Puigdemont en la mira de la Guardia Civil por concesión de aguas

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La Guardia Civil registra  las empresas Agissa, Girona SA Prodaisaen una operación que podría comprometer a Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, por la gestión que se hizo desde el Ayuntamiento de las aguas y del alcantarillado durante parte del tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros.

El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido. Los registros, un total de 15, se están llevando a cabo en Gerona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona), en el marco de la operación denominada como ‘Aquarium’.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Gerona Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

El origen de esta operación se encuentra en la investigación del caso del 3% sobre la financiación ilegal de Convergencioa i Unio llevada a cabo por el juez de El Vendrell.Determinados datos relacionados con la gestión de las Aguas de Gerona le llevaron a solicitar una investigación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que llegó a la conclusión de que los hechos presentados por el juez podrían dar lugar a varios ilícitos penales.

El juez investiga si son ciertos los indicios de que los responsables de los ayuntamientos involucrados, según como apuntó la Agencia Estatal de Administración Tributaria, habrían actuado vulnerando la legalidad al malgastar fondos para beneficiar intereses privados, despatrimonializando las arcas públicas con repartos de dividendos y beneficios inexistentes, anotando gastos que no han existido y alterando el precio de las cosas con el consiguiente encarecimiento de las tasas de agua al usuario final.

Hasta 2011, año en el que Puigdemont fue nombrado alcalde, el Consistorio estaba gobernado por Joaquim Nadal, el dirigente del PSC. A partir de 2013, tras mediar una denuncia, siendo Puigdemont alcalde se produce la última renovación del contrato y se cambia el sistema. Pero según Hacienda y según algunos informes policiales lo único que se consiguió fue que los ciudadanos pagasen más por un servicio de menor calidad.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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