Mario Rodríguez le pide a los propios radicales salgan de su “silencio cómplice”

El Concejal Mario Rodríguez ha solicitado públicamente a las autoridades del radicalismo, tanto en Nación como en Provincia, que dejen de acompañar, con su silencio cómplice, decisiones como estas y exijan al gobierno la marcha atrás con la medida que dispuso una compensación por la devaluación del peso a las compañías distribuidoras de gas por la suba del dólar”.

“Es inaudita esta decisión del gobierno, y denota una total falta de sensibilidad y una preocupante desconexión con la realidad, ya que se suma a la dispuesta por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires que autorizó un nuevo aumento en las boletas de luz, con una suba promedio del 24%, y a lo dispuesto por el Presidente Macri de eliminar las bonificaciones por ahorro para los hogares y el pago total del excedente de consumo para los beneficiarios de la tarifa social del gas; y se dá a pocos días de anunciarse los índices de pobreza e indigencia, los cuales confirman que 13 millones de argentinos viven en condición de pobreza, a los que se suman 2,7 millones de indigentes, y nos muestran que en Mar del Plata hay 127.409 pobres y 31.014 indigentes, expresó el edil alfonsinista.

“Vamos a reclamar a nivel local, para lo cual plantearemos el tema con absoluta firmeza en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el jueves. De paso servirá para saber quien nos acompaña en nuestra intención de dar marcha atrás con estos impagables aumentos”, sentenció Rodríguez.

Es de destacar que el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por dicha resolución, en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar. 

El representante del Ministerio Público cree que Iguacel incurrió en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, y solicitó además que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos. “Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores“, argumentó el fiscal.

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