En la actualidad, ya no alcanza con ofrecer un alfajor “rico”. La calidad del chocolate, la selección de ingredientes, la textura, el equilibrio de sabores y la historia detrás de cada creación se han convertido en factores determinantes.
El consumidor actual está más informado y busca experiencias sensoriales más completas. Al mismo tiempo, productores, emprendedores e industrias apuestan a innovar para destacarse, encontrar identidad propia y conectar con nuevos públicos.
En este contexto, especialistas del sector coinciden en que la búsqueda de identidad se volvió una de las claves del mercado actual. Rescatar sabores regionales, reinterpretar recetas tradicionales o innovar con nuevas texturas son algunas de las tendencias que marcan el presente.
Una de las profesionales que sigue de cerca esta evolución es Lorena Meana, chef patissier, chocolatier y desarrolladora de productos, quien acompaña a empresas, fábricas y emprendedores en la creación y perfeccionamiento de alfajores en distintos puntos del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego; y una trayectoria que también se proyecta a nivel internacional, con desarrollos en Brasil, Perú y España.
Desde su mirada, hoy la diferencia está en lograr productos con identidad propia
“Cada alfajor tiene una historia. A veces esa identidad aparece en un sabor regional, en una textura particular o en la calidad del chocolate que se elige para potenciar la experiencia.”
Con una amplia trayectoria en asesoramiento técnico, capacitaciones y desarrollo de productos, Lorena Meana se ha convertido en una voz de consulta dentro del sector, interpretando tanto las demandas del consumidor como las necesidades del productor.
“Hoy el consumidor está mucho más atento a la calidad. Busca un buen chocolate, sabores equilibrados y texturas que sorprendan. Y el productor sabe que para destacarse necesita ofrecer algo distinto.”
“El chocolate también está ocupando un lugar cada vez más importante. Se revaloriza el buen chocolate, con mayor presencia de cacao y con un perfil más auténtico.”
Así, entre innovación, identidad y tradición, el alfajor argentino continúa reinventándose sin perder su esencia.
Por Carina Badino
]]>La convocatoria encabezada por Peixoto en Capital Federal tuvo el tono de una celebración popular, atravesada por la emoción colectiva y el recuerdo de una figura que, más allá de credos, dejó una huella indeleble en buena parte de la sociedad argentina. Familias, jóvenes y adultos mayores se reunieron para rendir homenaje a Francisco, en una jornada donde la música y la fe se entrelazaron con un fuerte sentido de pertenencia.
En paralelo, la imagen del Presidente en Jerusalén volvió a poner en primer plano su relación con la religión. Milei, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su afinidad con el judaísmo y su identidad “judío-cristiana”, eligió ese escenario cargado de simbolismo para expresar recogimiento. Sin embargo, la simultaneidad de ambos hechos abrió interrogantes sobre la sintonía entre la dirigencia política y las expresiones mayoritarias de la sociedad.
El contraste no es menor. Mientras una multitud en Buenos Aires evocaba a un Papa argentino que supo construir puentes con amplios sectores sociales, el jefe de Estado reforzaba un perfil espiritual que, si bien legítimo en lo personal, parece alejarse de la tradición cultural predominante en el país. La tensión no radica en la diversidad religiosa, sino en la percepción de desconexión.
En ese cruce de imágenes, algunos observadores ven reflejadas “dos Argentinas”: una que se reconoce en figuras como Francisco y en prácticas colectivas de fuerte arraigo popular, y otra que encuentra en el liderazgo actual una representación más individual, marcada por convicciones propias que no siempre dialogan con ese sentir mayoritario.
La escena, en definitiva, no solo habla de fe, sino también de representación y de las múltiples identidades que conviven, y a veces chocan, en la Argentina contemporánea.
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“La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla“, expresaron desde el Ejecutivo nacional, en la presentación, en donde solicitaron suspender los artículos 6 y 7 de la normativa.
En efecto, el texto cuestiona la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones, la cual ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley de Financiamiento Universitario, asegurando la recomposición salarial y presupuestaria de las casas de estudios superiores. Sin embargo, desde el mileísmo salieron a poner reparos sobre la aplicación de la normativa.
Según argumentaron desde la administración nacional, la aplicación de la normativa, ratificada dos veces por el Congreso, a pesar del veto presidencial, implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

Vale señalar que, si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso, tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto presidencial, el Gobierno continúa sosteniendo que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron”, se excusaron desde Casa Rosada.
De todas maneras, agotada la última instancia judicial, desde los pasillos de Balcarce 50 saben que es muy probable que la Corte Suprema buscará impedir tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo, el Ejecutivo nacional se prepara para transferir los $2,5 billones que le corresponden a las universidades por ley.
“La Corte Suprema te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan“, advirtió otro armador de La Libertad Avanza.
Cabe destacar que, el Recurso Extraordinario Federal (REF), que utilizo el oficialismo en las últimas horas, es una herramienta procesal excepcional que permite a la Corte Suprema de Justicia revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales.
]]>Además se informò que se registró en todo el país un incremento en la demanda de atención por motivos de salud mental en el sistema público que supera el 12 por ciento. Asimismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las internaciones en hospitales generales pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. La población de niños, niñas y adolescentes es la que más preocupa: pasaron del 9 por ciento del total de internaciones en 2023 al 13 por ciento en 2024. “Se nota mucho el impacto social post pandemia en trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y abuso de sustancias. A esto se le suma que hay un aumento de emergencia psiquiátricas, que muchas veces requieren intervención policial, pero no hay tantos ámbitos de internación ni en el sector público ni en el privado. Esto es un problema porque las internaciones indicadas con profesionalismo, ética, y en tiempo y forma salvan vidas”, describe Federico Pavlovsky, psiquiatra especialista en consumos problemáticos.
No obstante, a raíz de la actual situación económico-social, la situación parece estar empeorando cada vez más. La Fundación Soberanía Sanitaria sostiene que muchas personas no pueden afrontar los gastos asociados a copagos ni acceder a medicamentos con descuento. A su vez, los turnos se asignan con demora y se suman las múltiples barreras que dificultan el acceso a internaciones por motivos de salud mental, en especial si se trata de consumos problemáticos.
A esto se le suma el colapso de un sistema de salud pública que ya venía deteriorado: según el informe “Salud en Agonía” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sólo en los primeros meses de 2024, 200 mil personas se dieron de baja del sistema de salud privado, debido al fuerte incremento de los aranceles, y pasaron al público. En paralelo, se produjo un aumento desmedido en los precios de los medicamentos recetados, lo que implicó que miles de personas no pudieran continuar con los tratamientos farmacológicos indicados.
Con todo esto, de manera reciente, se realizó el “Encuentro Federal por la crisis en salud mental” en el Congreso de la Nación, donde estuvieron presentes 16 provincias. Allí, los representantes definieron exigir al gobierno nacional la reactivación del programa Remediar Salud Mental (que garantizaba el acceso a determinados psicofármacos) y la entrega regular de medicación, visibilizar la crisis como prioridad sanitaria federal y reafirmar el compromiso con la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.
“Es absolutamente central que las personas puedan tener acceso a los tratamientos de salud mental en general, que requieren psicólogos, psiquiatras y psicofármacos. Sucede que muchas veces las personas no pueden solventarlos. De tal manera que, esas personas tendrán una evolución negativa de los cuadros a diferencia de quienes sí tienen acceso. Se genera como un sistema de castas, en donde hay personas que sí pueden solventar tratamientos de calidad y muchísimas que quedan afuera”, explica Pavlosvky a la Agencia.
]]>Según expresó la letrada, durante su exposición el acusado sostuvo que el buque se encontraba en buenas condiciones de navegación e incluso argumentó que contaba con “caja de herramientas y manual de reparaciones”, entre otras afirmaciones que provocaron indignación en los familiares presentes.
“Su exposición provocó profunda indignación en las familias al sostener que el buque se encontraba en buenas condiciones de navegación”, afirmó Carreras al término de la audiencia.
Otro de los puntos que generó fuerte impacto fue la reproducción en audiencia de un audio del Capitán Fernández, último comandante del submarino, cuyo contenido ya forma parte del expediente judicial.
“Resultó especialmente agraviante la reproducción en audiencia de un audio del Capitán Fernández -último comandante del submarino- cuyo contenido ya obra transcripto en actas”, señaló la abogada, quien consideró innecesaria esa exposición pública.
Carreras agregó que la difusión del audio fue “innecesaria y dolorosa”, remarcando el impacto emocional que generó en los familiares que siguen de cerca el proceso judicial en la capital santacruceña.
La querella remarcó que las familias continúan atravesando el juicio “con enorme entereza”, aunque advirtió que perciben intentos de minimizar responsabilidades y diluir hechos que deben ser esclarecidos.
“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, sostuvo Carreras.
Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar el proceso judicial con firmeza: “Reafirmamos nuestro compromiso de sostener el proceso con firmeza, respeto y en búsqueda de verdad y justicia”.
El juicio oral continúa desarrollándose en Río Gallegos, donde se ventilan las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de la Armada Argentina.
(Fuente: El Diario Nuevo Día)
]]>El hundimiento “no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio”, sostuvo la fiscalía en el juicio contra cuatro ex altos mandos de la Armada que se realiza ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.
Están acusados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. El proceso excluyó responsabilidades políticas: Oscar Aguad, quien era ministro de Defensa en noviembre de 2017 no es juzgado en este proceso. Tampoco Mauricio Macri, por entonces Presidente.
Valeria Carreras, que representa a un grupo de 34 familiares, dijo que durante el proceso se probó que el submarino “no estaba en condiciones de operabilidad”. Recordó que hubo una situación similar en el mes de julio pero al estar calmo el mar, no tuvo mayores consecuencias. En noviembre, cuando fue el hundimiento, las olas llegaron al grado 8, considerado elevado.
Carreras recordó que el hecho que tuvo como desenlace el hundimiento del ARA San Juan comenzó con un principio de incendio. Las autoridades del submarino consultaron a quienes estaban a cargo en tierra y les dijeron que regresaran a Mar del Plata. Para la abogada querellante, este error fue fatal: deberían haber ido a la costa más cercana.

Además, señaló que la comunicación no debería haber sido por teléfono celular sino por comunicación satelital, lo cual no pudo llevarse adelante porque -siempre según Carreras- no estaba pago el servicio de la empresa Claro. Según explicó, los celulares están prohibidos en los submarinos porque esto hace que puedan ser ubicados.
Sobre las responsabilidades políticas, Carreras saludó el hecho de que el juicio se lleve adelante en Río Gallegos y no en los tribunales federales de Comodoro Py. “Que se juzgue en el interior garantiza igualdad ante la ley”, aseguró en diálogo con PERFIL.
Otro de los abogados que representa a los familiares es Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los marinos fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.
En paralelo a esta causa se inició un expediente que buscó determinar las responsabilidades de allegados a Macri en el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, pero esos expedientes fueron cerrados por la Corte Suprema de Justicia y los ex funcionarios involucrados están sobreseídos.

Durante la jornada de este martes se llevó adelante la lectura de la acusación. A partir de este miércoles, comenzarán las testimoniales.
Está previsto que declaren más de 100 testigos. Además, el tribunal analizará material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero.
Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo y luego semana de por medio, de martes a viernes. El veredicto podría conocerse en el mes de julio.
Fuente: Agencias noticias
]]>Las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso al máximo tribunal, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y denunciando parcialidad en las resoluciones judiciales. La Corte rechazó todos los planteos.
En este contexto, ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue citado como testigo en el juicio que comienza ahora en Santa Cruz, donde se buscará establecer las responsabilidades dentro de la cadena de mando de la Armada por el hundimiento ocurrido en noviembre de 2017.
Los restos del “San Juan” están a mas de 900 metros de profundidad
Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.
El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata. El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje.
Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
Un debate sin familiares de los marinos
No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer.
“No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio“, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó.
Las penas posibles –de uno a 5 años de prisión– contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.
“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983).
Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa.
En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes.
Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025.
“Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia“, dijo el abogado que representa a una veintena de familiares.
El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
“Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri“, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”.
De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas.
En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
El juicio
Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda.
La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.
“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra.
“Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.
]]>La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.
Gallo estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.
El gendarme había sido detenido en un paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.
“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, expresó la AFA en un comunicado.
La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que de esta forma se demuestra “que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.
“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añade el comunicado de la AFA.
Las gestiones para liberar a Gallo tuvieron como mediador ante el Gobierno de Delcy Rodríguez al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.
La liberación fue confirmada además por la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, quien a través de su cuenta de la red social X manifestó: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina”.Liberan al gendarme argentinoNa
“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, señaló la mujer.
]]>La medida establece un pago adicional por única vez que complementa el monto habitual de la Asignación por Ayuda Escolar Anual. El refuerzo consiste en una suma de dinero equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000 por cada hijo. Quienes ya reciban una asignación igual o superior a ese valor no accederán al beneficio adicional. El objetivo central es que ningún beneficiario perciba un monto inferior al que se fijó en 2025, manteniendo el poder adquisitivo ante la evolución de los precios y el contexto social.
La prestación está destinada a alumnos de educación inicial, primaria, secundaria y polimodal en todo el país. Pueden inscribirse niños y adolescentes entre 4 y 17 años cumplidos que asistan regularmente a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial. Es requisito contar con la condición de alumno regular.
Para hijos con discapacidad, la prestación no tiene límite de edad, siempre y cuando se acredite la escolaridad en instituciones reconocidas. El objetivo es abarcar tanto a menores como a jóvenes y adultos con discapacidad que participan de propuestas educativas diferenciales.
El esquema de la Ayuda Escolar Anual, regulado por la Ley N° 24.714, contempla la cobertura a trabajadores en relación de dependencia tanto del sector privado como del sector público nacional, beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. También incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
La condición de acceso al beneficio depende de los ingresos familiares. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció topes que determinan la inclusión o exclusión del grupo familiar. Para febrero de 2026, el tope máximo de ingreso del grupo familiar se fijó en $5.292.758, mientras que el máximo individual para cada integrante es de $2.646.379. El Estado excluye de la asignación a quienes superan cualquiera de estos límites.
En el caso de hijos con discapacidad, no existen topes de ingresos, lo que garantiza la cobertura universal para estos beneficiarios, siempre y cuando se cumpla con la acreditación de la escolaridad en establecimientos oficiales o privados habilitados.
En detalle, así quedan los topes:
El refuerzo extraordinario se aplicará de forma automática y por única vez en marzo de 2026, en coincidencia con el pago masivo habitual de la Ayuda Escolar Anual. El pago adicional solo lo recibirán quienes, por el cálculo regular de la asignación, perciban un importe inferior a $85.000. Si el valor de la ayuda ya iguala o supera ese monto, no corresponderá el pago del refuerzo.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la ANSES tienen la responsabilidad de dictar las normas operativas y complementarias para implementar la medida. La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar los ajustes presupuestarios pertinentes para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios durante la aplicación del refuerzo.
La prestación de Ayuda Escolar Anual se abona en el mes de marzo y está orientada a solventar gastos vinculados al ciclo lectivo, como materiales, uniformes y otros insumos esenciales para la concurrencia a clases. El Estado reconoce el impacto económico que genera el inicio de clases y busca sostener la capacidad de respuesta frente al aumento de los costos para las familias.
La referencia al monto de $85.000 funciona como un piso garantizado respecto de lo percibido en marzo de 2025, según dispuso el Decreto 63/25. El mecanismo de refuerzo se activa únicamente si el monto habitual de la asignación resulta inferior a ese valor. El Estado abona la diferencia en esos casos para asegurar que el poder adquisitivo de la prestación no se vea reducido por el contexto económico.
La vigencia de la medida es inmediata a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La Dirección Nacional del Registro Oficial debe encargarse de la comunicación y registro de la disposición.
Quedan excluidos del refuerzo extraordinario quienes, por el monto regular de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, ya perciban $85.000 o más. En esos casos, el Estado considera que la prestación cumple con el piso de ingresos establecido y no corresponde el pago del adicional.
El diseño del beneficio apunta a consolidar un ingreso mínimo para cada hogar con menores en edad escolar ante la actualización anual y la variación de los precios. El mecanismo de aplicación automática garantiza que las familias reciban el pago sin necesidad de realizar gestiones adicionales, siempre que cumplan con los requisitos de regularidad escolar y acreditación de datos ante la ANSES.
La medida impacta en todo el territorio nacional y abarca a todas las jurisdicciones, tanto en el ámbito público como privado. La prestación reconoce la diversidad de situaciones familiares y educativas, incluyendo a alumnos de educación diferencial sin limitación de edad ni restricciones por ingresos en el caso de discapacidad.
]]>La plataforma de lectura interactiva Fiction Express está presente en 3 de cada 4 países latinoamericanos, con una implantación destacada en México, El Salvador, Colombia y Uruguay, entre otros, además de España y Reino Unido. En total, la solución se utiliza en más de 9.000 centros educativos de todo el mundo, cerca de 7.000 de ellos en Latinoamérica.
El fuerte vínculo del premio con América Latina se refleja también en el palmarés: dos autores latinoamericanos han sido ganadores en ediciones anteriores, el escritor salvadoreño Jorge Galán y la autora mexicana Mónica B. Brozón, ambos referentes de la literatura juvenil en sus países y en la región. Este reconocimiento subraya el carácter global, diverso y educativo del Premio Fiction Express, en el que millones de jóvenes lectores no solo leen, sino que participan activamente en la trama.
Los cuatro autores recibieron el reconocimiento en una gran gala celebrada este jueves 19 de febrero en la emblemática Casa Rius de Barcelona ante 400 invitados, entre los que constaban autoridades del sector educativo, cultural y diplomáticos, tanto españolas como internacionales, así como autores y docentes. Asistieron cuerpos consulares de la mayoría de los países latinoamericanos.
En las distintas categorías de literatura infantil y juvenil han sido reconocidos varios autores españoles de gran trayectoria: las españolas Júlia Prats y Maite Carranza han sido premiadas por su obra conjunta Relámpago, consolidando una colaboración que une dos voces destacadas del panorama literario catalán; el autor Arturo Padilla ha resultado ganador con Supervivencia extrema, sumando este reconocimiento a una extensa lista de galardones obtenidos desde muy joven; finalmente, el malagueño Pedro Ramos ha sido distinguido por Donde bailan las ballenas, reforzando una carrera avalada por premios que lo sitúan como una de las voces más sólidas de la narrativa juvenil actual.
Sobre la plataforma
La plataforma conecta virtualmente a los lectores con autores profesionales a través del foro interactivo y de un sistema de votaciones para ponerlos al mando de su experiencia lectora y elegir los acontecimientos que deberían suceder. De este proceso interactivo tan apreciado por los lectores, que dura 5 semanas por libro, derivan recursos para el profesorado: un cuestionario, proyectos para trabajar competencias transversales y otros ejercicios de vocabulario, comprensión lectora, escritura y oralidad para cubrir todas las dimensiones de la lengua. En 2021 y en 2023, Fiction Express fue elegida Mejor Plataforma Educativa Digital del Mundo en los Bett Awards.
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