La Audiencia Nacional investiga si hubo delito de sedición en los disturbios de Barcelona

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La juez de la Audiencia Naciona lCarmen Lamela investigará si hubo delito de sedición en los disturbios sucedidos en Barcelona, los pasados 20 y 21 de septiembre, en relación a las manifestaciones que se produjeron para “impedir por la fuerza” que agentes de laGuardia Civil realizasen su trabajo en el marco de la operación policial Anubis .

Lamela ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 22 de septiembre, en la que el teniente fiscal Miguel Ángel Carballodenunció un delito de sedición en las concentraciones y manifestaciones que se produjeron a las puertas de distintas consejerías de la Generalitat de Cataluña “para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional”.

La juez considera que los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal pueden encajar dentro del delito de sedición que contempla el artículo 544 del Código Penal y resalta que este delito, tal y como acontecieron los hechos, es competencia de la Audiencia Nacional.Lamela advierte de que, además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos, los disturbios “puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno”.

La instructora deja claro que aunque todos los delitos de sedición con carácter general no son competencia de la Audiencia Nacional, el delito en cuestión denunciado por laFiscalía “puede atentar contra la forma de Gobierno”, lo que determina igualmente la competencia de la Audiencia.

En este sentido, Lamela argumenta que los hechos denunciados trataron “de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, y es este aspecto el que determina la competencia de la Audiencia para investigar los hechos conforme al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El delito de sedición advierte de que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

“Romper la organización del Estado”

La juez se remite a los hechos relatados por el fiscal para destacar que “la finalidad última de las movilizaciones que expone en su denuncia era romper la organización del Estado“, por lo que, según la magistrada instructora, “atenta también contra la forma actual de Gobierno en España a qué se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional”.

Es por ello que la juez considera que los disturbios que se vivieron en Barcelonahicieron que las funciones de las instituciones públicas quedaran “en entredicho, en perjuicio de la sociedad“. Dicho esto, Lamela coincide con los argumentos de la Fiscalía y reconoce que “una multitud de personas […] de forma desordenada y violenta” trataron de impedir que funcionarios de al Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley.

La juez ha pedido a la Guardia Civil que elabore un atestado en el que informe de todas las actuaciones que se llevaron a cabo para impedir que las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizasen los registros.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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