Procesan a empresarios del transporte por una defraudación de $12.000.000

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En el marco de la investigación sobre los “choferes fantasmas”, la Justicia Federal procesó este miércoles a seis de los empresarios implicados, entre ellos al titular de las empresas de transporte 25 de Mayo, 12 de Octubre y Libertador, Juan Inza, por considerarlos co- autores del delito de defraudación en prejuicio de la administración pública.

En tal sentido, la justicia acusó a los empresarios Juan Inza  (FOTO)-el titular de las empresas de transporte 25 de Mayo, 12 de Octubre y Libertador-, Diego Basílico -de la Peralta Ramos-, Juan Inza -padre, Federico José Pomero -contador-, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga de haber falseado declaraciones juradas en las que figuraban empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de cerca de 12 millones de pesos de subsidios entre enero y febrero de 2016.

Además, se resolvió trabar embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos y aclaró Inchausti en su resolución que en caso de inexistencia de bienes a embargo o que los mismos sean insuficientes, se dispondrá la inhibición general de gravar o disponer de los mismos.

Asimismo, Inchausti declaró en su resolución, a la cual “el Retrato…” tuvo acceso, la falta de mérito para procesar o sobreseer a Cristian Horacio Pagura, Manuel Valverdi, Hugo Pierozzi y Sebastián Juan Calderín, sin perjuicio de continuar con la investigación en orden al hecho por el cual fueron indagados y  se dispuso mantener la inhibición general de bienes de todos los imputados y las empresas, como así también el secuestro del dinero hasta tanto se determine el destino del monto defraudado.

Por otra parte, se libró oficio al Banco Central de la República Argentina a los fines de que informe a quién se le hizo entrega de los fajos de dinero termosellados que fueron secuestrados en la caja de seguridad de Juan Calderín como así también el carácter y la fecha de la operatoria y cualquier otro dato vinculado a esos fajos.

En relación a lo anterior, también se solicitó a la Dirección de Asistencia Jurídica en Delitos Complejos y Crimen Organizado que investigue y analice el destino que ha tenido el dinero desde que saliera del Ministerio de Transporte de la Nación hasta culminar depositado en las cuentas informadas por las empresas y a partir de allí quién habrían dispuesto sobre las sumas que conformaron la defraudación  y las circunstancias que sucedieron las intervenciones de las distintas dependencias estatales.

En ese contexto, Inchausti señaló que los procesados “cada uno en el rol que le cupo dentro de las empresas “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SACI”, “El Libertador SRL” y “12 de octubre “SRL” indujeron a error al Estado Nacional, concretamente al Ministerio de Transporte de la Nación, inscribiendo a 357 personas como agentes – choferes con la única intención de acceder al cobro del subsidio conocido como Compensación Complementaria Provincial, lo que generó una defraudación a la Administración Pública por un monto superior a los 16 millones de pesos aproximadamente”.

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