El Gobierno cortó el Presupuesto de la Generalitat para que no vaya a los gastos del referéndum

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El Gobierno empieza a golpear ya donde más duele, el dinero.

La Generalitat no dispondrá a partir del anuncio libremente de su presupuesto.Cristóbal Montoro ha confiscado las llaves de la caja. Desde la próxima semana todos los gastos destinados a cubrir los servicios públicos esenciales de Cataluña tendrán que contar con el visto bueno de Hacienda que será quien los pague directamente. Se trata de evitar que el dinero se desvíe hacia el referéndum del 1-O.

Esta decisión de control exhaustivo de las cuentas catalanas afecta a las nóminas de los funcionarios, el coste de la sanidad, la educación, la protección civil, la dependencia y las diversas transferencias en ayudas y subvenciones a las familias. El total,  de los aproximadamente 1.400 millones de euros mensuales que comporta la financiación de la comunidad quedan en manos del Gobierno central, dispuesto a garantizar que ni un solo euro público se desvía para costear el referéndum del 1-O y el proceso secesionista.

El Ejecutivo respondió así, este viernes, con una tanda de acuerdos adoptados en laComisión Delegada para Asuntos Económicos, a la sucesión de ilegalidades cometidas por la Generalitat cuya última gota -la que ha colmado el vaso-, fue la carta remitida por el vicepresidente y consejero de Economía catalán, Oriol Junqueras, al ministro Cristóbal Montoro, el jueves, anunciándole su decisión de desentenderse del control informativo de cuentas que debía rendir semanalmente .

Por lo tanto, a partir del anuncio de ayer viernes, Montoro asume el pago de los servicios esenciales, prohíbe el endeudamiento y exige justificar cualquier desembolso

Con esta acción,  el Gobierno  prácticamente  inicia la aplicación del artículo 155 de laConstitución a efectos económicos. Cierto es que el Gobierno no arrebata una competencia política a la Generalitat pero, de facto, le ata las manos para decidir en qué gasta el dinero, puesto que quien abrirá la cartera y efectuará los oportunos pagos, previa estricta justificación por parte de la Intervención General de la Generalitat, será elMinisterio de Hacienda.

«No podemos confiar ya en las autoridades de Cataluña. No son de fiar», afirmóMontoro tras aclarar, en un mensaje de tranquilidad dirigido a los catalanes, que «todo el mundo cobrará en plazo y con la garantía del Estado frente a la inseguridad que ofrecen otras posiciones políticas».

En definitiva, se trata de un sistema de control muy similar al que se ha venido aplicando al Fondo de Liquidez Autonómica con el que el Estado paga directamente a los proveedores de las comunidades autónomas adscritas al mismo.

Rapidamente el vicepresidente  Junqueras denunció  que se ha aplicado “el  Artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás”

El control estricto, explicó Montoro,  se mantendrá en tanto la Generalitat continúe situada fuera de la ley

El mecanismo se pondrá en marcha con la emisión, por parte de Hacienda, de un requerimiento al president Carles Puigdemont para que apruebe en un plazo de 48 horas, a contar desde la publicación en el BOE de los acuerdos del Gobierno, una orden de no disponibilidad de crédito sobre todas aquellas partidas que no cubran los servicios públicos esenciales. Ello implica que la Generalitat no podrá llevar a cabo pagos que no estén ya comprometidos.

Si Puigdemont no cumple con esta exigencia, será el ministro Montoro quien adopte la decisión en su lugar. También se ven afectadas por los acuerdos de la Comisión Delegada las operaciones de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo, puesto que a partir de ahora tendrán que contar con la autorización del Ministerio.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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