La Diada será el comienzo de una semana con mayor tensión entre el gobierno de Puigdemont y el de Rajoy

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La semana pasada no solo mostró el bochornoso espectáculo del Parlament de la Generalitat, con sesiones maratonianas, forzadas por el tecnicismo utilizado por PP, PSOE y Ciudadanos, para solicitar repetidas reuniones de la mesa parlamentaria o de los propios grupos.

Los independentistas, mayoría en el Parlament, votaron entre jueves y viernes la convocatoria del referéndum del 1-O  y posteriormente la Ley de Transitoriedad.

En  ambas votaciones los parlamentarios de los partidos institucionales se retiraron del recinto, para no participar ni ser cómplices en un acto carente de legalidad, ya que el Tribunal Constitucional así lo había informado a los distintos grupos  del Parlament.

A medida que pasan los días, parece cada vez más cierta la frase “habrá choque de trenes”, lo que nadie se atreve a determinar quienes, cuantas o cuales serán las víctimas.

Por un lado el conflicto, en torno al  referéndum del 1-O, desde un punto de vista jurídico, el dictamen del Tribunal Constitucional, prevé sanciones para todos los funcionarios, dirigentes o civiles que participen, promocionen  o permitan la celebración del mismo.

También habrá sanciones penales, todo lo cual en modo alguno intimida o reprime la decisión de los independentistas de continuar  con el Procés, tan es así, que ayer y hoy los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, están registrando imprentas para verificar si en ellas se han impreso las papeletas del referéndum.

Otra muestra del decidido talante de continuar con el Procés, lo marca la declaración de representantes independentistas al señalar, “ no necesitamos  imprentas,  se pueden imprimir digitalmente en las casas de cada uno..”

Puigdemont, había dado plazo hasta este  sábado a los ayuntamientos para que cedieran los locales  a fin de realizar en sus instalaciones el referéndum. Por otra parte, sobre los mismos ayuntamientos pesa la decisión del Tribunal Constitucional de sancionar a todos aquellos que favorezcan dichas elecciones.

Existen alrededor de mil ayuntamientos en toda Cataluña, alrededor de 600 ya han cedido sus locales, mientras que el ayuntamiento de Barcelona, el de Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet y Lérida entre otros más  que han negado sus locales.

Para mayor abundamiento, no hay censo, podrá votar cualquier mayor de edad, no hay observadores, ni verificadores, los que asistan a la mesa están amenazados por partida doble, por la Generalitat y por el Tribunal Constitucional.

 

Muchos ciudadanos, obviamente no independentistas se quejan publicamente porque se ha dejado de utilizar la Ley de Protección de Datos, se lamentan porque no saben quien o donde están sus datos personales, ya que estas elecciones no tienen más soporte oficial que el que unilateralmente proporcional los independentistas.

El principal argumento esgrimido por Puigdemont  y Junqueras, presidente y vice de la Generalitat, es “el derecho a decidir”, “la democracia es votar”, ambas frases son ciertas, claro que con arreglo a la legalidad.

Si existe una ley y arbitrariamente, una persona, grupo o familia, decide tener derecho a decidir y  obra en contra de la ley, evidentemente lo que haga será ilegal, aunque lo haga con las mejores intenciones, lo que deberá hacerse en primer lugar es cambiar la ley.

Este es el punto central y clave de un enfrentamiento, que a partir de los spróximos días se acelerará indefectiblemente hasta límites insospechados en caso que la desobediencia solicitada por los independentistas coloque a miles de personas en las calles de toda Cataluña y se generen enfrentamientos de imprevisibles consecuencias.

La llave para solucionar este tema, que lleva muchos años generando conflictos, es que las partes se sienten a negociar, plantear, o sea que este problema  o se soluciona políticamente o habrá sanciones  y en este caso las diferencias serán insalvables en el corto plazo.

 por Hugo Barze – Corresponsal en Europa

 

 

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