Una sentencia “entierra” la Ciudad de la Justicia de Madrid y la obligatoriedad de 1.752 millones de euros

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Una sentencia, paradójicamente, ha terminado por “enterrar” la Ciudad de la Justicia de Madrid. Tras dos años enredado en procedimientos en los tribunales, el proyecto ideado por la Comunidad bajo el mandato de Ignacio González para concentrar todos los órganos judiciales de la región en una parcela de Valdebebas queda anulado y con él la obligatoriedad de destinar 1.752 millones de euros de las arcas públicas a la construcción del complejo.

Lo dice un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón al Ejecutivo de Cristina Cifuentes en su pugna contra la UTE formada por OHL y Acciona. Ambas constructoras habían demandado al actual equipo al frente del Gobierno autonómico por no ratificar la adjudicación de las obras que había dejado encarrilada el también presidente ‘popular’ saliente antes de las elecciones de 2015.

La razón oficial por la que no se llegó a formalizar dicho contrato fue el hecho de que no se hubiera cerrado legalmente el proyecto original para este mismo lugar, diseñado en 2004 con Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol y bautizado como Campus de la Justicia. Tres pleitos, todavía hoy sin resolver, reclaman a la Administración regional alrededor de nueve millones de euros por los trabajos de construcción que fueron suspendidos debido a la crisis económica en un terreno en el que sólo llegó a edificarse el Instituto de Medicina Legal -apodado popularmente como el ‘donuts’ de Valdebebas-.

«La sentencia del TSJM ratifica la decisión del Gobierno de la Comunidad de poner fin a un proyecto que no sólo no respondía a las necesidades reales de la Justicia madrileña, sino que además estaba viciado y bajo sospecha desde su inicio», argumentan en el equipo de Cifuentes.

Y añaden:« «Somos conscientes, sin embargo, de la necesidad de concentrar las sedes judiciales, como demandan los profesionales de la Justicia, los usuarios y la mayoría de los miembros del Parlamento regional y, por ello, no renunciamos a realizar en un futuro un proyecto sensato que responda eficazmente a esta demanda social», apostillan.

El fallo, contra el que cabe recurso de casación, considera que el contrato para la ejecución de los Juzgados de lo Social y Mercantiladjudicado en 2007 a Corsán-Corviam resulta «de todo punto incompatible física, arquitectónica, jurídica y económicamente» con el posterior proceso de licitación para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid por un periodo de 25 años. Más concretamente, entiende que se incurrió «una infracción al iniciarse un procedimiento para la adjudicación de una concesión vigente aún un contrato incompatible parcialmente con aquella».

Por ello, el TSJM confirma la validez de la Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de noviembre de 2015 que decretó el desistimiento de esta segunda licitación y que posteriormente había sido anulada por el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública a instancias de las empresas afectadas. Salvo que OHL y Acciona opten por seguir pleiteando, el ‘culebrón’ del complejo de Valdebebas habría cerrado así su último capítulo.

Hugo Barze – Corresponsal en España

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