Juristas del Estado afirman que la investidura del ‘president’ es indelegable y debe ser presencial

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Los planes de JxCat de proceder a la investidura telemática como nuevo presidente de la Generalitat del prófugo Carles Puigdemont, no tienen ninguna base legal y serían, en caso de llevarse a cabo, anulados por los tribunales.

 Las fuerzas constitucionalistas, de hecho, han advertido ya de su intención de presentar los recursos correspondientes, previsiblemente ante el TC, para impedir que una vez más el secesionismo vulnere la Carta Magna, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlament e incluso la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Esta es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Estado.

En un informe de tres páginas, los expertos insisten en que el Reglamento del Parlament “exige que el candidato a la presidencia presente su programa de gobierno y solicite la confianza del Pleno”, tal y como se recoge en el artículo 146.1. Y añaden que dicha norma no contempla la posibilidad de una presentación “no presencial” puesto que el acto de optar a la investidura es de “carácter personalísimo”.

Precisamente el carácter personal de los debates parlamentarios -y con más razón el de investidura- se pone de manifiesto, tal como señalan los juristas, en el artículo 4.1 del Reglamento del Parlament que establece: “Los diputados tienen el derecho de asistir a todas las sesiones del Parlamento y el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno y de las comisiones de las que son miembros”.

Además, el artículo 73.2 del Estatuto de Cataluña viene a cercenar de raíz la posibilidad de un presidente de la Generalitat que ejerza sus funciones desde fuera del territorio de Cataluña. Así, recuerda que el Parlamento puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el Pleno y en las Comisiones. De esta forma se infiere, no sólo que el presidente y los miembros de su gabinete tienen la obligación de acudir a la Cámara cuando sean requeridos sino que, por lógica, no puede contemplarse la ausencia física del candidato en el momento en el que solicita la investidura.

Añaden a todo esto las propias reglas generales de los debates en el Parlament, y citan el artículo 83 del Reglamento en el que se establece taxativamente que “el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño”. Esta redacción excluye pues que las intervenciones se realicen desde cualquier otro sitio.

Por lo que se refiere a la posibilidad de delegación, los expertos precisan que se refiere “exclusivamente al ejercicio del voto y no a la presencia”. Apuntan que la delegación es precisamente “la excepción del mandato representativo” que debe ejercer con “carácter personalísimo”.

En base a todos estos argumentos, los juristas consideran que, en el caso de permitir una defensa no presencial del programa de Gobierno, se estaría poniendo en cuestión la propia existencia del Parlamento como sede física de representación de los ciudadanos de Cataluña.

De todas maneras, los independentistas, especulan con la posibilidad de modificar el Estatuto del Parlament, cuando se constituya la Mesa del Parlament, para eludir nuevamente el marco legal español.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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