El empresario Sergio Goransky presentó una “bruta” denuncia penal contra Carlos Arroyo

Carlos Arroyo se está yendo de la Municipalidad pero no a su casa. Hoy su camino está directo a Tribunales. Aquí deberá responder por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público presentada ante la justicia por el empresario Sergio Goransky, en su carácter de representante de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA, con el patrocinio legal del doctor Cesar Sivo. La causa  está relacionada al acuerdo rubricado entre el jefe comunal y una firma concesionaria de Playa Grande donde se habrían violado una serie de normas.

Cabe recordar que el acuerdo transaccional firmado el 10 de abril último con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, a través de la cual a cambio de la realización de una serie de obras, se la autoriza a habilitar un boliche bailable en ese espacio, lo cual generó una serie de polémicas y medidas previas encaradas por el resto de los concesionarios de ese sector.

 “Increíblemente –se señala en la presentación judicial efectuada hoy donde se denuncia al intendente Arroyo por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y se pide que sean citados a declarar varios funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente– el jefe comunal firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, vulnerando, entre otras cosas, “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta”, al tiempo que se viola la ley orgánica de las municipalidades “ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo”.

Un Acuerdo que  tampoco estuvo avalado por el Concejo Deliberante

Es de recordar que Playa Azul SA se vio beneficiada  benefició con ese acuerdo que tampoco fue avalado no solo por el Concejo Deliberante sino tampoco por distintas dependencias de control de la misma comuna.

Paralelamente la investigación alcanzará  “aquellos otros delitos que surjan de la investigación y que permitan elucidar en relación al mismo, con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación, injerencia, etc., en alguna de las maniobras que se manifestaran a lo largo del presente escrito, que pueden constituir los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

En la presentación judicial se señala que “Al acta transaccional –se lee en otro pasaje de la presentación judicial en la que además se menciona a otros abogados e incluso periodistas- se llega con la exclusiva intervención y firma del señor intendente municipal, quien resulta evidente no cuenta con idoneidad técnica para evaluar presentaciones de esta envergadura y se arroga en esta actuación la suma del poder público”. Es más, se resalta que con la firma del acta transaccional, el Ejecutivo “sorteó una serie de normas porque materialmente otorga una nueva concesión bajo la apariencia de una modificación”.

“Arroyo miente descaradamente intentando ocultar lo que es imposible”

Tras hacer referencias a declaraciones periodísticas del intendente Arroyo en torno a este tema, en la denuncia penal se consigna que “conociendo que el acuerdo transaccional se encuentra ajeno al marco de todo tipo de prescripción legal, el intendente no admite públicamente las decisiones tomadas desde su posición ejecutiva, sino que miente descaradamente intentando ocultar lo que es imposible, diciendo ‘la cochera va a ser la cochera, no hay vuelta, eso es así. No es que vamos a habilitar mas boliches ni nada de eso’. Si creyera que su obrar es legítimo –se añade- reconocería sus actos siendo responsable político de los mismos con el convencimiento y con la honestidad que dice tener”.

Goransky también solicita que se “investigue a fondo” el desempeño dentro de los hechos denunciados que les cupieron a distintos funcionarios y a los controlantes de la firma Plaza Azul SA, se indica que “por las conductas descriptas pueden haber existido otras actividades tipificadas por el Código Penal de la Nación, como los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso de autoridad y violación de los deberes de otros funcionarios públicos”.

En el escrito presentado por el abogado penalista Cesar Sivo, respecto al intendente Carlos Arroyo se menciona que el artículo 256 del Código Penal versa que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis anos e inhabilitación especial perpetua el funcionario publico que por si o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativa a sus funciones”. Y a continuación se remarca que “es propio desconfiar sobre cuáles son las intenciones del señor intendente para exponerse en semejante forma en protección de Playa Azul SA, en virtud de no poder encontrarse beneficios concretos para el municipio –sino todo lo contrario- y de adquirir la firma evidentes y jugosas ganancias con su obrar”.

Además se le solicita al juez que se investigue “quiénes son las personas que verdaderamente controlan a la empresa Playa Azul SA, por poder verse involucrados en la comisión del delito de cohecho en su faz activa, receptado por el articulo 258 del Código Penal”.

Goransky y Sivo reclaman que sean citados a declarar el actual secretario de Obras y Planificación de la comuna, Guillermo De Paz, la ex directora del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler , el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y distintos concesionarios de Playa Grande, entre otros.

 

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