Organizaciones sociales y gremiales se movilizaron masivamente en Mar del Plata para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, mientras la Cámara de Diputados debatía el polémico proyecto. Bajo la consigna “No a la reforma laboral”, cientos de personas se congregaron en el centro de la ciudad para expresar su descontento.

La protesta estuvo fuertemente respaldada por una amplia variedad de gremios locales, entre ellos el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (Secza), el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH) , Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERYH), la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), ATE, gremios universitarios, Cicop y la Asociación Bancaria, el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) entre otros.

La movilización tuvo su punto de mayor concentración alrededor de las 18 cuando decenas de organizaciones confluyeron en Plaza San Martín en una jornada marcada por un fuerte posicionamiento de los trabajadores frente al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Mar del Plata parcialmente paralizada

Mar del Plata estuvo parcialmente paralizada, y el factor determinante fue la adhesión total de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), medida que suprimió la circulación de colectivos tanto en el ejido urbano como en la localidad de Batán.

La interrupción del transporte público opera como el principal vector de la parálisis, aunque la inactividad se replica con rigor en los nodos logísticos y administrativos. El acatamiento es absoluto en la operatoria portuaria, el circuito bancario y las dependencias municipales, las cuales funcionan exclusivamente bajo el esquema de guardias esenciales. Por su parte, la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) reportó un acatamiento “contundente”, marcando un contraste con los barrios periféricos, donde el comercio minorista ensaya aperturas con alteraciones operativas pero sin llegar al cierre total.

“Una transferencia multimillonaria de recursos”

El núcleo del conflicto reside en el rechazo frontal del arco sindical a las modificaciones normativas impulsadas por el Gobierno. En diálogo con el Retrato, el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ezequiel Navarro, analizó los alcances de la medida de fuerza y profundizó en las consecuencias estructurales de la iniciativa parlamentaria.

“Hay un altísimo acatamiento del paro en la ciudad de Mar del Plata, no solamente en los sectores estatales, sino en los sectores privados”, afirmó el dirigente. Para Navarro, la respuesta de las bases responde a una toma de conciencia sobre una reforma que, según su lectura, carece de elementos que favorezcan a los asalariados o estimulen la creación de empleo. Como síntoma de la crisis económica subyacente, el referente sindical citó el reciente cierre de la fábrica de neumáticos FATE: “Dejaba 920 trabajadores en la calle. Ni siquiera en la crisis del 2001 esta fábrica cerró. Eso quiere decir que las políticas que está llevando adelante este gobierno son las equivocadas”.

Navarro puso especial énfasis en que el proyecto de la reforma rompe los convenios históricos de seis u ocho horas para habilitar extensiones de hasta doce horas diarias. “Lo del banco de horas lo único que hace es perjudicarte en tu organización del trabajo. Aquellos trabajadores que como complemento de su salario tenían la hora extra la van a perder”, remarcó. En su visión, el trasfondo de la ley constituye “una transferencia multimillonaria de recursos del bolsillo de los trabajadores a los empresarios”.

Si bien el Ejecutivo retiró el artículo que penalizaba económicamente las licencias por enfermedad tras la presión en el Senado, Navarro insistió en que el texto contiene otros 200 puntos lesivos. Aunque el dirigente reconoció que “el mundo del trabajo cambió y cambió mucho en los últimos 25 años” y que resulta lógica una modernización, sostuvo de manera directa que “esta no es la reforma que nos va a mejorar”.

El Estado frente a los sueldos de indigencia

Navarro subrayó que la actual administración nacional inauguró su gestión con despidos y recortes de políticas públicas, un accionar que daña directamente el tejido social de contención.

“Hoy el trabajador del Estado tiene un sueldo de indigencia. Ya ni siquiera tenemos que hablar de sueldos de pobreza, porque para no ser indigente en la Argentina hay que tener un sueldo de más de 700.000 pesos y hoy el Estado Nacional está pagando sueldos de 500 y 600.000 pesos”, denunció.

Esta vez, se unirán esfuerzos comunitarios para realizar tareas de pintura y mantenimiento general en el Jardín de Infantes Provincial N° 951 “Héroes del ARA San Juan”, ubicado en el barrio Santa Rosa del Mar y nombrado en homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El jardín, inaugurado en 2018 con este emotivo nombre por iniciativa de la comunidad educativa y marplatense, atiende actualmente a unos 90 niños y niñas en sus instalaciones. La actividad se desarrollará el sábado 21 de febrero de 2026, de 8:00 a 16:00 horas, en la siguiente ubicación:

• Dirección: Esquina de calle 38 y calle 431, barrio Santa Rosa del Mar, Mar del Plata.
• Cómo llegar: Acceso principal por Av. Jorge Newbery, pasando el UTOI. El jardín se encuentra a solo 2 cuadras de la avenida.

Las tareas previstas incluyen

• Pintura de interiores y/o exteriores (según necesidades prioritarias).
• Mantenimiento general del patio y espacios comunes: limpieza, arreglos menores, pintura y reparación de juegos infantiles, entre otras acciones.

Colaboración especial: La jornada se llevará a cabo junto a agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de la ciudad, conectadas directamente con las familias de los tripulantes del ARA San Juan, sumando un significativo aporte de memoria histórica y solidaridad al trabajo en el jardín.

Aldosivi impulsa un programa integral de voluntariado abierto a todo público mayor de edad, con el objetivo de extender la pasión por el “Tiburón” más allá de la cancha a través de acciones concretas de inclusión social, compromiso comunitario y articulación con instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de Mar del Plata.

Continuidad de trabajos en la Secundaria N° 3:

El último sábado, el equipo de voluntariado de Aldosivi volvió a la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 3 para una nueva jornada de trabajo comunitario: reparación de sillas y bancos que regresarán al aula. Desde la escuela agradecieron especialmente a:

* Todo el equipo de voluntarios que se sumó durante la mañana.

* El equipo del Taller “Herrería Correa”, por las soldaduras y reparaciones técnicas.

* Ferretería Acantilados y Ferretería Villen, por su generosa provisión de materiales.

Convocatoria

El club invita a voluntarios a sumarse a esta nueva jornada solidaria en el Jardin nº 951. Además, se solicita a comercios, empresas y particulares, donaciones de materiales necesarios para la actividad: pinturas (látex interior/exterior, esmalte sintético negro y de distintos colores para los juegos, barniz), rodillos, brochas, lijas, guantes, elementos de limpieza, herramientas básicas, etc.

Inscripciones y coordinación de donaciones:

Exclusivamente a través del WhatsApp de la Oficina de Socios del Club Atlético Aldosivi: 223 300-5724.

Ahora el Frente de Unidad Docentes difundió un comunicado firmado por todas las entidades ratificando el paro del 2. A FEB y Suteba se suman los privados de Sadop, los representantes de las escuelas técnicas nucleadas en AMET y Udocba.

“La realidad es que el comienzo de clases va a depender de lo que suceda en estos días”, había anticipado horas atrás Carla Mancuso, titular de la delegación marplatense del gremio, en conversación con el Retrato, al no aparecer una cifra satisfactoria. En diálogo con el Retrato, analizó el impacto de la quita del FONID (que representaba el 20% del sueldo) y exigió terminar con la desigualdad de los docentes extraprogramáticos.

El golpe al bolsillo: FONID y ajuste

La discusión salarial no solo se circunscribe al porcentaje de aumento provincial, sino que arrastra el lastre de los recortes nacionales. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que dejó de abonarse en diciembre de 2023, continúa siendo una herida abierta en la composición del ingreso.

Según explicó Mancuso, este ítem representaba “más de un 20% del salario para los docentes de la provincia de Buenos Aires”. La pérdida de ese monto, sumada a la inflación acumulada, ha erosionado la capacidad de compra del sector. La estrategia gremial, por tanto, es doble: mantener el reclamo ante la Nación y presionar a los empleadores de la gestión privada para que asuman esa diferencia. “Es un monto que los empleadores podrían seguir liquidando si ellos así quisieran hacerlo”, apuntó.

“No hay docentes de primera y de segunda”

Más allá de la coyuntura paritaria, SADOP pone el foco en una inequidad histórica dentro de las instituciones privadas como es la situación de los docentes extraprogramáticos. Se trata de aquellos profesionales que dictan materias no obligatorias para la currícula oficial, pero exigidas por el proyecto institucional de cada colegio.

“Lo que venimos reclamando hace muchísimos años es la equiparación. Que le paguen el mismo salario que un docente programático, que tengan las mismas vacaciones y el mismo régimen de licencia”, detalló la Secretaria General.

El objetivo es que los aportes de estos trabajadores se dirijan al Instituto de Previsión Social (IPS) y no a otras cajas, terminando con la disparidad de derechos. “Somos todos docentes, todos planificamos, corregimos, cuidamos alumnos y contenemos familias. No hay docentes de primera y segunda categoría”, sentenció.

Matrículas y despidos: cual es el pulso del sector

Consultada sobre el impacto de las cuotas (que en algunos casos superan el medio millón de pesos) en la matrícula escolar, Mancuso aclaró que el sindicato no interviene en la política arancelaria empresarial, aunque monitorea sus consecuencias laborales. Hasta el momento, el gremio no ha detectado una caída de cargos por cierre de cursos en Mar del Plata.

“Este año, lo que fue diciembre del 2025 y febrero del 2026, no hemos tenido ni consultas ni situaciones que nos alarmen con respecto a una baja de matrícula tan grande”, aseguró.

Sin embargo, la dirigente advirtió sobre la persistencia de desvinculaciones injustificadas en el sector. A pesar de la subvención estatal que reciben muchas escuelas, la cual, recordó, no exime a los dueños de sus obligaciones patronales, los trabajadores enfrentan situaciones de inestabilidad. “Nos encontramos con despidos, la mayor parte de las veces, arbitrarios o disciplinadores”, denunció Mancuso, ratificando que el gremio continuará accionando gremial y legalmente ante cada cesantía.

“Ni más empleo, ni protección a los trabajadores de plataformas, ni más salarios; lo que se vota hoy en la Cámara de Diputados, mal llamada reforma laboral, es un retroceso total para todos y todas los trabajadores, formales e informales. Es un nuevo capítulo de un gobierno cuyo solo objetivo es hacer los deberes con el FMI y el Tesoro de los EE.UU.”, sostuvo.

Di Bártolo fue categórico al señalar que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei “avanza sobre salarios, licencias, indemnizaciones y derechos colectivos. No es modernización, es precarización. Sin derechos no hay dignidad”.

Asimismo, advirtió sobre el alcance del proyecto: “Que no nos engañen. El proyecto que se vota hoy en la Cámara de Diputados incluye que el salario puede pagarse con dinero o con cosas; el salario deja de ser un derecho garantizado, se vuelve variable y discrecional”.

En relación a la jornada de protesta, destacó: “El paro fue contundente en Mar del Plata y en todo el país; más allá de porcentajes, la sensación térmica indica que la adhesión ha sido mayoritaria, lo cual demuestra el repudio generalizado al proyecto mal llamado de reforma laboral y al modelo económico regresivo, recesivo e injusto que lleva adelante el gobierno de Milei”.

Finalmente, el candidato a conducir el Partido Justicialista en General Pueyrredon remarcó: “El movimiento sindical está articulando medidas de lucha contra la mal llamada reforma laboral; el peronismo en su conjunto y el campo nacional y popular debemos construir y organizar un programa político de liberación con un oído puesto en forma constante en el pueblo”.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, destacó la relevancia institucional y estratégica del paso dado en comisión y remarcó el alcance económico del acuerdo, fruto de un trabajo diplomático sostenido en los últimos años, y enumeró los sectores que se verán beneficiados por la reducción de aranceles: el complejo sojero, las distintas cadenas de carnes, las economías regionales, la pesca, el vino y los biocombustibles.

En particular, puso el foco en el impacto para la provincia de Buenos Aires, el distrito que más dólares genera por exportaciones, y destacó el potencial para el entramado productivo bonaerense.

Sobre este punto, hizo especial referencia a Mar del Plata, principal puerto pesquero del país: “El sector pesquero ofrece un ejemplo concreto. El acuerdo prevé muy buenas condiciones para productos como langostinos, calamares y merluza, lo que abre enormes posibilidades para una ciudad como Mar del Plata, donde la pesca es motor de empleo y desarrollo. Pero al mismo tiempo debemos revisar las distorsiones internas, como las retenciones, que erosionan competitividad frente a nuestros socios regionales”, sostuvo Abad.

En este sentido, el senador marplatense preguntó en el desarrollo de la comisión: “¿Cómo hay funcionarios de economía, quería saber si tienen pensado eliminar los derechos de exportación a la pesca para que esta industria sea más competitiva?; el secretario de Coordinación y Producción,

Pablo Agustín Lavigne (FOTO) contestó “estamos viendo que ni bien haya holgura fiscal se van a terminar de eliminar o reducir considerablemente. Dependemos de tener holgura fiscal, un par de meses más y ver cómo viene el año”.

Abad, además agregó: “La integración externa exige coherencia interna. No se puede promover apertura y competitividad hacia afuera y mantener trabas hacia adentro”.

Finalmente, el senador planteó que el desafío excede la aprobación formal del tratado: “El desafío no es sólo aprobar un acuerdo. Es asumir que la competitividad sistémica —instituciones sólidas, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y estabilidad normativa— será la condición necesaria e insoslayable para aprovechar esta oportunidad”, concluyó.

El proyecto será tratado próximamente por el Senado, donde se espera su aprobación para convertirlo en ley.

La estructura geológica de la costa bonaerense, caracterizada por su extrema rigidez y estabilidad, experimentó este jueves una anomalía que alteró la dinámica matutina de Mar del Plata. A las 08:15:37 hora local, un sismo de magnitud 4.9 en la escala de Richter, según los registros oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), sacudió la plataforma continental, generando vibraciones perceptibles principalmente en los edificios de altura del microcentro, en barrios de la Zona Sur y en Sierra de los Padres

El episodio derivó en la evacuación preventiva de dependencias estatales, como los Juzgados de Familia, bajo la coordinación de Defensa Civil, organismo que minutos más tarde confirmó la ausencia total de daños materiales o víctimas.

Para comprender la dimensión científica de un evento que carece de precedentes inmediatos, el Retrato dialogó con Federico “Iñaki” Isla, geólogo e Investigador Superior del CONICET. El especialista circunscribió el hecho a un reacomodamiento tectónico profundo y aseguró que no hay de que alarmarse.

“Es muy raro. Normalmente en 130 años de Mar del Plata no hubo ningún sismo cercano”, introdujo Isla. Sobre la ubicación exacta, el investigador detalló que el epicentro no se situó en la costa urbana, sino a 193 kilómetros al sur-sudeste, en la franja marítima ubicada entre Miramar y Necochea, a una profundidad de 10 kilómetros. “Es un terremoto de intraplaca, en la placa sudamericana, casi en el borde, muy cerca del Talud”, precisó, reconociendo una leve discrepancia en la medición de la energía liberada, ya que el servicio geológico de los Estados Unidos (USGS) lo catalogó en 4.7.

La mecánica de la falla y el mito petrolero

El origen del movimiento radica en la tensión subterránea de los bloques continentales. La región se encuentra dominada por el sistema de Tandilia, una formación serrana estructurada sobre fallas geológicas milenarias. Sin embargo, Isla aclaró la distancia técnica entre ambos sistemas: “Normalmente estamos en una zona donde hay sierras controladas por fallas, y puede haber alguna debilidad, y debido a algo que lo pueda gatillar, puede ser algún deslizamiento subacuático, y eso pudo haber gatillado que se produzca este terremoto. Es una falla que se reacomodó”.

El sismo, originado a casi 200 kilómetros del eje de Tandilia, activó de inmediato especulaciones en la opinión pública que vinculaban el temblor con las recientes operaciones de la industria petrolera costa afuera. El investigador del CONICET desarticuló esta teoría de raíz. “Hace poco no estuvieron trabajando, y por lo que entiendo estuvieron en el pozo Argerich, que está bastante más al norte”, fundamentó.

El tsunami de 1954 y el tiburón de Miramar

Al rastrear el historial de fenómenos anómalos en el Mar Argentino, Isla rescató un episodio oceanográfico que aún genera interrogantes en la comunidad científica como fue el ingreso de agua en la costa marplatense a mediados del siglo pasado.

“Lo que sí nos llama la atención es el aparente tsunami del 21 de enero de 1954, donde tres olas entraron en la Bristol y en la bahía de la Playa de los Ingleses. Nunca se relacionó a un terremoto, aunque podrían serlo, y en ese caso sí fueron olas de tsunami”, rememoró. Ante la falta de registros sísmicos de aquella fecha, la hipótesis principal apunta a que un “deslizamiento subacuático pudiera haber originado esas olas”.

El evento de 1954 encierra, además, una peculiaridad biológica documentada. “Ese fue un fenómeno oceanográfico muy importante porque al otro día en Miramar apareció un tiburón blanco que atacó a un bañista. Así que las dos historias de Mar del Plata, que es las grandes olas del 21 de enero de 1954, se correlacionan con el ataque del tiburón blanco del 22 de enero”, relató el geólogo.

A pesar de la sorpresa que el sismo de este jueves generó en la población, Isla concluyó su análisis técnico con un mensaje centrado en la prevención y la tranquilidad ciudadana. “Es una zona muy rígida, es de muy baja frecuencia. No tenemos registros de terremotos grandes y por las estadísticas, no pensamos que puedan ser más frecuentes ni de mayor energía, de manera que lo que quiero es que la gente tenga calma”, finalizó. Las autoridades, por su parte, mantienen una recomendación de prudencia exclusiva para bañistas y surfistas ante la posibilidad de alteraciones menores y temporales en el oleaje.

Tras la jornada de protesta, los organizadores vecinales realizan un balance de la convocatoria y trazan la hoja de ruta para evitar que el reclamo se diluya en la inercia burocrática.

Jesica Alonso, referente del barrio San Carlos y coordinadora de los grupos de alertas vecinales que capilarizan la seguridad en la zona, confirmó que la manifestación logró reubicar la problemática en el centro de la esfera pública, demostrando que “la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos”.

Catarsis ciudadana y silencio oficial

“La movilización se desarrolló en un clima pacífico, que era lo que se buscaba desde el inicio. Fue una marcha ordenada, sin incidentes, donde primó el respeto institucional”, detalló Alonso. Sin embargo, no eludió la crudeza del escenario al transitar frente a los edificios que imparten justicia y administran a las fuerzas de seguridad: “Hubo momentos de catarsis. Especialmente frente a Tribunales y la Departamental, algunos vecinos expresaron con mayor intensidad su enojo y frustración. Eso también forma parte de una realidad social: cuando el reclamo por seguridad se vuelve sostenido en el tiempo y no encuentra respuestas estructurales, la emoción aparece”.

Esa catarsis topó, en primera instancia, con el hermetismo de las autoridades. Durante el paso de la columna por los estamentos judicial y policial, no se registró ningún acercamiento por parte de los funcionarios de turno. El planteo ciudadano se materializó en la vía pública, pero la recepción formal del documento de exigencias solo tuvo lugar en el Palacio Municipal.

La anatomía de la asistencia

Al evaluar el volumen de la convocatoria, Alonso propuso una lectura analítica. Reconoció que, ante una temática de extrema sensibilidad, siempre existe la expectativa de una asistencia masiva, pero contextualizó el número en virtud de las altas temperaturas, la complejidad de la fecha y el hecho de ser un espacio organizativo incipiente.

Asimismo, introdujo un factor insoslayable en la dinámica de la participación ciudadana actual como es el apoyo silencioso. “Existe un fenómeno que no podemos desconocer: muchos vecinos acompañan el reclamo, pero eligen no exponerse públicamente. Eso no significa desinterés, sino una forma distinta de participación”, argumentó. Para la referente, la base ciudadana demostró estar dispuesta a movilizarse, advirtiendo que, de perpetuarse la falta de respuestas, “es probable que futuras convocatorias amplíen esa base”.

De la calle a la “agenda de trabajo”

El petitorio ingresado en el Municipio no es una mera declaración de principios, sino un instrumento político que propone la creación de una mesa de diálogo y trabajo conjunto, integrada por autoridades municipales, provinciales, judiciales y representantes ciudadanos.

“La movilización es el punto de partida, no el final”, sentenció Alonso, marcando el inicio de una etapa de auditoría vecinal. El seguimiento de la iniciativa se estructurará en tres ejes: aguardar la respuesta formal, exigir una reunión institucional y mantener la publicidad del proceso para exponer los avances o la inacción del Estado. “El reclamo no puede quedar en lo simbólico. Tiene que transformarse en agenda de trabajo. La seguridad no se resuelve con discursos ni con un solo sector”, remarcó.

El contraste: la pacificación focalizada en San Carlos

Mientras la ciudad en su conjunto exige soluciones macroestructurales, el análisis de Alonso se detuvo en la micro-realidad de su jurisdicción. El barrio San Carlos, tras meses de zozobra, atraviesa actualmente un período de mayor estabilidad.

Según la administradora de la red vecinal, los operativos de control implementados desde enero, forzados por la presión constante de los residentes, han arrojado resultados tangibles. Destacó la fluidez en la comunicación con la cúpula de la Comisaría Novena como un factor clave para optimizar la prevención, un refuerzo operativo que también irradió mejoras en zonas aledañas como el Puerto, Las Avenidas (jurisdicción de la Comisaría Tercera) y el barrio Chavín (Comisaría Segunda).

No obstante, el diagnóstico cierra con una advertencia que aplica tanto a la política de seguridad barrial como a las demandas generales del 18F: “El desafío es que estas mejoras no sean coyunturales, sino sostenidas en el tiempo”.

Bajo la consigna “Mar del Plata Despierta”, miles de ciudadanos materializaron un hartazgo acumulado mediante una movilización pacífica que, partiendo desde el Monumento a San Martín, trazó un recorrido de cinco kilómetros para interpelar directamente a los tres estamentos del poder: la Municipalidad, los Tribunales y la Jefatura Departamental. El evento, desprovisto de banderas partidarias y organizado por más de quince asociaciones vecinales, transcurrió en una ciudad ya tensionada por la adhesión de múltiples gremios a las medidas de fuerza contra la reforma laboral.

Frente a la sede policial de la calle Gascón, una de las voces que articuló el descontento fue la de Martín Ferrá. Abogado penalista con más de 25 años de ejercicio, egresado con diploma de honor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y exoficial de la policía bonaerense. En diálogo con el Retrato, el letrado expuso una disección minuciosa del aparato de seguridad y justicia, evidenciando que la crisis actual no es producto de una fluctuación coyuntural, sino el resultado matemático de un sistema que ha dejado de funcionar.

“El hecho de que los vecinos se hayan autoconvocado y organizado es altamente positivo”, definió Ferrá al evaluar la manifestación. Para el especialista, el esfuerzo físico de una población angustiada por la economía, que dedicó tres horas al cierre de su jornada laboral para exigir respuestas, representa un límite social ante una dirigencia que no termina de dar respuestas. “Pusieron el cuerpo para decir: señores, basta, nos están robando a todos, nos están matando a todos, y quienes tienen que trabajar para contrarrestarlo no están cumpliendo su función debidamente”, sostuvo.

La mentira de la estadística oficial

El análisis del abogado desmonta la narrativa gubernamental que celebra reducciones marginales en los índices de criminalidad. Apoyado en los registros informáticos del Ministerio Público Fiscal, Ferrá dimensionó la verdadera magnitud del problema. Mientras que en el año 2007 ingresaban 21.000 causas penales en el Departamento Judicial de Mar del Plata, el registro de 2024 cerró con más de 60.000 expedientes, lo que supone un incremento del 200%. A nivel provincial, la curva es idéntica: de 500.000 causas en 2007, el volumen ascendió a casi 1.100.000 en el último año computado.

 “Cuando te dicen que bajó la inseguridad, son cuestiones falaces. A la Provincia le están entrando más de un millón de delitos. Por más que bajen 100.000, es una barbaridad y una criminalidad tremenda”, argumentó, advirtiendo que esta cifra oficial representa apenas un 10% del delito real debido al subregistro de denuncias no radicadas.

Ferrá ilustró la situación con datos hospitalarios que contradicen la supuesta pacificación del territorio. Aunque el promedio local de homicidios descendió a una franja de entre 40 y 50 casos anuales frente a los casi 100 registrados en 2015, la violencia armada mantiene una intensidad alarmante. “¿Sabés cuántos heridos reportan los medios periodísticos por año? Cien heridos de bala. ¿Sabés cuántos reporta la estadística de la guardia del Hospital Interzonal General? Doscientos cincuenta. Un 150% más de heridos de bala todos los años, que no son homicidios no por falta de intención, sino por mala puntería del tirador”, precisó.

La maquinaria de la impunidad judicial: 98,3 de impunidad

La crítica más severa del exoficial se dirige a los Tribunales y Fiscalías, señalando una ineficacia procesal que opera como incentivo directo para el crimen. De ese millón de causas anuales que absorbe la justicia bonaerense, la tasa de resolución expone el fracaso del sistema acusatorio implementado en 1998.

“El 90% de las causas penales que ingresan en la provincia de Buenos Aires se archivan y desestiman. Solo un 5% son elevadas a juicio y un 7% tienen llamado a indagatoria. El sistema acusatorio tiene un índice de condena de aproximadamente un 1,7%. Como contrapartida, nos da un 98,3% de impunidad”, detalló Ferrá.

Mar del Plata sufre el robo de entre 2400 y 2500 vehículos por año

Esta parálisis encuentra un ejemplo paradigmático en el robo automotor. Con un promedio de entre 2.400 y 2.500 vehículos sustraídos anualmente en Mar del Plata, el índice de esclarecimiento no alcanza el 10%. La responsabilidad, según el penalista, recae en las prácticas habituales del Ministerio Público, que atenúa las imputaciones para acelerar las liberaciones.

“Cuando la policía detiene a un delincuente arriba de un auto sustraído, la Fiscalía, en vez de imputar robo agravado (que tiene una pena de 5 a 15 años) a una persona con múltiples antecedentes, califica de encubrimiento y le da la libertad por el artículo 161 del Código Procesal”, explicó. “En menos de lo que le llevó robar el auto y en mucho menos de lo que le llevó a la policía detenerlo, el tipo está en libertad en la calle y seguramente robando autos nuevamente”.

La exigencia del abogado frente a este escenario es la implementación de auditorías integrales internas tanto para las unidades descentralizadas como para la Fiscalía General, cuya titularidad permanece inalterada desde hace más de veinticinco años sin rendición de cuentas sobre estos resultados. La degradación del control judicial llegó a extremos insólitos, recordó Ferrá, cuando entre 2010 y 2012 el propio depósito del Palacio de Tribunales fue desvalijado en dos oportunidades, perdiéndose cientos de armas de fuego sin que se conozcan sanciones o condenas al respecto.

El desmantelamiento preventivo y la ceguera política

En el plano estrictamente policial, el panorama exhibe un retroceso operativo que anula cualquier capacidad de prevención. Ferrá propuso medidas inmediatas de “terapia intensiva”, comenzando por la reactivación de la Escuela de Policía Juan Vucetich descentralizada, clausurada para el egreso de oficiales desde diciembre de 2019.

La falta de formación de nuevos agentes ha diezmado la presencia estatal en el espacio público. “En 2014, el Comando de Patrullas de Mar del Plata tenía 100 móviles y 100 cuadrículas jurisdiccionales. En 2024, bajó a 60 cuadrículas y 60 móviles. Un 40% menos cuando tenemos un aumento del 200% de los delitos”, contrastó, exigiendo que las fuerzas de seguridad retornen a su función natural en la calle en lugar de redactar sumarios administrativos en las comisarías.

Sin embargo, el letrado advirtió que la ejecución de estas soluciones choca con un profundo desinterés de la clase dirigente. En septiembre del año pasado, anticipando el pico de criminalidad, Ferrá solicitó formalmente el uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante para proponer modificaciones estructurales, entre ellas, extender el exiguo límite de exposición de siete minutos a una media hora de debate técnico. Meses después, intentó ser recibido por la Comisión de Seguridad. Ninguna de las peticiones obtuvo respuesta. “Esta es la desidia y el desinterés que muestran ciertos representantes en una ciudad atosigada y ahogada de criminalidad”, lamentó.

La distribución de responsabilidades

Finalmente, el abogado saldó el debate jurisdiccional que suele enfrentar al Municipio con el Gobierno bonaerense, estableciendo límites claros a las competencias. “La responsabilidad originaria, primaria y central es de la provincia de Buenos Aires, del gobernador y del ministro de seguridad”, sentenció, cuestionando duramente la falta de idoneidad del actual ministro Javier Alonso, a quien describió como un técnico en minoridad sin la pericia necesaria para conducir una fuerza de 100.000 efectivos.

Para Ferra, la función del municipio reside en la higiene urbana, el ordenamiento del espacio público y la obligación política de canalizar los reclamos vecinales, pero no en la provisión directa de seguridad.

La inseguridad traspasa a todos ante la “quietud” ( por llamarlo de una manera elegante) de quienes tienen la obligación de hacer respetar la Ley (La ¡Justicia?), de quienes deben proteger a los ciudadanos (la Policía) y de quienes fueron elegidos por el pueblo , y hoy parecen haber perdido la memoria de las promesas en tiempos electorales (los políticos).

El Documento donde plasmaron su reclamo

La marcha de los vecinos concluyò con la entrega de un petitorio en la Municipalidad en el que reclaman “medidas urgentes y estructurales en materia de seguridad. Los vecinos y ciudadanos de General Pueyrredon, reunidos en el marco del derecho constitucional de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional), manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación sostenida de inseguridad que afecta a nuestra ciudad. El presente documento no tiene carácter partidario ni confrontativo. Constituye un reclamo institucional, democrático y ciudadano, orientado a la adopción de medidas concretas, sostenidas y verificables”.

Mas adelante solicitaron “políticas públicas sostenidas en el tiempo. Requerimos el diseño y la implementación de un plan integral de seguridad con estrategias de mediano y largo plazo, que aborde las causas estructurales de la  criminalidad, superando respuestas meramente coyunturales o comunicacionales. Dicho plan deberá incluir: metas claras y medibles; indicadores públicos de resultados; evaluación periódica de desempeño; coordinación efectiva entre Municipio, Provincia y Poder Judicial”.

Tambien solicitaron “el fortalecimiento institucional y operativo”  de los recursos humanos y logísticos destinados a la prevención del delito en General Pueyrredon. Y entre ellos, citan: “Mejora en la formación, capacitación continua y equipamiento del personal policial; recuperación y optimización de esquemas operativos territoriales que garanticen presencia efectiva y permanente; incremento de patrullaje preventivo con móviles y personal suficiente; operativos de control vehicular e identificación en puntos estratégicos de la ciudad; mejora integral de las condiciones laborales, salariales y de cobertura médica y psicológica del personal policial, reconociendo su carácter de función esencial; entendemos que no puede exigirse eficacia sin brindar herramientas adecuadas”.

No se olvidaron de la Justicia y exigen “respuestas judiciales efectivas y protección a las víctimas”, y piden que “el sistema judicial garantice respuestas eficaces frente a hechos delictivos reiterados, evitando situaciones que generen sensación de impunidad”.

Al referirse a las medidas puntuales solicitan “la profundización de investigaciones penales en delitos de alto impacto, el tratamiento riguroso de casos con reincidencia, los criterios de política criminal que prioricen la protección de las víctimas, y el seguimiento institucional de medidas alternativas a la prisión para evitar reiteración delictiva”

Finalmente expresaron  la necesidad de “un diálogo institucional entre autoridades ejecutivas, judiciales y representantes ciudadanos, a fin de evaluar periódicamente la evolución de la situación y los resultados obtenidos. La seguridad es un derecho de todos los vecinos y una responsabilidad compartida del Estado en sus distintos niveles. Este petitorio expresa un reclamo legítimo, respetuoso y firme: queremos políticas serias, instituciones fortalecidas y respuestas efectivas. General Pueyrredon merece vivir con seguridad”