Veedor del Colegio de Abogados para asegurar el libre ejercicio de las defensas  

En el marco de la denuncia realizada por las defensas de los imputados contra al fiscal Guillermo Nicora por “extorsión” en  la causa por el abuso sexual ocurrido en diciembre de 2019 en el camping “El Durazno” de la localidad de Miramar, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 rechazó finalmente el planteo formulado mediante el cual incluso se solicitó la recusación del representante del Ministerio Público. 

A horas de que empezara la primera jornada de debate en el Teatro Auditorium, en la que las partes deberán seleccionar a los doce jurados y seis suplentes encargados de determinar si Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba son culpables o inocentes del abuso sexual de una nena de 14 años durante los festejos de Año Nuevo de 2019 en el camping El Durazno de Miramar, el magistrado Fabián Riquert dispuso que un veedor del Colegio de Abogados presencie cada una de las audiencias para asegurar el libre ejercicio de las defensas a la vez que rechazó lo solicitado por la defensa. 

El juicio por jurados tendrá cuatro audiencias -en ninguna podrá ingresar la prensa por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3- y finalizará con la sentencia el viernes 17 de septiembre.

Vale la pena recordar que el fiscal Guillermo Nicora había presentado un documento al juez Riquert en el que solicitaba que se “omita toda pregunta, alegato o comentario que pueda llevar al jurado al conocimiento de hechos de la vida privada de la víctima más allá de lo sucedido” en el caso como así también requería, además, “instruir a quienes asistan a los letrados durante el juicio, a las partes que defienden, patrocinan o representan, y a cada una de las personas que citen a declarar al juicio, para que omitan toda referencia a tales hechos”.

“Hemos comprobado la preocupación de alguna de las defensas por asegurarse la disponibilidad de documentos cuya única finalidad es ventilar episodios de la vida privada de la menor”, sostuvo el Dr. Nicora en su presentación y añadió: “Esto nos debe llevar a la presunción de que las defensas no han abandonado la idea de desacreditar a la menor y a sus padres por sus historias vitales, como forma de exacerbar los prejuicios y estereotipos, que inevitablemente entrarán al recinto de deliberación del jurado por más minucioso y afortunado sea el trabajo de las partes acusadoras”. 

A su vez, señaló: “No compete a los fiscales opinar sobre las estrategias de la defensa, pero sí tenemos el deber de proteger no solo los derechos de la víctima y su familia, sino el interés de la sociedad de que este juicio se desarrolle en forma regular y no termine anulado”.

En ese contexto, para el fiscal Nicora, esta orden directa le facilitaría al Ministerio Público la persecución penal de quien resulte responsable por el delito de “desobediencia” en tanto explicó: “Es una medida que consideramos imprescindible teniendo en cuenta la limitada entidad que un eventual proceso disciplinario pudiera tener para inhibir conductas de este tipo, dado la obsolescencia y vaguedad que afectan a las normas de ética profesional de la abogacía”. 

Por su parte, los abogados defensores, Marcelo Giménez, Martín Bernat y Noelia Agüero, consideraron que esa advertencia constituye una “amenaza” y, por tal motivo, solicitaron la recusación del fiscal Nicora. “El Agente Fiscal, más allá de estar realizando presunciones imaginarias sobre la estrategia de defensa de los
letrados que intervenimos en la presente causa en nuestro digno ministerio, ha incurrido en advertir que utilizará el organismo estatal de persecución penal que él mismo representa, es decir su propia fuerza persecutoria, contra sus propios colegas por el solo hecho de ejercer nuestra actividad laboral, con el claro fin de amedrentar, limitar y restringir indebidamente la defensa de los encausados”, expresó en una presentación al juez Riquert el abogado defensor Bernat.

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