Aicega: “El Estado debe ser muy maduro para analizar la política de educación sexual”

Aicega

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto sobre legalización del aborto, que ahora cuenta con media sanción, debe ser girado al Senado, que actuará como cámara revisora y allí comenzará a desarrollarse el mismo proceso que siguió en la Cámara baja, es decir con un debate en Comisiones.  “El estado debe ser muy maduro para analizar la política de educación sexual”, expresó el diputado del Pro, Juan Aicega, que votó en contra del proyecto de ley.

En el marco de la sesión reñida respecto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, los diputados marplatenses Juan Aicega (PRO) y Guillermo Montenegro (PRO) votaron en contra, mientras que Fernanda Raverta (FPV) lo hizo a favor como también lo hizo Facundo Moyano (FR).

Por su parte el diputado, Juan Aicega, señaló que cada uno de los integrantes de la Cámara votó considerando lo que creen que es lo mejor “para esta situación dolorosa que es la de practicarse un aborto” e hizo hincapié en la importancia que tiene el tema para sociedad.

“Sin dudas este debate se puede enfocar desde distintos puntos de vista, pero no tengo dudas que el punto central es la vida, porque dentro de la gama de derechos humanos que nosotros como cuerpo social defendemos y además reglamentamos mediante leyes, el derecho principal es la vida de aquella persona que no se puede hacer escuchar, que no tiene manera de defenderse sino a través del ordenamiento legal del estado”, remarcó.

En tal sentido, hizo hincapié en la Constitución Nacional Argentina y comentó que “además de estar formada sobre el concepto de la vida, recepta este derecho humano en las convenciones internacionales a las que el país se ha adherido, en su artículo 75 inciso 22 y 23”.

Cuando país adhiere a tratados internacionales no lo hace solo por la parte que le interesa en ese momento, sino que lo hace como un reconocimiento de todas las cosas que protege el mismo”, agregó.

Además, se refirió a que el Código Civil y Comercial en su título primero, capítulo primero y artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. “Estamos hablando de una persona humana, de un ser que por el transcurso del tiempo y por la salud que lleve adelante va a nacer  y va a poder ejercer todos sus derechos, en la medida que alguien no adopte una decisión en contrario”, apuntó.

“El Código Civil también le atribuye a toda persona la capacidad de ser sujeto activo y pasivo de derechos, inclusive a la persona por nacer, colocando en cabeza de sus representantes legales el ejercicio de estos derechos”, señaló.

Seguidamente, consideró que “para defender a esa vida, que no puede hacerlo por sí mismo, pero que el estado sí lo ha protegido a través de este ordenamiento legal” y añadió que “el estado debe ser muy maduro para analizar la política de educación sexual, el acompañamiento a la madre y las políticas sanitarias adecuadas”.

A su vez, puntualizó en el abuso de alcohol en los menores “a quienes se les vende y se permite el consumo excesivo generado muchos embarazos no deseados” y reparó en la necesidad de “una ley de adopción flexible que permita que ese niño al nacer, si la madre que no está obligada a llevar adelante la vida de ese chico no lo quiera hacer, encuentre un lugar con toda la dignidad y posibilidades habidas para llevar adelante toda su vida”.

Tres escenarios posibles en el futuro de la Ley

En conclusión, el camino que recorrerá la iniciativa en el Senado será el de un nuevo debate en comisiones para, luego de una definición en esa instancia, pasar a su tratamiento en el recinto. Allí, de acuerdo con lo previsto por la Constitución, se pueden suscitar nuevamente tres escenarios: el del rechazo, el de la aprobación y el de la aprobación con modificaciones.

Si no se aprueba: en el caso de un eventual rechazo, la iniciativa no puede volver a ser considerada en el transcurso de este año parlamentario. Si se aprueba: en caso de una aprobación tal como el texto fue remitido desde Diputados, el proyecto queda convertido en ley y, como tal, debe ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, a través de la publicación en el Boletín Oficial y con la posibilidad de ejercer el derecho a veto total o parcial, en un plazo de diez días hábiles tras la sanción.

Si se aprueba con cambios: la tercera alternativa que puede darse es que el proyecto sea aprobado con modificaciones por el Senado, con lo cual debe volver a ser remitido a Diputados para que, previo a un debate en comisiones o directamente en el recinto determine si acepta o rechaza los cambios incorporados por la Cámara alta.

En ese hipotético escenario, para poder rechazar modificaciones al texto, es necesario que la cámara de origen iguale o supere la cantidad de votos con la que fueron incorporados esos cambios. Esto implica que, si en la cámara revisora las modificaciones fueron realizadas con la mitad más uno de los votos, éstas pueden ser rechazadas con la mitad más uno de los votos o más, mientras que si se incorporaran con los dos tercios, se requiere de esa mayoría para rechazarlas.

Entre las posibilidades no escritas en las normas pero habilitada por los resquicios que éstas dejan, se encuentra la posibilidad de que un proyecto sea “cajoneado”, es decir que quede sepultado por falta de tratamiento, lo que implica perder estado parlamentario por falta de iniciativa o voluntad política.

 

 

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