El PDeCAT cede a las presiones de ERC y CUP y aprobará la ley de ruptura antes del Referéndum del 1-O

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El PDeCAT ha cedido a la presión ejercida por sus socios de ERC y la CUP y accede a que la principal de las “leyes de desconexión” -conocida oficialmente como Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República– se apruebe antes de que se celebre el referéndum previsto para el 1 de octubre. Según la ha descrito el portavoz de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, será “una ley suprema” que se situará por encima del Estatut y de las leyes estatales.

La ley -prevista para otorgar a Cataluña un marco legal que sustituya al español- ha sido presentada en público esta jornada en el Parlament después de meses en los que los grupos de Junts pel Sí y la CUP hayan mantenido su contenido en secreto. Estas son algunas de sus claves:

Una ley hasta que se apruebe la Constitución catalana

La fecha de su tramitación todavía se desconoce, aunque no cómo se ejecutará. En caso de que gane el ‘sí’ a la independencia en el referéndum, se activará automáticamente la nueva ley. En sentido contrario, si vence el ‘no’ nunca entrará en vigor.

En el supuesto  de que entre en vigor, la aplicación de la nueva normativa también será limitada. La Ley de Transitoriedad ha sido ideada para garantizar la legalidad en el periodo comprendido entre el referéndum y la aprobación de una nueva Constitución para Cataluña.

Una vez iniciado el proceso de independencia, el presidente de la Generalitat será reconocido de forma automática Jefe del Estado catalán, un cargo que ocupará durante el periodo de transitoriedad. En la Constitución que se redactaría luego  del periodo de consultas con la población se definirá cuál será el mayor cargo político de la nueva República.

Unión Europea / Doble nacionalidad

La normativa también contempla una respuesta a una de las principales amenazas que pesan sobre el ‘procés’. Los redactores de las leyes dan por hecho que una Cataluñaindependiente seguiría siendo miembro de la Unión Europea (UE) y que podrán aplicar el derecho bajo el que se rige la unión.

También se especifica que los catalanes podrán mantener la doble nacionalidad –catalana y española– si así lo desean. “La nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española”, reza la ley.

También se otorgará de forma automática la nacionalidad a los hijos de padres nacidos en Cataluña y a los españoles que se empadronaran en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. En esencia, se persigue que “nadie quede fuera” del ámbito nacional catalán, según han explicado sus redactores.

Una administración única

El ‘sí’ a la independencia convertirá a la Generalitat en la “única” administración reconocida en Cataluña. Bajo su control estarán las competencias que actualmente ya tiene el Govern; la administración actualmente bajo control del Estado; y los ayuntamientos, cuya independencia se respetará.

Un Tribunal Supremo catalán

Una vez entre en vigor la Ley de Transitoriedad, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) -dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-pasará a ser independiente de los órganos jurídicos españoles. La ley prevé, de hecho, quepase a ser considerado como el Tribunal Supremo catalán.

Una vez dado ese paso, todas las causas que ahora asume la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo que guarden relación con Cataluña serán asumidas por los tribunales catalanes. Un paso que irá acompañado de una primera decisión: todos los procesados por causas vinculadas al ‘procés’ serán amnistiados. Una medida que afectaría al ex president Artur Mas; a los ex conseller Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega; y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El nombramiento del Fiscal general de la nueva República dependerá directamente del Parlament y no dependerá del Govern. También se creará un CGPJ propio paraCataluña y se suspenderá la jurisdicción militar. La ley también prevé que los jueces y los trabajadores de la actual administración de Justicia que trabajan en Cataluña no perderán sus plazas, las cuales podrán mantener con las mismas condiciones.

Fronteras y control de pasaportes, sin definir

La ley de ruptura elude plantear aspectos a la espera de que sea el Govern que salga de las próximas elecciones -ya con la República declarada- el que decida cómo deben ejecutarse a través de leyes concretas.

Falta  determinar cómo se establecerán los controles fronterizos o sobre el espacio aéreo. Unas medidas que JxSí y la CUP consideran que ser irán solventando “sobre la marcha“. Tampoco se ha decidido  si serán los Mossos d’Esquadra quienes asuman el control de los pasaportes.

¿Quién se hará cargo de la deuda?

La negociación de la deuda con España es otra de las grandes incógnitas, ya que no se ha puntualizado cómo se resolverán las cantidades ya comprometidas y que deberían vencer durante el periodo de transitoriedad hasta la aprobación de la Constitución catalana.

La CUP sí ha especificado que si el Gobierno no acepta negociar el pago de la deuda,Cataluña no abonará su parte si se lleva a cabo la separación.

Los plazos

La Ley de Transitoriedad jurídica impulsada por JxSí y la CUP prevé que Cataluña funcione como una república “al 100%” antes del 1 de octubre de 2018, un año después del referéndum anunciado para el 1-O de este año.

La norma señala los pasos jurídicos si gana el ‘sí’ a la independencia: se abriría un plazo de seis meses para que los partidos y el Gobierno catalán preparen unas elecciones constituyentes y sienten las bases de este proceso.

Pasados estos seis meses, el presidente catalán disolvería el Parlament y convocaría unas elecciones constituyentes: los parlamentarios surgidos de estas elecciones conformarían una Asamblea Constituyente para redactar una constitución catalana.

JxSí y la CUP prevén que este proceso dure otros seis meses y culmine en un referéndum sobre una constitución que -si gana el ‘sí’- iría seguido de las primeras elecciones de la república catalana.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

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