Negocios de familia…Ingenieros se solidarizaron con farmacéuticos por desembarco de Farmacity

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El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Norberto Beliera (FOTO), manifestó su solidaridad con los profesionales farmacéuticos ante las versiones de un posible desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense, y aseguró que “las leyes de la provincia de Buenos Aires deben respetarse”.

La ley vigente en la provincia establece un modelo sanitario para la dispensa de medicamentos, que no solo determina una racional distribución geográfica de las farmacias, sino que prohíbe que sociedades anónimas gestionen esa actividad, e impide que los remedios se comercialicen junto con otros productos, todos principios que van en contra del modelo “shopping” que promueve la cadena del Grupo Inversor Pegasus.

En ese sentido Beliera recordó que “ya la justicia determinó que la ley vigente es constitucional en un fallo por unanimidad de la Suprema Corte bonaerense, por lo que vemos con preocupación que el lobby político empresario ponga en riesgo el andamiaje jurídico del ejercicio profesional”.

Si la justicia federal le permite a una empresa violar las normas para la instalación de una farmacia, nada impediría que mañana habilite a otras empresas a aplicar agroquímicos sin supervisión de un ingeniero agrónomo, a realizar obras sin ingenieros civiles, o a prestar algún servicio médico prescindiendo también de los profesionales de la medicina“, alertó el representante de los ingenieros.

Las novedades en el conflicto de Farmacity con el Estado bonaerense, tienen que ver con que la Corte Suprema nacional admitió un recurso de queja, mecanismo que fue presentado por Carlos Rosenkrantz, actual miembro del tribunal, cuando era abogado defensor del grupo Pegasus, que además cuenta entre sus principales accionistas al Coordinador de Gabinete Mario Quintana.

El apoyo de Norberto Beliera, se suma al de varios dirigentes y entidades profesionales que ven con preocupación el antecedente que podría significar una desregulación “de hecho” de la actividad profesional, avasallando además la soberanía bonaerense en materia legislativa.

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