Quema de gomas: La Justicia marplatense se lava las manos y eleva todo a la Corte

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En el marco de la acción de amparo promovida por la Municipalidad cuyo propósito era la cesación de actos y conductas que alteren el orden público, el Juzgado Civil y Comercial N° 1 a cargo del Dr. Heber Amalfi planteó la cuestión de competencia y solicitó la elevación de lo actuado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para que resuelva quien debe entender.

En tal sentido, la resolución del Juzgado Civil y Comercial 1 viene después que el poder Ejecutivo local solicitara la convexidad de la nueva acción de amparo presentada con otra que fue promovida ante el Tribunal en lo Criminal nro. 3, la que fue rechazada con fecha 21 de marzo de 2017.

En esta nueva presentación,  realizada el día 12 de julio de 2017,  el Intendente ahora la dirige contra el “Movimiento Teresa Rodríguez”, la “Cooperativa A trabajar”, la “Agrupación Vecinos Unidos” y contra cualquier organización y/o cooperativa y/o grupo de personas y/o movimientos sociales que provoquen las acciones y conductas que constituyen alteración del orden, de la salud y de la moral pública.

Se peticiona que de manera urgente, como medida cautelar, que se le ordene a los demandados y a cualquier otro ciudadano y/o grupo de personas, para que de manera inmediata cesen en la realización de determinadas acciones.

En ese contexto, precisa que “tal accionar consiste en la interrupción y/o corte total de tránsito de las arterías del Partido de General Pueyrredón –en especial en aquellas que circundan el Palacio Municipal y/o cualquier oficina pública municipal; la quema y/o encendido de fuego, y/o preparación de comida en la vía pública y en los espacios públicos del Partido de General Pueyrredón”.

También se enumera “la rotura o daño parcial y/o total a los bienes de dominio público y/o privado del Estado Municipal, Provincial y Nacional en el Partido de General Pueyrredón; la emisión de música y/o cualquier sonido que superen los decibeles sonoros permitidos y/o lanzamiento de bombas de estruendo y/o cualquier explosivo que interfiera en las oficinas públicas de la Administración Pública Municipal, y que supere los límites esgrimidos en la vía Pública”.

Además, incluyeron a “cualquier otro acto o comportamiento que viole, restrinjan, arbitraria o legítimamente o que ponga en peligro el goce y ejercicio de los derechos básicos que el sistema constitucional democrático moderno reconoce a las personas y cualquier acto o conducta que afecte el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”.

Asimismo, destaca en el pedido el municipio que “las manifestaciones y protestas que realizan los grupos de personas demandadas superan los límites de la razonabilidad y sentido común, alterando el orden y la paz social del resto de la población, y que, precisamente, por ello “se procura el cese de aquellas reiteradas maniobras y conductas humanas que generan un peligro real cotidiano”.

Los Jueces que componen el Tribunal en lo Criminal nro. 3 Departamental rechazan el pedido de radicación directa o conexidad, afirmando que se ha tratado de otros hechos y que han sido otras las agrupaciones.

En ese marco, el Juez en lo Civil y Comercial Dr. Heber Amalfi señala que “el objeto de una y otra acción son idénticos, si bien en el primero no se alegaron la quema de gomas y el corte de calles,  no adquiere la gravitación que le asignan lo

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