El Senado aprobó la ley de financiamiento electoral con respaldo a los medios digitales

Tras cuatro meses de debates en los despachos, dos dictámenes de comisión y varias sesiones suspendidas, el Senado logró aprobar la ley que regula el financiamiento de las campañas políticas, autoriza a los candidatos a recibir aportes e empresas privadas pero los obliga a bancarizar los gastos. 

Además, obliga a girar el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital a sitios periodísticos digitales generadores de contenido, un pedido de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Asociación de periodismo Digital (APD) para compensar las pérdidas millonarias por la migración de la publicidad a motores de búsqueda como Google y Facebook, que reproducen contenidos de terceros, casi no contratan empleados en el país y esquivan el pago de impuestos.

“Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó”, celebró el peronista Dalmacio Mera, quien tuvo la tarea de negociar la ley desde noviembre, despacho por despacho.

Logró que sea aprobada con el 47 votos, el respaldo casi total de Cambiemos y Argentina Federal, el bloque de Miguel Pichetto, que aceptó reescribir los artículos polémicos para sumar a los más rebeldes, liderados por el formoseño José Mayans y el chubutense Mario País.

Los principales fue reducir de 5% a 2% el aporte máximo que una empresa puede realizar a un candidato nacional e impedir contribuciones a las campañas de contratistas del Estado. Además, al menos el 20% de lo que reciben los partidos para sostenerse deberá invertirse en capacitación para la función pública.

Cambiemos logró impedir que los sindicatos figuren entre los posibles aportantes, como había logrado en el dictamen emitido en noviembre. Fue necesaria una votación en particular, en la que el peronismo se impuso por 25 a 23 pero por tratarse de una ley electoral cada artículo necesitaba el aval de 37 senadores, o sea la mitad más uno del recinto sin importar cuantas bancas ocupadas haya.

“Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley”, anunció Pichetto y permitió así que el artículo 5 permanezca con la prohibición para que los sindicatos aporten fondos a las campañas políticas.

Ya habían quedado vacías las 9 del kirchnerismo, que como la sesión preparatoria de febrero, dedicó las primeras dos horas de la sesión a realizar discursos políticos en formato de “cuestiones de privilegio” y luego se fueron de la sesión.

“No se puede tratar una ley electoral en un año de elecciones”, gritó Marcelo Fuentes, jefe del bloque de Cristina Kirchner, quien sólo permaneció en su banca para escuchar a sus compañeros. “¿Y cuándo va a ser? Este es un año electoral y en las últimas campañas las rendición de cuentas no fueron aprobadas”, respondió con suavidad Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos.

Los únicos dos votos en contra fueron de Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda, denominados progresistas. “Estamos privatizando la política”, protestó el cineasta.

La versión final del proyecto se cocinó en el último plenario de comisión, el 28 de marzo, tras dos intentos fallidos por sesionar ante la resistencia de una parte del peronismo y muchas dudas en Cambiemos. Por ser un tema sensible, mientras el tiempo pasaba aparecían propuestas para agregar y el dictamen se reescribía una y otra vez.

La radical Olga Brizuela y Doria incorporó la novedad de los aportes “en especie”, o sea en prestaciones de un servicio o entrega de un bien.  Además de la plata de los gremios, los candidatos no podrán recibir contribuciones anónimas, donaciones de empresas públicas, contratistas y proveedores del Estado, de entidades extranjeras y de explotadores de juegos de azar.

La campaña serás más larga:  pasa de 35 a 50 días, pero seguirá concluyendo 48 horas antes de ir a las urnas. La publicidad en medios de comunicación podrá empezar a pautarse 35 antes de votar y se reduce de 10 a 5% el tiempo de programación audiovisual gratuito con fines electorales. En la próxima elección, será de la mitad.

La Cámara Nacional Electoral, que reclamó sin éxito la organización del escrutinio provisorio, sumará 8 nuevos auditores y muchas atribuciones, sobre todo para controlar de cerca a los nuevos actores de los procesos electorales, como encuestadores y redes sociales.

Creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán registrarse los mediáticos consultores e informar cada encuesta que realicen y el monto que percibieron.

Y como dispuso en una de sus últimas acordadas, tendrá, ahora por ley, la misión de registrar las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet para que luego rindan cuentas de cuánto gastaron.

Los legisladores le concedieron la atribución de definir una metodología para la rendición de gastos en las redes, empresas multinacionales gigantescas que se dan el lujo de cobrar con tarjeta de crédito sin emitir factura ni pagar impuestos. O sea, muchísimas menos regulaciones que los candidatos políticos.

“El mundo está discutiendo como controlar a estas empresas”, anticipó Mera, quien gestionó el artículo que concede el 50% de los recursos públicos destinados a la publicidad para los sitios web. El 35% será para los de producción nacional y el 25% a los productores de contenido nacional. 

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