Los principales puntos del proyecto que prevé la legalización del aborto 

Después que Alberto Fernández anunciara este martes el envío al Congreso de un proyecto propio de ley de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”, la integrante de la Multisectorial de la Mujer y una de las impulsoras del “pañuelazo” realizado este miércoles en Mar del Plata, Laura Hochberg, en diálogo con “el Retrato…” analizó los puntos que contempla dicha iniciativa del Ejecutivo Nacional y destacó el avance que va a significar para la sociedad argentina la aprobación del mismo. “Va a haber una tranquilidad para miles y miles de mujeres que necesitan de esta ley para poder interrumpir un embarazo no deseado”, aseguró.

La integrante del Observatorio de Violencia de Género y una de las organizadoras del “pañuelazo” que se realizó en Mar del Plata este miércoles, Laura Hochberg, explicó a “el Retrato…” que en paralelo al proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió este martes el presidente Alberro Fernández a la Cámara de Diputados, el Congreso también tiene en sus manos un proyecto que habían confeccionado los integrantes de la Campaña por el Derecho Al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Ahora va a entrar en comisiones esta iniciativa de Alberto Fernández para después antes de fin de año resolverse cuál de los dos proyectos de ley se acepta”, sostuvo Hochberg al mismo tiempo que aclaró que ambos proyectos son “muy parecidos y presentan muy pocas diferencias entre sí” y  confesó que cualquiera de los dos que se decida aprobar representa un avance muy importante para la sociedad argentina.

El proyecto de ley que tratará primero la Cámara de Diputados no solo apunta a dejar de perseguir penalmente a quienes interrumpen un embarazo, sino que enmarca la decisión en un modelo de salud pública que hace responsable al Estado de garantizar la práctica.

Asimismo, establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. “Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, dice el proyecto del Ejecutivo.

A diferencia del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto, el del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia particular pero también descarta la objeción institucional. “El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá: mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b). Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”, refiere el texto.

En tal sentido y en caso de aprobarse, el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero deberá “mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión” e incluso deberá derivar “de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica” y “cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”. 

Se aclara expresamente que el personal de salud “no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable” y tampoco “se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”.

Por otra parte, también se señala que la práctica deberá llevarse a cabo “en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento”, asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.

“El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica“, señala el artículo 5 del proyecto.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si el mismo “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.  

Respecto de las personas menores de 13 años de edad, la solicitud será “mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal” y en los casos de adolescentes de hasta 16 años de edad, “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida”.

La inclusión de la práctica en el PMO (Programa Médico Obligatorio) es la única garantía de acceso igualitario y cumplimiento efectivo (cuando una práctica no está en el PMO la obra social o prepaga se puede negar a cubrirla). La inclusión en el PMO estaba contemplada en el proyecto de la Campaña así como en el texto que obtuvo media sanción y fue rechazado luego en el Senado.

También está contemplado en el nuevo proyecto, lo que supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país. 

A lo anterior, se debe sumar que el proyecto de la Campaña (que aún tiene estado parlamentario) establece que, una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe garantizar información, atención integral previa y posterior que incluya un espacio de escucha y contención (…) “a quienes lo requieran”. Por tanto, habla de asesorías voluntarias y marca que “en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la realización de la práctica”.

El texto que envió hoy el presidente va en el mismo sentido: dice que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe poner a disposición “información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios”, “atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso” y acompañamiento pero “estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica”. 

El proyecto dedica varios artículos a la modificación del Código Penal, ya sea para la eliminación de las penas para el “aborto realizado con consentimiento de la persona gestante” hasta la semana estipulada o para colocarlas a quienes provocaran abortos no deseados o para los que dilataran la ejecución del tratamiento. 

El artículo 85 del Código Penal establece “reclusión o prisión de uno a cuatro años, para quien causare un aborto con consentimiento de la mujer”. Un comunicado de la Campaña señaló, de hecho, que “entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos”.

El proyecto que ya había tenido media sanción establecía que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. El proyecto presentado por el Ejecutivo dice lo mismo. 

En ese contexto, Hochberg, explicó a “el Retrato…” que “hoy la sociedad se encuentra muy dividida en la concepción sobre el aborto, porque este es un tema muy profundo, serio y donde incluso la iglesia se ha puesto en contra de este debate”. 

“Más allá de ponernos de un lado u otro, lo cierto es que hay que respetar la realidad de tantas mujeres, en tanto muchas de ellas, sobre todo las más humildes, se practican abortos en forma clandestina, en condiciones insalubres y en varios casos terminan muriéndose a consecuencia de ello”, expresó la referente de la Multisectorial de la Mujer.

Asimismo, reparó en que esta situación de abortar en clandestinidad no se da en los casos de mujeres con otros niveles económicos. “Muchas tienen el dinero para hacerse un aborto en condiciones asépticas y están más cuidadas. Por eso, estar en contra es una cuestión de hipocresía, pero tampoco corresponde meterse en otras opiniones”, subrayó.

“Una vez que se apruebe el proyecto va a haber una tranquilidad para miles y miles de mujeres que necesitan de esta ley para poder interrumpir un embarazo no deseado”, concluyó Laura Hochberg integrante de la Multisectorial de la Mujer y del Observatorio de Violencia de Género en conversación con “el Retrato…”

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