Libertad para Juana Rivas que huyó con sus hijos evitando se fueran con su padre

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El magistrado José Luis Ruiz, titular del Juzgado de instrucción 9 de Granada, ha decretado  la  libertad provisional para Juana Rivas, la madre que se fugó con sus dos hijos hace casi un mes para evitar que estos regresaran con su padre a Italia. El juez ha ignorado el criterio de la Fiscalía de Granada, que había solicitado prisión provisional sin fianza para Rivas, sobre la que pesaba una orden de detención y que se ha presentado esta mañana por voluntad propia en los juzgados de la ciudad andaluza. El magistrado ha decretado libertad provisional para la mujer y la fiscalía decidirá mañana si recurre la decisión, avanzan fuentes del ministerio público.

“Este instructor no comparte las razones y argumentos esgrimidos por el fiscal”, reza el auto emitido esta mañana. Para decretar la libertad provisional, el magistrado ha valorado que Rivas carece de antecedentes penales, que “está litigando en otros juzgados” y su “notorio arraigo en su localidad“, “que parece conjurar un riesgo de fuga”. Ello a pesar de que la mujer, investigada por sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial, ha estado prófuga de la justicia durante 28 días. El juez añade que “la alarma social” generada en torno a este caso, o “la tentación de consideraciones ejemplarificantes” nunca justificaría “una medida tan grave” como la prisión provisional.

La victoria de Rivas en la batalla judicial de hoy solo concierne a su persona y no resuelve el meollo del caso: la situación de los dos niños. Tanto Rivas como su expareja Francesco Arcuri pleitean para conservar a los menores en España e Italia, pero la justicia española ya ha dado la razón a Arcuri con una sentencia firme.

La decisión de forzar a Rivas a entregar a sus hijos corresponde al Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que podría ordenar a las Fuerzas de Seguridad la restitución de los menores al padre para que regresen a Italia, de donde fueron sustraídos por la madre hace 15 meses.1502560676_278338_1502565169_noticia_fotograma

“Hoy me han escuchado, no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando (…) este último mes mis niños han estado aquí en Granada (…) y ahora he pedido que escuchen a mis niños y el juez me ha dicho que tranquila, que confíe en la justicia, le doy las gracias”, ha dicho Rivas a las puertas de los juzgados tras su declaración.

Esta mañana Rivas solo ha respondido a las preguntas de su abogada y se ha negado a contestar a la fiscalía, que ha censurado su actitud. Tras el interrogatorio, el juez de guardia se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga la rama penal del caso.

La mujer llevaba 26 días ilocalizable para no entregar a sus dos hijos menores al padre, condenado en 2009 por malos tratos.Rivas ha jugado al despiste esta mañana y su hermana ha entrado por la puerta principal de los juzgados mientras ella entraba por otra entrada para evitar a las cámaras y la prensa. Una vez dentro del edificio, la madre de Maracena ha sido detenida y custodiada por la policía para ser llevada ante el juez. A las puertas de los juzgados, un centenar de personas concentradas han repetido gritos a favor deRivas: “Ningún maltratador es un buen padre”.

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha acordado este martes, como nueva medida de protección de los hijos, la retirada del pasaporte de los menores, así como la prohibición de salida de los menores del territorio Schengen, sin autorización del padre o sin autorización judicial, medida solicitada también por la fiscalía, una vez oídas el lunes a las dos partes. La restitución de los menores al padre es la principal medida de protección ya adoptada, con anterioridad a la vista sucedida ayer entre la juez española y las defensas de las dos partes.

La juez ha desestimado las restantes medidas solicitadas por el padre de los menores. Son los tribunales italianos los competentes para resolver otros aspectos, como puede ser la patria potestad de los progenitore.

Rivas ha contado durante este tiempo con un amplio respaldo social y político. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se han pronunciado a su favor. Pero, en los últimos días, tras el segundo rechazo delConstitucional a su recurso de amparo, crecieron las voces que le reclamaban que debía entregarse, algo que han valorado también sus asesoras, puesto que se enfrenta a la posibilidad de acabar en prisión o de perder temporalmente la patria potestad de sus hijos.

Rivas pidió ayer ayuda por carta a Rajoy, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza y al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, porque ella y sus hijos corren “un gran peligro”. “Yo estoy haciendo lo único que puedo hacer como madre para protegerlos. Mis únicos recursos son una pequeña maleta, una mínima cantidad de dinero y todo el amor del mundo”, reza la misiva.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada dictó orden de detención y presentación en sede judicial el pasado 8 de agosto, después de que Rivas no acudiera a la citación prevista en el marco de las diligencias penales que la investigan por una posible sustracción de menores. Los hijos tienen 11 y tres años.

La mujer tampoco acudió este lunes a la citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores solicitadas por Arcuri, que sí acudió. También se presentó la letrada de oficio de Juana Rivas en Granada, María Castillo Pozo, quien, tras la comparecencia, transmitió a los medios un mensaje de la mujer de Maracena en el que consideraba que “como madre, es la única” que debe “proteger” a los dos menores de edad ante la “desprotección” que, en su opinión, están padeciendo.

Las asesoras de Rivas mantienen desde el inicio del caso en 2016 que es víctima de los “errores judiciales” que han puesto en peligro a sus hijos, como ella misma señaló en una carta hecha pública recientemente. La mujer viajó con sus hijos en mayo de 2016 aGranada desde Carloforte (Italia), donde residía con su expareja y los menores desde 2013. A los dos meses de llegar, en julio de ese año, presentó una denuncia por violencia de género contra Arcuri que acaba de llegar a los juzgados italianos, más de un año después.

Tras su marcha, y después de que le comunicara a Arcuri que no iba a volver, el padre de los niños la denunció por sustracción internacional. Tras el pronunciamiento de la justicia italiana, que resolvió que los menores debían ser devueltos con el padre, el juzgado de Primera Instancia de Granada dictó una sentencia en el mismo sentido, que después ratificó la Audiencia Provincial de Granada y contra la que el Constitucional rechazó amparar a Rivas, que acudió al alto tribunal en dos ocasiones.

Rivas y su entorno sostienen que la lentitud en la tramitación de la denuncia por malos tratos, que la juez rechazó inicialmente al considerar que quedaba fuera de su jurisdicción y debía ser denunciado en Italia,  ha perjudicado a su causa porque el asunto no se ha tratado como un caso de violencia de género, pese a que la primera juez que pidió la entrega de los niños sí lo consideraba en su sentencia.

La mujer también tildó de “chapuza” el trabajo de la psicóloga de familia que atendió a los menores porque “no estaba preparada para trabajar con niños que han sufrido maltrato”, según señaló en la carta que se hizo pública. El informe de esta psicóloga, que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial consideraron válido, señalaba una “vinculaciónafectiva y segura del menor con ambos progenitores”. Uno de los argumentos esgrimidos en los distintos recursos es que el hijo mayor de Juana Rivas (el menor, de tres años, no fue analizado por su corta edad) tenía que haber sido atendido por un equipo“técnico y multidisciplinar especializado”, tal como recoge el artículo 2.5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en lugar de la psicóloga de familia.

Por su parte, Francesco Arcuri, al que han dado la razón todos los tribunales hasta la fecha, asegura que su expareja se marchó “por capricho” y niega que le haya pegado “jamás” a ella o maltratado a sus hijos. Añade que aceptó la condena del año 2009 por “lesiones en el ámbito familiar“, con tres meses de prisión y una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses, para poder ver a su hijo (en esa época solo había nacido el mayor).

Hugo Barze – Corresponsal en Europa

 

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