Amnistía Internacional no considera como presos políticos a los dirigentes catalanes detenidos

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La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), aclaró hoy que no considera “presos de conciencia” a los dirigentes catalanes y ex miembros del Gobierno regional que se encuentran en prisión provisional por presuntos delitos vinculados al plan independentista.

La aclaración de AI se refiere tanto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, jefes de las dos mayores entidades civiles independentistas de Cataluña en prisión desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, como a los ocho ex consejeros del Gobierno catalán detenidos el jueves pasado por presunta rebeldía y otros cargos.

El independentismo celebró hoy una huelga general en Cataluña pidiendo libertad para los “presos políticos”, un término usado también por el partido izquierdista Podemos, pero AI explicó que la situación actual no encaja en su interpretación de ese concepto.

“No usamos el término ‘preso político’ porque no hay una definición internacional unívoca”, señaló  una portavoz de la organización. “Usamos en cambio el concepto de ‘presos de conciencia’. Y no consideramos que lo sean ni los‘Jordis’ ni los ex miembros del ‘Govern’ porque su caso no se ciñe a la definición“.

AI entiende que son presos de conciencia “aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus convicciones” políticas o religiosas “o cualquier otro motivo de conciencia”, como su origen étnico, sexo, color, idioma u origen.

Tanto los ex consejeros como los “Jordis” están en cambio acusados en el marco de un proceso judicial en el que quedan por determinar diversos elementos “con los cuales Amnistía Internacional estará en una mejor posición para determinar si los considera o no presos de conciencia”.

Sànchez y Cuixart son investigados por sedición por haber convocado una protesta que el 20 y 21 de septiembre dejó bloqueados a guardias civiles que realizaban un operativo contra el referéndum ilegal del 1 de octubre en una consejería del Gobierno catalán. Los manifestantes destruyeron además coches del cuerpo armado.

Amnistía Internacional, fue en su momento muy crítica con las detenciones y en dos comunicados tachó de “excesivos” y “desproporcionados” los cargos y la prisión preventiva, por lo que pidió revertir ambas decisiones.

La Audiencia Nacional imputó además por sedición, malversación y rebelión a todo el Gobierno destituido dePuigdemont. Ocho ex consejeros quedaron detenidos el jueves, mientras que el ex “president” y otros cuatro consejeros se encuentran en libertad vigilada en Bruselas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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