Clases presenciales: la Corte Suprema de Justicia fallaría a favor de Horacio Rodriguez Larreta

En un nuevo capítulo sobre el conflicto entre el Gobierno Nacional y el porteño por la suspensión de las clases presenciales a raíz del gran aumento de contagios de coronavirus, la Corte Suprema de Justicia fallaría a favor de la Ciudad de Buenos Aires  .

El próximas horas, el máximo tribunal avalaría la autonomía de la CABA y resolvería la disputa en beneficio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta quien inició una denuncia contra el decreto presidencial que anulaba la presencialidad durante 15 días.

Según fuentes independientes de la Corte Suprema, la sentencia se conformaría por tres votos a favor de los jueces Carlos Rosenkrantz, uno de Ricardo Lorenzetti y otro de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda juntos.

En tanto, la magistrada Elena Highton, quien había sostenido que este caso no era de competencia del máximo tribunal, no votaría. No obstante, falta conocer el alcance del fallo y cómo impactará sobre la prohibición de abrir las escuelas.

La semana pasada, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó la inconstitucionalidad del primer DNU que suspendía las clases entre el 19 y el 30 de abril en el la región del AMBA.

En sus argumentos, Casal consideró que “los fundamentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”.

Entre los puntos de los que se valió el procurador para generar el dictamen se encuentran la obligación de ratificar los decretos en el Congreso y la falta de demostración epidemiológica que indique que la presencialidad en los colegios afecte a la salud.

“No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado”, afirmó Casal en su escrito.

Vale recordar, que el Gobierno nacional determinó el 16 de abril, a través del Decreto 241, una serie de restricciones a la circulación en el AMBA para evitar el aumento de contagios de coronavirus.

Una de las medidas que el presidente, Alberto Fernández, tomó fue la de suspender las clases presenciales en toda la región comprometida. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avaló la medida pero Rodríguez Larreta no.

De esta manera, el mismo día, el Jefe de Gobierno porteño inició una denuncia en la Corte Suprema para que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU y que se dispusiera una medida cautelar.

Según Rodríguez Larreta, la decisión “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.

No obstante, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal hizo lugar a un planteo de un grupo de padres y las clases continuaron en las aulas.

El mencionado decreto ya no tiene vigencia porque venció el pasado viernes 30 de abril, aunque la prohibición del retorno presencial de los alumnos a la escuela continúa. Sin embargo, Larreta desoyó esa norma y dispuso que se siguiera todo con normalidad.

Días antes que finalizara el período de las restricciones, los jefes de Gabinete de las tres jurisdicciones se reunieron para tratar de consensuar y llegar a un acuerdo sobre la situación.

A pesar de las propuestas del Gobierno porteño de realizar una presencialidad limitada para ciertos niveles, el Ejecutivo sostuvo su postura de que se suspenda toda actividad educativa hasta el 21 de mayo.

“En ese punto no pudimos ponernos de acuerdo. Tiene que seguir siendo presencial la educación. Vimos el año pasado el impacto que genera en términos de aprendizaje y el abandono escolar”, aseguró la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.

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