Se trata de los hermanos Alejandro y Lucas Navarro, Nahuel Monje, Sergio Sala, Mariano Lemmos, y dos mujeres (quienes quedaron imputadas con la preventiva durante 15 dias). En lo relacionado a los hombres la medida es por 180 dias en la causa que se inició tras una serie de allanamientos realizados por fuerzas federales, en los que fueron secuestrados 16 kilos de cocaína, más de 140 plantas de marihuana, dinero en efectivo, armas y otros elementos .

 La audiencia, que se realizó a través de videoconferencia fue seguida por los imputados desde sus lugares de detención (La Unidad de la Policía Federal y la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria).

La formulación de la investigación fue expuesta por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi  quienes los responsabilizaron de narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita.

La labor de los fiscales federales Santiago Eyherabide y Hércules Giffi resultó determinante para que el juez federal Santiago Inchausti dispusiera la prisión preventiva de los principales integrantes de una presunta organización dedicada al narcotráfico que operaba entre Mar del Plata y el conurbano bonaerense.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron en detalle la acusación que pesa sobre los hermanos Alejandro y Lucas Navarro, Nahuel Monje, Sergio Sala, Mariano Lemmos y dos mujeres, una de ellas pareja de Lucas Navarro. Según sostuvieron, los imputados integraban una estructura criminal destinada al almacenamiento, distribución, cultivo y comercialización de estupefacientes.

Cuatro de los acusados siguieron la audiencia desde el lugar donde están detenidos

Para respaldar la acusación, Eyherabide y Giffi describieron el resultado de los allanamientos realizados entre el sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos del conurbano bonaerense y de Mar del Plata. Como resultado de esos procedimientos, las fuerzas federales secuestraron más de 16 kilos de cocaína, 650 pastillas de éxtasis, más de un kilo y medio de tusi, 139 plantas de marihuana y numerosos frascos con cogollos.

El magistrado avaló tanto los procedimientos como la imputación formulada por la Fiscalía. Además, dispuso la inhibición general de bienes de los acusados, el embargo de los inmuebles allanados en ambas jurisdicciones y el bloqueo de los productos bancarios de todos los involucrados.

Respecto del delito de lavado de activos, la Fiscalía limitó la imputación a los integrantes varones de la organización, criterio que también fue convalidado por Inchausti.

El tramo más intenso de la audiencia se produjo al debatirse la situación procesal de los detenidos. Eyherabide solicitó que permanecieran privados de la libertad durante 180 días, plazo estimado para avanzar con la investigación.

Defensores en un pasaje de la audiencia que estuvo presidida por el juez Santiago Inchausti

Las defensas, por el contrario, reclamaron medidas alternativas al encierro y cuestionaron los argumentos vinculados al riesgo de fuga y al posible entorpecimiento de la pesquisa.

Finalmente, Inchausti resolvió dictar la prisión preventiva por 180 días para los cinco hombres, al considerar que sobre ellos recaen las imputaciones más graves. En tanto, ordenó la detención de las dos mujeres por un plazo inicial de 15 días, sin perjuicio de una eventual prórroga si el avance de la investigación así lo requiere.

La causa se inició el 14 de mayo pasado, cuando surgieron datos provenientes de otro expediente vinculado al narcotráfico. A partir de tareas de inteligencia criminal, vigilancia y recolección de información realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA), los investigadores lograron reconstruir la presunta actividad de la organización hasta concretar los allanamientos que dieron origen a las detenciones.

El operativo en Retiro y el pedido de extradición

Los dos detenidos, cuyos nombres no fueron divulgados por las autoridades locales, fueron interceptados en la terminal de Retiro y permanecen bajo custodia a la espera de que avancen los trámites de extradición solicitados por Estados Unidos. La detención representa la primera materialización en suelo argentino de una investigación que involucra a múltiples países del continente americano.

La banda no limitó su actividad al territorio estadounidense. La cobertura policial de El Retrato de Hoy ha documentado en repetidas oportunidades cómo redes criminales con base regional extienden sus operaciones a través de las fronteras, y este caso confirma que Argentina formó parte del radio de acción del grupo. Los detenidos enfrentan un proceso legal abierto cuyo desenlace depende del sistema judicial federal norteamericano.

Las estrellas del deporte de élite como blanco económico

Karla Ruiz, especialista en contenido deportivo con foco en mercados deportivos internacionales para Apuestas.Guru, observa que la elección de estos atletas no fue aleatoria. La concentración de riqueza visible en figuras como Patrick Mahomes, Travis Kelce, Luka Doncic y Mike Conley Jr. es el resultado directo del ecosistema económico que rodea a las grandes ligas. A ellos se suma el extenista argentino Juan Martín Del Potro, cuya residencia también figura entre los objetivos de la banda.

Ruiz señala que buena parte del dinero que infla el valor de estos deportistas circula por el mercado de patrocinios, derechos televisivos y apuestas deportivas. En ese sentido, apunta que un sitio como Apuestas Guru concentra justamente el tipo de interés del público que orbita alrededor de las grandes ligas y eleva la visibilidad económica de sus figuras, convirtiéndolas en referencias permanentes de audiencias masivas.

“El FBI describió con precisión el mecanismo: estos grupos usaron información pública y redes sociales para seguir los movimientos de los deportistas. Eso habla de cuánto circula sobre sus vidas cotidianas. Un atleta de ese nivel no es solo un deportista; es un activo económico con una exposición constante.”

Tecnología y redes sociales al servicio del robo

La sofisticación operativa de la banda no se limitó al rastreo de información. Según el FBI, los grupos organizados de América del Sur emplearon tecnología específica para neutralizar los sistemas de seguridad de las propiedades seleccionadas. Bloquearon conexiones inalámbricas de internet, inhabilitaron dispositivos electrónicos, cubrieron cámaras de vigilancia y ocultaron sus identidades durante los procedimientos.

El patrón de actuación era consistente. Los robos se producían mientras los atletas estaban fuera de sus hogares por compromisos deportivos o viajes, una ventana de oportunidad que el grupo identificaba mediante el seguimiento de información pública y publicaciones en redes sociales. Los objetos sustraídos de las residencias incluían joyas, importantes sumas de dinero en efectivo, trofeos y medallas, bienes que combinan alto valor económico con relevancia simbólica para sus dueños.

Cargos federales en Florida y la alerta de la NFL

La respuesta institucional ya había cobrado forma antes de los arrestos en Buenos Aires. En febrero de 2026, un tribunal federal en Florida formalizó cargos contra siete ciudadanos chilenos por conspiración para transportar bienes robados a través de líneas estatales, un delito que en el sistema judicial estadounidense contempla una pena máxima de 10 años de prisión.

El caso tuvo antecedentes que activaron alertas en el mundo del deporte profesional. En 2024, la NFL emitió un aviso de seguridad dirigido a sus equipos y al sindicato de jugadores tras confirmarse robos en las viviendas de Patrick Mahomes y Travis Kelce, dos de los nombres más reconocidos del fútbol americano. Esa advertencia institucional reveló que la liga ya reconocía un patrón sistemático, no incidentes aislados.

La escala de los cargos en Florida, sumada a los arrestos posteriores en Argentina, traza el contorno de una operación que cruzó jurisdicciones y fronteras durante un período sostenido.

La actividad contó con la participación del fiscal coordinador de Distrito, Daniel Adler; del director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Carlos Tonelli Banfi; y del senador de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.

Durante su intervención, Ferlauto destacó la magnitud de la investigación y señaló que la importancia de la causa no radica únicamente en la cantidad de droga secuestrada, sino también en las características de la organización criminal desarticulada.

“La importancia de esta investigación se debe no solamente a los secuestros realizados, sino también al nivel de organización de la estructura criminal investigada”, expresó.

Reconoció especialmente la labor desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina (PFA), y destacó el trabajo realizado por los equipos de investigación que participaron en la causa.

En ese marco, sostuvo que la investigación constituye una demostración de cómo deben actuar las fuerzas federales frente al crimen organizado: mediante inteligencia criminal, técnicas especiales de investigación y una actuación coordinada entre organismos.

Por su parte, Adler destacó el compromiso de los equipos que participaron en la investigación y puso en valor el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.

“Es un trabajo conjunto realizado entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial”, señaló.

Asimismo, remarcó el esfuerzo realizado durante meses por los investigadores y recordó que la causa continuará su curso procesal en el marco de las instancias judiciales correspondientes.

Tonelli Banfi felicitó al personal de la PSA que intervino en la investigación y destacó el profesionalismo demostrado durante meses de trabajo, así como la utilización de técnicas avanzadas de investigación que permitieron obtener los resultados alcanzados.

La investigación fue desarrollada por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos del Este de la PSA bajo las directivas del fiscal Santiago Eyherabide, titular de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, y con intervención del juez federal Santiago Inchausti. Las medidas contaron además con la colaboración de la PFA.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 16 kg de cocaína, más de 1,5 kg de drogas sintéticas, 2,839 kg de marihuana, 139 plantas de cannabis, U$S 79.840, $6.911.000, siete vehículos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, elementos utilizados para el cultivo indoor de marihuana y documentación de interés para la causa.

La conferencia concluyó con un reconocimiento al trabajo de los investigadores y al esfuerzo coordinado entre las instituciones que participaron de la causa, considerada por las autoridades como un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El operativo se desarrolló entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, tras una investigación coordinada por la Justicia Federal que se extendió durante un mes. Como resultado de los allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata y en simultáneo en el conurbano bonaerense, los investigadores incautaron 16 kilogramos de cocaína, 1.507 gramos de Tusi, 2.839 gramos de marihuana, 139 plantas de cannabis, pastillas de éxtasis, cristal, más de 90.000 dólares y más de 10 millones de pesos.

La causa estuvo a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide y tuvo como eje principal a dos hermanos marplatenses, uno de ellos radicado actualmente en un barrio cerrado de Canning. La pesquisa se inició el 14 de mayo, a partir de información obtenida en otra investigación vinculada al narcotráfico en la que también había intervenido la PSA.

A partir de esos datos, se desplegaron distintas medidas de inteligencia criminal, entre ellas intervenciones telefónicas y tareas de vigilancia encubierta. El trabajo permitió reconstruir movimientos, contactos y posibles maniobras de distribución de estupefacientes que derivaron en el operativo ejecutado durante las últimas horas.

El sábado, los investigadores detectaron que uno de los principales sospechosos viajaba desde el country Principado Ciudad Náutica, en Canning, hacia Mar del Plata. A partir de ese momento, efectivos de la PSA, con apoyo de la Policía Federal Argentina, montaron un seguimiento discreto para monitorear cada uno de sus movimientos dentro de la ciudad.

La vigilancia permitió identificar varios domicilios vinculados a la investigación. Con esos elementos, el fiscal solicitó al juez federal Santiago Inchausti una serie de órdenes de allanamiento que debían ejecutarse de manera simultánea para evitar fugas, destrucción de pruebas o el descarte de la droga. La autorización judicial derivó en un despliegue coordinado que terminó con siete detenidos y el secuestro de una importante cantidad de sustancias ilícitas.

Según trascendió de fuentes extraoficiales, entre los arrestados se encontraría Sergio “Cocón” Sala, quien habría sido detenido cuando llegaba a su vivienda, que ya estaba siendo allanada por los investigadores. En su poder se secuestraron 18 gramos de cocaína, una cantidad menor en comparación con el total incautado durante el procedimiento.

Las identidades del resto de los detenidos y las direcciones allanadas no fueron informadas oficialmente. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el principal sospechoso tendría el rol de recibir cocaína proveniente de Bolivia, identificada con el sello del símbolo de Batman, para luego distribuirla en Mar del Plata.

Los detalles completos del expediente se conocerán el próximo martes durante la audiencia de formalización de la acusación en la Justicia Federal, instancia en la que se precisarán los roles de cada uno de los involucrados y el alcance de la organización investigada.

La posible detención de Sala vuelve a poner en escena a una figura que durante años estuvo asociada a múltiples investigaciones por narcotráfico en Mar del Plata. Ex corredor de automóviles y propietario de emprendimientos comerciales vinculados al rubro automotor, fue señalado reiteradamente en expedientes judiciales relacionados con el tráfico de drogas, aunque en la mayoría de los casos no se logró acreditar su participación directa en una asociación ilícita.

En 2023 fue condenado en una causa por lavado de activos derivada del denominado Operativo Poseidón, realizado en 2019, en el que también fueron detenidos integrantes de su entorno familiar. A pesar de las numerosas menciones de su nombre en distintas investigaciones federales, los tribunales nunca lograron probar que hubiera liderado una organización narcocriminal.

Ahora, el histórico procedimiento encabezado por la PSA vuelve a colocar a Sala bajo la lupa judicial y podría abrir un nuevo capítulo en una de las historias más resonantes del narcotráfico marplatense.

El juicio, que comenzó en octubre de 2024, está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOCF) de Mar del Plata, integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, quien siguió la audiencia de forma virtual. Si bien al inicio del debate eran 20 los imputados, uno de ellos falleció y otros 3 fueron apartados por cuestiones de salud.

Los imputados fueron acusados de diversos delitos, de los que fueron víctimas 119 personas. Entre las imputaciones principales se encuentran la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, la imposición de tormentos y los homicidios. En algunos casos, se acusó a los implicados de allanamiento ilegal mientras que a 12 de los imputados se los señaló como responsables de violaciones y/o abusos deshonestos contra mujeres en cautiverio.

En la séptima jornada de alegato, la fiscalía analizó los tipos penales y la ley aplicable para los delitos juzgados, para luego dar cuenta de las acusaciones que recayeron sobre cada imputado. Además, se destacó que la causa tiene la particularidad de que todos los imputados ya fueron condenados a prisión perpetua por el mismo TOCF (aunque con integración distinta) por delitos de lesa humanidad. Algunas de esas sentencias se encuentran firmes mientras que otras están en trámite ante la Corte Suprema. Por ese motivo, al pedir las penas, el MPF solicito la unificación de las condenas con la correspondiente inhabilitación absoluta y perpetua.

Las acusaciones

• Eduardo Jorge Blanco fue acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, allanamiento ilegal, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Jorge Luis Toccalino, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, allanamiento ilegal, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Carlos Alberto Suárez, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado y allanamiento ilegal.
• Rubén Enrique Miguel Fernández, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), y homicidio calificado.
• Carlos Víctima Milanese, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado y allanamiento ilegal.
• Raúl Alberto Marino, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, y violación en forma retirada y agravada.
• Raúl César Pagano, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Luis Héctor Bonanni, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Alfredo Raúl Weinstabl, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Ernesto Davis, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Carlos María Robbio, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), y homicidio calificado.
• Julio César Fulgencio Falcke, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Héctor Raúl Azcurra, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Daniel Eduardo Robelo, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, violación en forma retirada y agravada y abuso deshonesto.
• Néstor Ramón Eduardo Vignolles, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, y violación en forma retirada y agravada.
• Osvaldo Gaspar Siepe, acusado de ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas), imposición de tormentos agravada (por ser cometidos en perjuicio de perseguidos políticos), homicidio calificado, y violación en forma retirada y agravada.

Los delitos juzgados

“Se desprende de los testimonios valorados que las víctimas fueron privadas de su libertad sin orden debidamente fundada, escrita y emanada de autoridad competente, y como consecuencia de órdenes arbitrarias, irracionales, contrarias a la ley, y dirigidas contra quienes fueron perseguidos políticos por el régimen de facto”, sostuvo la auxiliar Montero en el inicio de la jornada con respecto a la privación ilegítima de la libertad.

A ello le sumó clandestinidad de los lugares de detención donde fueron alojadas las víctimas, la violencia implícita en los “tratos degradantes” y las “horrendas condiciones de cautiverio” lo cual conformó para la fiscalía “un cuadro fáctico que determinó la agravante de violencia y amenazas”. Además destacó que los imputados eran funcionarios públicos al momento de los hechos.

En referencia al delito de tormentos, se explicó que la ley sanciona al funcionario que impusiera a los presos bajo su guarda cualquier especie de tormento. “Ya se ha dicho que las técnicas para crear el terror fueron, en la época de los hechos, tanto física como psíquica”, sostuvo la fiscalía.

“Además de los padecimientos físicos propiamente sufridos por las víctimas (electricidad, golpes, quemaduras, intentos de asfixia, entre otros), se desprenden claramente de la prueba producida e incorporada, las condiciones de vida infrahumanas y degradantes en que permanecieron alojadas, en la mayoría de los casos, en los centros clandestinos de detención”, detallaron desde el MPF.

“La militancia de las víctimas, en todos sus órdenes y actividades (política, social, gremial, profesional), resultó ser un denominador común que fue muy tenido en cuenta al momento de producirse los interrogatorios y sesiones de torturas, lo que se desprende de toda la prueba valorada en este alegato”, sostuvieron.

“Tanto los casos en los que se ha logrado recuperar los restos o cadáveres de las víctimas como también aquellos en los que ello no ha sido posible, permaneciendo las personas en calidad de desaparecidas, deben calificarse como homicidios agravados”, explicó la fiscalía en otro tramo de su exposición. “Es un hecho notorio que quienes no fueron legalizados o liberados han sido asesinados y que la ocultación de su destino ha sido una maniobra más de perfeccionamiento del crimen realizado”, añadió.

El concurso premeditado de dos o más personas también quedó acreditado: “La participación conjunta de miembros del Ejército, Prefectura, Armada y demás fuerzas de seguridad junto a las circunstancias que rodearon la planificación represiva son una pauta clara e inconmovible sobre el empleo de esta agravante”.

En el contexto histórico en que se dieron los hechos investigados, los representantes del MPF sostuvieron que resultaba “una práctica común” por parte de las fuerzas armadas llevar adelante todo tipo de procedimientos y allanamientos ilegales, sin las formalidades previstas por ley, bajo la excusa de la “lucha contra la subversión”. En la mayoría de los casos, esos procedimientos fueron más allá y derivaron en el secuestro de personas para su posterior desaparición.

Delitos sexuales

Según señaló la fiscalía, la violencia sexual fue otra de las prácticas que se desarrolló de modo sistemático en el marco del plan represivo y que tuvo entre sus víctimas principales a las mujeres. En ese sentido, se explicó que, además de sufrir todas las formas de torturas física y psíquica que se reseñaron, fueron damnificadas de ultrajes a su integridad sexual. 

El MPF destacó el precedente “Molina”, dictado por el TOCF de Mar del Plata, aunque con otra integración, en 2010. “La jurisprudencia ha entendido desde entonces que los abusos sexuales cometidas a víctimas del terrorismo de Estado en el marco del plan generalizado y sistemático de ataque contra la población civil, integran la categoría de delitos de lesa humanidad”, afirmó la auxiliar fiscal Montero en el alegato. 

Además, citó un voto de la jueza Ana María Figueroa en un fallo de 2019 de la Cámara Federal de Casación Penal: “En el marco de la comisión de una violación sexual no sólo estará en condiciones de ser autor quien acceda carnalmente a la víctima, sino también quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquél que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho”. 

En concreto, se abordaron seis casos de violaciones y abusos dentro de la Base Naval y/o ESIM –la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina que funcionó en el predio del Faro marplatense-; dos casos de abuso en domicilios allanados y otro sucedido en la comisaría de Batán que funcionó entonces como centro clandestino de detención. 

“Aquí no hay dudas de que, en las circunstancias en que se llevaron cada uno de los ataques, no había posibilidad alguna de consentir y menos aún de desplegar cualquier tipo de acción de resistencia”, sostuvo la fiscalía.

“Las propias condiciones de privación de la libertad en todos los casos, donde eran las propias autoridades que las debían cuidar las que las atacaban sexualmente, entre otras intimidaciones a las que se suma el uso de la fuerza física, hace que nadie en su sano juicio pregunte por el consentimiento o por el acto de resistencia”, resaltó Montero.

González permanece prófugo desde el día del hecho y ahora está imputado por homicidio en ocasión de robo, una calificación que se incorporó tras el fallecimiento del comerciante de 75 años. El caso generó una profunda conmoción entre vecinos y comerciantes debido al brutal nivel de violencia ejercido durante el ataque.

Según la investigación, el acusado ingresó al local simulando ser un cliente, realizó un pedido y luego intimidó a una empleada para exigir el dinero de la caja. En ese contexto, tomó una banqueta y golpeó reiteradamente a Badoza en la cabeza, agresión que fue parcialmente registrada por cámaras de seguridad.

Tras permanecer internado más de tres semanas y ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, Badoza murió el 5 de junio a causa de las lesiones sufridas. Mientras avanza la causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, continúan las medidas para capturar al principal sospechoso.

El trágico episodio tuvo lugar en el barrio Villa Banana, cuando dos efectivos federales prestaban servicio bajo el mencionado plan. En circunstancias en que realizaban un control poblacional en las inmediaciones de Gutenberg y Bulevar 27 de Febrero, fueron emboscados por varios individuos armados, produciéndose un enfrentamiento durante el cual el Agente Manfredi resultó mortalmente herido, mientras que el Cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe sufrió lesiones de distinta consideración. Durante el hecho, además, fue sustraída el arma reglamentaria del personal policial fallecido.

A partir de ese momento, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario inició diversas tareas investigativas y de inteligencia destinadas a identificar a los responsables del ataque y determinar sus lugares de residencia. En la pesquisa intervinieron la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo del Dr. Santiago Alberdi y la Fiscalía de la Acusación, a cargo de la Dra. Laura Ricardo.

Como resultado de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Carlos Vera Barros ordenó la realización de 35 allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Rosario. Los procedimientos se concentraron principalmente en domicilios ubicados sobre las calles Gutenberg, Gálvez, Virasoro, Rueda, Felipe More y Bulevar 27 de Febrero, en la zona de Villa Banana y sectores aledaños, además de otros objetivos localizados en diferentes puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho investigado. Asimismo, se secuestraron tres armas de fuego: una calibre .22 corto, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .44 Magnum; 162 municiones de distintos calibres; 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína más otros 86 gramos de esa sustancia y varias dosis de marihuana; elementos de corte y fraccionamiento; dos balanzas de precisión; 26 teléfonos celulares; un dispositivo de cobro electrónico tipo Posnet; prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas y demás elementos de interés para la causa.

Debido a la magnitud del operativo, participaron brigadas del Departamento Investigaciones Federales (DIF) Rosario, de las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe y San Nicolás, entre otras unidades de apoyo.

Cabe destacar que las tareas investigativas continúan con el objetivo de localizar y detener al resto de los individuos identificados como presuntos participantes del sangriento ataque a los efectivos de la PFA.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la causa que investiga el homicidio del agente federal.

Dicho procedimiento se inició a finales de febrero del corriente año, donde personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Necochea de esta Institución luego de discretas tareas investigativas, estableció que tres domicilios eran utilizados para el acopio y distribución de estupefacientes bajo la modalidad menudeo. Dichos domicilios eran frecuentados por el principal investigado, los cuales pertenecían a familiares directos. Intervino durante la investigación la Unidad Funcional de Instrucción N°30 de Necochea, a cargo del Dr. Larrarte.

Con el total de la información obtenida, el Juzgado de Garantías N°1 de Necochea, a cargo del Dr. Lamberti ordenó el allanamiento a dichos inmuebles.

Durante el operativo, donde colaboró personal de la División Unidad Táctica de Intervención federal Mar del Plata – Buenos Aires Sur de esta PFA, fueron detenidos dos sujetos de 28 y 44 años quienes resultaron ser sobrino y tío respectivamente. Asimismo, se secuestraron 5,8 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución, un teléfono celular y demás elementos de interés para la causa.  Cabe destacar que los estupefacientes fueron hallados en un dormitorio habitado por menores de edad.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

La hecatombe se trasladó a casi todo el campo de juego y se trasladó al borde de la cancha, donde desde la tribuna presenciaban el encuentro distintas familias.

La batalla campal incluyó golpes de puño, patadas, empujones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y se prolongó por un par de minutos hasta que los planteles fueron separados.

A partir de esta situación, los organizadores de los torneos de Newbery Athletic decidieron “expulsar a los dos equipos de competencia con una sanción de dos años para toda la lista de buena fe de ambos equipos en la participación en próximos torneos Newbery Athletic”.

“No toleraremos bajo ningún punto de vista comportamientos que no son los que el club pregona y seremos inflexibles ante este tipo de situaciones”, indicaron en un comunicado oficial.

El club ya había tomado una decisión muy similar en junio de 2024, cuando los conjuntos QPR y Watford protagonizaron otra pelea y fueron excluidos del certamen Fox League. Además, les impusieron un derecho de admisión por tres años a todos los que participaron de la riña.

Un principio de incendio sacudió la noche del martes al barrio de Playa Grande, las llamas afectaron un histórico chalet ubicado en la esquina de Aristóbulo del Valle y Formosa, frente al Golf Club, sin comprometer la estructura principal del inmueble. Defensa Civil intervino a las 22:10 y encontró el fuego ya sofocado. Al realizar la verificación exterior, el personal constató además signos de vandalismo sobre la propiedad.

La verificación exterior dejó al descubierto restos de colchones y distintos elementos quemados que eran visibles tanto en el interior del chalet como en sus alrededores. Las personas que se encontraban en el lugar al momento del siniestro se retiraron antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Un chalet con historia que no lo custodia nadie

Vecinos de la zona señalaron que el chalet es utilizado con frecuencia por personas en situación de calle y por cuidacoches para pasar la noche. En ese marco, algunos residentes sospechan que el fuego pudo haberse originado a partir de un brasero encendido dentro de la propiedad para protegerse de las bajas temperaturas.

El episodio no es un hecho aislado. Los vecinos de la zona llevan tiempo denunciando incidentes recurrentes vinculados a la ocupación del inmueble y a la presencia de cuidacoches en los alrededores del Golf Club.

Según trascendió, varios frentistas ya habían enviado mensajes al área de Seguridad del municipio y presentado notas formales, sin obtener una solución concreta.

A esto se suma que el incendio se produjo apenas un día después de una convocatoria vecinal en Playa Grande en la que se reclamó una intervención más firme de las autoridades frente a la presencia de cuidacoches, las ocupaciones y los reiterados episodios de conflictividad en el barrio.

Más allá del episodio puntual, el siniestro del martes pone en evidencia la vulnerabilidad de una construcción de valor patrimonial que no cuenta con mantenimiento ni control. Sin esos cuidados, la propiedad representa hoy una posibilidad de riesgo para los vecinos y un verdadero desperdicio del patrimonio histórico de la ciudad.