El tribunal estadounidense sostuvo que la jueza Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina que merece ser revisada, una posición sostenida por la defensa del Estado Nacional.
El argumento principal, en consonancia con la posición argentina, sostuvo que la Ley de Expropiaciones prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. Además, señaló que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma.
Para los jueces de la Cámara, Preska trató los estatutos de YPF como si fueran un contrato bilateral, pero bajo la ley argentina no es así. “Las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos”, indicó la sentencia.
El tribunal ordenó devolver el caso a la instancia inferior para seguir la línea trazada por la Cámara de Apelaciones.
El juez José Cabranes emitió una disidencia en respaldo del fallo de la jueza Preska.
Ahora, al Fondo Burford -demandante en la causa- les quedan dos caminos extremadamente complejos y poco usuales en su recepción: solicitar la revisión discrecional en pleno por parte del Segundo Circuito lo que significa que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones analizarían el caso o acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
]]>“Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, expresó Cristina Kirchner.
Además, la titular del PJ nacional agradeció a los abogados por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país que, según Cristina Kirchner, implica reconocer la soberanía de los Estados.
“Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho, también queda claro que la decisión fue estratégica para nuestro país: porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir de 2012, hoy podemos decir que Argentina tiene superávit en la balanza energética”, cerró Cristina Kirchner.
Vale recordar que, el caso judicial se originó tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como secretario nacional de Política Económica. Así, el litigio se convirtió en la demanda más significativa contra la Argentina en tribunales internacionales. La causa se desarrolló en Estados Unidos y atravesó distintas gestiones presidenciales.
Uno de los actores centrales del proceso fue el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio y llevó adelante la demanda. Su estrategia incluyó la compra de participaciones en el juicio y la búsqueda de un resarcimiento millonario. En el marco, d, la jueza norteamericana Loretta Preska ordenó al Gobierno el pago de USD 16.100 millones por la estatización de la empresa.
Sin embargo, la defensa argentina sostuvo que “no se puede demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación nacional deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social”, es decir, en la ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el Ejecutivo nacional difundió un comunicado en el que volvió a cuestionar las decisiones adoptadas en ese período, tras considerar que “expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”. No obstante, en marzo de este año, la cámara de apelaciones norteamericana hizo lugar al pedido de la Procuración del Tesoro nacional para frenar eventuales embargos por más de USD 16.000 millones.
En ese sentido, la resolución de la justicia norteamericana concede la suspensión del discovery (pedidos de producción de pruebas) post sentencia y de otros procedimientos en el juzgado de primera instancia. Ante la noticia, desde la administración libertaria salieron a remarcar que el resultado judicial se vincula con la estrategia adoptada en la defensa del Estado. “Este Gobierno ha asumido la responsabilidad de defender y resguardar los intereses nacionales con resultados concretos”, subrayaron.
“Milei se disfraza con el mameluco, pero nunca la defendió”
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también celebró el fallo de la Justicia norteamericana y remarcó que con esta decisión jurídica queda en evidencia “años de mentiras”. “Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos“, destacó.
“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre“, continuó el mandatario y agregó: “Ese “impuesto” nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.
Acto seguido, Kicillof señaló que, el discurso del Ejecutivo nacional no implicaba un ataque personal a su persona, sino de cuestionar una decisión soberana, en pos de defender intereses extranjeros. “La derecha nunca la habría nacionalizado, trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros“.
“Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global. Aquella decisión, adoptada por Cristina Kirchner marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales”, cerró Kicillof.
]]>“Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia; ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia”, afirmó Milei y recalcó: “El país logró una sentencia histórica en esta administración, lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Este gobierno una vez más levantó los platos rotos”.
En esa línea, el jefe de Estado agregó: “Hoy es un día de festejo para los argentinos de bien, porque nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista”.
Sin embargo, el libertario fue por más y apuntó contra la gestión nacional de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta y Axel Kicillof el secretario de Política Económica. En detalle, Milei, indicó que si el Estado hubiese perdido el juicio, se tendría que haber pagado USD 18.000 millones. “Un equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”, amplió.
Acto seguido, Milei señaló: “Es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico. Hay una verdad irrefutable, expropiar está mal, porque robar está mal. Esto nos costó 12 años de faltas de inversiones por culpa de juicio en curso”.
Vale recordar que, el caso judicial se originó tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner. Así, el litigio se convirtió en la demanda más significativa contra la Argentina en tribunales internacionales. La causa se desarrolló en Estados Unidos y atravesó distintas gestiones presidenciales.
Uno de los actores centrales del proceso fue el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio y llevó adelante la demanda. Su estrategia incluyó la compra de participaciones en el juicio y la búsqueda de un resarcimiento millonario.
En ese marco, la jueza norteamericana Loretta Preska ordenó al Gobierno el pago de USD 16.100 millones por la estatización de la empresa. Sin embargo, la defensa argentina sostuvo que “no se puede demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación nacional deben ser llevadas a la -jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social”.
En ese contexto, esta mañana, la Justicia norteamericana concedió la suspensión del discovery (pedidos de producción de pruebas) post sentencia y de otros procedimientos en el juzgado de primera instancia. Ante la noticia, desde la administración libertaria salieron a remarcar que el resultado judicial se vincula con la estrategia adoptada en la defensa del Estado.
En ese escenario, en la previa al partido amistoso de la Selección Argentina y en medio de un contexto álgido para el oficialismo por los escándalos de corrupción que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al propio Presidente, las fuerzas del cielo salieron a sacar pecho del fallo a favor de la expropiación de YPF.
“El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. Pone en jaque los cimientos legales sobre el que se sustentan las inversiones en el país, especialmente las estratégicas”, expresó el Presidente, tras señalar que el verdadero patriotismo es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo.
Cabe destacar que, durante su discurso, el Presidente reconoció el trabajo llevado adelante por la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pomadira y Juan Estamparija. Además, destacó el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.
Milei adelantó que enviará un proyecto de ley sobre expropiaciones al Congreso
Durante su breve alocución, el jefe de Estado adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a fin de establecer un marco sobre el derecho de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario. “Para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada vuelva a ponerse en tela de juicio en nuestro país“, alegó.
Según detallaron desde Casa Rosada, el texto se estructurará en seis áreas, desde la recuperación de inmuebles hasta la modernización del registro de la propiedad. En el primero de los casos, la medida propone un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, sobre la base de una iniciativa de los diputados Christian Ritondo y Martín Yeza ambos del PRO. El procedimiento incluye garantías de debido proceso y control judicial en todas las etapas.
Otro de los puntos es que el Ejecutivo delega responsabilidad a provincias y municipios. El texto del proyecto señala la “preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada”. Según el Gobierno, el mecanismo vigente bloqueaba rutas de regularización y dejaba a los habitantes de barrios en informalidad crónica, sin acceso progresivo a títulos legales.
Sin embargo, un punto clave son las modificaciones que buscan limitar la discrecionalidad del Estado. El nuevo régimen determina criterios precisos para la valuación: “actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y determinación del valor antes de que el acto estatal deprima el precio del bien”. Se fija en 60 días el límite para las ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias.
En otro capítulo relevante, el proyecto deroga los límites para que extranjeros adquieran tierras rurales, establecidos por la ley aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para la actual administración, esas restricciones implicaron un freno “irrazonable” a la inversión internacional, en particular en el sector agropecuario.
]]>El aumento salarial, que fue firmado por el sindicato que lidera Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), prevé una mejora escalonada para los ingresos de 1.200.000 trabajadores de la actividad: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.
La paritaria contempla la aplicación de un proceso de monitoreo continuo de la evolución económica para ajustar los ingresos ante las variaciones de precios, con el objetivo declarado de salvaguardar el poder adquisitivo durante el primer semestre, según destacó FAECYS.
Al anunciar la paritaria firmada para abril-junio de 2026, Cavalieri remarcó: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.
“Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil -agregó el sindicalista-. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.
La paritaria de Comercio sintoniza con la pauta salarial del Gobierno, por lo que se descuenta que será homologado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.
Ante la amenaza oficial de que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación, los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.
El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.
Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.
El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.
Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.
En el caso del Sindicato de Comercio, no se trata de una paritaria cualquiera. Involucra al sindicato con mayor cantidad de trabajadores y cuyos salarios sirven de referencia para otras actividades. Ahora, a diferencia de lo sucedido hace un año, donde la paritaria superó la pauta oficial y no fue homologada hasta que se replantearon sus cifras, Cavalieri y las cámaras firmaron un acuerdo a tono con lo que quiere el Gobierno.
]]>Según pudo se saber de fuentes judiciales, a partir de esta testimonial y de documentación recientemente incorporada a la causa, se constató que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, quien además tiene otros vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse.
En su declaración explicó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.
Issin, como bróker, facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este, Uruguay, al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.
El testigo ratificó que quien pagó, tanto la ida como la vuelta, fue Marcelo Grandío, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete, sus dos hijos y su esposa.
Issin había dicho al diario La Nación y repitió ahora ante la Justicia que adquirió un paquete de 10 vuelos -que incluyen ida y vuelta- por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri.
No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni. La ida se la cobró Alpha Centauri a la productora ImHouse, y la vuelta la facturó el bróker directamente a Grandío.
La factura del viaje de regreso a Buenos Aires se emitió el 9 de marzo -tres semanas después del vuelo- y fue por un valor de 3.000 dólares.
Una novedad que surgió de la declaración del piloto es que Marcelo Grandío pagó en efectivo e hizo llegar los billetes a través de un tal “Horacio”, según confiaron a Infobae fuentes del caso.
En la testimonial, además, el bróker Issin fue consultado sobre por qué vendió el vuelo a 3.000 dólares, ya que no cerraría con el “precio mayorista” que él pagó por el paquete, y a qué se debe la facturación tardía.
El intermediario entre los clientes exclusivos y esta compañía de aviación privada explicó sobre este punto que “si el cliente necesita bajar los costos por un determinado motivo, es usual utilizar la ‘pata vacía’ –empty leg, como se le llama en el rubro- para vendérsela a otros clientes”.
Y agregó que “puede pasar que el cliente quiera partir del destino B hacia el destino A, por lo que el avión, que está en el destino A, tiene que movilizarse hacia B. Ese tramo (de A hacia B) queda vacío y el cliente puede pedir que se utilice ese espacio para otro pasajero y así aminorar el costo”.
Tal fue el caso de Adorni y Grandio, según el piloto: pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros y en la vuelta a uno en asientos libres, lo que generó un descuento en el precio.
El testigo había sido consultado por la prensa respecto de más precisiones sobre esto cuando salió del Juzgado Federal N° 4, pero prefirió guardar silencio: “No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó”, dijo.
El miércoles, en conferencia de prensa, Manuel Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.
Esa misma noche hubo un operativo en las oficinas que Alpha Centauri tiene en el aeropuerto de San Fernando. Un abogado de la firma asistió este jueves a Comodoro Py para aportar una carpeta con más información.
El juez Lijo requirió también documentación de los viajes a los organismos públicos que operan en San Fernando, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
El bróker aeronáutico y piloto, además, aportó conversaciones que mantuvo con Marcelo Grandio desde el celular comercial de su empresa para gestionar la contratación de los vuelos.
“Hay un sector de la aviación ejecutiva que mueve personalidades; después si son políticos, cantantes o turistas, para nosotros es secundario”, agregó el piloto Issin en diálogo con los medios que lo aguardaron en los pasillos de Comodoro Py.
Por último, aseguró que “no conocía a Grandío ni a Adorni” antes de venderles el vuelo.
En la última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete negó las acusaciones e intentó explicar cómo costeó tanto los viajes como las propiedades que posee junto a su esposa en Indio Cua, un country en Exaltación de la Cruz, además de un departamento en la calle Miró, barrio porteño de Caballito.
“Trabajé 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, se defendió Adorni.
Sobre otra casa le adjudican al jefe de ministros en la localidad bonaerense de Martínez, afirmó que “es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”.
]]>“La situación ya es límite. No hay margen para seguir dilatando. Necesitamos urgente un acuerdo que recomponga el salario del trabajador rural”, postuló la secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jauregui, que fue una de las principales voceras del reclamo.
En concreto, en la última reunión, el sector empleador propuso un aumento escalonado del 3,5% en marzo, 2,5% en abril y 2% en mayo, por lo que el salario alcanzaría poco más de $1.083.000 recién en mayo, una propuesta que fue rechazada por el gremio por considerarla insuficiente frente a la situación actual. “La paciencia se terminó. Estamos defendiendo el sustento de miles de familias rurales y no vamos a permitir que se sigan perdiendo derechos”, aseveró Sánchez Jauregui.
Cabe precisar que, el pedido de $70.000 fue planteado como un piso para iniciar la recuperación de ingresos, en un escenario donde el gremio sostiene que la pérdida acumulada requiere medidas inmediatas y en el que no descartan avanzar con sumas no remunerativas como alternativa de corto plazo. Desde el gremio también remarcaron que la discusión excede lo estrictamente salarial y se vincula con condiciones estructurales del trabajo rural.
“Son los empleadores quienes tienen la responsabilidad de pagar salarios dignos. No pueden seguir trasladando el ajuste a los trabajadores mientras el sector sigue produciendo”, sostuvo Sánchez Jauregui, al advertir que la negociación se encuentra estancada mientras se profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores rurales, tras siete instancias sin resultados.
En este contexto, desde el sindicato detallaron que actualmente, un peón rural percibe alrededor de $780.000, una cifra que se ubica muy por debajo de la canasta básica familiar, que ya supera los $1.400.000, ya que los salarios permanecen sin actualización desde diciembre.
“Decir que el peón rural es la variable de ajuste es desconocer todo lo que ya viene soportando. Son quienes sostienen la producción en condiciones muy difíciles y hoy no llegan a cubrir lo básico”, agregó Sánchez Jauregui.
Por otra parte, desde UATRE señalaron que la reforma laboral modificó el funcionamiento de la CNTA y redujo las herramientas disponibles para garantizar un piso salarial en ausencia de acuerdo. “Estamos frente a un retroceso que empeora las condiciones laborales y deja a los trabajadores sin garantías mínimas”, advirtió la dirigente de la UATRE.
Vale señalar que, tras la reforma laboral, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que es el organismo donde se negocian salarios y condiciones laborales de los trabajadores rurales, con participación de representantes sindicales y empleadores, perdió la facultad de fijar remuneraciones mínimas de manera unilateral en caso de falta de acuerdo, lo que modificó el esquema de negociación.
Esto implica que, sin consenso entre las partes, no existe un mecanismo automático que garantice aumentos salariales, lo que repercute directamente en los ingresos de los trabajadores. Sobre ello, desde el sector sindical advierten que esta modificación debilitó una herramienta clave de regulación y dejó a los trabajadores rurales en una situación de mayor vulnerabilidad.
Los trabajadores rurales estuvo en la Expoagro
Trabajadores y dirigentes de la UATRE se manifestaron en Expoagro para visibilizar la situación salarial del sector y reclamar una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo. La manifestación se desarrolló en el predio de San Nicolás, en simultáneo con la muestra agroindustrial, y buscó marcar la distancia entre el crecimiento del sector y la situación de los trabajadores.
“Mientras se exhiben tractores de última generación, los peones siguen sin actualización salarial”, señalaron desde la organización. Asimismo, UATRE alertó sobre el impacto de la reforma laboral en el sector, al sostener que debilita herramientas de protección como la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
]]>En ese marco, el referente del gobierno de Javier Milei detalló que una de las iniciativas propone destinar un 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional.
Otra de las propuestas está orientada a fortalecer los derechos de propiedad privada, con el propósito de atraer inversiones y promover el crecimiento económico; con ese objetivo, se enviará al Congreso un proyecto que limita las expropiaciones a casos “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones a quienes resulten afectados.
En su anuncio, Adorni cuestionó la “inseguridad jurídica” que, entiende, dificultó el arribo de inversiones durante décadas. Además sostuvo que la imprevisibilidad en la vigencia de contratos y derechos de propiedad fue un obstáculo para la creación de empleo y perjudicó tanto a propietarios como a inquilinos.
Cambios en la ley de tierras rurales e inversión
Dentro del paquete se anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros. El objetivo es favorecer la llegada de capital global y estimular inversiones en sectores estratégicos como petróleo, minería y agroindustria.
“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó el jefe de Gabinete.
En la misma línea, se propuso también una reforma del régimen de desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles, buscando desalentar ocupaciones y mejorar la certidumbre sobre el mercado de alquileres: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”.
Revisión de pensiones por discapacidad y sistema de beneficios sociales
Otra propuesta que será sometida a debate es la revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. La idea es transparentar el otorgamiento de pensiones en personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y quienes, según el discurso oficial, habrían accedido al beneficio en forma irregular.
“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, recordó Adorni en su exposición, en la que enfatizó que la administración anterior ´recurrió a la emisión y generó mayor presión fiscal, lo que derivó en consecuencias como la inflación y el déficit.
Concesión de Chapadmalal y transformación estatal
El Poder Ejecutivo confirmó además su intención de promover la concesión por 30 años del complejo hotelero de Chapadmalal. La iniciativa apunta a captar inversión privada para restaurar y mejorar el establecimiento.
Esta medida, aduce el oficialismo, aliviará la carga financiera estatal vinculada al mantenimiento del predio y priorizará la promoción de nuevos proyectos de desarrollo económico local. El plan prevé dejar el complejo completamente disponible para el uso público.
Finalmente, Adorni apuntó que “el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”.
]]>Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación, hasta 63,6% en el último año que casi duplicó el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía del 33,1%.
De acuerdo con un cuadro elaborado por Focus Market, el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.
En esa estructura de receptores del reparto está la respuesta de por qué es tan automático aplicar un alza del insumo y no lo es corregirlo en menos.
Un litro de nafta que se cobra $ 2.000 está gravado por $365,56 entre impuestos específicos ($18,45), IVA $ 347,11, con lo que el valor base es $ 1.634, el 81,72%.
Esos $ 18,45 por litro se derivan entre $ 16,53 que va a la Nación y $ 1,92 a las provincias.
Lo perciben el Tesoro Nacional, $ 1,92, ANSES $ 5,29, Infraestructura hídrica $ 0,9, FONAVI $ 2,78 y $ 0,47, mientras las provincias reciben $ 1,92 también, como Nación.
El 60% es dirigido a organismos viales para carreteras y vialidad.
El 30% de la asignación a provincias va a obras y energía y 10% a desarrollo eléctrico, de acuerdo con un desgloce realizado por el economista Damián Di Pace.
Nafta a la inflación
Frente a tanta distribución, la recuperación practicada el año pasado en el precio tuvo cabida en el Índice de Precios al Consumidor, en un contexto en el que el ritmo general de los precios venía declinando, lo cual neutralizaba la incidencia.
Es que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8 por ciento. Esto implica que por cada aumento del 10 por ciento en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de aproximadamente 0,38 puntos porcentuales.
Pero el efecto del encarecimiento del combustible no queda ahí, sino que repercute en toda la cadena logística. Eleva los costos de transporte y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios en general, según la consultora EcoGo.
Explicación de YPF
“La actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio. Es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos: En otros países los incrementos han sido al menos tres veces mayores“, explicó el Ceo de YPF, Horacio Marín.
Actuamos sin especulación y sin aprovechar la volatilidad del precio del crudo en este contexto de incertidumbre global.
Sin embargo, la dinámica de precios en el surtidor no sólo responde al costo internacional del crudo, que se ve afectado tanto por la cotización del Brent como por la evolución del tipo de cambio, sino que coexiste otro factor no menor, como la carga impositiva, particularmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya actualización funciona como una herramienta de política fiscal.
El medio especializado Surtidores analizó que, en términos de precios, los escenarios son diversos.
Con un traslado parcial del aumento internacional y una corrección limitada de impuestos, el ajuste en los surtidores podría ubicarse en torno al 9 por ciento, con una incidencia cercana a 0,3 puntos en la inflación.
Sin embargo, si la suba del crudo se consolida y se avanzara en una actualización más completa de la carga impositiva, los incrementos podrían escalar hasta el 30 por ciento, con un impacto superior a 1 punto porcentual en el IPC.
El serrucho del Brent
Al comienzo de este conflicto, el barril rondaba los 72 dólares y hubo picos de casi 120 dólares.
Hoy se encuentra en torno a los 85 u 86 dólares, volatilidad ésta que responde al cierre de pasos estratégicos y a la necesidad mundial de petróleo, lo que repercute en los surtidores de todo el mundo.
La traducción de ese movimiento a los precios internos está a cargo de YPF, que detenta el 55% de los despachos, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%), que acompañarán las decisiones que vaya adoptando la petrolera de bandera.
]]>Durante el inicio, el funcionario leyó un documento en el que lo primero que hizo fue aclarar algunos puntos sobre la investigación judicial que se está desarrollando respecto a su patrimonio. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.
Luego, el funcionario aceptó cinco preguntas por parte de periodistas acreditados en la Casa Rosada y lo primero que respondió fue sobre la supuesta propiedad que aparece a nombre de su esposa en un country. “Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, la verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno”, sostuvo el ministro coordinador.
“Ni siquiera es una operación contra mí. Esto es claramente una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no? Estoy inaugurando la sesión de ataques al Gobierno. Soy uno más en esta, en esta filita de ataques que estamos recibiendo“, agregó.
En tanto, sobre el viaje a Punta del Este, afirmó que fue realizado con su familia y reiteró: “Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad. Todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto. Es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia”.
En esa línea, respecto al pago del avión privado en el que viajó a la ciudad uruguaya, Adorni continuó: “Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión. Lo demás es parte de la investigación de la Justicia”.
A continuación, ante el cuestionamiento sobre su situación patrimonial, el funcionario respondió: “Partamos de la base de que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí o para mi familia. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista, y yo respondo a un periodista“.
“Sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado, en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que, mi estimado periodista, aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia. Tal vez, pasada la mitad de año podamos desasnar de tus dudas”, completó en la respuesta.
En tanto, también fue consultado sobre si el pago del viaje a Punta del Este representó una dádiva por su gestión en la Televisión Pública, a lo que el jefe de Gabinete replicó: “Cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo. Yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, ya no sé cómo explicárselos”. Sostuvo que la injerencia de (Marcelo) Grandío en la Televisión Pública es previa a su llegada a la gestión de los medios estatales y señaló: “No veo ningún tipo de incompatibilidad ni menos de dádiva. Mucho menos”. Seguido a esto, agregó: “No tengo por qué explicar una transacción privada en la que la Justicia no me lo está preguntando. Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente”.
Por último, ante el pedido de explicaciones sobre cómo pagó el viaje privado (si fue en negro o hubo un recibo), Adorni solicitó un pedido de disculpas: “Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, me voy un poco para atrás. ‘Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni’, ¿Te suena? Porque lo dijiste vos -le dijo al periodista en la sala-. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Has mentido descaradamente sobre mí“.
“Me gustaría que me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas a pedir, así que te lo tomo”, exigió el jefe de Gabinete, que volvió a escuchar la pregunta y respondió: “Pero, ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez“.
“Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos es un tema tuyo. Está todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar, ni ahora ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes”, completó el funcionario en el cierre de la conferencia.
]]>Se trata de un estudio de la consultora OK Media, correspondiente a marzo de 2026, con cobertura nacional, representación de AMBA e Interior y un margen de error informado de ±2,9%.
El trabajo también encendió una fuerte señal de alerta para el oficialismo por la situación de Manuel Adorni, ya que el 73,6% de los consultados consideró que debería renunciar, mientras que apenas el 20,8% opinó que debería continuar en su cargo. Un 5,6%, en tanto, respondió no saber o no contestó.
Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada aparece al desagregar las respuestas según la valoración de la gestión presidencial: incluso entre quienes tienen una imagen positiva del Gobierno, un 30,3% cree que Adorni debe dejar su cargo. En ese mismo segmento, el 67,2% sostuvo que no debería renunciar.
En paralelo, la encuesta midió el impacto del caso Libra sobre la figura presidencial. Allí, el 65,7% afirmó haber seguido las últimas novedades del escándalo, contra un 34,3% que dijo no conocerlo o no seguirlo.
Sobre ese universo, el 61,3% consideró que el caso perjudica la imagen de Milei, mientras que el 31,7% opinó que no la afecta y un 7% no tomó posición. Aun dentro del grupo con imagen positiva del Presidente, el 24,5% admitió que el caso Libra sí le provoca un daño político.__IP__
Los números dejaron así un cuadro complejo para el oficialismo: más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión presidencial, casi tres de cada cuatro piden la salida de Adorni y el escándalo de Libra aparece como un factor de desgaste para la figura de Milei.
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