El concejal Ariel Ciano se suma a la lucha contra la corrupción

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Días atrás la legislatura bonaerense sancionó la ley provincial Nº 15000, propuesta por el diputado Maximiliano Abad, en la que se obliga a los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. Al respecto, el concejal Ariel Ciano expresó su acompañamiento remarcando que “como oposición responsable, apoyamos aquello que sea positivo para la ciudad, como en este caso la ley impulsada por el jefe de bloque de la legislatura bonaerense de Cambiemos, y nosotros desde 1País en Mar del Plata, adherimos porque nos parece bien impulsar desde lo local las iniciativas positivas”. 

La sanción es un paso clave en la lucha contra la corrupción y exige la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, “cumpliendo con uno de los grandes reclamos ciudadanos que tiene ver con transparentar la labor política”, agregó el concejal y remarcó: “Una declaración jurada con datos de acceso público, es entender que nuestro trabajo es dar respuestas, dar explicaciones, que política es estar al servicio de los ciudadanos y no servirnos de ellos”.
A su vez, el ex fiscal señaló que “todo aquello que tiende a generar mayor transparencia y reforzar la ética pública, debe ser acompañado desde todos los municipios. Por eso nosotros la propusimos el Concejo Deliberante más allá que para Mar del Plata ya exista una ordenanza que genera la obligación de presentar las declaraciones jurídicas y que estén en la web, esta propuesta de Ley es más completa y además tiene previstas sanciones para quienes no lo cumplan”. 
Ciano expresó “la necesidad de avanzar en la aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción, que contribuyan a consolidación y fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido, la declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública”. Por último, invitó a sumarse a los 135 Municipios, a sus concejos deliberantes, asociaciones gremiales y miembros del poder judicial y toda entidad que administre derechos e intereses entre el sector público y la ciudadanía.

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