¡Al fin una buena noticia! La Justicia suspendió por 2 años el aumento de la tarifa eléctrica

Lorenzino-

Por un plazo de dos años, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias le ordenó a las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires a que se abstengan de cobrar el incremento tarifario , luego de hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

El magistrado aceptó una presentación judicial del Colectivo de Acción de la Subalternidad (CIAJ) para suspender los efectos de la resolución 22/16 del ministro de Infraestructura de la provincia, mediante la que se aprueba el recálculo de los cuadros tarifarios.

La medida alcanza a las regiones donde prestan servicios Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata), EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte y EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica), que presta el servicio en Mar del Plata.

En su Resolución Arias a dice que “A tales fines, corresponde ordenar a las citadas empresas a que, de modo inmediato a la notificación de la presente, efectúen la liquidación correspondiente y emitan nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”.

“Para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las empresas demandadas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente”, agrega.

En su presentación ante la Justicia, la Defensoría denunció que este incremento provoca serias afectaciones, al no haberse respetado el derecho constitucional al resguardo de los intereses económicos de los consumidores. Además, indicó que no se demostró correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento.

A su vez, cuestionó que el aumento de la tarifa prevea un importe a cuenta de la ejecución de obras futuras. Este ítem hace que el incremento tenga carácter de tributo que, como todo impuesto, tiene que ser determinado por ley.

El otro considerando tiene que ver con que no se tuvo en cuenta lo que expresó el Defensor del Pueblo en las audiencias públicas para tratar estas subas. Es que la aceptación o el rechazo de lo que se diga en estos encuentros, por más que no sean vinculantes, tiene que quedar de manifiesto en los considerandos del aumento, circunstancia que en esta oportunidad se pasó por alto, lo que hace que la audiencia sea considerada nula.

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