La vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, designada responsable de la gestión en Cataluña

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La  aplicación  de las medidas del 155, han quedado reducida, a las decisiones administrativas indispensables para frenar el descarrile legal catalán y gestionar el día a día, en los 53 días  que restan para  la celebración de las elecciones autonómicas convocadas ayer por el propio Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno optó  por una aplicación mínima, casi quirúrgica, pero que permitiera asegurar el desmontaje de la estructura independentista y garantizar el día a día de la Generalitat. El cese de Puigdemont y sus consellers ha ido acompañando de un reparto de sus competencias entre los ministros del Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,   será la responsable de gestionar la actividad en Cataluña desde el lunes, pero   hoy mismo se reúne con  los secretarios de Estado y subsecretarios de los ministerios para comenzar a desarrollar sus nuevas funciones.

La principal preocupación es la seguridad. Rajoy ha puesto el foco en este asunto al cesar al secretario general de laConsejería de Interior y al director general de los Mossos.

Sin cúpula, la policía autonómica catalana pasa a depender del ministro del Interior  José Ignacio ZoidoDe este modo se corrige una de los asuntos más polémicos del 1-O, cuando se confió en los Mossos para preservar los colegios electorales y no se actuó hasta horas después tras comprobarse que esta orden no se había cumplido.

Junto a la seguridad, la otra gran preocupación del Gobierno es parar institucionalmente el procés.

Por ello desaparecen la red de oficinas catalanas en el exterior, denominada Diplocat, dedicadas a la promoción del proceso soberanista.

Y la vigilancia de TV3 y Radio Cataluña, que ha sido objeto de enorme controversia en los últimos días, la ejercerá la Junta Electoral.

El 155 incluía la posibilidad de controlar a los medios de comunicación pública, al asumir esta competencia de la Generalitat.

En su trámite en el Senado, los socialistas enmendaron este punto y reclamaron que se eliminara del texto. Tras la negociación con el PP y el intento de partido de que, casualmente, fuera la Junta Electoral quien se ocupara de su supervisión. El PSOE no lo aceptó y los populares, muy recelosos de mantener la unidad con el partido de Pedro Sánchez, optaron por asumir la exigencia socialista.

La realidad ahora es que será la Junta Electoral quien deberá supervisar la pluralidad de TV3 en este periodo electoral. En la noche de ayer un grupo de ultraderechistas, destrozó los cristales de Radio Cataluña.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

 

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