Caparelli: Inchausti incluyó a integrantes de Pami para cambiar la calificación

Facundo-Capparelli

Después del procesamiento por la Justicia Federal de varios funcionarios del Pami por una presunta defraudación  al Estado, el abogado, Facundo Caparelli dialogó con “el Retrato…”, y descartó la posibilidad de que Inchausti dicte la prisión preventiva de sus defendidos (Néstor Fabián Pardo y Marcela  Susana  Pagano) como también cuestionó que“el juez no pudo determinar un perjuicio y valoró la prueba en forma arbitraria”.

El juez federal Santiago Inchausti procesó a Rubén Carlos Aparicio, Rubén Carlos Pallaro, al escribano Ricardo Rubén Vaquero y a los integrantes del PAMI María Alejandra Urdampilleta, Hugo Daniel Artero, Berta  María  Pasini, y a Cesar  Miguel Lozano como también a Néstor Fabián Pardo y Marcela  Susana  Pagano por una maniobra de presunta defraudación  al Estado a través de la contratación de una sociedad falsa para brindar servicios odontológicos, cuya prestación generó un perjuicio patrimonial, que en un primer momento fijó de 964.000 pesos aproximadamente.

“Ahora lo que se modificó es que se incluyó a funcionarios que trabajan en el Pami. Hasta ahora venía siendo un grave perjuicio a la administración pública y ahora la imputación es administración fraudulenta por un fraude a la administración pública”, sostuvo el abogado.

En relación a la calificación del delito que se les imputa a los procesados, señaló que estos funcionarios “tenían el deber de administrar los fondos públicos con cierta fidelidad hacia el estado. Por eso, al incluir a los integrantes de Pami, se cambia la calificación”.

Además, se refirió a que “con posterioridad al procesamiento anterior, por orden de la cámara, el juez tuvo que citar a los pacientes que figuraban en las fichas odontológicas, pero como eran muchas fichas, hizo una selección al azar de 10 de los mismos. De los 6 que asistieron a declarar, todos fueron coincidentes en que esos trabajos que estaban en las fichas les fueron realizados”.

“Desaparece el fraude a la administración pública si las prestaciones efectivamente se hicieron”, destacó a la vez que explicó que “lo que sí hubo, por lo que surge de la prueba, y es que en algunos casos la facturación estaba procesada como que había sido hecha por determinado odontólogo cuando en realidad la había hecho otro por el volumen de los trabajos y demás, pero no tiene nada que ver con lo otro”.

A su vez, en relación a los argumentos de descarga utilizados en la indagatoria por sus defendidos, Néstor Fabián Pardo y Marcela  Susana  Pagano, Caparelli indicó que citaron lo anteriormente explicado. “Los 6 testigos que fueron reconocieron haber recibido la prestación odontológica, por lo tanto es absurdo que se diga que las prestaciones no se hicieron”, apuntó.

Consultado por “el Retrato…” por el embargo que se dictó en la causa, puntualizó en que “en el procesamiento anterior y por los mismos hechos a mis defendidos los habían embargado por 100 mil pesos y ahora sin nada que lo justifique lo multiplica por 10”.

“Hay otra incongruencia y es que el juez, de una manera poco científica, tira un monto de supuesto perjuicio al Estado que ascendería 694 mil pesos y embarga por un millón de pesos a cada uno, lo cual surge del contenido de la resolución”, cuestionó.

“El juez no pudo determinar un perjuicio y valoró la prueba en forma arbitraria”, indicó y aclaró que no está ordenada la prohibición de salida del país para los procesados en la causa. “El juez intentó ordenar dicha medida cautelar con mis defendidos,  pero yo lo apelé y la Cámara me dio la razón, porque esta gente estuvo entrando y saliendo constantemente durante el trámite de la causa y siempre que los llamaron se presentaron”, describió.

En referencia al procesamiento en la causa de la ex funcionaria Kirchnerista, María Alejandra Urdampilleta, aclaró que “el problema de que meta a una funcionaria es que de esta manera evita la prescripción y la probation, que en su momento la Cámara le había dicho que nos correspondía y el juez en vez de hacerle caso, convoca a los funcionarios y los imputa”.

Facundo Caparelli descartó la posibilidad de que el juez federal, Santiago Inchausti, dicte la prisión preventiva de sus defendidos, porque “se presentaron en la causa espontáneamente y antes de que el juez los cite como también en caso de que termine la causa en una condena la pena no va a ser de encierro por la escala penal que tiene el delito que se les inculpa y porque no tienen antecedentes penales” a la vez que aseguró que “el juez no está amparado legalmente para hacerlo en este caso”.

En cuanto al monto de la pena, el abogado marplatense afirmó que el delito “va de un año a 6” a la vez que confirmó que este jueves presentó un recurso de apelación en el Juzgado ante la resolución judicial. “Seguramente se conceda el recurso en unos 10 días, hay que esperar a que se venza el plazo que tienen todos los abogados para recurrir, el cual se vence el lunes”, señaló.

Por último, se refirió a la eventual decisión de la Cámara ante el recurso que presentó este jueves y comentó: “La única contra que tenemos es que la Cámara puede decir que tenemos razón, pero que es una discusión de hecho y de prueba que el ámbito natural para decidirlo es el juicio oral, pero si se mete en el fondo del conflicto lo tiene que revocar”.

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