La Fiscalía ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que requisen urnas y a perseguir actos que faciliten el 1-O

-FOTODELDIA- GRA156. BARCELONA, 12/09/2017.- El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero (i), a su llegada hoy a la Fiscalía Superior de Catalunya donde ha asistido a una reunión junto a los responsables de la Guradia Civil y la Policía Nacional, en la cual la Fiscalía de Cataluña ha ordenado a todos los cuerpos que, para evitar la "consumación del delito", "requisen urnas" y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluñaque, para evitar la “consumación del delito”, “requisen urnas” y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Tras una reunión este mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, la Fiscalía ha emitido una instrucción en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o“particulares en connivencia con aquellos” dirigidos a preparar y celebrar del “referéndum de autodeterminación ilegal”.

A partir de ahora, las fuerzas policiales deben hacer atestados (informes) , como policía judicial  ante cualquier acción de cualquier persona o administración relacionada con el referéndum y remitirla a la Fiscalía, según la instrucción.

Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación”, asegura la Fiscalía. Además de escribir este informe, los agentes deberán “adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal“, como urnas, sobres, papeletas, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos, propaganda, material informático y cualquier elemento de difusión de esta votación.

También destaca que el delito de malversación de fondos públicos está penado con hasta 8 años de prisión y 20 de inhabilitación.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

 

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