Oposición critica a Forcadell por demorar el debate sobre la Ley de Transitoriedad en Barcelona

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La oposición agota todos sus recursos para rebelarse ante la utilización que los partidos independentistas están realizando del Parlament para organizar el referéndum ilegal con la colaboración de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

Solo un día  después de que la Mesa del Parlament -con mayoría de Junts pel Sí y la CUP– se negara a incluir en el orden del día del próximo pleno la tramitación de las leyes de desconexión a pesar de que ya han sido registradas, PP, Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que Es Pot solicitaron un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que sus letrados se manifiesten  sobre la legalidad de continuar posponiendo la aprobación de las normas independentistas con el único objetivo de que el Tribunal Constitucional (TC) las suspenda.

A pesar de que las cuatro formaciones registraron sus peticiones por separado,evitando la fotografía conjunta como bloque constitucionalista, todas coincidieron en su reclamación.

Catalunya Sí que Es Pot exige un dictamen oficial sobre si, «en uso de sus atribuciones», Forcadell puede «posponer sine die» la tramitación de las leyes de ruptura,«hurtando» el derecho de los miembros de la Mesa a pronunciarse sobre las mismas. Existe la  presunción que esta demora facilitaría la falta de debate de los demás partidos. Otra opción sería, que una vez más los independentistas fuerzan las acciones para continuar mostrándose como victimas.

El conglomerado de izquierdas que agrupa a ICV y Podemos también pone en cuestión que la tramitación de las normas pueda incluirse en el orden del día del próximo pleno -que se celebrará el 6 y 7 de septiembre- minutos antes de que dé comienzo invocando el artículo 81.3 del reglamento del Parlament. Este artículo permite la inclusión de un asunto a tratar minutos antes de que empiece la sesión si así lo solicitan dos grupos, yJunts pel Sí y la CUP amenazan con emplear esta treta.

También Ciudadanos exige conocer si la actuación de Forcadell está siendo «anómala», si se ajusta a derecho y si «está perjudicando el normal funcionamiento» de la Cámara catalana. La formación liderada por Albert Rivera considera que el «bloqueo»de las dos leyes es «inaudito» y se sitúa «al margen de la legalidad».

El PP advierte la misma «mala praxis parlamentaria» y el PSC se suma a la petición del informe legal, aunque ya avanzan que, en su opinión, las leyes independentistas no deberían llegar a ser admitidas a trámite porque «sobrepasan el marco competencial de la Generalitat».

El Govern mantiene una segunda opción, la aprobación por decreto de las normas independentistas. Opción que el Estatut no contempla como posible dado el rango de las leyes que pretenden sacarse adelante de espaldas al Parlament.

La norma marco catalana establece que «el Parlament puede delegar en el Govern la potestad de dictar normas con rango de ley como decretos legislativos», pero advierte de que este mecanismo no puede usarse para dar luz verde a «leyes de desarrollo básico» o«regulación esencial». Aun así, el Ejecutivo de Puigdemont pretende agarrarse a esta herramienta para aprobar la ley que ampara la celebración del referéndum y la que regula el salto de la legalidad española a la catalana y defiende la expulsión del Estado de Cataluña.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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