el umbral de responsabilidad penal, el dirigente marplatense busca adaptar el funcionamiento procesal del sistema penal juvenil bonaerense a los lineamientos establecidos por la legislación nacional, especialmente en materia de actuación fiscal, mecanismos restaurativos, participación de las víctimas y control judicial de las decisiones adoptadas durante el proceso.
“La Ley 11.922 es el Código de Procedimiento Penal general, se aplica a mayores, pero hay algunos aspectos que también atañen a los menores. Lo que estamos haciendo es reformar esa última parte”, explicó Montenegro al detallar el alcance de la propuesta.
Uno de los principales cambios incorporados por el texto consiste en la inclusión de nuevos principios rectores para las causas penales juveniles. El articulado establece que el proceso penal adolescente deberá regirse por criterios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, solución del conflicto, tutela judicial efectiva y protección integral de la víctima, en línea con los estándares fijados por la Ley nacional.
En paralelo, Montenegro incorporó al Código Procesal Penal bonaerense el denominado “principio de oportunidad”, mecanismo que habilita al Ministerio Público Fiscal (MPF) a prescindir total o parcialmente de la acción penal en determinados casos.
Según establece el proyecto, la herramienta sólo podrá aplicarse cuando el hecho no comprometa gravemente el interés público, cuando la intervención penal resulte desproporcionada o cuando exista reparación del daño causado a la víctima.
Otro de los puntos centrales de la reforma impulsada por Montenegro se relaciona con el fortalecimiento de los derechos de las víctimas en delitos cometidos por adolescentes, ya que el proyecto establece que las personas damnificadas tendrán derecho a asesoramiento jurídico gratuito, acceso a información sobre el expediente y participación activa en instancias de mediación.
“La reforma no implica una ruptura con el sistema vigente, sino su actualización funcional, asegurando coherencia con el nuevo régimen penal juvenil y con los estándares contemporáneos de justicia penal, abordando esta cuestión desde una perspectiva de responsabilidad penal y velando no solo por los derechos de los imputados, sino también los de las víctimas”, concluyó.
Vale recordar que en el marco de la presentación de su expediente sobre la baja de imputabilidad, Montenegro aclaró que su iniciativa no viene a derogar por completo las leyes bonaerense vigente, sino que se orienta a “reconfigurarla” mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original.
“La sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”, consideró el exintendente de Mar del Plata en aquella oportunidad.
]]>Como dato principal, el proyecto de Neumann fija la elección para cargos provinciales y municipales para el segundo domingo de septiembre del año en el que se terminen los mandatos. Esto quiere decir que los comicios bonaerenses no serán en simultáneo con los de Nación, sino que estarán desdoblados.
“A diferencia de otras provincias que tienen su propia agenda, lógica y protagonistas, Buenos Aires, por sus características territoriales, demográficas y políticas, no cuenta con ella. Sus protagonistas generalmente son impuestos desde CABA por la política nacional o porteña. Por ello, consideramos oportuno para seguir construyendo una identidad bonaerense desdoblar el calendario electoral”, justificó la senadora radical.
Sucede que, la experiencia del año pasado con respecto al desdoblamiento electoral terminó por dejar buenas sensaciones en parte de la política provincial, con excepción del camporismo, que condenó la estrategia del gobernador Axel Kicillof y lo acusó de ser causante de la derrota en las elecciones nacionales.
De hecho, esta semana representantes de la Justicia Federal con competencia electoral expusieron en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y respaldaron un hipotético desdoblamiento electoral en territorio bonaerense para el año que viene, al afirmar que permitiría mantener el “éxito relativo” que tuvo la implementación de la Boleta Única de Papel en 2025 a nivel nacional.
“Tenemos que tomar este éxito relativo con precaución y usar lo que hemos aprendido para comprometernos en las elecciones del año próximo. Así como fue simple, puede ser complicado en vista de unas posibles primarias. Si volvemos a tener elecciones simultáneas con la Provincia, que va a sumar dos o tres categorías, puede ser complicado”, remarcó el secretario electoral del Juzgado Federal de La Plata, Leandro Luppi.
En este sentido, otro punto que Neumann retoma en su proyecto que es del agrado de la Junta Electoral son los plazos de presentación de candidatos y boletas. El pasado 12 de mayo, el organismo presidido por Hilda Kogan propuso modificar los plazos de inscripción de alianzas, campaña y difusión vinculados a los procesos electorales.
Tal como pide la Junta Electoral, la legisladora correligionaria pide que la convocatoria a elecciones ocurra 180 días antes de las votaciones, que las alianzas electorales sean inscrptas al menos 80 días antes de las PASO; las listas de candidatos presentadas 60 días antes de la elección y las boletas partidarias, 45 días previo de los comicios.
“Con esta modificación se pretende ampliar el tiempo entre la conformación de las alianzas y la presentación de las listas de pre candidatos para garantizar la democracia interna en el armado de listas. Esta modificación va en línea e incluso es superadora de la propueta realizada por autoridades de la Junta Electoral”, destacó Neumann.
Con respecto al debate sobre si habrá o no habrá PASO en 2027, la oriunda de Coronel Suárez defendió la existencia de la instancia primaria para definir la interna de un partido político, y estableció que deben ser obligatorias, contrarias al deseo de ciertos sectores del exJuntos por el Cambio, como la Coalición Cívica, que pujan para que se conviertan en optativas.
“Consideramos necesario que durante el año legislativo en curso generemos las modificaciones electorales necesarias para dar previsibilidad y seriedad a los próximos procesos electorales, entre ellas la propuesta en este proyecto que brindaría un esquema claro de fechas y acciones tanto para los partidos como la ciudadanía”, finalizó Neumann.
]]>La iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei propone volver al régimen original establecido en 2002, que contemplaba beneficios únicamente para las provincias de la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el municipio bonaerense de Patagones. De esta manera, quedarían excluidas del sistema ampliado aprobado en 2021 la mayoría de las localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.
De esta manera, en territorio bonaerense, el cambio alcanzaría a unos 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios, lo que representa cerca del 20% de los usuarios de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, serían alrededor de 3.350.000 hogares los que perderían parcial o totalmente los descuentos sobre la tarifa de gas, aunque desde el Gobierno nacional señalaron que mantendrán el beneficio para usuarios que acrediten necesidad económica mediante un nuevo esquema focalizado.
El actual régimen de Zona Fría se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país y, según datos oficiales, moviliza unos $460.000 millones. Sin embargo, durante 2025 el fondo no alcanzó para cubrir el costo total de los subsidios y el Estado nacional debió destinar unos $200.000 millones adicionales, cifra que el oficialismo busca recortar con la reforma.
De acuerdo con el esquema que se debate en el Congreso, el subsidio que rige en el marco de la ley de Zona Fría dejaría de aplicarse sobre la totalidad de la factura y se limitaría únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría significativamente el alcance del descuento actual, que hoy oscila entre el 30% y el 50% según cada región.
Un informe del IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre usuarios de las zonas incorporadas en 2021 que no ingresen al nuevo régimen focalizado. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890 por factura, lo que representa un incremento del 100%. En cambio, para quienes sí califiquen dentro del nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF), el aumento estimado sería del 22%.
En la misma línea, otras proyecciones realizadas por distintas empresas indican que, por el efecto combinado de los aumentos tarifarios previstos para los próximos meses, la mayoría de los usuarios bonaerenses podrían recibir facturas de gas con subas promedio cercanas al 55%.
En ese sentido, uno de los ejemplos difundidos toma el caso de una jubilada usuaria de Camuzzi Gas Pampeano que actualmente paga una factura total de $60.000 mensuales en una zona alcanzada por el régimen de Zona Fría. Según el cálculo, el subsidio vigente representa alrededor de $42.000, por lo que, si el beneficio deja de aplicarse, el monto final ascendería a unos $102.000 mensuales, aunque el impacto definitivo dependerá del consumo y de si el usuario logra ingresar al esquema focalizado que propone el Gobierno nacional.
Qué municipios de la Provincia perderían el beneficio por el régimen de Zona Fría
Entre los municipios bonaerenses que perderían el beneficio del subsidio por Zona Fría se encuentra 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Pueyrredón, General Las Heras, Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Rodríguez, General Viamonte y General Villegas.
En la misma línea, otras localidades bonaerenses que se verían afectadas por el fin del régimen de Zona Fría serían Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.
Por otro lado, hay grandes municipios bonaerenses que están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Además, completan la lista de localidades de la provincia de Buenos Aires que se verán sumamente afectadas por el recorte en el subsidio las ciudades costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.
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